La Asamblea Legislativa aprobó de manera exprés y sin mayor discusión un nuevo sistema de compras públicas durante la sesión plenaria de este miércoles 25 de enero. La nueva Ley de Compras Públicas deroga la ley anterior —conocida como LACAP— y abre las puertas al gasto discrecional y opaco de millones de dólares en fondos públicos destinados a la construcción de proyectos estratégicos de este Gobierno. La iniciativa de la Presidencia de Nayib Bukele ingresó al pleno hace apenas una semana y su discusión en la plenaria duró apenas tres horas.
El nuevo sistema tendrá un ente coordinador y para darle vida se necesitó de otra ley que solo se conoció hasta 35 minutos antes de su votación, realizada de manera sorpresiva el mismo miércoles por la noche después de que se aprobara la ley de compras. La Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas fue aprobada al mismo tiempo en que los diputados la estaban conociendo por primera vez, es decir, con dispensa de trámites.
Según expertos y diputados de oposición, lo aprobado abre puertas para que el Gobierno haga compras y contrataciones opacas, aunque, sin dar detalles o explicaciones, los diputados del partido de Gobierno afirman que es para modernizar y evitar la opacidad.
Los críticos mencionan, por ejemplo, que las compras relacionadas a proyectos estratégicos de Casa Presidencial quedarán excluidos de la nueva ley, y tampoco se les podrá aplicar la anterior Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) porque fue derogada el mismo miércoles. Esto, en la práctica, elimina controles para el gasto de dinero en la construcción de grandes obras, es decir, habilita el uso discrecional de millones de dólares.
Durante su campaña presidencial, Bukele fue férreo crítico de las partidas secretas y hasta prometió una comisión anticorrupción independiente (la CICIES), la nueva ley de compras parece diseñada para opacar los gastos del Gobierno y de las municipalidades. “Hoy se va a aprobar una ley que va a permitir que los proyectos estratégicos, donde hay más dinero público en juego, no van a estar regulados , sino que quizás van a estar regulados con una normativa adhoc, hecha a la medida de los que estén involucrados en esos proyectos. Quieren una ley para legalizar las vivianadas de este gobierno, se abre la puerta para todo tipo de contratos entregados a amigos, compadres y financistas”, opinó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.
La derogada ley LACAP estuvo vigente desde 2000 y desde su entrada a la Presidencia, fue una ley que a Bukele le incomodó. En 2020, el Ejecutivo se la saltó para hacer compras sin controles mínimos en razón de la pandemia, lo que provocó que 20 millones de dólares en compras hechas terminaron con irregularidades. La historia se repitió con el Régimen de Excepción aprobado en marzo de 2022 y ahora parece que nadie investiga. El fiscal general impuesto por el bukelismo, de hecho, ya desarticuló la unidad de fiscales que investigaba al círculo íntimo de Bukele.
Este miércoles, la bancada oficialista justificó la necesidad del nuevo sistema de compras diciendo que la LACAP está desfasada y que la nueva ley es mejor. Sin embargo, ningún diputado del oficialismo explicó si se habían hecho estudios técnicos que sustentan el cambio. “No hay una justificación técnica de por qué está cambiándose. Lo que la evidencia nos dice es que corresponde a un esfuerzo por evadir estándares de transparencia, integridad y competencia que establecía la LACAP”, dijo José Marinero, presidente de la Fundación DTJ, en una entrevista con La Prensa Gráfica publicada el 20 de enero.
La oposición en la Asamblea señaló que la celeridad con la que se aprobó el nuevo sistema es injustificable. La diputada suplente de Arena, Ana María Ortiz, señaló que a diferencia de otras leyes como la de Nacer y Crecer con cariño en las que hubo varias sesiones de trabajo y se invitó a entrevistas a distintas personas, la ley de compras se aprobó rápido. “No todos los proyectos de ley son atendidos de la misma manera, pero ustedes tienen la correlación de fuerzas, háganlo. Que sepa el pueblo salvadoreño que unos proyectos de ley se manejan de manera concienzuda y otros, no”, dijo.
La ley de compras se leyó artículo por artículo durante cuatro horas el lunes en la Comisión de Economía, el martes se debatió durante tres horas hasta que se aprobó el dictamen para pasarlo al pleno. “Una ley de este tipo donde están en juego los fondos públicos, requiere de un nivel mayor de discusión, requiere que se escuche a los actores que tiene que ver con esta ley, no solo a los del sector público sino a la sociedad en general”, dijo el diputado de Arena, Rodrigo Ávila. Ni él ni la diputada del FMLN Anabel Belloso votó por el dictamen.
