Los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2021, cuando la administración del presidente Nayib Bukele se acercaba a la mitad de su mandato, las pandillas asesinaron a 45 salvadoreños para generar un clima de terror y enviar un mensaje al gobierno, con el cual sostenían una negociación secreta desde al menos junio de 2019. Esa masacre puso en duda por primera vez el discurso de éxito del Gobierno, que aseguraba que la reducción de homicidios se debía a su Plan Control Territorial. Aquellos días, el pacto de no agresión que las tres principales pandillas del país sostenían con el Gobierno de El Salvador estuvo a punto de derrumbarse, pero de nuevo los negociadores de Bukele recurrieron a los líderes pandilleros para evitarlo.
Nueva evidencia obtenida por El Faro revela que la Dirección General de Centros Penales violó sus protocolos carcelarios para facilitar y rescatar ese pacto que se resquebrajaba.
Desde esa administración se permitió que al menos los líderes nacionales del Barrio-18 Sureños recluidos en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca enviaran un audio a sus subordinados en las calles demandando detener la cadena de venganza entre esa estructura y la Mara Salvatrucha-13. El Faro tuvo acceso a ese audio de siete minutos donde cuatro líderes históricos de esa estructura criminal se identifican con sus apodos pandilleros mientras hablan desde un mismo lugar, algo imposible si se respetaran las normas carcelarias de no juntar líderes en máxima seguridad. El aparato desde el que se grabó pasa de boca en boca mientras uno de los líderes del Barrio 18 Sureños dice a sus subordinados en las calles: “Vergo de gente que se está muriendo, esto no puede continuar”.
Horas antes de que el mensaje de los líderes pandilleros fuera enviado, el director general de Centros Penales, Osiris Luna, protagonista y encubridor de las negociaciones entre el gobierno y las pandillas, había ingresado al mismo penal “para una reunión”, como se lee en informes de inteligencia penitenciaria obtenidos por El Faro a través de los Guacamaya Leaks, una filtración masiva de correos y documentos de la Policía y Ejército de El Salvador, así como registros de fuerzas de seguridad de México, Perú, Colombia y Chile.
Después de esos días mortales, los homicidios volvieron a descender de forma abrupta, postergando el colapso del pacto cuatro meses, hasta que la segunda masacre de 87 salvadoreños, perpetrada en marzo de 2022, terminó de romper las negociaciones. Esta última vez, el gobierno y la Asamblea decretaron un régimen de excepción que lleva ya nueve meses vigente. Pero en 2021, el Gobierno rescató el acuerdo coordinando que líderes pandilleros aplacaran la matanza.
La información obtenida para esta investigación no sólo confirma con nuevos documentos que la reducción de homicidios pactada desde 2019 se sostenía por un acuerdo de las pandillas con el actual gobierno y entre ellas mismas, como El Faro ha consignado en múltiples investigaciones desde 2020. También dependía de conversaciones entre cabecillas presos y miembros en libertad, donde estos últimos sospechaban que sus líderes negociaban acuerdos que beneficiaban sólo a los privados de libertad.
Gobierno se alió con pandilleros para apagar un incendio
Antes de aquel repentino incremento en las cifras de asesinatos, el gobierno había sostenido, durante más de diez meses, una extraordinaria tendencia a la baja. Entre enero y mayo de 2021 hubo un promedio de 3.5 homicidios diarios, que se redujo aún más de junio a octubre, al alcanzar una media de 2.4, de acuerdo con datos del Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL). El promedio tocó fondo en agosto, con 1.7 asesinatos al día, la cifra más bajas desde el fin de la guerra civil en 1992.
El presidente atribuyó esas cifras históricas a su Plan Control Territorial, que nunca han hecho público, pero varios informes de la Subdirección de Inteligencia Policial explican que aquello ocurrió gracias a acuerdos entre pandillas, cuyas directrices eran “no activarse en contra de Gobierno, ni elevar los homicidios”, como también contener los enfrentamientos entre ellos, tal como lo evidencian los documentos en poder de este periódico.
