“Lo van a entrevistar y, si usted no debe nada, pues se viene para su casa”, dijo un policía a Francisco Huezo López, de 64 años. El comerciante conocido como Don Paco se subió a una camioneta gris, llegó al puesto policial de La Reina, en Chalatenango, pero nunca regresó a su casa. La Policía lo capturó a las 6:30 de la tarde del 27 de junio de 2022, bajo Régimen de Excepción, acusado de colaborar con una pandilla. Dos meses después, el cadáver de aquel hombre fornido, que construyó gran parte de su vida en los Estados Unidos, regresó a su casa con señales de haber sido vapuleado.
El cuerpo de Don Paco tenía un golpe en la cabeza y moretones en el pómulo derecho, brazos, pies y también cabeza. La esquela del Instituto de Medicina Legal (IML) establece que la causa de la muerte fue por un 'edema pulmonar', aunque deja abiertas otras posibilidades. “Muerte en estudio”, consigna.
No es el único caso. Esta conclusión forense empieza a constituir un patrón: según publicó La Prensa Gráfica el 10 de agosto, Medicina Legal encontró signos de tortura y de asesinato en al menos 35 de los 69 muertos en cárceles hasta esa fecha que habían sido capturados bajo Régimen de Excepción, pero en los expedientes de las muertes reportó 'edema pulmonar' y agregó 'muerte en estudio'.
La Prensa Gráfica ya había consignado que Medicina Legal documentó la muerte de dos jóvenes en Mariona también por edema pulmonar, aunque sus familiares denunciaron que tenían laceraciones. El 28 de junio de 2022, ese periódico publicó que, a pesar de que la Fiscalía reportó la muerte de Carlos Cabrera, de 32 años, por úlcera, Medicina Legal concluyó que fue por edema pulmonar. El 24 de julio de 2022, Medicina Legal estableció que Julio César Mendoza Ramírez, de 25 años, falleció también por un edema pulmonar, aunque la esquela agregaba que era otra 'muerte en estudio'. La familia de Mendoza Ramírez denunció que el cadáver tenía signos de estrangulación, algo que también constaba en el informe de Medicina Legal. El 29 de agosto de 2022, siempre según reportó La Prensa Gráfica, Dionicio Adonay Ramírez, de 24 años, murió por un 'edema pulmonar' en Mariona. La familia de Ramírez cuestiona el informe de Medicina Legal porque aseguran que el cadáver tenía una perforación en la clavícula que le llegaba hasta el corazón.
“La última vez que lo vi fue en el puesto policial. 'Mirá, papá, le dije, solo te pido que soportés. Esto va a pasar: mucha gente nos va apoyar, pero no vamos a tener dónde recurrir'”, recuerda Francisco Huezo, su hijo mayor, haberle dicho a Don Paco.
El Régimen de Excepción ni siquiera le dio la oportunidad para defenderse. La Policía lo capturó por tener un antecedente judicial: el de haber sido declarado inocente del delito de agrupaciones ilícitas en noviembre de 2021.
Tras su captura este año, el Juzgado Especializado B4 le hizo la audiencia sin avisar a ninguno de sus familiares y, por lo tanto, sin darle la oportunidad para presentar documentos que demostraran la tensión arterial que padecía. La Procuraduría General de la República, encargada de la defensa pública, planeaba indagar los arraigos de Don Paco para finales de agosto, cuando él ya estaba muerto. Como miles de salvadoreños, Don Paco fue enviado a prisión por jueces que incluso realizan audiencias de cientos de acusados en el mismo proceso y envían a esperar en las cárceles a personas que son acusadas con pruebas tan raquíticas como haber mostrado nerviosismo ante la presencia de policías o soldados.
Un hermano lejano
La Reina es un municipio ganadero, ubicado a 69 kilómetros al norte de San Salvador. El pueblo, asentado en una sucesión de cerros, tiene un parque y alrededor está la iglesia, la Alcaldía y el puesto de la Policía. A unos 400 metros, siguiendo una estrecha calle pavimentada en el barrio Las Delicias, está una casa donde elaboran queso, crema, cuajada, quesillo y queso seco. Esa era la casa y el negocio de Don Paco.
