En las vísperas del inicio de las negociaciones legislativas por el presupuesto general de la nación, que tiene como fecha límite para aprobarse diciembre, el Órgano Judicial está preparando su propio presupuesto y lo está adaptando para cumplir dos funciones: premiar a quienes dirigen la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al personal a cargo de los juzgados que están decidiendo el futuro de las personas detenidas en los casi seis meses del Régimen de Excepción. Y, en sentido contrario a esos premios, proyecta una nueva depuración de jueces y magistrados que podrían haber incomodado al Gobierno de Bukele, en consecuencia con lo que ocurrió hace un año cuando los diputados aprobaron una reforma a la Ley de la Carrera Judicial que obligó a la separación de jueces y magistrados de Cámara de más de 60 años o con 30 de servicio.
La Corte ya aprobó un aumento de salario de 2,500 dólares a partir de enero de 2023 para los 15 magistrados de Corte Plena, y un bono mensual de 500 dólares para los jueces nombrados para conocer exclusivamente los casos del Régimen de Excepción. Por ahora, estos premios son solo un acuerdo, según confirmó a El Faro este 23 de septiembre Óscar López Jerez, presidente de la Corte. La Asamblea Legislativa debe aprobar el presupuesto general de la nación a más tardar el 31 de diciembre y es quien debe ratificar el proyecto presupuestario de la Corte.
El Faro tuvo acceso a dos documentos para la construcción de este artículo, pero además conversó vía telefónica durante unos minutos con López Jeréz, quien lo confirmó. Uno de los documentos es el borrador del decreto de la “Ley de compensación económica por retiro voluntario de los funcionarios comprendidos en la Carrera Judicial” que plantea una vía para la salida de más jueces y magistrados de la misma manera en que se hizo el año pasado. El presidente de la Corte asegura que solo conocieron la propuesta pero que falta su aprobación final porque sigue en discusión. Otro alto funcionario de la Corte explicó a El Faro que aun se está evaluando el impacto económico que la depuración tendrá. Sobre ese recorte de jueces a partir de 2021, el presidente de la Corte dijo a este medio: 'yo mismo en mi despacho le di a cada juez entre 80 y 90 mil dólares para que se retiraran dignamente'.
Dos especialistas consultados por El Faro indicaron que este nuevo decreto de retiro voluntario en realidad es una depuración forzosa que continúa la purga que inició el año pasado y representa un golpe más a la poca independencia judicial que quedaba. El presidente de la Corte dijo a El Faro que si bien el nuevo decreto es casi una copia del de 2021, falta afinar detalles. El Faro le hizo ver que la propuesta habla de un retiro voluntario para quienes tengan 25 años de carrera, pero también consigna explícitamente que se busca darle continuidad a la depuración del año pasado que cesó de sus cargos automáticamente y de manera arbitraria a los jueces de 60 o más años, o con 30 de carrera, bajo el argumento de depurar a los corruptos. López Jerez dijo que no podía opinar porque existen demandas de inconstitucionalidad planteadas contra el decreto del año pasado: 'No puedo comentar porque estaría adelantando criterio debido a las demandas que estamos estudiando'.
El borrador del nuevo decreto, en pocas palabras, se puede resumir así: propone que quien tenga 60 años o 30 de servicio tiene tres opciones: presentar su renuncia, solicitar a la Corte quedarse como suplentes o ser incluido en el llamado régimen de disponibilidad, que fue creado con la depuración del año pasado. Y aquí está lo medular: con el nuevo decreto, si la Corte rechaza que el funcionario elija dos de las opciones (quedar en disponibilidad o como suplente), el juez tendrá un mes para presentar su renuncia definitiva. Es decir, si un funcionario quiere continuar tras cumplir 60 años o 30 de servicio, pero la Corte no quiere, el juez deberá renunciar.
Es, pues, una medida que otorga ciertos privilegios a quienes quieran retirarse voluntariamente, permite que algunos se retiren con solo diez años de servicio, pero que reafirma que la Corte seguirá recortando a aquellos que lleguen al límite de edad o de tiempo laboral estipulado en la primera purga, y que deja explícita la capacidad de la Corte de rechazar a un juez que pretenda quedarse como suplente o bajo régimen de disponibilidad.
El régimen de disponibilidad aprobado en 2021 implica que la estabilidad de un juez o magistrado de Cámara quedaba en manos de los magistrados de la Corte. Si estos querían trasladar a alguien bajo ese esquema, podían hacerlo sin más. Lo mismo si querían separarlo del todo. Con la nueva propuesta, un juez está fuera nomás cumplir 60 años o 30 de servicio, a menos de que proponga a la Corte quedarse bajo las opciones antes mencionadas y la Corte lo acepte.
