La magistrada Cesia Romero es directa: asegura que en el país no existe una Sala de lo Constitucional y cree que todo acto jurídico emanado por la Corte Suprema de Justicia carece de legitimidad.
Lamenta -o desprecia- lo que considera una actitud servil de parte de muchos de sus colegas dentro de la judicatura, y advierte a los jueces que han acompañado con sus resoluciones al Régimen de Excepción que en el futuro 'pueden responder por lo que están haciendo, porque son las personas que debieron garantizar los derechos y al contrario fueron cómplices de la tortura y de tratos degradantes'.
Romero considera que sus resoluciones a favor del medio ambiente, y oponerse a las nuevas directrices del Órgano Judicial, son las causas de su traslado de la sede judicial donde laboró durante cinco años y denuncia además haber sufrido de acoso sexual por parte de un magistrado de la Corte.
La trayectoria de la magistrada Romero inició en el año 2004 cuando se desempeñó como colaboradora judicial en el juzgado de Segunda Instancia de San Francisco Gotera. Se convirtió en jueza de Paz en Chirilagua, San Miguel, después de haber finalizado un programa de formación inicial de jueces. Romero desempeñó el mismo cargo en los juzgados de Santiago de María, Usulután, y en San Luis Talpa, La Paz y se especializó en derecho ambiental, civil y mercantil. En 2017 fue nombrada magistrada de la Cámara Ambiental de Santa Tecla, en ese momento su carrera judicial se consolidó.
Junto a Samuel Lizama, otro ex magistrado de la Cámara Ambiental (también trasladado), dictaron resoluciones favorables para el medio ambiente. Por ejemplo, detuvieron la deforestación del área natural protegida Los Pericos y multaron al Ingenio La Magdalena por el derrame de melaza.
Una resolución significativa ocurrió casi un mes después que la Corte oficialista comenzó a ejercer funciones. El 7 de junio de 2021, la Cámara ordenó al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, que no otorgue el permiso para la construcción de la octava represa en el río Sensunapán la cual tendría impactos medioambientales y perjudica la calidad de vida de los pueblos indígenas. En esa resolución también ordenaron al Ministerio de Cultura que “actualice la Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador, a fin de mantener y desarrollar la identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad de los pueblos indígenas, tal como lo exige el artículo 63, inciso segundo, de la Constitución”, dice el documento. Esa resolución fue la respuesta de esa Cámara a la decisión de la entonces ministra de cultura, la actual diputada Suecy Callejas, que avaló la construcción de la hidroeléctrica, sin tomar en cuenta las consecuencias para los indígenas y sus tierras.
Algunos jueces salieron a las calles a manifestarse en contra del Decreto Legislativo 144, con el que la bancada de Nuevas Ideas, respaldada por sus aliados, jubilaron al 30% de jueces y magistrados del Órgano Judicial, el 15 de septiembre de 2021.La magistrada Romero lideró dicha protesta y luego se reunió con el magistrado López Jerez para entregarle un escrito en el cual los funcionarios judiciales solicitaron que no continuara con la medida. Semanas después la magistrada recibió una correspondencia de la Corte cuyo contenido es una notificación de su traslado a la Cámara de lo Civil de Santa Ana sin especificar razones. Romero no olvida “el servilismo de los presidentes de las gremiales de jueces, de los miembros de la mesa judicial, y de la misma Corte” ante los cambios que suceden en el sistema de justicia. Ella tiene una postura clara “ningún cargo merece que yo pierda mi dignidad y mi libertad”, sostiene.
¿Considera que los casos judicializados durante el Régimen de Excepción evidencian la necesidad de contar con jueces independientes?