La crisis arrancó el martes 9 de noviembre de 2021. Ese día, como otros, varios pandilleros salíeron y entraron de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca bajo la justificación de una consulta médica. A las 5 am, una comisión de custodios entró en vehículo oficial por el emeese Raúl Armando Bonilla Lazo, alias Slow de Criminal Gangsters Locos, antiguo ranflero en las calles y corredor del Programa Ilopango para llevárselo al Hospital Nacional Saldaña.
“A las 05:05 horas del presente dia, sale comision de este centro penal, a bordo del N-7877 conducido por XXX, acompañado de la enfermera XXX y dos custodios, con destino hacia el Hospital Nacinoal Zaldaña de San Salvador por motivo de cita médica del PDL Raúl Armando Bonilla Lazo, alias “Lento” miembro activo de la Mara Salvatrucha. No reportaron regreso de la comisión (sic)”, escribió el coordinador del penal de Zacatecoluca en el informe de novedades diarias. El Faro decidió omitir en este artículo los nombres del motorista y la enfermera.
De acuerdo con todos los informes de novedades del mes de noviembre a los que El Faro tuvo acceso, Slow era para ese momento el decimotercer pandillero que visitaba un hospital durante noviembre. Para entonces, aún no iniciaba el episodio más letal del 2021. Pasaron 80 minutos desde la salida de Slow para que, a las 6:20 a.m., Kevin Alberto Mármol fuera ejecutado a balazos en el municipio de El Carmen, en Cuscatlán. Tres horas después caería abatida la segunda víctima con marcas de muerte parecidas. Según el reporte de la Policía, Vladimir Antonio Hernández, alias 'Chufla', un exmiembro de la MS-13, fue asesinado por tres supuestos integrantes de su pandilla que le dispararon en la cabeza. Ambas víctimas habían sido baleadas con el mismo calibre, en el mismo municipio y teniendo la misma edad: 25 años.
Para las dos de la tarde ya habían sido asesinadas tres personas. A esa hora, el ranflero Henry Alexánder Árias Parada o “Gato” de San Sívar Locos Salvatrucha, también perteneciente al Programa Ilopango, salió de Zacatecoluca para acudir a una clínica privada en el mismo municipio, para una supuesta toma de rayos X. La escalada de homicidios fue acrecentándose hasta sumar 12 ejecuciones ese martes.
La Fuerza Armada también estaba alarmada. En un comunicado confidencial enviado el 9 de noviembre, el general de brigada Miguel Ángel Rivas Bonilla, jefe del Estado Mayor Conjunto, ordenó a las jefaturas militares 'estar alerta por el repunte de homicidios en las últimas veinticuatro (24) horas, a fin de orientar al personal bajo su mando para incrementar las medidas de seguridad durante los patrullajes en su zona de responsabilidad'.
Al día siguiente, la situación empeoró. Por la madrugada, la División de Análisis y Producción de Inteligencia (DAPI) de la Policía anticipaba que la violencia arreciaría. A las 2:01 a.m., la DAPI envió a todos los departamentos de Inteligencia Policial un correo titulado, “Alerta de inteligencia sobre posible incremento de homicidios por parte de la MS13 a nivel nacional”. En un documento etiquetado como “reservado” informaba: “Integrantes de la pandilla MS13 tendrían planificado aumentar los homicidios contra integrantes de la P18R (Barrio 18 Revolucionarios) y P18S (18 Sureños) a nivel nacional”.
Los homicidios ese día iniciaron a las 6:35 de la mañana. Desde una motocicleta en movimiento, pandilleros dispararon contra el panadero Ítalo Josué Zúñiga Granados, supuesto colaborador de la MS-13 en el municipio de Colón, como lo reportó el Sistema de Emergencias 911.
Para el mediodía ya habían salido del penal de Zacatecoluca dos miembros de la MS-13 hacia el Hospital Rosales. Por la tarde, un exmiembro de la Mara Salvatrucha-13, que aún mantiene comunicación con líderes y miembros prófugos, llamó por teléfono desde Estados Unidos a uno de los autores de esta nota, para revelar que miembros en libertad de su antigua pandilla habían decidido subir los homicidios en desaprobación a las negociaciones que el gobierno sostenía con sus compañeros de la Ranfla Nacional presos en Zacatecoluca. Para ese entonces El Faro aún no contaba con el audio de los Sureños y los documentos filtrados por Guacamaya que respaldan la versión de este antiguo marero.
