Tres años y medio después de iniciado su gobierno, Nayib Bukele presentó a la Asamblea Legislativa su propuesta para reformar el sistema de pensiones, una vieja promesa de campaña cuyo cumplimiento había postergado en varias ocasiones. Los diputados instalaron una comisión ad hoc que aceleró a fondo durante dos semanas para tener lista la última versión antes de navidad. Este lunes 19 de diciembre, los diputados aprobaron los tres dictamenes y se prevé que la iniciativa se apruebe este martes 20.
Los detalles de la propuesta en los que más se enfocó la propaganda oficial hablaban de un incremento generalizado del 30 % en el monto de las pensiones de vejez, y que a la mayoría de cotizantes les tocará una pensión mínima de 400 dólares. Pero en ambos puntos, hay dudas sobre la sostenibilidad, advierten especialistas consultados para esta nota. La propuesta también elimina la posibilidad de que los cotizantes retiren el 25 % de sus ahorros de forma adelantada porque, según Hacienda, eso implicaría una fuga de capital inconveniente.
Además, el discurso oficial asegura que a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Confía y Crecer se les “supervisará más”, pero en realidad la supervisión que se intensifica se hará a las empresas y patronos para que ellos trasladen el dinero de los cotizantes a las AFP. Las funciones de supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero, a través de la Superintendencia Adjunta de Pensiones, se mantienen como hasta ahora.
Economistas aseguran que los cambios más importantes que propone el Gobierno no transforman el sistema de pensiones que por ahora excluye a ocho de cada 10 trabajadores del país y mantiene pensiones bajas (454 dólares en promedio en el sector público y 605 en promedio en lo privado). La reforma de pensiones, tal como lo hicieron anteriores gobiernos, también intenta reformar aspectos de las finanzas públicas. “Las reformas más contundentes son en términos financieros”, aseguró la economista Tatiana Marroquín, en una entrevista el 8 de diciembre.
A diferencia de lo que anunciaba la propaganda oficial, el Gobierno sí seguirá usando el dinero de los cotizantes para financiar sus responsabilidades fiscales como el pago de las pensiones del anterior sistema. Las autoridades han intentado esconder este hecho con la frase que dice que no usarán los fondos de pensiones “como lo hicieron otros gobiernos”, pero lo cierto es que incluso las condiciones en las que se usará ese fondo son calificadas por expertos como “más agresivas”, porque se desconocen aspectos básicos como plazos y tasas de interés.
Los Ministros de Hacienda y de Trabajo llevaron la propuesta a los diputados la noche del viernes 25 de noviembre, pero los documentos solo se revelaron 11 días más tarde, una práctica tan hermética como habitual cuando la Presidencia ha lanzado iniciativas. Bukele había prometido la reforma desde su campaña en 2018 y ya en el Gobierno aseguró que la fecha límite para presentarla sería octubre de 2021. Que haya transcurrido más de un año solo alentó las dudas sobre cuánta preparación técnica hay detrás de la iniciativa, según especialistas.
“En un contexto en el que el presidente tuvo todo el poder, el presidente pudo haber hecho la mejor reforma, pudo haber hecho un diálogo con todos los sectores, y a partir de ahí recoger las mejores propuestas, y además ir acompañada de estudios técnicos sólidos. Pero lastimosamente no es así”, dice Ricardo Castaneda, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Económicos y Fiscales (Icefi).
Cuatro especialistas consultados para este reportaje, economistas y analistas financieros, coincidieron en que el Gobierno no ha mostrado los estudios técnicos actuariales, que son importantes y necesarios para respaldar la reforma. “Es la única forma en la que podés asegurar que la reforma sea sostenible, y el estudio no se ha presentado”, agrega Castaneda.
En octubre pasado, la presidencia se reunió con representantes de sindicatos afines (SITTOJ y la Unidad Sindical Salvadoreña) para supuestamente recibir más insumos. Mes y medio después media docena de sindicatos del sector docente, judicial, policial, entre otros, denunciaron que no fueron tomados en cuenta para construir la propuesta oficial. “La propuesta es contraria a lo que se planteó por el presidente Bukele en su campaña. Las AFP se suponía que iban desaparecer pero seguirán ahí”, dijo Marvin Reyes, secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía, el 30 de noviembre.