Desde el año pasado, la Corte ha hecho gala de criterios arbitrarios para depurar a los jueces que en teoría debían ser separados: no todos los que tenían más de 60 años fueron obligados a irse: José Manuel Chávez López, que en noviembre cumplirá 72 años, fue ascendido a magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro después de ser juez de lo laboral. Diario El Salvador, propiedad del Gobierno, publicó en febrero de 2021 reportajes sobre su mérito de entrar a trabajar a las 6 de la mañana. Al contrario, jueces como el encargado del caso El Mozote o el exmagistrado de la Sala Sidney Blanco fueron cesados.
El segundo documento en poder de El Faro es un borrador del “Proyecto de presupuesto 2023” elaborado por la Gerencia General de Administración y Finanzas de la Corte. Al igual que la propuesta para el retiro voluntario, este documento fue discutido por los magistrados en pleno a principios de septiembre, pero sufrió cambios posteriores. López Jerez confirmó que el monto total del presupuesto ya está definido y confirmó el acuerdo de aumento salarial de 2,500 dólares mensuales para los 15 magistrados. Según él, el aumento se justifica porque optaron por renunciar a más beneficios y prestaciones. 'Le aclaro, renunciamos y nos abstuvimos de plantear cambio de vehículos nuevos porque desde 2006 los magistrados de Corte no tenemos vehículos nuevos y para mí así debe ser. Los que tienen que tener pick up nuevo son los jueces, sobre todo los de la periferia', dijo López.
Estas dos propuestas (la depuración y el presupuesto) se están discutiendo junto a una tercera moción que viene en camino y que propiciará nuevos espacios para el nombramiento de más jueces antipandillas sin que, al parecer, se infle el gasto en nuevas contrataciones. El lunes 19 de septiembre, Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad, dijo en la entrevista televisiva de Frente a Frente que la Corte “presentará estos días” otra ley para crear tribunales y cámaras contra el crimen organizado para combatir a las pandillas.
La creación de estos tribunales va en consonancia con unas reformas a la Ley del Crimen Organizado que se están discutiendo en la Asamblea y que fueron presentadas por Villatoro el miércoles 13 de septiembre. Todo parece sincronizado para seguir adaptando el sistema judicial a la nueva apuesta política del bukelismo: el Régimen de Excepción, para lograr enjuiciar a las más de 52,700 personas detenidas desde marzo.
Aumento salarial de 2,500 dólares
El 1 y 2 de septiembre, la Corte Plena agendó una sesión para estudiar el proyecto de presupuesto para 2023, que se construiría a partir de las solicitudes de todas las unidades operativas de la institución. El 2 de septiembre, los magistrados incluyeron el acuerdo de aumento salarial de 2,500 dólares mensuales para cada uno y fue aprobado con 14 votos a favor, según dijo el magistrado López Jerez. La única persona que se abstuvo de votar fue la magistrada Paula Patricia Velásquez. 'Votaron magistrados que están desde 2015 y, aunque no hayan votado todos, me imagino que igual cobrarán el cheque', dijo López.
Este es el segundo aumento aprobado por la Corte desde que, a mediados de 2021, el bukelismo impuso a 10 de los 15 magistrados. El año pasado, los magistrados aumentaron 200 dólares a sus remuneraciones. Con la nueva propuesta, a partir de enero de 2023, el presidente de la Corte, Óscar López Jerez, tendría ingresos de 9,535 dólares. Respecto del salario actual, sería un aumento del 33 %. Los otros 14 magistrados, según el acuerdo tomado, ya no devengarán 5,740.75 dólares, sino 8,240.75. El presidente de la Corte dijo que no todo el incremento va al salario, sino que una cantidad es para más gastos de representación. 'Creo que 1,500 de los 2,500 dólares son por gastos de representación', dijo López Jerez. Actualmente, los gastos de representación para el presidente de la Corte son de 1,414 dólares y 1,022 dólares para los 14 magistrados.
El borrador del presupuesto al que tuvo acceso El Faro y el magistrado López Jerez confirman que habrá un bono mensual de 500 dólares para jueces especializados y el de 250 dólares para otros empleados. El documento en poder de este periódico no mostraba el detalle del aumento al salario de los magistrados, pero un alto funcionario de la Corte Suprema que conoció el documento explicó que este era una versión preliminar con muchas similitudes al documento final que se enviará a los diputados. “Lo que varía en el documento final son las cantidades totales de dinero de los rubros, las plazas y el famoso aumento”, dijo la fuente. El aumento fue confirmado por el presidente de la Corte.