Según sus familiares, él se dedicaba a la elaboración de lácteos desde los siete años. Una parte de sus productos los distribuía en San Salvador, y otra parte los comercializaba en su tienda. En 1994, tras ser víctima de un asalto, vendió unas vacas y emigró hacia Boston, Estados Unidos, donde trabajó para una empresa recicladora.
Tres de sus cuatro hijos y la mayoría de sus seis nietos también emigraron hacia los Estados Unidos. Durante más de dos décadas, el negocio quedó en manos de su esposa y su hijo mayor. Un día, en febrero de 2010, Don Paco decidió regresar. “Él vino por sus medios, no vino deportado. Sintió que ya había pasado mucho tiempo allá”, cuenta Francisco, su hijo, quien trabaja como secretario municipal de la Alcaldía de La Reina, gobernada por la coalición GANA-Nuevas Ideas.
La rutina de Don Paco era comprar leche, elaborar lácteos y luego venderlos. Esta rutina se interrumpió en noviembre de 2019, cuando la Policía lo capturó por primera vez.
H7-2019, el testigo mentiroso
H7-2019 era un pandillero que se convirtió en testigo con criterio de oportunidad. Él aseguraba que conocía las entrañas de la clica Fulton Locos Salvatrucha, programa Hollywood, de la Mara Salvatrucha-13. Confesó que había cometido 14 homicidios y delató a sus cómplices. Reveló, además, los nombres de 132 personas que pertenecían o colaboraban con la pandilla. El 19 de noviembre de 2019, la Policía montó un operativo en varios municipios de Chalatenango y los capturó a todos.
H7-2019 era un testigo mentiroso. Los hechos y los documentos contradecían su relato. Por ejemplo, él confesó que el 23 de mayo de 2014, seis pandilleros asesinaron a dos hermanos de apellido Sosa. Dijo que iban armados con escopetas y con pistolas, y que observó cuando todos dispararon contra las víctimas. Sin embargo, el informe de balística estableció que solo se usaron dos armas. En otro homicidio, el testigo dijo que usaron armas y un corvo, pero la autopsia no encontró ninguna herida por arma blanca.
El testigo fue impreciso hasta en cosas que debería recordar a cabalidad, como su ingreso a la pandilla. Los líderes que supuestamente lo “brincaron” (paliza para entrar a la pandilla) estaban detenidos en el momento en que supuestamente lo hicieron.
H7-2019 aseguró que la pandilla entregó 30,000 dólares a tres comerciantes de La Reina para lavar el dinero. Uno de esos comerciantes señalados era Don Paco, a quien supuestamente llamaban El Lechero, quien estuvo preso seis días, pero a quien le concedieron libertad condicional en la primera audiencia por su problema de tensión arterial.
Don Paco no huyó. El 17 de diciembre de 2020, enfrentó el juicio y ahí H7-2019 se contradijo otra vez. El testigo aseguró al principió que entregó 10,000 dólares a cada uno de los tres comerciantes, pero ante las preguntas de los abogados aseveró que nunca había tenido en sus manos más de 2,000 dólares por las actividades ilícitas de la pandilla. “Lo declarado por el criteriado H7-2019 carece de elementos corroborativos y periféricos, por lo tanto, no se puede construir la culpabilidad, permaneciendo incólume la presunción de inocencia de los imputados”, sentenció el juez Godofredo Salazar.
La Fiscalía apeló ante una Cámara, pero volvió a perder el caso. En el caso de Don Paco no existía ninguna evidencia de la entrada de dinero ilícito a sus actividades comerciales. La inocencia de Don Paco fue confirmada. “Lo declarado por el testigo no es coherente con su mismo testimonio, no siendo posible determinar que el hecho sucedió en las circunstancias declaradas por el testigo al resultar impreciso y contradictorio”, resolvieron los magistrados.