Los sectores abiertamente críticos al Gobierno fueron excluidos de las discusiones en la comisión ad hoc. La comisión pareció blindada para solo escuchar a organizaciones afines al Gobierno, como el Movimiento No Más AFP dirigido por el líder del SITTOJ, Roswal Solórzano. En cambio, la Mesa para una Pensión Digna, una de las organizaciones que más seguimiento ha dado a la discusión de las pensiones en los últimos años, no fue llamada a participar. Los diputados de Nuevas Ideas incluso rechazaron recibir correspondencia, por ejemplo, el 8 de diciembre el partido de Bukele rechazó recibir por escrito las propuestas de Bases Magisteriales, una reconocida organización del gremio de profesores del sistema público.
Los ganadores de la reforma
Entre los ganadores de la propuesta de ley está, desde luego, el propio Gobierno, cuyas finanzas están presionadas por los constantes y asfixiantes pagos millonarios de deudas adquiridas no solo en el último año sino también por las adquiridas años atrás y que hasta diciembre de 2023 suponen unos 4 mil millones de dólares. También las AFP ganan porque se mantienen en el negocio a pesar de los grandes rumores de que iban a desaparecer vía una nacionalización de las pensiones. El banco inglés Barclays, que tiene un departamento de investigación y que periódicamente publica reportes financieros sobre economías de distintas partes del globo, celebró, en un análisis divulgado el 30 de noviembre, que la propuesta del bukelismo descartara la nacionalización.
La iniciativa de pensiones no mejora las finanzas pero le permite al Gobierno mantenerse a flote sin hundirse, al menos, hasta las elecciones de 2024 donde Bukele ya anunció su cuestionada reelección. “Me parece que el Gobierno está haciendo una especie de intercambio para conseguir oxígeno ahorita”, dijo a El Faro Ricardo Castaneda, del Icefi. “La reforma planteada permitirá al Gobierno usar flotadores mientras llegan las elecciones”, agregó.
El Banco Barclays y la calificadora de riesgo Standard and Poors coinciden con la lectura desde la óptica electoral. “Desde nuestro punto de vista, el Gobierno salvadoreño tiene como prioridad actual evitar una crisis antes de las elecciones de 2024 (…). La reforma de pensiones parece dirigida a respaldar la popularidad del presidente Bukele en su camino hacia la reelección en 2024”, dice el análisis de Barclays hecho público el 30 de noviembre.
Standard and Poors, por su parte, publicó un análisis el 5 de diciembre. La calificadora ubica la reforma de pensiones como una de tantas fuentes posibles de donde el Gobierno obtendrá liquidez para seguir pagando el servicio de la deuda en los meses venideros. “Creemos que el Gobierno continuará mostrando su voluntad de pagar la deuda y que buscará evitar las potenciales consecuencias negativas de un impago antes de las elecciones presidenciales de 2024”, reza el documento de cuatro páginas en el que la compañía califica el perfil crediticio de El Salvador a largo plazo con un CCC+.
Literalmente, la clasificación CCC+ refleja, según el reporte disponible en una plataforma interna de la compañía: '... las vulnerabilidades fiscales y externas del país, así como su dependencia de condiciones económicas favorables para cumplir con sus compromisos financieros. Las elevadas necesidades de financiación del gobierno y la fuerte dependencia de la deuda interna a corto plazo han exacerbado el riesgo de refinanciación en medio de opciones de financiación cada vez más reducidas'. La escala de calificaciones que otorga Standard and Poors consta, en líneas gruesas, de 25 notas que van desde la AAA, siendo esta la nota de excelencia, hasta la D, siendo esta la peor de todas. Hay notas intermedias como la AA+, o B- que indican un grado especulativo cada vez mayor conforme se acercan a la D. La CCC+ está a ocho puestos de ser la última, pues de 25 está en el lugar 17.
En marzo, el Gobierno de Bukele reconocía a inversionistas que para sobrevivir hasta diciembre de 2023 requería hacer maniobras de urgencia en sus finanzas y para eso expuso tres estrategias. Una de ellas se denominó “mercado local de deuda y reforma de pensiones”. Al igual que lo señala Standard and Poor’s, el Gobierno reconocía la alta presión de la deuda interna adquirida con la banca en El Salvador y las propias AFP.
