La forma como el Ministerio Público (MP) de Guatemala obtuvo y manejó evidencia clave en el caso de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias contra José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, debería hacer tambalear el caso, según la defensa del periodista y de otras dos personas capturadas en este proceso. Sin embargo, este 27 de octubre se cumplen 90 días desde las capturas de Zamora y la auxiliar fiscal Samari Gómez, señalada de filtrar información del caso, y 80 días desde la detención del 19 de agosto pasado de Flora Silva, gerente financiera del diario.
El 25 de agosto pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) argumentó que el hallazgo de una factura y un recibo de caja que registran un pago por servicios de publicidad, que El Periódico no prestó, sustentan la sindicación de lavado de dinero contra Zamora. Ocurrió durante la audiencia de primera declaración de Silva, ligada a un proceso por lavado de dinero con base en los citados documentos que ella instruyó generar a personal a su cargo, por instrucciones de Zamora.
El meollo del caso son el origen del dinero y la factura. La FECI sostiene que los procesados pretendían ocultar el origen de Q300,000 ($40,000) en efectivo que, según el denunciante y exbanquero Ronald García Navarijo, son producto de chantajes. Es un hecho que Zamora envió el dinero, que recibió el cheque y que generó una factura. Lo que el periodista no comprueba aún, como declaró en agosto, es que el dinero se lo entregaron dos empresarios que no querían figurar públicamente como financistas del diario. Es un dato que Zamora habría debido revelar si hubiera depositado el dinero en efectivo en la cuenta bancaria del diario, debido al volumen de monto. Sin embargo, no es un hecho que explique un origen ilícito del dinero.
El querellante adhesivo en este caso, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT, que ha iniciado procesos de criminalización contra varios operadores de justicia), señala que el origen del dinero es irrelevante, y que la acusación de lavado se sostiene con la factura por un servicio que no se prestó, pero sirvió para ocultar la fuente del efectivo. Christian Ulate, abogado defensor de Zamora hasta principios de octubre, afirmó que el término “lavado de dinero” aplica a bancarizar dinero de origen ilícito, y que el dinero que su cliente envió al denunciante había salido de un banco. Agregó que lo comprobaban las cintas bancarias que sostenían los billetes, pero que el MP descartó como evidencia. El actual abogado del periodista, Juan Francisco Solórzano Foppa, señaló en una entrevista con El Periódico que no hay delito y que lo comprobará.
El señalamiento de chantaje
La Fiscalía reveló que García Navarijo denunció que Zamora lo chantajeaba utilizando información que le trasladaba por teléfono el exjefe fiscal, Juan Francisco Sandoval (que el MP despidió ilegalmente en julio de 2021). De ahí que el MP titulara el caso, “Chantaje, impunidad y lavado de dinero”.
Sandoval (luego criminalizado, como al menos una docena más de exfiscales de esa y otras fiscalías) conocía a García Navarijo, exgerente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), porque éste era procesado por lavado de dinero y otros delitos desde 2016, en el caso Bantrab: Un negocio de Familia, y (Estrategias e Inversiones ARCA, S.A) ARCA, de 2017. El exbanquero fue capturado en 2018 y excarcelado en 2020, cuando comenzó a cooperar con la FECI, aunque Sandoval dice que para julio de 2021 (cuando fue despedido), el denunciante no había comprobado la información que trasladó.
El exbanquero dijo que el dinero que el periodista le envió “probablemente” era producto de chantajes, para que le entregara a cambio un cheque por la misma cantidad, bajo amenaza de publicar información comprometedora en su contra. Ulate señaló en agosto pasado que la Fiscalía no ha comprobado el origen ilícito del dinero: no hay evidencia de ello en ninguna de las grabaciones de las conversaciones entre el denunciante y Zamora, ni en las transcripciones de los mensajes de texto, que el denunciante entregó a la Fiscalía y esta divulgó en las audiencias.