Los jueces y magistrados que recibirán 500 dólares fueron nombrados por la Corte cuando el Régimen tenía poco de haber iniciado y apenas unas 1,400 personas habían sido detenidas bajo sospechas de ser pandilleros o de delinquir con las pandillas. En ese momento, la Corte aprobó reforzar a los juzgados especializados de instrucción en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. El borrador del “Proyecto de presupuesto 2023” al que tuvo acceso El Faro detalla que son 33 jueces y magistrados de Cámara a los que se les dará el bono mensual de 500 dólares, y que eso implica una erogación total de 216,100.78 dólares. El bono de 250 dólares mensuales, dice el mismo documento, se destinará a 368 personas que están en las planillas de los juzgados especializados de lo penal, y ello implica una erogación final de 1.1 millón de dólares.
Según el funcionario de la Corte que habló con El Faro, el aumento salarial de magistrados y el pago del bono mensual para jueces y empleados judiciales, provocará la eliminación de plazas de auxiliares en algunos tribunales, como los destinados a atender casos de violencia contra la mujer.
López Jerez argumentó que ese apoyo salarial es algo que se debía desde que se 'crearon los jueces especializados contra el crimen organizado en los tiempos de Arena y FMLN'. Según el magistrado, en aquel momento se dijo que 'estos jueces debían ganar más que un juez común, no recuerdo si se dijo 500 dólares'. 'Todo el trabajo que se viene para esta gente es fuerte, todo lo que son la consignación de la instrucción más las vistas públicas', agregó.
La mayor parte del presupuesto, nuevamente, irá destinado a las remuneraciones de todos los que trabajan en el Órgano Judicial. Según el borrador del presupuesto al que tuvo acceso El Faro, el 67 % del presupuesto proyectado para 2023 se usará para remuneraciones. Asumiendo —como lo dice el documento— que el monto total del presupuesto en 2023 será de 461.74 millones, los salarios equivaldrían a unos 308 millones de dólares aproximadamente.
Todo indica que la discusión en la Corte sobre las indemnizaciones por retiro voluntario (del que habla el segundo documento obtenido por El Faro) está deteniendo por el momento la culminación del proyecto de presupuesto final.
La Corte Suprema, desde mayo de 2021, ha estado en manos de magistrados impuestos de manera irregular por el bukelismo. Desde entonces, la Corte y la Asamblea han trabajado de la mano para echar a andar planes que luego ha salido a defender el Ejecutivo. Por ejemplo, los diputados aprobaron en agosto del año pasado la jubilación forzosa del 30 % de los jueces del país a través de una reforma a la Carrera Judicial. Luego, el presidente Bukele dijo que esa depuración era necesaria porque había que separar a los jueces corruptos. Sin embargo, el único requisito para ser depurado era tener 60 años o 30 años de carrera.
A un año de esa decisión, una nueva propuesta va encaminada a generar otra tanda de jueces separados de su cargo.
Más jueces a la medida
La nueva depuración de jueces y magistrados de Cámara que está buscando la Corte se promoverá a través de un decreto de retiro voluntario.
El nuevo decreto, que aún está en fase de discusión en el Órgano Judicial, disminuye el umbral de 30 años de servicio a 25 como requisito para optar a la jubilación, pero también pretende regular la manera en la que, año con año, deben salir de la judicatura todos los jueces que cumplen 60 años, que fue una de las obligaciones a futuro que impuso la reforma a la Carrera Judicial aprobada en 2021. El año pasado, la reforma a la Ley de la Carrera Judicial hizo obligatorio que cuando un juez o magistrado —a excepción de los 15 de la Corte Plena— cumpla 60 años o 30 de servicio debe presentar su renuncia.
Según explicó el presidente López Jerez, en esa depuración del año pasado, unos 100 funcionarios de la judicatura fueron cesados y 'unos 74 se acogieron al régimen de disponibilidad'. Esto quiere decir que de 216 jueces que cumplían con los requisitos de tener más de 60 años o 30 de servicio, según estadísticas del Consejo Nacional de la Judicatura, hay aproximadamente 40 que siguen en funciones.
López Jerez explicó a El Faro cómo operativizó el decreto de depuración el año pasado. 'Lo que hice fue algo raroso, pero yo lo hice en pro de todo el conglomerado de jueces y magistrados de Cámara. Lo que hice, mientras resolvíamos las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra ese decreto del cese de jueces, fue darle operatividad, en cierta manera, al decreto. Al recibir los fondos del Ministerio de Hacienda, al juez que quisiera —yo no obligué a nadie, ni anduve ofreciendo nada como muchos han dicho— le daba la compensación económica. Yo mismo en mi despacho le di a cada juez entre 80 y 90 mil dólares para que se retiraran dignamente. También propuse en ese momento que quien quisiera pudiera quedarse en régimen de disponibilidad automáticamente', dijo.