No es casualidad, explica Castaneda, que la propuesta oficial se haya presentado en momentos que el Gobierno tiene enormes dificultades para conseguir financiamiento externo para hacerle frente a su responsabilidad de pagar las pensiones. “Prácticamente la puerta de los bonos en los mercados internacionales la tiene cerrada debido al perfil de riesgo que tiene ahorita el país y que implica que tendría que pagar tasas de interés del 23 % y 24 %. Es mentira que puede conseguir esa plata”, dijo Castaneda, quien ya en julio vaticinaba que el Gobierno intentaría maniobrar junto con la banca privada y los fondos de pensiones.
Castaneda confirma que el Gobierno, con su propuesta, busca mantener un chorro de financiamiento proveniente de préstamos a nivel doméstico, una práctica salvavidas que le permitirá cerrar el año. Así, el Gobierno recibe dinero de la banca privada local y de las AFP. A mediados de noviembre la Asamblea autorizó sin discusión alguna 432 millones de dólares de deuda para cerrar 2022, y para 2023, otra de 475 millones. “Para cerrar este período presidencial sin una crisis financiera mucho más grave, el Gobierno necesita el dinero de las AFP”, dice Castaneda.
Esta fuente de financiamiento se aprobó en 2006, al crearse el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) que se nutre cuando el Estado vende títulos valores: papeles que llevan incluida una promesa de pago. Esos títulos son Certificados de Inversión Previsional (CIP) que las AFP están obligadas por ley a comprar. En 2006, las AFP no podían invertir más del 30 % de los fondos de pensiones en los CIP; en 2012, el tope subió a 45 %; y ahora el bukelismo propone que las AFP no tengan límites para comprar esos títulos por los cuales, en el futuro, recibirán un pago. En otras palabras, el dinero de los cotizantes puede emplearse por completo para prestarle dinero al Estado.
Las necesidades del Gobierno son tan apremiantes que incluso se eliminó la posibilidad, aprobada en 2017, de que los cotizantes puedan retirar una cuarta parte de sus ahorros de pensiones mucho antes de jubilarse. La explicación que dio Alejandro Zelaya, Ministro de Hacienda en una entrevista televisiva el 28 de noviembre es que se eliminó la opción porque sería problemático para el Estado enfrentar una fuga de ahorros.
Con el dinero de los ahorrantes que las AFP le prestan, el Estado paga las pensiones que se quedaron sin fuente de financiamiento con la privatización de 1998. Al pagar la deuda, el Estado debe por ley sumarle una ganancia por una tasa de interés, pero desde 2008 la tasa ha estado por debajo de lo que crecen los precios en el mercado, es decir, la inflación. En la propuesta se establece que será del 7 % anual fija (ya no el 6%), algo positivo pues es la ganancia que se le trasladaría a los ahorrantes, en teoría.
El Gobierno seguirá tomando el dinero de los pensionados
Un dato que preocupa a los especialistas es que las AFP ya no tendrán límite para entregarle dinero al Estado a cambio de los CIP (que con la reforma cambiarían de nombre a Certificados de Obligaciones Previsionales COP). Todos los fondos de los pensionados, que el Gobierno calcula en 12 mil millones de dólares, podrían ser invertidos en los papeles estatales. Esta dinámica se originó en 2006 con el Gobierno de Saca, se mantuvo con Funes, luego con Sánchez Cerén y continuará con Bukele. Las AFP han prestado 8 mil millones de dólares al Estado a través del Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP).
La propuesta del bukelismo disuelve el FOP pero transfiere ese dinero a una nueva instancia que se creará llamada Instituto Salvadoreño de Pensiones. La transferencia de certificados esconde algo preocupante, según economistas: las condiciones de esa transferencia, por ahora, son desconocidas. “Eso es problemático, porque no sabemos a qué tasa de interés ni a qué plazo se va a transferir. Es como que yo vaya al banco y pida 2 mil dólares y cuando el banco pregunte a cuánto, yo diga: ahí después te voy a decir la tasa de interés y el plazo”, ejemplifica la economista Marroquín. En otras palabras, el Instituto —dice la propuesta— definirá a través de un reglamento las condiciones en las que recibe todo el dinero de las personas que con sus ahorros han alimentado el FOP.
Las autoridades también aseguran en el video propagandístico que con la reforma “nadie” tomará el dinero de los cotizantes para pagar responsabilidades estatales, pero en realidad ocurrirá lo contrario. “Ese mecanismo de ocupar dinero de los cotizantes para pagar pensiones pasadas va a continuar y se va a profundizar”, dice Marroquín.
