La Policía Nacional Civil (PNC) tuvo conocimiento de que Élmer Canales Rivera, alias Crook de Hollywood —uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha-13 en El Salvador—, fue liberado ilegalmente y supo de ello menos de 24 horas después de que el pandillero abandonara el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, el 18 de noviembre de 2021. Cuatro meses después, el principal negociador del Gobierno de Bukele con las pandillas afirmó telefónicamente a un líder de la MS-13 haber sacado a Crook personalmente de la cárcel.
Por la tarde del 19 de noviembre, la PNC difundió una serie de alertas internas, a través de correos electrónicos, en las que advertían que Crook —a quien perfilaban como líder nacional de la pandilla— había salido libre del penal Zacatecoluca.
Al momento de su liberación, Crook tenía una condena en firme de 40 años de prisión, dictada en 2020 por dos homicidios, por los que había pedido una reducción de pena, y también debía un año de cárcel por tráfico de objetos prohibidos en centros penales. También fue notificado cinco meses antes, en junio de 2021, de una orden de captura de Interpol, acusándolo de “terrorismo trasnacional” y “narcotráfico” en suelo estadounidense.
Sumado a ello, la Policía llegó al penal de máxima seguridad el 18 de noviembre, el mismo día de su liberación, para notificarle sobre otro requerimiento por homicidio que pesaba sobre él desde 1999, pero un miembro de la unidad policial a cargo de ejecutar el arresto afirmó a El Faro que las autoridades del penal les negaron la entrada e impidieron que la diligencia se realizara.
Todos estos hechos constan en correos electrónicos, fichas policiales e informes penitenciarios de la PNC, obtenidos por El Faro a través de una filtración realizada por las organizaciones de transparencia total DDoSecrets y Enlace Hacktivista, que recibieron información de diferentes Gobiernos de Guacamaya, un grupo de hackers que vulneró los servidores de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, extrayendo 4,000 gigabytes de información de la PNC y otros 50 gigabytes de la Fuerza Armada.
En la misma filtración, Guacamaya también extrajo miles de gigabytes de información de los ejércitos de México, Perú, Chile y Colombia. El presidente de México ha confirmado la veracidad del hackeo en ese país, mientras que en Chile las revelaciones de los correos llevaron a la renuncia en septiembre del General Guillermo Paiva, jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército chileno.
En El Salvador, los archivos policiales documentan la liberación de Crook en noviembre de 2021 y suman más evidencias a la larga lista publicada por El Faro, incluyendo los audios en los que el jefe de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín —el principal negociador del Gobierno de Bukele con las pandillas— confiesa a un líder pandillero haberlo sacado personalmente a Crook de la prisión y conducido a Guatemala para “demostrarles (a la pandilla) mi lealtad y confianza”.
Hasta la fecha, las autoridades policiales y carcelarias de El Salvador no han admitido públicamente que Crook fue liberado, pero en abril, cinco meses después de que saliera de la cárcel, una corte de narcoactividad en Ciudad de Guatemala dio por hecho que él había pasado por ese país cuando firmó una orden para arrestar y extraditar a Crook a Nueva York. En mayo, un subcomisionado de la Policía salvadoreña pidió ayuda a socios policiales de la región para capturarlo y repatriarlo, dando luces de que una parte del Estado aún acechaba a Crook meses después de que otros funcionarios lo sacaran de la cárcel.
Una liberación ilegal
El dirigente histórico de la MS-13 salió de máxima seguridad cuando tenía múltiples condenas vigentes que sumaban más de cuatro décadas de cárcel, nuevas acusaciones penales y una orden internacional de extradición.
El 30 de octubre de 2019, el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca condenó a Crook a tres años de prisión por tráfico de objetos prohibidos en centros penales. Menos de cuatro meses después, el 6 de febrero de 2020, fue condenado por el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, a otras seis décadas por dos homicidios, como imputado en el caso “Cuscatlán”, una operación policial que desde 2018 atacaba las estructuras de liderazgo y financiamiento de la MS-13.
Los abogados de Crook pidieron una reducción de esta última pena de 60 años y en abril de 2021 la Cámara Primera Especializada de lo Penal recalificó una de las dos condenas por homicidio como “conspiración para cometer homicidio”, un cambio que restó 20 años de la sentencia. En julio de 2021, Crook volvió a pedir una segunda reducción de su pena, pero para marzo de 2022 —cuatro meses después de su liberación— la revisión no había concluido, según una investigación conjunta de La Prensa Gráfica e InSight Crime.
En una ficha de Crook compartida con la Policía a principios de junio de 2021 y obtenida por El Faro a través de Guacamaya, Centros Penales confirmó que sabía que Crook recibió cuatro décadas de cárcel en el caso Cuscatlán: “Le confirmaron sentencia a 40 años según fallo le modificaron sentencia de un homicidio a conspiracion que cumplira 10 años y el confirmaron otra sentencia de 30 años haciendo un total de 40 años” (sic).
