En la segunda sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de la legislatura 2021-2024, el bloque de diputados del bukelismo blindó con inmunidad a una de las áreas más cuestionadas del Gobierno por casos de corrupción durante la pandemia: todas las instancias del sector Salud. La medida beneficia al ministro de Salud Francisco Alabí, a la ex ministra Ana Orellana, a la comisionada de operaciones del Gabinete, Carolina Recinos, a la ex directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Rosa Delmy Cañas, a la exdirectora de la Dirección Nacional de Medicamentos, Mónica Ayala, y a otros funcionarios que como parte del Gabinete de Salud autorizaron compras e importaciones irregulares de insumos médicos.
Los diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC aprobaron este miércoles 5 de mayo un decreto que permite realizar compras sin cumplir los controles establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y dispensa de responsabilidades administrativas, civiles y penales a los funcionarios que participaron en los procesos de compras y también a los contratistas. También legaliza las compras del pasado realizadas desde marzo de 2020, cuando la Organización Mundial para la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como pandemia. La iniciativa fue sometida a votación casi inmediatamente después de haber sido agendada. Es decir, no siguió el proceso de formación de ley que establece un debate previo en una comisión de trabajo de la Asamblea.
La ley es enfática en que nadie que participe o haya participado desde marzo de 2020 en compras públicas enfrentará responsabilidad administrativa o patrimonial por sus actos. 'Las siguientes personas o entidades que operan en el sector salud gozarán de inmunidad ante denuncias o demandas judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial y obligación de indemnizar', dice literalmente el artículo cuatro.
La inmunidad no solo es para los altos funcionarios. También incluirá a una cadena de personas que participan en el proceso de compra: 'Eso incluirá el diseño, desarrollo, prueba o investigación clínica, fabricación, etiquetado, distribución, transporte, almacenamiento, formulación, empacado, comercialización, promoción, venta, compra, donación, dispensación, prescripción, administración, concesión de licencias, comercialización o uso de tales productos para tratamientos médicos para atender la pandemia COVID-19'.
La reforma permite que el funcionario que aprobó el contrato, el que dio por recibido el producto y el que lo administra estén libres de responsabilidad alguna. También libra a todos los contratistas que participan en la cadena de suministro. 'El fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto o servicio para tratamientos médicos, ya sea nacional o extranjero', dice el artículo cuatro, literal B.
La ley blinda ante responsabilidades que pueda determinar la Corte de Cuentas, instancia que ha sobrevivido al descabezamiento de instituciones del bukelismo, pero cuyos funcionarios, magistrados de Cuentas, también están en la lista de destituciones que tiene en su agenda Nuevas Ideas y aliados. La ley también es un blindaje ante Fiscalía, a cargo de Rodolfo Delgado desde este 1 de mayo, el fiscal impuesto por el bukelismo.
El especialista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Castaneda, criticó la reforma y la calificó como un mecanismo para garantizar impunidad. 'Es un golpe mortal a la transparencia. Prácticamente se acaba de otorgar impunidad a cualquier acto de corrupción sucedido en el marco de la pandemia. Sienta un precedente muy preocupante sobre cómo puede ser el manejo de los recursos públicos', dijo. '
El coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), Wilson Sandoval, dijo a El Faro que esta ley va a favorecer la corrupción y el nepotismo, debido a la opacidad con las que se van a manejar los fondos públicos. 'Es una amnistía para tapar delitos de corrupción. Es un retroceso grande en transparencia, volvemos a una caja negra donde no sabemos qué harán con los fondos públicos, y suprimen la rendición de cuentas, que la ciudadanía pueda saber en qué se ha invertido', dijo Sandoval.
La Ley parece pensada para beneficiar a funcionarios y a parientes de funcionarios que estaban bajo investigación. El ministro de Salud autorizó en 2020 la compra de botas de hule por $225,000 para una empresa de su tía y de sus primos; también entregó un contrato por protectores faciales por $750,000 a un socio del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya; un contrato por $250,000 por protectores faciales a una empresa de la familia del entonces presidente del Fonaes, Jorge Aguilar Zarco; y $344,000 a una empresa de la familia del entonces diputado de Arena, Gustavo Escalante.
También estaban bajo investigación de la Fiscalía contratos a proveedores sin experiencia en la fabricación y distribución de equipo e insumos médicos en España, Estados Unidos y China: un contrato de $12 millones a Javi Performance Parts SL, un taller automotriz en Madrid; $5.6 millones distribuidos entre Lasca Design, una tienda de azulejos en Miami, Florida, y Shanghai Beyond Import & Export, una tienda de máquinas expendedoras de dulces, juguetes y condones en China.