Por aparte, Ovalle, abogado de Silva, afirma que todo el caso está viciado desde que García Navarijo presentó la denuncia, y cualquier evidencia obtenida después debió ser inadmisible, incluyendo la factura y el dinero.
Cómo empezó todo
El acta que documenta la denuncia de García Navarijo, citada en la audiencia de primera declaración de Zamora, señala que el 26 de julio pasado, a las diez de la noche, en la Agencia 6 de la FECI y frente a la agente fiscal Cynthia Monterroso, García Navarijo denunció que Zamora lo chantajeaba con publicar información comprometedora si no le ayudaba a lavar una cantidad de dinero que recibiría esa semana.
Ovalle, quien trabajó en la Oficina de Atención Permanente (OAP) del MP, que atiende las 24 horas para recibir denuncias, dijo que la Ley Orgánica del MP ordena que, para garantizar la imparcialidad en las investigaciones, la asignación de casos nuevos debe ser aleatoria. Así lo maneja el sistema en la OAP. El abogado se pregunta cómo sabía García Navarijo que Monterroso estaba en la agencia 6 a las diez de la noche ese día, sin previo acuerdo, cuando lo lógico era que a esa hora presentara la denuncia en la OAP, que la asignaría aleatoriamente a una fiscalía.
De hecho, el 25 de julio, según lo registró Plaza Pública, García Navarijo se excusó de atender una audiencia de primera declaración en el caso ARCA, diciendo que tenía Covid. Esa excusa le garantizó poder llegar al día siguiente a la FECI a denunciar a Zamora (por ejemplo, si después de la audiencia le hubieran dictado prisión preventiva, como ocurrió con el periodista, no hubiera podido llegar a la Fiscalía a presentar la denuncia).
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, dijo a El Faro en una entrevista telefónica (el 5 de agosto) que él y dos agentes fiscales recibieron a García Navarijo cuando hizo la denuncia, y que hasta ese día lo conoció “en persona”. Ovalle señaló que el acta de la denuncia (revelada en una audiencia de primera declaración) debió documentar que Curruchiche estaba presente, lo que no ocurrió. Además, observó que el jefe de la FECI, como jefe de una fiscalía de sección, también podía hacer una asignación aleatoria del caso al día siguiente, cuando todos los agentes fiscales estuvieran presentes, y no sólo Monterroso. “(Si) el caso se asignó a dedo por el jefe, debió haber una instrucción escrita indicando la manera de proceder con (esa denuncia)”, señaló Ovalle, quien observó que el caso se inició con un “acta ministerial” y no con una denuncia verbal como lo exige el artículo 297 del Código Procesal Penal.
El acuerdo 59-2019 de la Secretaría General, y del Libro de Acuerdos del MP, estableció que la jefatura del MP debe decidir cuáles casos son asignados a la FECI. El acuerdo, que no establece la asignación a una agencia específica dentro de la Fiscalía, fue firmado por la actual fiscal general Consuelo Porras en el segundo año de su gestión anterior (fue reelecta en mayo pasado por cuatro años más).
En octubre de 2021, Zamora denunció que Porras y el presidente Alejandro Giammattei (responsable de reelegir a Porras entre tres finalistas) intentaban involucrarlo en un caso penal que lo llevara a la cárcel.No hay rastros documentales divulgados de Porras respecto a la designación del caso. Sólo hay un documento que Monterroso menciona en una audiencia de 3 de agosto, cuando admitió que recomendó a Curruchiche sugerir a Porras la tipificación de otro delito para formular contra Zamora y sus entonces abogados (Mario Castañeda y Romeo Montoya): conspirar para obstruir la justicia, en relación con una transacción de 2013. Los abogados se retiraron del caso por conflicto de interés.