Una fuente anónima
La versión oficial dice que dos agentes de la Policía realizaban un patrullaje preventivo a las 6:30 de la tarde del 27 de junio de 2022, ya en Régimen de Excepción, en la calle principal del barrio Las Delicias y ahí capturaron a Don Paco y a otro señor de nombre Óscar Edmundo Amaya Maldonado, quien también fue procesado por el testimonio de H7-2019. Óscar Edmundo fue declarado inocente de agrupaciones ilícitas, pero también fue capturado. “Se consultó mediante fuente anónima del referido barrio para indagar más sobre los sujetos antes mencionados, manifestando las fuentes que los sujetos anteriormente se reunían y colaboran con los miembros de la mara MS-13, con nivel de colaboradores”, reza el documento fiscal.
Don Paco no estaba en la calle, no fue capturado durante el patrullaje preventivo y tampoco estaba reunido con Óscar Edmundo. Las cámaras de seguridad del negocio grabaron la llegada de dos policías en una motocicleta. Los agentes preguntaron por Don Paco, le pidieron el DUI y lo cuestionaron sobre su detención en 2019 (proceso judicial que concluyó en noviembre de 2021). La familia mostró documentos que comprueban que el caso que le generó su antecedente fue cerrado definitivamente y Don Paco fue declarado inocente, pero los policías insistieron en que debía ir al puesto policial para corroborar la información del DUI y responder las preguntas de unos investigadores. Don Paco subió a la camioneta de su hijo, llegó a la oficina policial y ahí le informaron que sería capturado por colaborar con una pandilla.
“Nosotros, le dije a la Policía, no estamos en contra del presidente, no estamos en contra de nada, ni del Régimen (de Excepción). Estamos a favor, porque hemos sido dañados por las estructuras delincuenciales, tanto en el proceso que mi papá llevó, que tuvimos que hacer muchos gastos por eso, así como hemos pagado extorsión por vivir y por trabajar acá. Hemos sido víctimas. Lo que estamos en contra, le dije, es que usted se quiera llevar a una persona que no tiene nada que ver con la delincuencia”, dice el hijo de Don Paco.
Las pruebas para capturar al comerciante fueron la información de la fuente anónima y una ficha policial. El Faro tuvo acceso a la ficha, pero la misma no detalla cómo Don Paco colaboraba con la pandilla, con quién o dónde supuestamente se reunía. La ficha tiene datos personales y un apartado de “información de interés” donde consigna que en 2019 fue detenido por organizaciones terroristas (la información es imprecisa porque la acusación fue por agrupaciones ilícitas).
La ficha también tiene unas fotos que fueron tomadas de su Facebook y aseguran que sus alias son “Paco” o “Culo Azul”, este último apodo corresponde al de otra persona del pueblo, según algunos habitantes. El pasado 7 de agosto, El Faro publicó una investigación sobre cientos de capturas hechas por fichas policiales o por criterios ambiguos como parecer “sospechoso” o “nervioso”. Las fuentes consultadas en ese reportaje revelaron que algunas fichas policiales fueron elaboradas después de los arrestos. Es decir, bajo el Régimen de Excepción, ocurre que a veces la Policía primero captura y luego investiga, pese a que la Constitución le ordena lo contrario.
La mañana del domingo 28 de agosto, El Faro llamó al puesto policial de La Reina para preguntar por qué capturaron a Don Paco. Tras consultar con el subjefe del puesto, el agente que contestó la llamada recomendó llamar a la Delegación de Chalatenango, la oficina que centraliza toda la información de ese departamento. 'Tiene que hablar con la mera jefa de comunicaciones, pero a ella ahorita la han cambiado de puesto y no han nombrado a nadie en su lugar', respondió el oficial de turno de la delegación de Chalatenango.
Don Paco estuvo detenido tres días en el puesto policial de La Reina y luego fue trasladado hacia el penal La Esperanza, conocido como Mariona.
