El miércoles 7 de diciembre, la Policía y Ejército de Honduras amanecieron bajo un enorme despliegue de fuerzas en decenas de colonias de las dos ciudades más grandes de Honduras, comunidades que la noche anterior perdieron múltiples derechos constitucionales por decreto ejecutivo. Es el campo de batalla de lo que, doce días antes, la presidenta Xiomara Castro llamó una “guerra contra las extorsiones” al estilo del vecino presidente Nayib Bukele, que desde inicios de abril pasado mantiene todo el territorio de El Salvador bajo régimen de excepción en una llamada 'guerra contra las pandillas”.
Castro, que a finales de enero cumplirá un año en el poder, prometió restaurar la democracia a Honduras tras una década de narcogobierno (“narcodictadura”, llama su gobierno a los doce años del Partido Nacional en el poder), pero por decreto ejecutivo el pasado sábado suspendió en 89 colonias la capital y 73 en San Pedro Sula seis derechos constitucionales: la libertad de tránsito y protección contra mudanzas forzadas, la libertad de asociación, la “libertad personal”, el derecho de pagar fianza para evitar prisión preventiva, la prohibición de arrestos sin orden judicial, y el derecho a “no ser arrestado por obligaciones que no provengan de delito”.
En El Salvador, una suspensión de garantías similar ha llevado a casi 60,000 arrestos en los últimos 9 meses, y a miles de denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y violación de debido proceso. En Honduras, el secretario de Estado para la Seguridad Pública, Ramón Sabillón, matiza el tono belicista de la Presidencia con promesas de respeto a los derechos humanos y atención a las “causas raíces” del crimen. Trata de tomar distancia de los excesos del modelo de Nayib Bukele, aunque en agosto el presidente del Congreso hondureño, Rolando Redondo, visitó El Salvador, se reunió con el vicepresidente Félix Ulloa y declaró que vino a conocer los resultados del llamado “Plan Control Territorial” de Bukele. También Julissa Villanueva, viceministra de seguridad, ha dicho públicamente que Honduras debía ver qué puede aprender del modelo salvadoreño.
Pero en los diez días desde que conversó con El Faro por teléfono el 27 de noviembre, las medidas descritas por el Secretario —uno de los firmantes del decreto ejecutivo— han cambiado: el número de colonias sitiadas ha aumentado de 120 a 162; él destacó un solo derecho suspendido y ahora son seis; y el Gobierno pasó por encima del Congreso, imponiendo el estado de excepción por orden ejecutivo. Por la mañana del miércoles, El Faro buscó al secretario y a una asistente de prensa para ofrecerle la oportunidad de actualizar sus declaraciones. La asistente afirmó que “por cumplimiento de agenda se me hace imposible en este momento contactar al señor ministro”. A la hora de publicar, Sabillón no había contestado otra gestión por El Faro hecha directamente a su celular.
Sabillón, que admite en la entrevista que en decisiones de este tipo el discurso político se impone al criterio técnico, asegura que en los estados de excepción de Honduras no habrá abusos de poder, pero hay que tener en cuenta que otras de sus respuestas no coinciden con la realidad.
¿Por qué las extorsiones y por qué combatirlas de esta forma ahora? Pareciera que el Gobierno cree que es el principal problema de Honduras en este momento, incluso por encima del narcotráfico.
No es que uno esté por encima del otro, sino que se vinculan. Las maras se diversificaron a la distribución de drogas, sicariato, lavado. Cumplen la tipología de crimen organizado de la Convención de Palermo. Damos ese vuelco para tratar los dos problemas por igual.
¿Está diciendo que al declarar la guerra contra las extorsiones también lo hace contra el narcotráfico?
Lleva implícito un componente de tráfico interno y distribución, que son los dos problemas que queremos atacar.
¿y también una guerra contra las pandillas?
Exactamente, y a toda la tipología que ellos manejan, como el uso y tráfico de armas y municiones.
¿Por qué la narrativa bélica? ¿No pueden abordar estos problemas desde su política de seguridad pública?
Yo hablé de prevención y control. Otras instancias del Estado, que tocan el tema social y económico, tienen su responsabilidad en el tema de la familia. Y nosotros también vemos el componente de derechos humanos y seguridad humana. Tiene que darse ese proceso de rehabilitación y reinserción social. Una sociedad tiene que atacar el crimen desde la raíz, no sólo reprimir. Lo que pasa es que a la gente no le gustan las medidas preventivas, quiere puño duro.
Entonces, hablar de guerra… lo que pasa es que dijeron algo por ahí y usted sabe que el tecnicismo no es el nivel superior [de decisión], que es el de la política. Ahí se definen los discursos que se dan. Entonces, para que la gente entienda que vamos con fuerza, con contundencia, la señora presidenta utiliza apropiadamente ese término.
Pero habrá una suspensión de derechos constitucionales en decenas de comunidades, que podrían amanecer sitiadas por el Ejército o la Policía.