Ulate, abogado del periodista entre principios de agosto y principios de octubre pasados, dijo que la FECI debió interceptar las llamadas y grabarlas, mientras que Ovalle señala que García Navarijo no estaba facultado por la ley para hacer operaciones encubiertas (algo que sólo pueden hacer policías y funcionarios públicos), lo cual contamina el resto del proceso y hace ilegal la posterior obtención de evidencia. Ambos también subrayaron que las grabaciones no contienen los señalamientos que argumenta la fiscalía.
La FECI no concede que actuó ilegalmente. Sin embargo, a la luz de los argumentos de la defensa, la pregunta del millón es por qué para obtener evidencia documental de que Zamora lavó dinero, la fiscalía no asignó el caso a un fiscal en forma aleatoria (como lo manda la ley), y no interceptó ni grabó las llamadas entre el denunciante y Zamora para garantizar la fidelidad de la evidencia.
De denunciante a doble agente
El 28 de julio pasado, la Fiscalía incautó los Q300,000 ($40, mil) en una oficina de la zona 10 capitalina, dos días después de que García Navarijo denunció a Zamora y divulgó dónde sería entregado el dinero. El exbanquero mencionó a la FECI que, al menos hace 15 años, Zamora chantajeó a ejecutivos del Bantrab y les forzó a entregarle dinero al publicar información dañina para el banco (aún no se tipificaba el delito de pánico financiero, legislado en 2008). El periodista luego diría que conoció al exbanquero en 2004, que eran buenos amigos, y nunca habían tenido problemas.
Habían transcurrido 72 horas a partir de la denuncia de García Navarijo cuando, el 29 de julio, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dirigidos por la FECI capturaron a Zamora en su casa, con una orden que firmó Fredy Orellana, juez titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal. También allanaron la vivienda del periodista, las oficinas de El Periódico y capturaron a la auxiliar fiscal Gómez, señalada de filtrar información del caso a Sandoval, cuando este ya no estaba en el MP.
El 8 de agosto, en la audiencia de primera declaración de Zamora (y la fiscal auxiliar Gómez), la Fiscalía mostró un vídeo y fotografías de cuando un mensajero de Aldea Global (empresa dueña de El Periódico) llevó el dinero en una bolsa de papel a la oficina en la zona 10. La Fiscalía reveló en la audiencia que junto a los billetes el empleado también entregó “los documentos pertinentes para simular una transacción comercial”. No describió los documentos; tampoco lo hizo el 9 de agosto, el segundo día de la audiencia de primera declaración, sino hasta el 25 de agosto, en la audiencia de primera declaración de Silva.
Los documentos clave
La FECI dijo que el 28 de julio el mensajero de El Periódico recibió el dinero y los documentos (incluyendo una factura y un recibo de caja) de Silva. Luego los entregó en la oficina de la zona 10, a Luis Chinchilla, un empresario y contacto de García Navarijo, quien a cambio le dio un cheque a nombre de Aldea Global por Q265,486 (la suma original menos impuestos), emitido por la empresa NIJO, S.A.
El cheque estaba girado sobre fondos de una cuenta inactiva, algo que el mensajero supo cuando intentó en vano cambiarlo el mismo día. Era una trampa que la fiscalía montó con ayuda de García Navarijo, quien le mostró a la FECI el cheque antes de que Chinchilla lo entregara al mensajero. En la audiencia del 25 de agosto, el MP reprodujo una grabación del 28 de julio en la que Zamora telefonea al denunciante para contarle acerca del cheque imposible de cobrar. También le dice que Sandoval quería que supiera que, según “sus amigos en la FECI”, Curruchiche quería reactivar el caso Bantrab. El mismo día, Sandoval dijo a El Faro que no podía comentar sobre algo que alguien más decía de él, y que “ya no tenía amigos en la FECI”.
En la citada audiencia, Monterroso divulgó que el 28 de julio García Navarijo entregó a la FECI el recibo y la factura. La agente fiscal dijo que Silva debía saber que era una transacción ilegal porque se descontó el pago de los impuestos, y que, si no lo fuera, Zamora no habría pedido ayuda a un sujeto acusado de lavado para bancarizar el dinero.
