La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Paula Patricia Velásquez asegura que ha sido espiada a través de su teléfono celular con Pegasus, un software de la empresa israelí NSO Group que vulnera teléfonos celulares y que ha sido usado por varios Estados en el mundo para espiar a sujetos de interés. La misma empresa ha dicho en repetidas ocasiones que solo vende esa herramienta a dependencias estatales. Esta es la primera vez que uno de los 15 magistrados que dirigen el Órgano Judicial dice haber sido víctima de espionaje con Pegasus, una herramienta que en El Salvador ya ha sido usada contra periodistas y activistas de derechos humanos en el país. Pegasus permite tener acceso total al teléfono infectado.
“La magistrada Velásquez expuso que ha sido objeto de espionaje por medio del programa de spyware que denomina ‘Pegasus’ y que la compañía Apple Inc. le ha notificado tal circunstancia informándole que es muy probable que está siendo atacada por la función que desempeña (sic)”, dice un documento oficial de la Corte al que El Faro tuvo acceso. El Faro también tuvo acceso a una copia del correo electrónico que la magistrada recibió el 15 de diciembre de 2022, en el que Apple Inc. le notificó que su cuenta Apple había sido vulnerada. “Apple cree que atacantes patrocinados por el Estado están tratando de vulnerar su iPhone asociado a su Apple ID *****@gmail.com”, decía el mensaje. El mensaje que recibió la funcionaria era idéntico al que periodistas y activistas de derechos humanos recibieron el 23 noviembre de 2021, cuando los empleados de este medio ya tenían evidencia de haber sido víctimas de Pegasus. El Faro intentó comunicarse con la magistrada, pero no respondió llamadas hechas a su oficina ni mensajes. El otro funcionario tampoco aceptó una entrevista.
La revelación del posible espionaje a la magistrada Velásquez ocurre dentro de un expediente que estudia la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, a la que ella pertenece. Cristosal, una organización promotora de derechos humanos, ha pedido al Estado salvadoreño que investigue el posible uso de fondos públicos para adquirir un software que espía ciudadanos. La Corte de Cuentas de la República, máxima institución responsable del buen manejo del dinero público, se negó a investigar como lo pedía Cristosal y por eso esta organización ha interpuesto distintas demandas en el sistema judicial, hasta llegar a la Sala de lo Contencioso Administrativo. En ese marco, Velásquez envió un escrito dirigido a otros magistrados en el que informaba que su teléfono había sido vulnerado y que, por ello, pedía excusarse de estudiar la demanda presentada por Cristosal. Velásquez envió su escrito días después de haber recibido aquel correo de Apple Inc.
Cristosal insistió y elevó el caso ante la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo que, el 17 de octubre de 2022, resolvió de igual forma y rechazó tomar el caso. El 31 de octubre de 2022, Cristosal interpuso su apelación en la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema y fue en ese marco que Velásquez hizo su revelación.
A pesar de que NSO Group afirma que solo vende Pegasus a dependencias estatales que combaten el crimen, hay evidencia de que el software ha sido utilizado por gobiernos autoritarios para espiar ilegalmente a sus opositores, a activistas y a periodistas. En enero de 2022, El Faro y otros medios revelaron que una treintena de personas —entre ellas, 22 de El Faro— habían sido víctimas de Pegasus. El espionaje ocurrió entre 2020 y 2021, luego de la llegada a la Presidencia de Nayib Bukele.
La magistrada Velásquez, a diferencia de los 10 magistrados que fueron impuestos por el bukelismo a partir de mayo de 2021, es una de las cinco magistraturas que no fueron electas por el bukelismo. Ella fue nombrada por la Asamblea Legislativa en 2015, cuatro años antes que Bukele llegara al poder. Permanecerá en el cargo nueve hasta 2024 o hasta que la Asamblea oficialista decida lo contrario, como ocurrió con los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Antes de ser magistrada de la Corte Suprema, Velásquez había sido fiscal general adjunta (entre enero de 2013 y septiembre de 2015); antes de eso, fue jueza de Paz en San Salvador.
El posible caso de espionaje de la magistrada podría no ser el único de funcionarios públicos en El Salvador. El Faro supo también del caso de un funcionario de una institución adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad que el 15 de diciembre también recibió un correo como el que recibió la magistrada Velásquez. El funcionario pidió no revelar su identidad. Además, diputados de la bancada oficialista como William Soriano y Alexia Rivas ya habían asegurado, en un intento de desvirtuar la denuncia de El Faro y otros medios, que 'varios diputados' habían recibido una alerta de Apple y que no les preocupaba.
El documento de la Corte no entra en detalles sobre el espionaje del fue víctima la magistrada ni la fecha en la que pudo haber ocurrido, sino que solo cita de manera indirecta el escrito en el que Velásquez pedía a los otros magistrados que le permitieran abstenerse de conocer la demanda de Cristosal. Según el documento, Velásquez consideraba que al haber sido afectada con Pegasus su imparcialidad podía estar comprometida como juzgadora y por eso prefería apartarse.
Aún falta que la Sala resuelva el tema de fondo, es decir, que determine si la Corte de Cuentas tiene atribuciones legales para investigar si el Gobierno salvadoreño ha usado dinero público para comprar Pegasus.
El 27 de enero, la Sala resolvió que Velásquez debe seguir conociendo del expediente porque, a juicio del resto de magistrados, no hay una conexión entre su aseveración de que ha sido víctima de espionaje y el argumento utilizado por Cristosal para presentar su recurso. “El objeto del recurso [de Cristosal] no es determinar la existencia del software espía Pegasus” y por lo tanto “no es razonable el motivo de abstención [de Velásquez]”, según se lee en la resolución, firmada por la Sala de lo Contencioso el día 27 de enero.
Después de la intervención de los teléfonos de 22 de sus empleados, 15 integrantes de El Faro han demandado a NSO Group en una Corte de California, Estados Unidos, a través del The Knight Institute, una organización legal sin fines de lucro con sede en la Universidad de Columbia, en Nueva York. El objetivo de la demanda es que NSO Group identifique, regrese a sus propietarios y elimine toda información obtenida a través de estos ataques.
*Con reportes de Sergio Arauz