El miércoles, minutos antes de la aprobación, Ávila explicó la razón de su postura. “Hoy, cuando se requiere más transparencia, un manejo más acucioso y responsable de los fondos públicos, lo que da esta ley es un nivel mayor de exclusiones. Por ejemplo, se está excluyendo de la aplicación de la ley aquellos casos donde existan convenios internacionales de cooperación y existan contrapartidas por parte del Estado. Si la ley va a ser mucho más ágil y eficiente, ¿por qué aumentar las exclusiones? ¿Por qué incluir a los proyectos estratégicos?”, cuestionó el diputado.
Las megaobras quedan exentas de control
El artículo 3 de la nueva ley enumera 14 tipos de adquisiciones y contratos que quedan excluidos del control, y que tampoco serán reguladas por la LACAP porque esta quedó derogada explícitamente. “Quedan excluidas”, dice el literal m, los “proyectos estratégicos de utilidad pública (…) que sean definidos de tal manera por el Consejo de Ministros”. Lo que aún no está claro es cuál será el mecanismo de contratación y adjucación de estos proyectos.
Cuando era candidato, Bukele prometió 15 megaobras públicas que, según su plataforma de gobierno de la que ya no volvió a hablar (el “Plan Cuscatlán”), costarían al menos $1,525 millones. Esas megaobras deberían ser catalogadas como proyectos estratégicos por el Consejo de Ministros.
En el presupuesto de la nación aprobado para 2020 se enumeraban algunas de esas obras pero no se decía cómo se financiarían: el Tren del Pacifico, un aeropuerto en Oriente, entre otros. En aquel momento, el Gobierno decía que buscaría asocios público privados, el apoyo de la inversión privada o la adquisición de préstamos internacionales. La nueva ley ahora legaliza que se oculte la información relacionada a las compras y adquisiciones que se hagan. El Plan Cuscatlán contemplaba que el aeropuerto en La Unión costaría unos 50 millones de dólares, que cuatro líneas de metro de San Salvador a Santa Tecla, Apopa, Ilopango y San Marcos costarían 950 millones de dólares, y que el ferri local que costaría unos 10 millones de dólares. Pero además de esos proyectos Bukele ha hablado más recientemente de otros como Bitcoin City o el Tren del Pacífico.
Aparte de los proyectos estratégicos, la ley también deja sin control las compras y contratos a menor escala, los que hará la Dirección de Obras Municipales (DOM), según el artículo 3. Esta exclusión se agregó el martes en la sesión de la Comisión. La DOM fue creada por Bukele y centraliza la ejecución de obras públicas en los 262 municipios del país.
También se excluyen las compras y contratos que surjan por convenios entre instituciones del Gobierno, o en las que participen entidades privadas controladas directa o indirectamente por el Estado,como Diario El Salvador,o la aplicación de criptomonedas Chivo. También quedan excluidos proyectos en los que El Salvador tenga que brindar una contrapartida presupuestaria, o los que nazcan de convenios internacionales y que establezcan sus propios procedimientos para las contrataciones. También quedan excluidas las operaciones de colocación de títulos en el mercado internacional y “cualquier servicio accesorio relacionado”. Esto quiere decir que contratos como el que el Gobierno firmó con el asesor paraguayo César Addario pueden ejecutarse sin seguir los lineamientos de ley.
El artículo 3 también dice que, aunque quedan excluidos, la información de los proyectos estratégicos debe publicarse en Comprasal de acuerdo a un reglamento. Comprasal es el sitio web surgido con la LACAP en la que se publican los procesos de compra y contratación del Gobierno. Con la nueva ley el responsable del sitio es la Dirección Nacional de Compras (Dinac) que tendrá un coordinador.
Pero Comprasal, según la ley, se volverá a montar “por etapas y de manera gradual”. “Comprasal va a ser desarrollado gradualmente, como que no existiera. Eso puede suponer que lo van a reinventar, que lo van a comenzar de cero; o es un error. Ahí están diciendo: ‘vamos a adoptar lo que nos guste de Comprasal’. A mí me suena más que lo que van a hacer es, seguramente, elegir a la carta lo que quieren publicar”, dice Marinero, de la Fundación DTJ.
Los proyectos estratégicos que determine el Consejo de Ministros deberán estar en Comprasal pero dice la ley que se publicará solo la información que ordene el reglamento. Este reglamento aun no existe y, de hecho, no hay plazo para su elaboración. El responsable de elaborarlo es el personaje que más poder concentra actualmente: el presidente de la República. “Si no hay plazo para crear el reglamento se pone en riesgo la implementación de lo que se dice en la ley de compras”, señaló en la plenaria Anabel Belloso, diputada del FMLN.
Claudia Ortiz, única diputada de Vamos, también criticó que la ley “está hecha a la medida de la clase gobernante y sus cheros”. El artículo 25 intenta regular los conflictos de interés pues enumera las personas y empresas que tendrán prohibido presentarse a concursos públicos: funcionarios públicos, asesores, jefaturas, directores, gerentes o personas con poder de decisión quedan bloqueados de participar en concursos en cualquier institución pública. Pero aquí hay un pequeño vacío. El literal d del artículo 25 dice que a las personas que ostenten cargos distintos a los mencionados explícitamente les queda prohibido participar solo en procesos en sus mismas instituciones. Esto quiere decir que podrían participar en licitaciones en otras oficinas del Estado.