Monterroso calificó la maniobra como una “simulación de una transacción mercantil inexistente” porque no se prestó el servicio de publicidad supuestamente pagado con el cheque. En realidad, NIJO, S.A. (la empresa emisora del cheque) no pagó el servicio; sólo sirvió de puente para que Aldea Global recibiera en forma de cheque el dinero que Zamora envió en efectivo a García Navarijo.
El origen del dinero
El dinero en efectivo que Zamora envió al exbanquero provenía de dos empresarios que lo retiraron de una agencia del Banco Industrial, según el periodista. Agregó que los empresarios no quieren ser identificados como patrocinadores del diario debido al blanco de ataques en que se convirtió el medio por sus publicaciones.
Los empresarios no se han identificado públicamente para corroborar cuanto asegura el periodista. Ulate dijo que las cintas membretadas y selladas del banco que sujetaban los billetes sí podían ayudar a determinar de qué agencia se retiró el dinero y de cuales cuentas. El problema es que, al insistir a la FECI al respecto, le notificaron que las cintas no eran parte de la evidencia. “Lo que contestó fue que los precintos bancarios (las cintas) no eran una evidencia relevante para el caso, no eran importantes, y por lo tanto no los tienen como evidencia”, dijo Ulate a El Faro el 12 de septiembre. La fiscalía no dijo al abogado si todavía tenía las cintas en su poder.
Las cintas aparecen en fotos de cuentas de netcenters en Twitter el 31 de julio (tres días después de incautado el dinero), sobre la misma mesa donde la FECI fotografió y filmó el dinero sin las cintas. Ovalle señala que en un extremo de la toma del vídeo se pueden apreciar algunas de las cintas rotas.
En la audiencia del 8 de agosto, Ulate señaló que Zamora aseguraba que los billetes estaban sujetados con cintas bancarias, y que el abogado Raúl Falla, miembro de la FCT y representante de García Navarijo, también dijo que había visto las cintas. El 25 de agosto, Falla corroboró a El Faro que las vio, que “en su momento la FECI las pondría a la vista” y que “todo está asegurado por el Ministerio Público”. Sin embargo, 17 días después Ulate compartió la explicación de la fiscalía: las cintas no estaban entre las evidencias.
Falla explicó que comprobar que el dinero salió del banco no desvanece el señalamiento de lavado. “Si me extorsiona una persona, y me dice que va a secuestrar a mi hijo, ¿a dónde voy a ir a traer la plata? La voy a traer al banco, no debajo del colchón”, dijo el abogado. “La saco del banco y la entrego al extorsionador, ahí eso ya se convirtió en una acción delictiva, y eso es lo que está investigando el MP”.
Es decir, según este abogado, la existencia de las cintas no desvanece el cargo de chantaje, que hasta el momento sólo sostiene la palabra de García Navarijo. El Faro le preguntó si habían considerado pedir al Banco Industrial rastrear el número de serie de los billetes incautados, ya que los bancos registran este dato en los casos de retiros voluminosos, para identificar las cuentas de donde salió el dinero.
Falla reconoció que el número de serie de los billetes y las cintas podían llevar al origen del dinero, que es importante que los empresarios declaren si le dieron el dinero a Zamora, y en qué condiciones, pero que, independientemente del origen del dinero, la acusación de lavado contra Zamora se sostiene con los documentos incautados (la factura y el cheque).
En cambio, Ulate afirmó que, si el banco y los citados empresarios que entregaron el dinero a Zamora corroboraran estos hechos ante la fiscalía, echarían por tierra la sindicación de que el dinero proviene de una fuente ilegal. En la entrevista con El Periódico, Solórzano aseguró que presentará pruebas de la inocencia de Zamora en las casi dos semanas del plazo que resta para hacerlo, aunque no reveló de cuáles se trata.