Esperaría que la gente esté tomando conciencia de la importancia de una judicatura independiente para el ejercicio de sus derechos. Sergio García Ramírez, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decía que “si no hay una verdadera democracia, no una de discurso, sino una real, los derechos humanos palidecen”. Entonces donde hay democracia, para la cual es completamente necesaria la independencia judicial, los derechos humanos no se mendigan, se exigen, se ejercen y se reclaman ante un juez. En este contexto la ciudadanía no tiene garantizado sus derechos. Se ha sabido de audiencias de hasta 300 personas, en las que en 3 horas los jueces están decidiendo la detención de todos. Parece que están resolviendo para mantenerse en el cargo, pero no en base a las pruebas que se le presentan y eso es sumamente grave.
¿Qué pueden esperar en el futuro estos jueces?
El día de mañana pueden responder por lo que están haciendo, porque son las personas que debieron garantizar los derechos y al contrario fueron cómplices de la tortura y de tratos degradantes. Van a tener un nivel de participación porque se están cometiendo muchos delitos de comisión por omisión. Hay situaciones por las que les tocará responder y sobre todo en aquellos casos en que las personas que están ejerciendo como jueces no son legítimos.
¿A quiénes se refiere?
A los jueces que, sin cumplir ningún requisito, ocupan un cargo. Legítimamente no ostentan esa calidad, sino que fueron puestos ahí sin ningún procedimiento.
¿Entonces en esa lista incluye a Óscar López Jerez, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Naúm García, José Ángel Pérez Chacón y Elsy Dueñas, nombrados como magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo por la Asamblea oficialista?
Sí. Definitivamente. Son inconstitucionales.
Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron elegidos para el periodo 2018-2027 -destituidos por la Asamblea oficialista- emitieron una última sentencia en la cual declararon inconstitucional la medida del legislativo. ¿A su juicio esa fue la última decisión legal dictada por la Corte?
Esa fue la última decisión jurídicamente vinculante en nuestro ámbito constitucional. Del 1 de mayo de 2021 a la fecha ya ni sé cómo llamarle jurídicamente.
¿Qué es lo que están emitiendo?
Para mí no son decisiones jurídicas, porque las están emitiendo personas que no ostentan de manera legítima esa calidad. Creo que por eso están coadyuvando para mantener esta situación, porque saben que en un momento dado puede traer consecuencias.
O sea, ¿según su criterio no tenemos una Sala de lo Constitucional?
No tenemos.
Si es así, ¿hay una forma legal de revertir las decisiones que han tomado los funcionarios impuestos por el oficialismo?
Hay que ser realista. La situación es bien compleja. Evidentemente las personas que ocupan el cargo de magistrados en la Sala ya dijimos que son inconstitucionales. Tendría la Asamblea que cumplir con el mandamiento 121, que es la última decisión de la Sala de lo Constitucional legítima.
En el momento que se mueva a las personas que están ocupando el cargo, hay que darles derecho de audiencia. Por ejemplo, no pueden decir que se ganaron el cargo de magistrados, porque no se adquieren derechos en la ilegalidad. Habría que respetar la garantía mínima de audiencia. Pero lo tendría que hacer la Asamblea. Yo creo que sólo un milagro nos salvaría, pero también tengo fe que va ocurrir.
Usted fue trasladada de la Cámara Ambiental de Santa Tecla a la Cámara de lo Civil de Santa Ana en septiembre del año pasado. ¿En el acta de traslado está plasmada la razón del cambio?
No. Ninguna. Me enviaron un correo electrónico, pero en ningún documento aparece la razón. Simple y sencillamente que se hizo la propuesta de traslado y no constan las razones.
A su juicio, ¿cuál fue el detonante del traslado?
Varias cosas. De lo que me puedo imaginar, porque no hay constancia de nada: participé en dar algunos pronunciamientos públicos y organicé actividades en las primeras marchas que se efectuaron en protestas para exigir a la Corte que no se materializara el decreto 144, cuyo contenido es inconstitucional en forma y fondo. Participé en unas reuniones que se hicieron en la Corte Suprema de Justicia, donde estuvo la persona que ocupa el cargo de presidente (López Jérez).
¿Por qué se reunieron con él?
Presentamos un escrito por parte del gremio de jueces y juezas en contra del decreto.
¿Qué discutieron?