Ese exmarero, a quien llamaremos Mochila para proteger su identidad, expresó que al menos tres programas del grupo criminal, Normandie Locos, Western Locos y Fulton Locos, decidieron aumentar los homicidios debido a que sus líderes presos estaban entregando a la Policía a compañeros en libertad como resultado del pacto con el gobierno. Según Mochila, la Ranfla Nacional había acordado con el gobierno, a cambio de beneficios en las cárceles, la entrega de homeboys por cada militar y policía muerto, así como por cada escándalo violento cometido por las pandillas. “Algunas clicas no están alegres para nada. Entregar y matar a sus cheros no es la causa del barrio”, dijo Mochila. “Sólo los de la cárcel se están beneficiando, los de la calle no”.
Mochila también señaló que las 'pegadas' de noviembre de 2021 eran un doble mensaje tanto para el gobierno como para sus líderes, con la intención de que Bukele se enterara de “que no está controlando nada y para mostrarle a la Ranfla que (los mareros en libertad) no están alegres”. Ese mensaje escrito en muertes tenía la finalidad de comunicar que los miembros en libertad de la Mara Salvatrucha-13 tenían el poder de desestabilizar cualquier tregua.
—¿Están metidos los de la Dieciocho en esto? —preguntó el periodista.
—Simón, la que corre (dirige) el Viejo Lyn (Barrio 18 Sureños), ellos se fueron con todo también.
Mochila precisó que los muertos formaban parte de una lista de víctimas “pendientes” por ejecutar, en las que se incluía a pandilleros de la misma MS-13, miembros de las dos divisiones del Barrio 18 y gente que no pagaba extorsiones. “Era una lista que ellos (los líderes de la calle) tenían”, dijo por llamada telefónica. “Las muertes vienen desde septiembre o agosto, pero en estos días fueron las más grandes que hicieron”.
Varios informes de 'Análisis Integrados de Inteligencia' realizado por la DAPI en 2021 afirman que la pandilla podía estar generando listas para más repuntes de violencia. El de agosto dice: “No se descarta que por el momento las pandillas solo estén actualizando listas de sus futuras víctimas... por lo que existe una amenaza latente de incremento de la violencia”.
Cuando el reloj marcó las 5:20 de la tarde del 10 de noviembre de 2021, segundo día de la masacre, ya se había cometido el noveno homicidio del día, y un grupo de 'tres personas con uniformes PNC no identificados' ingresaron al penal de Zacatecoluca 'a reunión', según el informe de inteligencia penitenciaria. Tan sólo una hora después, a las 6:20 de la tarde, el viceministro Luna ingresó al penal de Zacatecoluca “a bordo del P-854923 y otro pickup color blanco, para una reunión”.
Esa noche, el presidente Bukele ordenó por Twitter un despliegue nacional para que el Ejército y la Policía patrullaran los lugares donde se habían registrado los homicidios. El miércoles se convirtió en el día más letal de todo 2021 al alcanzar la cifra de 22 asesinatos, multiplicando por nueve el promedio de noviembre. Para ese día ya sumaban 34 homicidios en la jornada mortífera.
A las 9:20 de la mañana siguiente, el jueves 11 de noviembre, una visita inusual entró a Zacatecoluca: dos empleados de la empresa Flowing Rivers, “con el objeto de trabajar en los bloqueadores”, según consta en los documentos obtenidos por El Faro. Un año atrás, en septiembre de 2020, Casa Presidencial afirmó que no existía señal telefónica en ese penal y que Centros Penales y la superintendencia de telecomunicaciones SIGET habían dejado a los encarcelados “totalmente incomunicados con el exterior”. Pero el 11 de noviembre, los máximos líderes del Barrio 18 Sureños consiguieron hacer llegar un mensaje de audio a las calles.