El ministro Zelaya dijo en la entrevista que el Gobierno no usará el dinero de los cotizantes “como lo hacían los gobiernos anteriores”. “Decirle a la población que no se va a estar utilizando su dinero es algo que no coincide con la ley que ha presentado el Gobierno, además es desleal con la población porque no se le permite que analice fríamente cuáles son los beneficios y los matices que no tan beneficiosos”, dijo Marroquín en una entrevista de TCS, el jueves 8.
Otro aspecto preocupante de la transferencia que se hará al nuevo Instituto es que el Estado podría ocupar esa maniobra para hacer desaparecer deuda pública. Como los CIP pasarán a manos del Instituto, quiere decir que la deuda de 8 mil millones pasará a manos de otra instancia del Estado, con lo cual —en términos contables— podría desaparecer. Es como que alguien posea dos cuentas bancarias y decide que una le pase dinero a otra en concepto de préstamo. Cualquiera diría que, en términos contables, ese préstamo o deuda no existe porque al final es dinero de su propiedad. “Hay que ver cómo registra la deuda el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda”, advierte Castaneda. Otro aspecto que para él es llamativo es que el plazo que se da a los tenedores de los COP para recibir el dinero invertido es de 50 años. En otras palabras, el Estado quiere pagar su deuda con los COP en medio siglo.
El economista Castaneda considera que mantener el financiamiento a través de los COP es una manera que encontró el Gobierno para conseguir lealtad de las AFP. “¿Cómo se ha estado financiando hasta ahora el Gobierno, según lo que dice el presupuesto 2023? Principalmente a través de deuda interna: los bancos privados y las administradoras de pensiones. Entonces el Gobierno lo que está haciendo es proteger a las AFP, el negocio se los garantiza, porque uno de los grandes temas de pensiones era justamente eso: si se iba a tocar ese negocio.” Castaneda recordó que el 7 de octubre Casa Presidencial reunió a algunos sindicatos para recibir insumos entre los que se encontraba nacionalizar el sistema de pensiones.
Mantener vivas y beneficiar a las AFP
El informe de Barclays reseña, como un alivio, que “la propuesta del Gobierno mantiene sin variantes el rol de las AFP con lo cual se descartan preocupaciones de una nacionalización”. Las AFP, de hecho, se mantendrán siendo parte del sistema. “El Gobierno no está en contra de la iniciativa privada”, aseguró el Ministro de Hacienda en su entrevista del 28 de noviembre. “Se mantienen las AFP (aunque) reducimos el negocio que tenían”, agregó. Entre 2001 y 2015, la comisión significó ingresos por 1 mil 400 millones de dólares para las AFP, al tiempo que las ganancias fueron de 486 millones de dólares.
Las AFP cobran actualmente una comisión de 1.9 % mensual que sale del salario del cotizante. Una parte de ese porcentaje (0.875 % del 1.9 %) se destina a la administradora y la otra se ocupa para el pago de un seguro que las AFP deben subcontratar y que sirve para cubrir el dinero que un cotizante o sus familiares reciben en caso de invalidez o muerte. La propuesta de Bukele aumenta la parte que ingresa a la AFP de 0.875 % a 1%. Lo que se elimina es la responsabilidad de las AFP de contratar el seguro. Según dijo el Ministro Zelaya en una entrevista el 30 de noviembre, el Estado será el encargado de asumir el pago de ese seguro. “No es un golpe sustancial a las AFP si también se les quitan gastos”, dice.
El Ministro Zelaya aseguró que la medida de quitarle la responsabilidad de pagar el seguro se tomó para golpear el negocio de las AFP, con el objetivo de que estas no hagan negocios con empresas subsidiarias o con las que están relacionadas, comprándoles los seguros a ellas.
“¿Por qué el presidente prefiere proteger a las AFP? ¿Qué gana? Creo que el Gobierno necesita financiamiento y como lo necesita, necesita tener a las AFP de su lado...”, dice Castaneda.
