El fracaso de la adopción de Bitcoin como una moneda de curso legal ha generado en Washington una especie de burla hacia las capacidades de Bukele de manejar una economía que –en la opinión de ellos– está en serios aprietos. Para Estados Unidos el fracaso era previsible por distintas razones, empezando por el secreto con el que se ha manejado. Es normal que la debacle le haya sorprendido poco a los funcionarios de un país cuya diplomacia, históricamente, se ha basado en exportar productos de consumo masivo y que aloja en su barriga al más poderoso reino de la especulación económica: Wall Street.
El sigilo diplomático de Washington tenía, al menos, dos funciones. La primera era no tensar aún más la relación con el presidente Nayib Bukele, al cual no consideran aliado. La segunda, que los funcionarios de Biden calculaban que la intensidad con el que gobierno estadounidense regularía las criptomonedas sería pausada. Lo cierto es que en los últimos meses, tras el colapso de estas, la ofensiva se ha acelerado.
Una fuente cercana a la Casa Blanca me aseguró que el gobierno de Estados Unidos comunicó en conversaciones privadas con funcionarios salvadoreños la preocupación de la administración estadounidense sobre la adopción de la criptomoneda. “La ley de Bitcoin es un fracaso, seamos sinceros. Era previsible, lo sabíamos, teníamos muy estudiada la situación,” me confió esta fuente mientras sonreía burlonamente. Aunque prefiere mantener el anonimato por no estar autorizada a discutir el tema, me hizo saber que su reacción es similar a la mayoría de los involucrados en el tema no solo en la administración Biden, sino también en el Congreso y el Senado. Asimismo, asegura que la posición del Departamento del Tesoro ha sido mediada por el interés de la administración salvadoreña de crear un dólar digital.
El principal argumento que el gobierno de Biden tenía contra la adopción del Bitcoin era la falta de transparencia del proyecto, el cual es tratado como secreto de Estado, a pesar de que para su implementación se usaron al menos $425 millones de fondos públicos. Otra fuente cercana al tema me aseguró que los planes económicos de Bukele los conocen solo una camarilla de funcionarios, pero que el resto del Ejecutivo apenas puede articular la estrategia económica de El Salvador.
Por meses, el gobierno de Bukele trató de influir en el debate sobre criptomonedas en el Congreso de Estados Unidos. Según una fuente que trabaja en la cámara baja del congreso estadounidense, pocos días después de la adopción del Bitcoin como moneda legal, el 7 de septiembre de 2021, el cabildero estadounidense Damián Merlo intentó establecer lazos de comunicación entre congresistas y el ministerio de Economía. Para entonces, muchos congresistas veían la adopción del Bitcoin como una jugada más de relaciones públicas de Bukele.
En todo caso, para Washington la adopción de la criptomoneda abría una puerta para el lavado de dinero que podría afectar el sistema financiero de Estados Unidos. En marzo de 2022, senadores republicanos y demócratas del comité de Relaciones Exteriores del Senado pasaron una propuesta de ley llamada Ley de Responsabilidad por las Criptomonedas en El Salvador (ACES), que investiga el impacto de la implementación de Bitcoin en El Salvador en la economía estadounidense. Un mes después, la demócrata Norma Torres y el republicano Rick Crawford introdujeron la misma legislación en la Cámara Baja.
De abril hasta la fecha, el mercado de criptomonedas ha colapsado y el gobierno de Estados Unidos parece haber lanzado una ofensiva regulatoria. La Casa Blanca ha prometido regular la minería cripto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC en inglés) está considerando incluir las criptomonedas como otro producto bancario y el Departamento de Tesoro ha cerrado sitios web que utilizaron criptomonedas para lavar a dinero. Tether, la compañía socia de Bukele en el lanzamiento de los bonos Volcán, se ha negado a cerrar cuentas de usuarios que el gobierno de Estados Unidos asegura fueron utilizadas para lavar dinero procedente de Corea del Norte. Esto se suma a que el valor de los Bitcoin comprados por Bukele ha caído en un 58 % y a la oleada de bancarrotas de empresas cripto, algunas actualmente investigadas por fraude.
El pasado 6 de septiembre de 2022, el congresista y miembro de los comités de relaciones exteriores y de servicios financieros de la Casa de Representantes Brad Sherman, aseguraba que “oligarcas cripto” tiraban dinero a países pobres como El Salvador y la República Centroafricana para influir en sus sistemas políticos. Las palabras de Sherman, pronunciadas durante el primer simposio mundial de cripto escépticos, importan porque él será uno de los congresistas que participará en la revisión de ACES. La regulación de cripto en Washington es una agenda bipartidista.
Washington sabe de casinos financieros: uno de ellos, el NASDAQ (la bolsa de valores del mercado electronónico), mueve en un solo día el equivalente a siete veces al tamaño de la economía salvadoreña. Por eso, las explicaciones de algunos en Washington sobre el fracaso de la implementación de la criptomoneda tienen un tono burlesco. EE. UU. nunca quiso hacer de Bitcoin un tema de negociación con El Salvador. Primero, porque no le convenía; y, segundo, porque sabía que, en última instancia, El Salvador depende del sistema financiero estadounidense al carecer de moneda propia.
*Ricardo J. Valencia es profesor asistente de comunicación de la Universidad Estatal de California, Fullerton. Twitter: @ricardovalp