Entre los días 2 y 3 de enero, El Faro llamó a las fuentes oficiales y a la empresa mencionadas en este artículo, pero nadie brindó su versión sobre los hechos. Se contactó con el director de prensa de la Dirección General de Centros Penales, quien contestó la primera llamada que se cortó rápidamente. Luego se le dejó un mensaje por WhatsApp preguntándole la versión de esa institución sobre lo ocurrido en el penal de Zacatecoluca en aquellos días. No respondió. Lo mismo sucedió con la empresa Flowing Rivers, a quienes se les cuestionó vía correo electrónico sobre los trabajos que entraron a hacer el 11 de noviembre de 2021 al penal de Zacatecoluca. La empresa contestó un primer correo, pero luego no dio información. La Policía Nacional Civil no respondió un correo electrónico de El Faro pidiendo respuesta sobre los hallazgos de esta investigación. Además, un encargado de prensa del Ministerio de Defensa leyó, pero no atendió un mensaje del periódico enviado por WhatsApp.
Comunicado del Viejo Lyn
El 11 de noviembre, también en horas de la mañana, algunos líderes Sureños en las calles recibieron un mensaje en audio enviado desde el interior de Zacatecoluca. Cuatro de los líderes más importantes de esa pandilla habían grabado un mensaje de voz, que hicieron llegar a un líder en libertad al que pidieron difundirlo: en síntesis, las cabezas de la estructura ordenaban detener cualquier retaliación en contra de la MS-13 y detener 'los enfrentamientos entre pandillas'. Se oían preocupados porque, según ellos, el incremento en los asesinatos podía “echar a perder todo lo que se está tratando de hacer”.
Los cuatro líderes que se presentan en ese audio en poder de El Faro son perfilados por la propia PNC como jefes de la estructura: Óscar René Moreira Palacios, alias Pollo; Douglas Geovany Velásquez Navas, alias Payaso; Rubén Arnoldo Toledo Cea, alias Humilde y Carlos Mojica Lechuga, conocido como Viejo Lyn. Este último fue el líder máximo del Barrio 18 cuando esta pandilla no estaba dividida en dos facciones, antes de 2010. Su estilo de mando, que centralizaba todo el poder y todos los recursos en una estructura reducida, provocó que la pandilla se dividiera en dos facciones: quienes se rebelaron contra su autoridad conformaron la facción Revolucionarios.
Fuentes de El Faro que trabajaron en el penal de Zacatecoluca durante esta administración aseguraron que ninguno de estos pandilleros comparte celda, de manera que las autoridades penitenciarias tuvieron que facilitar que estos cuatro líderes se reunieran en un mismo espacio y que dispusieran de un teléfono o una grabadora para enviar el mensaje. Esto permite concluir que, si el mensaje fue enviado por celular, se tuvieron que deshabilitar los bloqueadores.
En ese audio, que fue compartido con El Faro por un dieciochero, el primero en hablar es Pollo, dirigiéndose a un pandillero de apodo Negra o Sandunguera. “Aquí nos ha llegado el reporte de lo que hay en la lleca, en la calle. Está complicada la cosa, con la onda de los enfrentamientos entre pandillas”, dijo. “Nosotros lo que queremos es que paren esta onda. Es a nivel Sur que te estamos hablando”.
Payaso siguió, atribuyendo la violencia a “situaciones donde se han elevado, a raíz de andar disputando canchas (territorios) y viceversa… Se nos ha venido a explicar toda la cosa”, agregó este segundo pandillero, sin aclarar quién se las explicó. “Que se les haga ver a todos los homies en todas las canchas donde controla el Sur para evitar todo eso”. En tono de súplica, concluyó: “No podemos andar poniendo escombros sobre nosotros mismos, dándole herramientas al sistema para que vengan a estos lugares… Que le hagás ver a los demás homies que no caigan en ese juego”.
Luego pasó el aparato a Viejo Lyn, quien incluso prometió a su intermediario que pronto podrían tener una reunión presencial, sin aclarar cómo. “Ha agarrado fuego la situación allá afuera. En realidad, puede venir a echar a perder todo lo que se está tratando de hacer”, dijo Lyn. “Esto es algo que no te podemos explicar así a la rápida a través de un audio. Sin embargo, posteriormente vamos a ver si es posible que podamos hablar personalmente, tanto yo como los demás. Te pedimos que contactés a cada perro que vaya al frente de cada cancha y que les hagás ver las necesidades, la palabra de aquí de Zacate”.