De hecho, como ejemplo, hay proyectos de gran escala que Bukele ha prometido y que requieren fuertes inversiones, como el del tren del Pacífico, para el cual el Banco Atlántida con sede en El Salvador ha prometido financiar su desarrollo. El Banco Atlántida es parte del mismo grupo empresarial al que pertenece la AFP Confía, que es una de las dos que funciona en el país. Tanto la AFP Confía como el Banco Atlántida son parte de Inversiones Atlántida, S.A. con sede en Honduras. El Banco Atlántida es uno de los que suele comprar títulos valores al Estado salvadoreño para que esta tenga liquidez. AFP Confía es una de las empresas que compra los actuales CIP del Estado para que pueda pagar las pensiones del viejo sistema.
Ambigüedades e incoherencias en la propuesta oficial
El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) que la propuesta crea tendrá las funciones de vigilar que los patronos trasladen lo que descuentan de los trabajadores a sus cuentas individuales de ahorros. Para los economistas Marroquín y Castaneda, esa función dista mucho de lo que se dice en la propaganda oficial y en las entrevistas de los funcionarios. “No es cierto que el Gobierno tendrá más control sobre las AFP. Más me parece un tema publicitario obviamente porque el Gobierno necesita que los sindicatos apoyen esta reforma porque se comprometió a algo diferente de lo que ha presentado”, dijo Castaneda.
A juicio de Marroquín, el balance en la conformación del ISP es crucial. En la propuesta original del Gobierno se favorecía que el ISP tuviera una mayoría de miembros del Gobierno: cuatro representantes de las instituciones oficiales, uno de los patronos y uno de los trabajadores. Después de dos semanas de sesiones en la comisión ad hoc, se cambió para que la cantidad de directivos en el ISP ya no sean 6 sino que 9: seis serán representantes del Gobierno, dos serán representantes de los empleados privados y públicos, respectivamente, y uno más, de parte de los patronos del sector privado.
Otro gancho narrativo que ha usado el Gobierno para promocionar su propuesta es que se eliminan las “pensiones de lujo”, conocidas como pensiones vip. En El Salvador hay 684 personas, explicó el Ministro de Hacienda, que tiene pensiones de más de varios miles de dólares y que anualmente suponen gastos por 6 millones de dólares. La propuesta del Gobierno, sin embargo, caía en una contradicción. En el artículo 157, la propuesta decía que ninguna pensión aprobada hasta la fecha sufriría ninguna modificación, mientras que en el artículo 98 decía que la pensión por vejez “en ningún caso” será superior a los 3 mil dólares'. El lunes 19 de diciembre, en la última sesión de trabajo de la comisión ad hoc, se eliminó el párrafo del artículo 157 y quedó aprobado lo del artículo 98.
Marroquín y Castaneda señalan otra incoherencia. En 2017, la Asamblea aprobó que ninguna pensión podía ser mayor a 2 mil dólares, mientras que la propuesta del bukelismo era que no fueran mayores a 3 mil dólares, lo que implica un aumento a las pensiones máximas, en lugar de una reducción.
Otro aspecto que generó dudas es sobre el supuesto incremento en el monto de las pensiones que, según el presidente Bukele y según diputados oficialistas, sería del 30 %. Al mismo tiempo, otros funcionarios sostienían que la pensión mínima sería de 400 dólares y el Ministro Zelaya dijo que a “la gran mayoría” de pensionados se les ajustará el monto para que llegue a 400 dólares. Muchos de los sindicatos que participaron en las sesiones de la comisión ad hoc de la Asamblea señalaron que había una incoherencia en la redacción de la propuesta porque el artículo 114 establece que la pensión mínima tenía un techo de 304.17 dólares, mientras que por otro lado, se decía que iba a haber pensiones mínimas de 400 dólares. “Eso te demuestra que no hay realmente un esfuerzo técnico sólido detrás”, dijo Castaneda.
El lunes 19 de diciembre, la comisión ad hoc tampoco terminó de zanjar la presunta incoherencia. Rodrigo Ayala, diputado de Nuevas Ideas, se limitó a decir que la redacción es clara porque el artículo 114 establece el monto de la pensión mínima en 304 dólares con el único propósito de calcular otras pensiones (por ejemplo, la de invalidez, o la de sobrevivencia). Y que en realidad la pensión mínima será 400 dólares porque a la mínima de 304 dólares se les sumará 30 % automáticamente, como lo manda el artículo 98.