Le expresé mi postura, pero hubo gente que ya estando en la reunión con él comenzaron a decirle: 'Disculpe, fue un malentendido'. Quizá para evitar que la persona que está en el cargo de magistrado (López Jérez) se molestara. En mi caso en ningún momento lo hice. Lo que dije fue que él se tenía que disculpar con nosotros. No nosotros con él.
Dos eventos significativos.
Creería que esas son las razones. En nuestra cultura difícilmente alguien que está en una posición como la que él aparentemente tiene, ejerciendo un cargo de poder, aunque sea de manera ilegítima, no tolera que una mujer le diga que algo está incorrecto, le dé razones y disienta de su posición y no se someta de manera voluntaria a lo que él dice. Lo otro también que con el magistrado Lizama (ex compañero de Cámara Ambiental) mostramos una postura en contra en relación al decreto, creo que tampoco les conviene tener jueces y juezas que no sean manipulables. Eso no es conveniente en este contexto. Y la Corte al final está apoyando para que se consolide un Régimen con ese tipo de decisiones.
¿Cómo vivió usted la purga de los jueces?
A mí me afectaron varias cosas. La primera el servilismo de los presidentes de las gremiales de jueces, de los miembros de la mesa judicial, y de la misma Corte. El ser humano muchas veces, con tal que esté bien él, no le interesa que otra persona se vea afectada. Simplemente es para lograr un beneficio y no le importa si con eso hacemos daño a los demás. Y segundo, pues, lamenté que se fuera gente con mucha experiencia y que ha dado mucho a la judicatura. Era justo que al menos se les diera un reconocimiento por el aporte que han hecho a la justicia del país. No que los mandaran de esa forma, con ese estigma, de una manera tan indigna como la Corte lo hizo.
Usted es experta en el tema medio ambiental, magistrada. Me interesa conocer su postura sobre la construcción de una planta fotovoltaica para la minería Bitcoin.
Las decisiones que habíamos adoptado reflejan lo que nosotros hacíamos en el tribunal. Después de mi traslado han surgido una serie de proyectos aprobados en los que nosotros hubiéramos decretado medidas cautelares de oficio, como ha ocurrido con estos proyectos que van a afectar recursos naturales importantes como el caso del manglar en la zona oriental. Supongo que ellos también advertían que podíamos tomar alguna medida aunque no le hicieran caso, pero por lo menos la ciudadanía podría ver que se estaba desobedeciendo una orden judicial.
Prácticamente necesitan una Cámara muda. Una Cámara que les deja hacer y deshacer por encima de los derechos humanos de las personas. Al final ese tipo de proyectos no es que beneficien a la ciudadanía, porque se venden como proyectos de desarrollo, al final lo que estamos haciendo es que a mediano y largo plazo las personas estarán en una situación de pobreza mayor.
Me llama la atención que, teniendo en cuenta todo este escenario, decidió continuar con el proceso como candidata a magistrada al Consejo Nacional de la Judicatura
El proceso en el que participé, fue antes de los traslados. Cuando uno tiene una postura hay que tener la coherencia de sostenerla. Creí importante participar al margen del resultado y para mí era importante que la gente viera que en la judicatura había perfiles de los cuales se podía escoger y yo tengo los atestados para eso. Lo hice consciente. De hecho hubo un magistrado de la Corte que me dijo: “Todos los demás que participaron en el proceso ya fueron hablar con el poder político, la única que falta es usted'. Yo me negué a hacerlo.
¿Por qué?
No estuve dispuesta a entrevistarme con políticos porque en ese momento fui muy presionada por un magistrado de la corte suprema de justicia,
¿Quién es?
Prefiero no decir quién es y mantenerlo como un magistrado de la Corte Suprema.
¿Qué pasó?