En este punto, alguien susurra a Viejo Lyn: “Es necesario que nos vayan a pedir un audio ahí”, y el veterano pandillero hace una solicitud a Negra: “Y si es posible hacernos llegar un audio corroborando que has recibido esto y de que has transmitido la… para tener nosotros la seguridad de que así es… Vergo de gente que está muriendo, esto no puede continuar. De continuar todos vamos a perder, tanto ustedes como nosotros”, cerró.
El último en hablar fue Humilde, quien repitió la promesa de tener un intercambio presencial: “Al parecer, dentro de unos pocos días vendrán de regreso aquí esta gente y esperando que pronto podamos tener un contacto directo, para que ustedes vean que la onda que se está haciendo es algo real y sólido”, concluyó.
Humilde había sido trasladado de Zacatecoluca al Hospital Rosales dos días antes, el 8 de noviembre a las 9:55 horas. Ocho miembros del Barrio-18 Sureños fueron simultáneamente llevados el 16 de octubre al Hospital Santa Teresa, donde permanecieron por siete horas, de acuerdo con el informe de novedades del penal de esa fecha.
A pesar de que la Policía y la Dirección General de Centros Penales conocían los motivos del estallido de violencia, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó la noche del jueves 11 de noviembre en entrevista por el estatal Canal 10 que los homicidios pudieran haber ocurrido por obra de algún “poder fáctico” del país, una alusión a la oposición política. “Existe algo raro, un poder oscuro que está detrás de esto”, dijo. “A todos aquellos negociadores históricos, de los políticos que jugaron con la sangre del pueblo, o cualquier interés oscuro que esté detrás de esto, los vamos a poner frente a la justicia”. La primera tregua entre un gobierno y las pandillas que fue hecha pública en El Salvador ocurrió desde marzo de 2012, cuando el país lo gobernaba Mauricio Funes, del FMLN.
El 11 de noviembre de 2021, último día de la jornada violenta, fueron asesinadas 11 personas.
El saldo final
La masacre de noviembre de 2021 dejó 45 muertos, todos abatidos por armas de fuego y en su mayoría hombres. 21 homicidios se concentraron en el departamento de San Salvador, zona de influencia de dos ranfleros de la MS-13 que salieron de Zacatecoluca el 9 de noviembre. Los reportes de la Policía sólo pudieron confirmar que seis de los muertos pertenecían a los Sureños; dos, a la otra facción del Barrio 18, los Revolucionarios; dos colaboradores de la 18 (sin especificar de qué facción) y tres de la MS-13; ocho que 'no pertenecen a pandillas' y 22 de quienes se 'desconoce pertenencia'.
En esos tres días de noviembre de 2021 se alcanzó un promedio de 15 asesinatos diarios que contrastó estridentemente con los 2.4 homicidios diarios promediados entre junio y octubre.
Al día siguiente, el 12 de noviembre, los homicidios se redujeron de manera abrupta al promedio diario de 2.4. El gobierno no pudo dar una explicación de la reducción y se dedicó a culpar a los políticos del pasado. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia publicó un mensaje por Twitter que decía: “Los gobiernos anteriores acostumbraban a negociar con la sangre de la población, a conveniencia incrementaban o bajaban las cifras de violencia en el país. Nosotros estamos combatiendo frontalmente a estos criminales, NO vamos a regresar al pasado”.
Ese mismo día, a tan sólo 24 horas del último homicidio de las jornadas más letales de 2021, el presidente Bukele negó por Twitter que la renovada reducción de homicidios se debiera a una negociación con su gobierno. He visto comentarios de personas que dicen que la baja en los homicidios se debe a una especie de 'tregua'. Pregúntenle a los policías y soldados que están en las calles, que perdieron sus licencias y no han visto a sus familias, que han patrullado todo nuestro país de noche”, escribió. “Por favor, tengan un poco de respeto con los que arriesgan su vida para que ustedes no pierdan la suya.
Una semana después del cese de homicidios, el 18 de noviembre, la rutina en el penal de Zacatecoluca volvió a lo cotidianidad. Ese día, otros dos miembros del Barrio 18 Sureños y dos de la MS-13 salieron a consulta médica al Hospital Nacional Santa Teresa y al Hospital Nacional Rosales.