La condena estaba firme a la hora de su liberación, a pesar de que la Corte aún no había decidido si restar más años de su castigo. “Si admitió revisión, ya estaba firme la condena”, explicó al periódico Antonio Durán, juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca. “La revisión sólo procede en casos de sentencias condenatorias firmes”.
Además, informes de la oficina de Interpol de la PNC confirman que Crook fue notificado el 3 de junio de 2021, al interior del penal de Zacatecoluca, sobre una orden internacional de captura girada a petición de Estados Unidos, para enjuiciarlo por “narcoterrorismo” transnacional en el Distrito Este de Nueva York junto con más de una decena de los altos dirigentes de la MS-13 en El Salvador.
Crook ya había pasado dos décadas encarcelado cuando fue liberado por la administración Bukele. En diciembre de 2001, Crook fue condenado a 16 años por el Tribunal Primero de Instrucción, por secuestro, en el caso que se conoció como “Costa Azul”. En 2016, meses antes de cumplir su primera sentencia, fue acusado de pertenecer a “organizaciones terroristas en calidad de cabecilla”, como parte de la operación “Jaque”.
Crook fue absuelto por las acusaciones de Jaque, pero sobre él pesaban otros procesos que lo mantuvieron en prisión hasta que fue condenado por tráfico de objetos ilícitos en octubre de 2019; y luego por los dos homicidios en 2020. Su expediente en el SIPE, que El Faro tiene en su poder, también identificaba en noviembre de 2021 otro caso pendiente contra él, abierto en 2020 ante el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
El día de su liberación
Quince minutos después de mediodía del 18 de noviembre de 2021, dos agentes de la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales (DCJ) de la PNC llegaron al penal de Zacatecoluca para tratar de notificar a Crook sobre una orden de arresto en su contra emitida en 1999 por el Juzgado Primero de Instrucción de Cojutepeque, según un informe de inteligencia penitenciaria enviado al final de ese día por la Subdelegación de Zacatecoluca a la Delegación de La Paz y al Comando Conjunto de ese departamento.
El reporte, entregado sin el nombre del policía que lo redactó, sólo consigna que un cabo y un agente de la DCJ de Cuscatlán llegaron a bordo de un vehículo “de la DCJ” al penal “con el fin de intimar” a Crook sobre la orden.
El mismo 18 de noviembre, a las 4:30 p.m., un mando administrativo de la DCJ de Cuscatlán pidió permiso por correo electrónico al buzón general del penal de Zacatecoluca para que el mismo cabo entrara a la cárcel para “intimar” a Crook sobre la orden.
El administrador no dijo a qué orden de arresto se refería y no está consignado en el informe de inteligencia penitenciaria si la DCJ efectivamente llegó por la tarde a intimar a Crook durante ese día.
Un miembro de la unidad de DCJ, consultado telefónicamente por El Faro este martes 25 de octubre, afirmó que el reporte de inteligencia penitenciaria omitió que las autoridades no dejaron entrar a nadie del equipo ese día, bajo el argumento de que los superiores de los policías tenían que “solicitar a centros penales el ingreso”. “No se intimó a nadie”, afirmó la fuente, agregando que “a los días me di cuenta por un jefe policial de que (Crook) había salido libre”.
Lo que sí aparece, tanto en documentos de la Policía como de Centros Penales, es que Crook salió de la cárcel en algún momento de ese jueves 18 de noviembre.
El primer documento oficial que lo consignó fue un informe, ahora en poder de El Faro, enviado por correo electrónico al mediodía del viernes 19 de noviembre por el Centro de Análisis de Información Penitenciaria (CAIP) de Centros Penales a tres oficinas de inteligencia de la Policía: la Unidad Central de Análisis y Tratamiento de la Información (UCATI), la División de Análisis y Producción de Inteligencia (DAPI) y el Departamento de Inteligencia Penitenciaria de la División de Recopilación de Información (“Penales DIRI”) de la PNC.
El informe es una hoja de Excel que enumera a los privados de libertad que salieron libres el día anterior: registra la salida de 29 internos desde 12 centros penales. Para todos, el CAIP escribió la justificación legal de su salida, salvo para uno: Élmer Canales Rivera, Crook. La celda donde debe estar el motivo de su liberación aparece vacía.
En el mismo correo, el CAIP incluyó un archivo de PowerPoint recopilando ocho fichas de los reos más notables que fueron liberados el día anterior. Según Centros Penales, todos eran pandilleros de menor nivel que Crook, que forma parte de la cúpula nacional de la Mara Salvatrucha-13 desde hace al menos dos décadas.