Los números no cuadran en términos de sostenibilidad, aseguran los expertos. Marroquín afirma que el aumento del 1% en la cotización que harán los patronos provocaría un aumento del 6 % de los montos en las cuentas de ahorro individual de los pensionados, algo que no se corresponde con el incremento prometido del 30 %. Es decir, que hay una brecha del 24 % cuyo financiamiento no está claro.Esto significa que hay dudas sobre cómo sacaron el cálculo de lo que podía aumentarse. “Uno técnicamente se pregunta, por qué no aumentaron 35 %, 40 % y además, el Superintendente del Sistema Financiero dijo en la Asamblea que, por redondeo, la pensión mínima va a llegar a 400 dólares”, dijo Castaneda.
En pocas palabras, no se sabe si será sostenible la propuesta de aumentar de manera general el 30 %. Barclays asegura que el aumento del 1 % en el aporte que hace el patrono implicaría un aumento de 70 millones de dólares en la recaudación, y que ese monto casi por completo se iría para pagar el aumento de la pensión mínima de aproximadamente 400 dólares para 53 mil pensionados con la pensión mínima. “Pero el Gobierno se ha referido a un aumento generalizado de las pensiones y aquí va incluido lo que reciben 150,000 pensionados que reciben más de la pensión mínima, lo que podría forzar a que el Gobierno tenga que usar más dinero propio para subsidiar”, dice el informe de Barclays.
Barclays añade que la propuesta de Bukele no establece nuevas fuentes de financiamiento y que eso podría acarrear algunos costos fiscales que también podrían aumentar la presión en las finanzas gubernamentales. Actualmente, la deuda de pensiones representa el 18.9 % del Producto Interno Bruto y una cuarta parte de toda la deuda estatal. “La propuesta no parece resolver esto ya que se enfoca en el aumento en el monto de las cotizaciones y en el aumento de la pensión mínima”, dice el documento, firmado por la empresa inglesa.
En pocas palabras, la insostenibilidad del modelo parece real. A eso hay que sumarle, dice Marroquín, que se elimina el Comité Actuarial que se creó en una reforma de 2017 y que en teoría debía estudiar técnicamente la viabilidad de cambios al sistema. Además, ningún estudio actuarial se ha presentado acompañando la propuesta del gobierno, a pesar de que la presidenta de la comisión ad hoc asegura que se hicieron 176 estudios actuariales. Los actuarios son profesionales que estudian técnicamente la demografía de los países y otros aspectos para determinar si una reforma al sistema previsional es rentable.
Los perdedores de la reforma
“A esta propuesta le falta mucho si quiere ser una reforma integral”, dice Marroquín. Se refiere, así como coinciden con Castaneda y otros expertos, a que los grandes problemas de la cobertura de pensiones y el valor de las mismas no mejoran sustancialmente. Hoy en día, solo dos de cada 10 salvadoreños tienen acceso a pensionarse pero, de todas maneras, no siempre cumplen con los requisitos exigidos (tener 25 años cotizando y tener la edad requerida). Y eso se mantendrá así.
“Ese 80 % de la población que está afuera de la cobertura del sistema no se toca. Cualquier reforma de pensiones, si la querés hacer sostenible, debería mejorar la cobertura. Si no incoroporás a esas personas va a ser muy difícil. Y este Gobierno, pudiéndolo hacer no lo hace”, dice Castaneda.
Los jóvenes, según el economista del Icefi, son los que van a pagar los platos rotos si la reforma está mal hecha. Al no tener sostenibilidad financiera, será el Estado al que le toque asumir los pagos como ha sido el problema hasta ahora. En 2017, la Asamblea creó una cuenta común a la que los trabajadores actuales contribuyen, de manera que subsidian las pensiones de los jubilados. La cuenta es la Cuenta de Garantía Solidaria que, según Castaneda y Marroquín, se vería en aprietos: “Esa cuenta se va a acabar muy pronto y cuando los que ahora tienen 25-30 años vayan a quererse jubilar, puedan encontrarse con una mala noticia”.
Marroquín y Castaneda recordaron que la Cuenta de Garantía Solidaria, tras la reforma de 2017, tenía proyectada una vida útil hasta entre el 2024 y el 2026.
Marroquín también cree que el propio Estado podría salir perdiendo si la reforma entra en vigencia en enero, porque querrá decir que habrá personas que sin haber hecho cotizaciones recibirán una pensión mínima. “Eso incide en ser una carga al Estado, al menos en el sistema público”, dijo la economista.