Ese día también llegó un oficial a la cárcel de Zacatecoluca a leer nuevos cargos criminales a uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha-13, Élmer Canales Rivera, alias “Crook”. Pero no lo encontró. Centros Penales lo había liberado ilegalmente, como moneda de cambio en sus negociaciones con la MS-13. Mochila aseguró a El Faro que, tras quedar en libertad, Crook hizo múltiples viajes a territorio del Barrio 18 en Zacatecoluca y Ciudad Barrios, en compañía de guardias anónimos, antes de ser auxiliado para huir a Guatemala por el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, como este último admite en audios publicados por El Faro.
La teoría policial
En su informe de noviembre, la SIPOL, acusó internamente a la Ranfla Histórica de la MS-13, recluida en Zacatecoluca, de ordenar la violencia. Para explicarlo internamente, el policía que escribió el reporte ignoró la explicación de su propio gobierno y atribuyó lo ocurrido al rompimiento de una “tregua entre pandillas”.
Sobre los líderes emeese, escribió: “Cabecillas dieron luz verde (aval) para hacer pegadas (cometer homicidios) durante una semana, los objetivos serían: pandilleros contrarios y peseteados (colaboradores con las autoridades). Cabecilla del Programa Centro ha girado órdenes a los distintos corredores”.
La oficina de inteligencia también advirtió de una posible venganza de los Sureños: “Cabecillas en la libre mencionan que las letras (MS-13) se les volcaron sobre el Barrio 18 porque se violó el código que se tenía. Planificando lo siguiente: Hacerles el vuelto y que solo esperan el aval de adentro (el aval saldría del CP de Izalco), para darle con todo. De recibir el aval, se activarían por seis días”.
Para el mes de la masacre, noviembre de 2021, informes de Subdirección de Inteligencia Policial, obtenidos por El Faro a través de Guacamaya Leaks, habían señalado por meses la existencia de un pacto de no violencia entre la MS-13 y los Sureños que incluía “no atentar contra el sistema”, ni contra las fuerzas del Estado. Sin embargo, estos informes omitían que el Gobierno de Bukele dirigía las negociaciones con las tres pandillas desde 2019 para una controlar los homicidios.
Pero el conocimiento policial de un acuerdo criminal venía desde antes. En su informe de junio de 2021, la oficina de Inteligencia escribió que la Policía había encontrado un “manuscrito” de la MS-13 en el cantón Sitio de Santa Lucía, en Puerto El Triunfo, Usulután, “en donde expresan sobre la tregua que existe con la pandilla 18S, de respetar la vida y el libre movimiento de sus familiares”. Al siguiente mes, SIPOL afirmó que tanto la MS-13 como los Revolucionarios habían “congelado” ataques contra el sistema.
Para agosto, SIPOL escribió que se mantenían “las líneas de tener congeladas las pegadas (homicidios) contra el Sistema ‘PNC-FAES’ a nivel nacional, como un acuerdo que tienen las tres pandillas en lo que resta el año”. Al siguiente mes, la oficina lo afirmó de nuevo: “PDL (privado de libertad) recluido en el CP (centro penal) Quezaltepeque, manifestó que hay líneas de mantener los homicidios a la baja a nivel nacional, respecto de los atentados contra el sistema habría un acuerdo (de no atentar) entre las 3 fracciones durante un año (sic)”.
Los informes de inteligencia de la Policía, el comunicado confidencial del Estado Mayor Conjunto, los siete minutos de audio donde hablan los líderes del Barrio 18 Sureños y las fuentes de El Faro en el sistema penitenciario y en la Mara Salvatrucha-13 demuestran que cuando hubo una crisis en la tregua entre el gobierno y las pandillas en 2021, la administración de Bukele reaccionó de forma completamente distinta a lo que hizo tras la masacre de marzo de 2022. También se confirma que en ambas ocasiones fue la MS-13 la responsable de desatar los asesinatos. Con solo cuatro meses de diferencia, el gobierno tomó dos caminos antagónicos: rescatar las negociaciones en 2021; darlas por rotas e instalar el régimen de excepción en 2022.