Horas después de la entrega de ese primer informe de Centros Penales, el nombre de Crook en la hoja de Excel generó un febril envío de alertas por correo electrónico al interior de la Policía.
Entre las 3:40 y las 4 de la tarde del jueves 19 de noviembre, Penales DIRI envió cinco correos alertando a otras oficinas de inteligencia de la Policía. Primero envió dos correos al Inspector Jefe Alfredo Pérez, de DIRI, y a otro agente de la misma oficina, con el asunto en mayúsculas: “Liberado ranflero nacional de la MS”.
Enseguida, esa misma dependencia envió otros tres correos titulados “Liberado lider nacional MS” (sic) a otras oficinas de la Policía: la División de Operaciones de Inteligencia (DOI) y los equipos del Departamento de Inteligencia Policial (DIP) para el centro y sur de San Salvador.
En una ficha policial de Crook incluida en cada uno de los cinco correos, la Policía consignaba que a Crook le quedaban cuatro décadas de cárcel: “Condenado a 30 años por homicidio agravado, 10 años por homicidio agravado”. La ficha también confirma el reporte inicial de su liberación: “Inf. de interés: (Liberado el 18/11/2021), Centro Penitenciario de Maxima Seguridad de Zacatecoluca” (sic).
El Faro tiene en su poder solo una respuesta a estos correos de parte del DIP San Salvador Sur: “Enterado si le dieron vigilancia y seguimiento sus unidades favor enviar la ubicacion a donde llego” (sic). En una situación contradictoria, la misma Policía, tras la liberación ilegal de Crook autorizada por este Gobierno, intentaba localizarlo.
La oficina de comunicaciones de la PNC no contestó una solicitud de El Faro, enviada por escrito el viernes 21 de octubre, para conocer su versión de la liberación de Crook. Ese mismo día, el viceministro de Seguridad y director de Centros Penales Osiris Luna Meza y Alejo Carbajal, un vocero de la DGCP, también recibieron preguntas de este medio WhatsApp, pero tampoco respondieron.
Intimación de Interpol en junio
Tal como consta en los documentos revelados por Guacamaya, Crook estuvo a punto de ser liberado más de cinco meses antes, el 3 de junio de 2021. Al final de ese día, el CAIP reportó que Crook salió libre, pero ese mismo día la oficina de Interpol de la PNC reportó que un agente ingresó al penal de Zacatecoluca y lo informó sobre la notificación roja interpuesta por Estados Unidos. Tres semanas después, Interpol reportaba que seguía detenido en ese centro penal, un reporte que no cambió hasta que salió de la cárcel definitivamente cinco meses después, el 18 de noviembre.
En su reporte para el 3 de junio, el CAIP escribió: “PDL libre el dia 03/06/2021 por el caso Cuscatlan del centro penitenciario de maxima seguridad de Zacatecoluca por haber cumplido el plazo maximo del cese a la detencion provisional y requerido por Interpol” (sic).
El “cese a la detención provisional” se refiere al límite de 24 meses que la ley salvadoreña permite a las autoridades para mantener a imputados en prisión preventiva a la espera de un fallo, lo que puede alargarse 12 meses más en caso de apelación. Tras la sentencia en febrero de 2020 en el caso Cuscatlán, los abogados defensores de Crook y otros pandilleros apelaron bajo el argumento de que los imputados habían pasado más del plazo permitido bajo prisión preventiva.
El 26 de abril, la Cámara Especializada de lo Penal hizo algo aparentemente contradictorio: por un lado, confirmó las penas de prisión y, por otro, decretó el cese a la detención preventiva en el mismo caso a una parte de los condenados.
Como lo explicó Godofredo Salazar —el ex juez especializado de Sentencia “A” en San Salvador que giró las condenas de cientos de personas del caso Cuscatlán— en una carta enviada en marzo al alcaide de Zacatecoluca, Crook no podía salir libre pese a que había sobrepasado el tiempo de detención preventiva en un caso, pues tenía otras condenas firmes y procesos pendientes.
Una de ellas, la sentencia del caso Cuscatlán, que El Faro tiene en su poder, condenó por una serie de delitos a cientos de pandilleros, entre ellos seis miembros de la “Ranfla Histórica”, el más alto liderazgo de la MS-13: Crook; Eduardo Erazo Nolasco, “Colocho de Western”; Efraín Cortez, “Tigre de Parkview”; Borromeo Enrique Henríquez, “Diablito de Hollywood”; Saúl Turcios Ángel, “Trece de Teclas”; y Carlos Tiberio Valladares, “Snayder de Pasadena”.
En medio de toda aquella confusión, la Policía se apoyó principalmente en la petición de extraditar a Crook para argumentar que no podían liberarlo.