Mientras tanto, el 2 de septiembre la Sala Tercera de Apelaciones rechazó una solicitud de libertad para Zamora argumentando que todavía tiene un papel administrativo en Aldea Global y puede interferir con las investigaciones. Ese mes, Ulate dijo que el periodista se podría separar del cargo para poder optar a salir de la cárcel mientras es procesado. Es un beneficio que García Navarijo obtuvo en 2020 de la misma sala.
Casi seis semanas antes de que se cumpla la etapa de investigación en el caso de Zamora, Solórzano se convierte en su quinto abogado defensor, después de Castañeda y Montoya, Ulate y un abogado de la defensa pública. El nuevo defensor dijo a El Periódico que “netcenters vinculados al MP y a la FCT” iniciaron una campaña de acoso cibernético en su contra antes de que la confirmación de su nombramiento le fuera notificada, cuando sólo el MP, el juez, el querellante adhesivo y los procesados conocían el dato.
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, dijo a El Faro el 23 de octubre que Ulate había salido del país dos semanas antes y le confió en una reunión informal que había sido blanco de seguimientos y amenazas. Ramón Zamora, hijo del periodista, confirmó que Ulate dejó la defensa el 14 de septiembre y salió del país para atender un proyecto en Honduras. “Al mismo tiempo ya nos había contado que había recibido diferentes tipos de amenazas y que algunos abogados le (confiaron) había presiones sobre el Colegio de Abogados para quitarle su licencia para practicar en Guatemala”, dijo Zamora hijo. Agregó que las amenazas, y trabas que Ulate enfrentaba en otros casos, jugaron un papel en su decisión para dejar la defensa del periodista. Se consultó por medio de un mensaje de texto a Carlos Aquino, secretario del Colegio de Abogados, respecto a las presiones relacionadas con Ulate, pero afirmó desconocer el caso. Dijo que el gerente y subgerente debían ser consultados, pero no facilitó el contacto.
Zamora hijo dijo que algunos abogados que contactaron para la defensa se rehusaron a llevar el proceso por la presión que hay sobre la defensa, y algunos rompieron la comunicación cuando sus nombres fueron publicados en las cuentas de netcenters donde se les amenazaba con acciones en su contra si defendían al periodista.
Armando Mendoza, abogado de Gómez, no ha reportado amenazas. Gustavo Ovalle, defensor de Silva, dijo a El Faro que no ha recibido ninguna, aunque sí ha sido objeto de acoso cibernético en cuentas de netcenters en Twitter.
Solórzano dijo en la citada entrevista a El Periódico que las acciones contra la defensa de Zamora buscan dejar indefenso al periodista, y por eso tomó el caso. El abogado fue intendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2016 y 2017, un actor clave en la investigación de corrupción La Línea contra exfuncionarios como el expresidente Otto Pérez Molina (un caso que abrió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), y dirigió la unidad de Análisis Criminal en el MP.
Este abogado no es ajeno a la criminalización. Fue detenido en 2021 en un proceso en su contra por conspiración, falsedad ideológica y asociación ilícita en relación con la supuesta conformación ilícita de un partido político. También tiene otros procesos por abuso de autoridad y violencia contra la mujer desde hace tres años, que señala han sido retrasados maliciosamente. En el primer caso mencionado, fue excarcelado con una medida sustitutiva, y el MP afirma que otras diez personas admitieron su responsabilidad y fueron sentenciadas por falsedad ideológica con agravación electoral. El abogado afirma que se trata de seis personas y los otros casos fueron cerrados. Solórzano Foppa y otro procesado tienen una audiencia de la etapa intermedia del juicio el próximo 24 de noviembre.
El abogado, quien está arraigado por el proceso, agregó que el MP también ha demorado las actuaciones en su caso, pero que ninguna diligencia afecta su defensa de Zamora. Ahora, Solórzano se prepara para reunir medios de prueba antes que la etapa de investigación culmine el 8 de diciembre, y el juez Orellana determine si hay evidencia para enviar al periodista a juicio, así como a Silva y a Gómez.