Compras directas y de urgencia
La nueva ley también trastoca la figura de compras directas de urgencia. Al igual que las “compras de emergencia”, las de urgencia ya existían en la LACAP pero la diferencia es que, antes, quien asignaba esa calidad era el Consejo de Ministros. A partir de ahora lo puede hacer cada oficina pública cuando considere que hay “un grave riesgo al interés general”.
También se regulan las “compras directas”, es decir, sin competencia entre ofertantes. El artículo 41 habla de 11 casos. Uno de ellos (literal h) es un empujón al Régimen de Excepción: “Si se tratare de la adquisición de armamento, material y equipo especializado para el combate a la delincuencia, previamente calificado por el Ministro encargado del Ramo de Justicia y Seguridad”. De hecho, las compras directas se habilitan como respuesta no solo a desastres naturales sino a “emergencias de cualquier tipo”, según el artículo 43, literal e. Esto —según Marinero— abre las puertas para más negocios con la excusa del Régimen de Excepción.
El artículo 12 establece que en compras urgentes o de emergencia no hará falta que los proveedores estén inscritos en un Registro Único de Proveedores. Según la nueva ley, en estos casos los proveedores tendrán 30 días para inscribirse después de habérseles notificado la adjudicación. Es decir, millones de dólares pueden ser adjudicados sin que el Gobierno tenga garantía de la capacidad legal del proveedor. Lo irónico es que el registro de proveedores es “el medio para validar y comprobar la capacidad legal para ofertar y contratar de los proveedores”, dice el artículo 12.
La ley de compras, artículo 27, también establece que cuando un proceso de contratación de una empresa auditora sea declarado desierto dos veces, será la Presidencia de la República quien pueda auditar el contrato. La ley también obliga que las oficinas de Gobierno posean un “certificado anti-sobornos de conformidad a los estándares internacionales de gestión de la calidad existentes”. Las empresas de auditoría externa también tendrán que obtener certificados anti-sobornos. Sin embargo, estos no serán exigibles cuando quien contrate sea una de las 262 alcaldías del país. La ley solo exige que las alcaldías tengan un contralor interno.
El corazón del sistema de compras dependerá de Bukele
La ley de compras da vida a una nueva entidad denominada la Dirección Nacional de Compras (Dinac), que será como el corazón del nuevo sistema creado por el bukelismo. El diputado Jorge Castro de Nuevas Ideas dijo que la nueva oficina iba a ser más independiente, aunque no explicó cómo sería eso si va a estar íntimamente relacionada a la Presidencia de la República. La Dinac, de hecho, será presidida por un director nombrado por el Presidente de la República, y su tribunal sancionador lo conformarán cuatro miembros colocados por la Presidencia, los ministerios de Hacienda y Economía y por la Defensoría del Consumidor. “Será una dirección poderosa con mucha autoridad”, dijo Marinero a LPG.
Antes, había una oficina encargada llamada Unidad Nacional de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC). Según Castro, las labores serán las mismas solo que ahora se le está dando rango de dirección. “La UNAC es quien emite reglamentos y al mismo tiempo fiscaliza, maneja Comprasal y regula todo lo que tiene que ver con las compras estatales, pero no tiene autonomía porque está adscrita a Hacienda. Entonces lo que se busca es crear una dirección completamente descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía en lo administrativo, que fiscalice como la UNAC pero de manera autónoma e independiente”, dijo.
La ley de creación de la Dinac pudo haberse hecho pública desde las 3:15 p.m., cuando entró al Órgano Legislativo, pero se conoció hasta pasadas las 9 de la noche, 35 minutos antes de que fuera sometida a votación del pleno de diputados. A diferencia de la ley de compras cuyo borrador se conoció una semana antes, la ley de la DINAC se mantuvo en secreto hasta el último momento. Se aprobó con 66 votos sin discusión y entró a la plenaria mediante una modificación de la agenda al filo de las 9 de la noche, después de que se había aprobado la ley de compras. El diputado Caleb Navarro de Nuevas Ideas pidió la “dispensa de trámites”.
Los diputados cerraron la noche del miércoles con aplausos. Pero hubo diputados que, en medio del júbilo, vaticinaron la opacidad que se avecina. José Urbina, de Nuevas Ideas, aseguró que la nueva ley no es infalible: “Un funcionario que tiene vocación de corrupto, aunque sea la mejor ley, siempre va a ser corrupto. Si la aplicaran exfuncionarios ladrones de Arena o FMLN, robarían igual”, dijo.