Es alguien que ejerció mucha presión, para que yo fuera hablar con políticos, y yo me negué, pero además había un tema de acoso hacia mi, a lo que también me negué, que dicho sea de paso nunca lo he hablado, es muy desagradable. Y se lo voy a resumir con relación a mi traslado. Me dijo algo así como que yo tenía que soportar la consecuencia de mis actos, como no haber accedido a lo que él me pedía. Y yo le dije: ‘Yo prefiero estas consecuencias antes que haber aceptado tener algo con usted o ser su súbdita, le dije otra palabra, pero prefiero no decirla acá. Esto lo soporto, pero ningún cargo merece que yo pierda mi dignidad, mi libertad y mucho menos mi libertad sexual.
¿Qué más ha pasado?
Cada vez que doy una entrevista me manda a amenazar y que me van a procesar o cesar del cargo. Tengo mucha fe que no van a hacer más de lo que Dios permita. Ellos creen que tienen el poder y realmente no lo tienen. A ellos se les olvida que hay alguien superior.
Lamento escuchar el acoso que ha recibido. ¿Qué la motiva seguir en su cargo?
Uno siempre tiene que hacer la diferencia. Es un tema de principios. Muchos de los que nos mantenemos en lo correcto y no hemos cedido a presiones políticas no pudiéramos dormir tranquilos. Nuestra conciencia no estaría tranquila por querer quedar bien con el régimen y una Corte que es servil al régimen y en contra de los derechos de la ciudadanía. A la fecha, como jueza, entiendo que somos humanos y en algún momento podemos cometer errores. Somos falibles. Pero una cosa es equivocarse porque, por ejemplo, consideré que una prueba era correcta y no era así. Pero de ahí a realizar algo en perjuicio de las personas que están siendo juzgadas frente a nosotros es algo diferente.
¿Cuál sería su límite para dejarlo?
Donde Dios me quiere tener ahí voy a estar. La situación no es fácil.
A un año de tanto cambio en el Órgano Judicial ¿quedan muchos jueces independientes?
Creo que todavía hay una buena parte de la judicatura que es independiente. Claro, siempre se está bajo del riesgo de que si toman una decisión que sea contraria a intereses políticos, puede ser removido. Se tiene un riesgo de que al resolver conforme a derecho y no obedecer órdenes, se pueda tomar en contra...
¿No cree que el sistema de justicia necesitaba cambios?
No teníamos un sistema judicial perfecto. Eso es muy cierto. Se habían dado algunos avances significativos, digamos, en relación del tema de la independencia judicial que es una garantía para la ciudadanía. No solamente en cuanto a que es un mandato que ordena la máxima realización como es la división de poderes, sino porque también es la garantía para la ciudadanía de tener un juicio justo al contar con jueces independientes.
¿Cuáles fueron esos avances?
Se habían hecho algunos avances en el tema de selección de personas para la judicatura. Se estaba intentando hacer unos procesos de selección mediante convocatorias públicas. Había que someterse a un sistema de evaluaciones antes de ser seleccionados por el consejo de la judicatura y con posterioridad la corte decidía. Con las personas que se nombraron para sustituir a los jueces que cesaron con el decreto, no se hizo ningún proceso de selección. Podían haber hecho, aunque sea por mínima decencia, un medio proceso para escoger a las personas que se iban a desempeñar en la judicatura. Pero, al final, fueron nombramientos a dedo. Y eso implica que se han nombrado a personas que no cuentan con el perfil para el cargo, lo cuál es muy grave.
¿Cómo puede estar segura de eso?
Lo digo porque conozco a gente que se desempeña en tribunales, no como jueces, sino personal de las sedes judiciales. Y en varios casos me han dicho: 'mire, la persona que ha venido a ocupar el cargo de juez vino a decirnos que no conoce nada. Que le ayudemos y que nunca ha tenido experiencia en esto. Y entonces en las audiencias tenemos que estarle diciendo cómo resolver y cuando se ha equivocado y lo corregimos y ellos responden: 'Es que ahorita estamos a prueba y error'. No se puede estar a prueba y error con los derechos de la ciudadanía. La judicatura no es una fábrica de pizzas. Es una sede donde se administra justicia y se tiene que garantizar los derechos. No es cierto que hemos mejorado. No es cierto. Estamos peor de como estábamos.