La familia buscó la ayuda de la Procuraduría General de la República en Chalatenango, pero esa institución no tenía ningún dato sobre los detenidos o las fechas de audiencias. Don Paco enfrentó su audiencia la mañana del 11 de julio y el juez ordenó que siguiera detenido durante seis meses, sin que nadie de su familia se diera cuenta. La Procuraduría programó una reunión con el hijo de Don Paco para el 29 de agosto, fecha en que le explicarían qué documentos presentar para la siguiente audiencia. Don Paco falleció cinco días antes de que la Procuraduría empezara a trabajar su caso.
Antes de su muerte, y ante la ineficiencia de la Procuraduría, la familia contrató a un abogado particular para pedir una revisión de la detención por los problemas de presión arterial que padecía. El Juzgado Especializado B4, uno de los juzgados creados por el Régimen de Excepción y caracterizados por enviar a prisión en audiencias grupales y sin revisar las pruebas individuales a cientos de detenidos, programó una audiencia de revisión de medidas para el 25 de agosto. Don Paco falleció un día antes.
La familia Huezo recibió una llamada de la unidad de servicio social del penal de Mariona la mañana del miércoles 24 de agosto. Les dijeron que el cadáver de Don Paco estaba en el Hospital Zacamil.
“Era cachimbón”
Cuatro hombres estaban sentados bajo la sombra de un árbol en el parque de La Reina, frente a la iglesia. Eran las tres de la tarde y el calor era sofocante. Dentro de la iglesia estaba el ataúd, afuera estaban los hombres que hablaban sobre Don Paco y el Régimen de Excepción.
—Cuando me dijeron que había muerto yo sentí como que me dieron un leñazo. Este hombre me enseñó a trabajar, a volar verga. Era trabajador, cachimbón —dijo un familiar que viste jeans y camisa celeste, mientras esperaba que termine la misa de cuerpo presente para acompañar el funeral.
—Sí. Era apartado, pero los domingos a veces llegaba a la cancha —responde un empleado municipal que también asistió al funeral.
—Le voy a decir una cosa. Hoy es fácil que le pongan el dedo a uno y lo lleguen a traer por cosas que no son. Yo prefiero que me maten a que me vayan a llevar a sufrir y morir a la cárcel. Tantas cosas que ha pasado uno, n'ombre. Mire, yo, la otra vez, de la mano me le fui a cuatro mareros que me llegaron a buscar al corral —replicó el de camisa celeste.
El Régimen de Excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, a petición del presidente Nayib Bukele. Esta política de seguridad comenzó porque la MS-13 masacró a 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, la jornada más violenta de El Salvador desde el final de la Guerra Civil, y la que finalmente rompió las negociaciones secretas entre el Gobierno y las tres pandillas.
Según el último reporte de Casa Presidencial, hasta el 23 de agosto, durante las cuatro prórrogas del Régimen de Excepción, la Policía ha capturado a 50,500 personas, un promedio de 338 salvadoreños detenidos al día. Cristosal, una organización de la sociedad civil, registra 2,650 denuncias de capturas arbitrarias.
“La persona que me atendió en Medicina Legal me dijo que me sintiera dichoso de mi desgracia. 'Usted, me dijo, se va poder llevar a su papá para su casa y le va poder dar sepultura. Hay muchas personas que no tienen esa dicha: nadie reclamó y lo que hacen es llevarlos a La Bermeja, a una fosa común'”, recuerda Francisco.
Don Paco fue sepultado el viernes 26 de agosto por la tarde. Su hijo deseaba llevar el ataúd hasta el corredor del puesto policial y colocarse sobre el pecho un rótulo de protesta para que ningún inocente vuelva a entrar por la puerta del puesto policial y regrese a su casa dentro de un ataúd, pero desistió por el mal estado de salud de su madre. Al final, solo encargó la elaboración de una pancarta con fotos de su padre y el siguiente mensaje: 'el silencio ante la injusticia es la complicidad con el opresor'. “Desconozco si mi papá recibió atención médica o simple y sencillamente lo sacaron en una ambulancia ya muerto del penal, para que no estuviera ahí. No quisiera que ninguna otra familia del país sufra lo que nosotros estamos sufriendo”.