El nuevo decreto también promueve el retiro voluntario de jueces y magistrados que se encuentran inhabilitados por motivos de salud certificados por dictamen médico. Cuando un funcionario diga expresamente que desea acogerse al decreto o un médico certifique su enfermedad, la renuncia será efectiva seis meses después, dice la propuesta. Pero la intención de la Corte de habilitar más plazas es evidente, porque con el decreto también queda abierto el retiro voluntario de personas que tengan diez años de carrera.
El decreto indica que quienes podrán beneficiarse con el retiro voluntario son jueces de Primera Instancia, jueces de Paz, Magistrados de Cámara de Segunda Instancia. Se propone que quien se retire podrá ejercer un puesto en la judicatura como suplente, “siempre que lo apruebe la Corte Suprema”, y se señala que quien cumpla 60 años puede presentar su renuncia o bien quedar bajo el régimen de disponibilidad que fue aprobado en 2021. Este régimen implica que la estabilidad del funcionario queda en manos de la Corte Suprema. Un juez, en esos casos, puede ser trasladado o separado del todo por la voluntad de la Corte.
Se trata de una depuración forzosa disfrazada bajo un retiro voluntario. El documento dice expresamente que si la Corte Suprema no aprueba que un funcionario quede bajo régimen de disponibilidad, el funcionario tendrá un mes para renunciar. “No es tan voluntario el retiro”, dijo a El Faro Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal. En otras palabras, el funcionario que cumpla 60 años puede quedar en manos de la Corte, pero si la Corte no lo acepta, tendrá un mes para presentar la renuncia.
El presidente López Jerez dijo que no podía responder por qué se estaba proponiendo esta clásula y pidió que la pregunta se hiciera al coordinador de la Mesa Judicial, que es la instancia donde surgió la propuesta de decreto. El coordinador es Ramón Iván García, actual magistrado de Cámara, quien tras la primera depuración de jueces del año pasado fue ascendido a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. Antes fue exasesor personal de Luis Martínez, Fiscal General (2012 a 2015) condenado por corrupción. La Mesa Judicial sesionó el 26 de agosto para aprobar el proyecto de decreto. Es la instancia donde los miembros de la judicatura de todo el país están representados y que tiene comunicación directa con la Corte Plena. El documento en poder de El Faro envió la propuesta a Corte Plena el 31 de agosto y esta lo discutió el 6 de septiembre.
Una diferencia importante respecto a la depuración del año anterior es que la está promoviendo el mismo Órgano Judicial, mientras que en 2021 fue impulsada por el Ejecutivo de Bukele. La Constitución ordena que las iniciativas de ley “en materias relativas al Órgano Judicial, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales” son de exclusiva responsabilidad de la Corte Suprema. Organizaciones como Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) señalaron hace un año que esa depuración surgida a iniciativa del Ejecutivo y que fue aprobada por la Asamblea fue inconstitucional. “Ahora, al ser la Corte la que está preparando la depuración ellos están reconociendo que el decreto del año pasado fue inconstitucional”, dijo la abogada López.
La abogada de Cristosal dice que 'es un decreto abusivo: una cosa es el retiro y otra es que queden bajo régimen de disponibilidad lo cual conlleva a una falta de estabilidad. Es un golpe más a la independencia judicial, si es que quedaba alguna”, agrega Ruth López. “Es la prolongación del proyecto político de captura del sistema judicial”, opinó Antonio Durán, juez de Sentencia, al ser consultado por este periódico. “Aunque en principio parezca favorecer a los miembros de la Carrera Judicial para asegurarles un retiro digno, en el fondo, se busca generar más plazas vacantes y colocar ahí a gente afín al régimen” agregó Durán”.
La propuesta de decreto dice que la indemnización estará exenta del pago de renta y será equivalente, como mínimo, a diez salarios y, como máximo, a 25 salarios de la persona que se jubile. El monto del salario a tomar en cuenta para hacer el cálculo, según la propuesta, será el que la persona haya devengado en los últimos seis meses.
Corte Plena discutió la propuesta de la Mesa el 6 de septiembre. Ese día, los magistrados decidieron pasar el documento para que la Comisión de Jueces la estudie junto con representantes de la Mesa y con el gerente financiero del Órgano Judicial. Esto y el estudio del impacto económico que tendrá la creación de jueces y cámaras para casos de crimen organizado son los aspectos que, al parecer, están deteniendo por ahora el proyecto de presupuesto para 2023. Mientras tanto, el Régimen de Excepción cumple este 27 de septiembre su séptimo mes y, según palabras de los diputados oficialistas y aliados, se prorrogará todas las veces que sea necesario.