En septiembre de 2020, El Faro reveló correspondencia del Ministerio de Salud con el Ceo de Lasca Design, quien afirmaba en abril de 2020 que no podía entregar a tiempo las mascarillas que más de una decena de instituciones del Ejecutivo le compraron, porque Wells Fargo Bank emitió una observación de transacción sospechosa. El contrato con la tienda de azulejos fue suscrito con la aprobación de Mónica Ayala tras el incumplimiento de contrato de otro contratista, Shanghai Beyond Import. La ex ministra de Salud, Ana Orellana, autorizó comprarle a esta empresa china, a pesar de que en una reunión de Fosalud habían concluido que la oferta del proveedor era una posible estafa. El Minsal, el ISSS, el ISRI y otras instituciones del gabinete suscribieron contratos con Lasca y con Shanghai. En el caso del taller automotriz de España, Revista Factum reveló que la Fiscalía de Melara había pedido al Ministerio de Justicia de España colaboración en una investigación que incluye a la comisionada presidencial, Carolina Recinos, y al ministro Alabí, por el contrato adjudicado a Javi Performance Parts.
La Asamblea, con esta legislación, también le dio un cheque en blanco al Ejecutivo para que continúe haciendo compras directas, al autorizar al Ministerio de Salud y a otras instituciones del Sistema Integrado de Salud a obviar los procedimientos establecidos en la Lacap. Desde agosto de 2019, el Gabinete de Salud -según el Diario Oficial- es dirigido por la comisionada de operaciones del Gabinete, Carolina Recinos, e incluye al Ministerio de Salud de Francisco Alabí, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social de Mónica Ayala, al Fondo Solidario para la Salud, al Ministerio de Defensa (Sanidad Militar), al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y a la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM).
Los titulares de estas instituciones podrán autorizar compras directas. 'La contratación de dichos insumos quedarán excluidos de la aplicación de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública', dice el artículo ocho. “La anterior autorización tendrá efectos retroactivos para todos aquellos pliegos de términos y condiciones vinculantes firmados por las instituciones contratantes con los proveedores nacionales o extranjeros desde la declaratoria de la pandemia COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud”. Esa declaratoria ocurrió en marzo de 2020.
La ley protege a quienes administran medicamentos y a quienes los venden de demandas de los usuarios de los servicios de salud. Los dota de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas. “Están libres de responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por, o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos o con su desarrollo, administración o uso, dentro del contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia COVID-19”, dice el artículo tres.
Entre los que reciben inmunidad están médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias y, en general, quienes trabajan en el sector salud. En cuanto a la protección a los contratistas nacionales o extranjeros, la ley dice que el fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto también gozan de inmunidad y los pacientes no los podrán demandar. En caso de algún daño, el Ministerio de Hacienda y de Salud deben crear un fondo para asumir la reparación del daño.
Bajo el título de 'Ley para uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia Covid 19', el decreto puede implicar el cierre de los expedientes bajo investigación de la Fiscalía y de la Corte de Cuentas. En noviembre de 2020, la Fiscalía allanó el Ministerio de Salud por una investigación de negociaciones ilícitas. El 66% de las compras (20 de 31 millones) de insumos y equipo médico están bajo sospecha de corrupción. La investigación inició con un aviso del comisionado de la Cicíes, Ronald Ochaeta.
El 1 de mayo, la Asamblea destituyó al fiscal general, Raúl Melara, y nombró a un hombre de confianza de Gustavo Villatoro (ministro de Seguridad), como nuevo fiscal general: Rodolfo Delgado. El diputado que propuso la destitución de Melara es Jorge Castro, un ex asesor del Gobierno que el 12 de noviembre de 2020 se encargó de obstaculizar el trabajo de los fiscales que allanaron el Ministerio de Salud. El nuevo fiscal, Rodolfo Delgado, dijo que una de sus primera acciones iba a ser revisar el convenio de El Salvador con la Organización de Estados Americanos (OEA) para la instalación de la Cicíes.
La ley menciona productos adquiridos o por adquirir por el Gobierno que estarán libres de cumplir disposiciones legales que existen para garantizar la calidad del producto y para verificar que el contratista puede cumplir con las obligaciones pactadas en los contratos. 'Son vacunas, antivirales, productos biológicos, de diagnóstico, otros fármacos u otros dispositivos para tratar, diagnosticar, curar, prevenir o mitigar los daños o amenaza de daño en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas y/o relacionadas por la pandemia Covid-19”.