Más que todo por la Policía. Pero la Policía es de forma técnica. Estamos tratando de que el estado de excepción sea lo menos invasivo posible y también que haya periodicidad, un sistema horario, como en otros toques [de queda], como en otras actividades de la nación, de las comunidades. Con tratos diferenciados, porque cada comunidad tiene su propia cultura, su propia actividad social, económica, educativa.
Pero sí se van a suspender derechos constitucionales.
Es probable, en cuanto a la circulación. No de los ciudadanos, sino de ciertos grupos.
¿El derecho de ingresar o salir de ciertas comunidades?
Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de un trabajador de salud que tiene turno tiene que haber discrecionalidad porque desarrolla un trabajo de carácter social, como también lo hacen las empresas de seguridad. Estamos tejiendo algo muy delicado que no va a trastocar las actividades económicas de cada municipio. Será en zonas focales nada más. Esos 120 barrios o colonias están principalmente en San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero va a ser progresivo y estudiado en otras comunidades porque la movilidad criminal va de una ciudad a otra.
El Heraldo ha nombrado diez artículos de la Constitución que podrían suspenderse en casos de estado de sitio. ¿Eso no es lo que el Gobierno ha solicitado?
No. Creo que lo están sobredimensionando. Imaginan una forma absolutista de la norma. Pero no, no hay ninguna privación de… Recuerde que nuestra propuesta va a pasar por el Ejecutivo y por el Congreso. Repito: será lo menos invasivo posible en la vida de una comunidad.
¿Y cómo espera que esto avance entre los diversos grupos legislativos?
Bien. Ellos han pedido [el decreto], porque esto es un tema país.
¿Están tomando el actual Régimen de Excepción de El Salvador como referente?
No, mire: cada país tiene sus propias realidades y toma sus decisiones. Nosotros estamos tomando vías alternas. Hace más de un mes [en octubre] se creó la Oficina de Rehabilitación, Resocialización y Reinserción. Ya podemos ir a las dos etapas, distinto al otro modelo, que lo nuestro no sea invasivo a la dignidad ni a los derechos humanos.
¿Decretar el Estado de Excepción no lleva implícito que el Estado no es capaz de abordar las extorsiones sin recurrir a la suspensión de derechos?
No, nosotros siempre nos enmarcamos en dignidad y derechos humanos. A corto plazo, con nuestra fórmula, con nuestros ocho ejes estratégicos, vamos a poder. Ya después vamos a publicar esos componentes, pero la estrategia es muy consecuente con la realidad hondureña. Hay componentes de El Salvador que podrían ser utilizados, pero no en la dimensión total que ellos tienen. Hay cosas que se pueden rescatar, pero en la fórmula catracha.
¿Qué elementos del modelo de Bukele quieren rescatar?
El primero es el respeto a la actividad socioeconómica y la cultura de cada comunidad, cada colonia. Respetar la locomoción, identificación activa de individuos para ver si se está movilizando una persona creíble, sin vínculo con esas estructuras.
En El Salvador ha habido casi 60,000 arrestos y miles de denuncias de violaciones de derechos. Se han suspendido el derecho a la defensa, la privacidad de comunicaciones. Usted dice que quiere rescatar elementos de lo que sucede en El Salvador, y quisiera entender bien a cuáles se refiere.
En locomoción, en circulación tendremos algunas diferencias. Lo nuestro va por colonias. Y no todas las de San Pedro y Tegucigalpa. No creo que sea una modalidad total de restricción de derechos en esos dos municipios iniciales. Recuerde que estamos en época decembrina, con celebraciones. Hay que saberla aplicar, que no sea invasiva.
¿Honduras necesita una depuración de la Policía o el Ejército?
Yo solo puedo responder por la Policía. Recuerde que de 2016 a 2018 se sacaron casi 5,000 policías con procesos no confiables jurídicamente. Nuestra propuesta de reclutamiento o de despedir personal la llevamos de acuerdo al sistema de derecho. Y vamos perfeccionando el talento humano, porque la Policía no solo tiene que reprimir, sino aplicar otros modelos educativos: el tema de dignidad humana, derechos humanos, derechos de la mujer y de etnias.
A propósito de eso, ¿han investigado el involucramiento de la Policía en el desalojo de la comunidad garífuna en Punta Gorda?
No se trata de involucramiento sino de intervención. Hablar de “involucramiento” sugiere una violación a los derechos humanos, y esa intervención policial fue por resolución judicial. Iba un fiscal, iba el juez ejecutor. La cumplimos y ayer [26 de noviembre] fue la audiencia en la que quedaron libres las seis personas. La Policía es solo un actor del sistema. No todo recae en la Policía. ¿Qué tal si un policía no obedece una resolución judicial? Además de ser detenido, es restringido su derecho de ascenso y pierde su empleo. La gente puede ver la funcionalidad de la Policía de forma simplista, pero es compleja.
La Policía tiene que cumplir órdenes judiciales, pero la comunidad garífuna tiene el derecho a la tierra ancestral…
Bueno, ese es otro tema…¿usted cómo define el concepto de ancestral?
No lo defino yo sino la Corte Interamericana.
Eso no lo califica la Policía, lo califica el Poder Judicial. Al Estado en conjunto le corresponde, a la corte.