Según una carta en poder de El Faro enviada el 1 de junio de 2021 por el director de Zacatecoluca al Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Policía, la Cámara Especializada de Sentencia había ordenado el cese a la detención provisional para dos de los ranfleros condenados en Cuscatlán: Crook y Colocho. Este hecho confuso permitió que quedara más evidencia de que la Policía y algunos empleados de Centros Penales no tenían claridad sobre la imposibilidad de liberar a Crook.
En su carta, el Inspector Rogelio Belarmino García, alcaide del penal, pidió un informe de CAT sobre “órdenes administrativas pendientes de cumplir” para ocho pandilleros acusados en el caso y recluidos en el penal, incluyendo estos dos. Detalló que la Cámara emitió una resolución en abril “confirmando las penas de prisión”, pero agregó que la corte “decretó el cese a la medida cautelar de la detención provisional (…) ante el agotamiento de los 36 meses (…) y procedió a imponer medidas sustitutivas a la medida precautoria, por ser una orden de un tribunal superior materialmente debe ejecutarse y se ordena la libertad de los pdls (privados de libertad)” (sic).
En una respuesta al día siguiente, 2 de junio, el Inspector Jefe Ronald Mauricio Segura, el encargado de CAT, envió al alcaide las notificaciones rojas de Interpol para Crook y Colocho y confirmó que en su base de datos encontró “órdenes de captura y casos de investigaciones vigentes” para ambos.
El 3 de junio, alguien puso freno a la salida de Crook y Colocho. Un informe enviado por correo electrónico tres semanas después, el 22 de junio, por el Departamento de Análisis de la Oficina Central Nacional de Interpol en El Salvador, reportó al Comisionado Manuel Ulises Garay Coto, el jefe de la oficina de Interpol, que ambos fueron intimados el 1 de junio en el penal de Zacatecoluca y que seguían ahí.
En el correo, que no tiene firma de remitente, el departamento de análisis de la OCN se limitó a escribir, “Respetuosamente envío cuadro de detenidos para extradición”. El cuadro es una hoja de Excel que contiene los nombres de Crook y Colocho, entre otros cuatro ranfleros de la Mara Salvatrucha-13. Los dos fueron intimados por agentes de Interpol de la PNC dentro del penal de Zacatecoluca el 3 de junio.
Orden de extradición en Guatemala
Documentos filtrados por Guacamaya también revelan que cinco meses después de que Crook saliera libre, el pasado 8 de abril, el juez presidente del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Ciudad de Guatemala firmó una orden de captura para Crook en respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos y una investigación conjunta de Interpol y el Ministerio Público (MP).
Consultada por El Faro en persona el 11 de octubre, una representante del tribunal guatemalteco que giró la orden de captura contra el líder pandillero salió brevemente de la oficina del tribunal para hablar con el periódico. La funcionaria se limitó a decir: “sí, es él (Crook), y sí, tiene orden de captura”.
Moisés Ortiz, un vocero del MP, dijo a El Faro este viernes que “la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales tiene a su cargo el expediente relacionado a Élmer Canales Rivera “Crook”, quien es nacional de la República de El Salvador”, pero acudió a la reserva del caso para no brindar mayor información.
En julio, El Faro publicó una investigación que daba cuenta de los movimientos de Crook tras su liberación: luego de hospedarse unos días en compañía de su pareja sentimental en un lujoso apartamento de la colonia Escalón de San Salvador, huyó hacia México pasando por Guatemala.
El 3 de mayo, el subcomisionado Carlos Enrique Somoza Villarreal, jefe de la División de Investigación Criminal Transnacional de la PNC de El Salvador, admitió la salida del país de Crook en un correo al contacto del Departamento de Estado de Estados Unidos del Grupo Conjunto de Inteligencia Fronteriza (GCIF), un consorcio de autoridades de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador que comparte información de las bases de datos de sus países.
El subcomisionado Somoza pidió ayuda del GCIF para capturar y repatriar a Crook, junto con otro pandillero, Franklin Eduardo Pérez, también conocido como Héctor Geovany Carpio Ávalos, o bajo los alias “Pirulo” o “Scooby”. Agregó que la Policía salvadoreña había “recibido información” de que los dos estaban en “Guatemala o México”. Adjuntó una ficha policial que de nuevo confirmaba que Crook “salió en libertad” de Zacatecoluca el 18 de noviembre.
Somoza abrió pero no contestó un mensaje de El Faro enviado este martes 25 de octubre por WhatsApp, preguntando cuándo se enteró de que Crook estaba libre, quién lo liberó y qué información ha recibido de sus socios regionales. El GCIF no contestó un correo enviado el viernes 21 de octubre pidiendo información sobre el caso. El Faro tampoco obtuvo ninguna valoración de estas revelaciones de las embajadas de Estados Unidos en Guatemala y El Salvador, los canales oficiales para solicitar extradiciones en esos países.
