Este miércoles 30 de noviembre, 15 miembros de El Faro presentaron una demanda en una corte federal de Estados Unidos en contra de la empresa responsable del diseño del software de espionaje Pegasus, NSO Group. Los demandantes, periodistas de la redacción de El Faro en conjunto con personal administrativo del medio, denuncian una serie de violaciones a la Ley de Abuso y Fraude Informático (CFAA, por sus siglas en inglés), que prohíbe el acceso a computadoras sin autorización. El recurso fue presentado por The Knight Institute, una organización legal sin fines de lucro con sede en la Universidad de Columbia.
“NSO Group violó esa ley cuando intervinieron los teléfonos de los demandantes”, sostuvo Carrie DeCell, abogada sénior de The The Knight Institute. DeCell agregó que también se demandó a NSO Group bajo una ley de California equivalente a la CFAA. Carrie DeCell sostiene que este caso es un ejemplo de que Pegasus ha sido usado para vigilar, intimidar y perseguir periodistas. “Sus comunicaciones y actividades fueron monitoreadas, y sus datos personales vulnerados y robados”, dice la abogada.
Una de las principales exigencias de esta demanda es que la corte federal requiera a NSO Group para que la empresa identifique, regrese y elimine toda información obtenida a través de estos ataques. En el recurso judicial también se solicita a la Corte a que se prohíba a NSO Group volver a ejecutar Pegasus contra los miembros de este medio y, a que la misma corte federal, gire una orden contra NSO Group para que pueda revelar el cliente que estuvo detrás del espionaje.
Entre junio de 2020 y noviembre de 2021, las comunicaciones de 22 miembros de este periódico fueron intervenidas con Pegasus, un potente programa de espionaje capaz de extraer todo tipo de información de un aparato telefónico: desde imágenes, videos, conversaciones, claves de redes sociales o cuentas bancarias así como los registros de geolocalización.
Esta es la primera vez que periodistas que han sido víctimas de ataques con Pegasus presentan una demanda en una corte federal de Estados Unidos. Carlos Dada, director y fundador de El Faro cuyo teléfono fue intervenido durante 167 días, describe esta demanda “como un intento por defender nuestros derechos”. “Lamentablemente hemos tenido que buscar un tribunal en otro país, porque no existe ninguna posibilidad de que en El Salvador podamos obtener justicia, o siquiera información oficial sobre cómo y qué agencia gubernamental nos ha espiado y tiene en su poder todos los contenidos de nuestros teléfonos”, explicó Dada.
La demanda fue presentada en el Distrito Norte California, la misma corte donde Apple demandó a NSO Group en 2021 por generar “vigilancia sofisticada” contra actores específicos a través de sus aparatos celulares. En su denuncia, Apple presentó información de cómo NSO Group infectó dispositivos a través del programa Pegasus. Con esta denuncia, la empresa pretende obtener una orden judicial permanente para prohibir que NSO Group use cualquier software, servicio o dispositivo de Apple para espiar.
Entre los demandantes hay 13 miembros de la redacción, editores, periodistas y fotoperiodistas, y dos miembros del personal administrativo. Entre los miembros de la redacción, está el periodista de nacionalidad estadounidense Román Gressier y el jefe editorial de El Faro English y corresponsal en Estados Unidos, de origen español, José Luis Sanz. También es parte de los demandantes Nelson Rauda, periodista freelance y colaborador de El Faro English, que reside en Estados Unidos.
Impunidad detrás del espionaje “obsesivo”
En enero pasado se hizo público que al menos 35 personas fueron infectadas con Pegasus. Activistas, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas aparecieron en la lista de lo que se conoció como “Proyecto Torogoz”, un reporte de las organizaciones Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto, y Access Now, organización que promueve la defensa de los derechos digitales que recolectó importante evidencia que confirma el espionaje, pero además que las infecciones generadas con Pegasus ocurrieron desde El Salvador. Es decir, el informe fue determinante al concluir de la existencia de un operador local que es el responsable de los ataques.
El reporte de ambas organizaciones también confirmó que el caso de El Faro no tiene precedentes. “Este es uno de los casos de espionaje más impactantes y obsesivos que hemos investigado', dijo en su momento John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab que lideró el reporte, sobre la evidencia técnica recolectada de los diferentes teléfonos analizados.
Las comunicaciones tanto de jefes editoriales, periodistas y personal con cargo administrativo estuvieron comprometidas por infecciones generadas casi de manera constante y remota sin necesidad de que la persona tenga que dar click a un enlace. Este método se conoce como “FORCEDENTRY”, que también ha sido retomado dentro de la demanda que fue presentada en la corte estadounidense. “Sus teléfonos fueron intervenidos de manera remota, de forma encubierta”, comentó DeCell sobre lo que considera un hecho a destacar dentro de la demanda. Se trata de infecciones que fueron ejecutadas sin que la persona pudiera estar consciente de que estaba siendo blanco de ataque o de que pudiera identificar que alguien estaba leyendo sus conversaciones.
Entre algunos casos, como el del periodista Carlos Martínez, las infecciones alcanzaron 269 días en los que permanecieron en su teléfono. En el caso del director y fundador del periódico, Carlos Dada, fueron 167 días de espionaje en 12 eventos de intervención. Quien menos tuvo un evento de intervención; quien más, tuvo 42 ingresos a su teléfono, que fue el caso del jefe de Redacción, Óscar Martínez.
El análisis exhaustivo desarrollado por Citizen Lab y Access Now también permitió obtener información precisa sobre fechas en las que fueron infectados los teléfonos. Con esto, una conclusión adicional a la que llegaron las organizaciones es que existe una alta coincidencia entre las fechas en las que fueron intervenidos los aparatos con procesos de investigación de cada periodista que involucran esencialmente diferentes casos de corrupción en el Gobierno de Nayib Bukele como la negociación con pandillas o la implementación del bitcoin. Este dato es uno de los que ha sido retomado dentro de la demanda interpuesta este miércoles en Estados Unidos. “Muchos de estos ataques ocurrieron cuando se comunicaban con fuentes confidenciales, incluidos funcionarios de la embajada de los EE.UU., e informaban sobre abusos por parte del gobierno salvadoreño”, añadió DeCell.
DeCell tampoco duda al afirmar que el caso de El Faro no es solo un ejemplo de ataque a la prensa, sino que podría considerarse “uno de los más deliberados, sostenidos y altamente sofisticados con un software espía que hayan ocurrido hasta la fecha”.
Pese a que hay suficiente evidencia que confirma el uso “obsesivo” de Pegasus en El Salvador, aún no hay respuestas de quiénes han estado detrás de este espionaje. Si bien NSO Group argumenta que solo le vende este programa a gobiernos como a agencias de seguridad de los estados, el gobierno salvadoreño ha negado haber hecho compras de licencias. A esto se suma que las pocas respuestas del Estado salvadoreño ha sido generar reformas que algunas organizaciones sociales han denunciado por “legalizar el espionaje”. En febrero pasado, solo un mes después de la publicación sobre los ataques con Pegasus, el gobierno de El Salvador envió reformas a la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, Nuevas Ideas, para que creara la figura de “agentes encubiertos digitales”, que se convertirían en una especie de patrulleros digitales que, “por medio de programas informáticos”, podrán obtener información que sea usada en medio de procesos de investigación.
La demanda contra NSO Group, según el director de El Faro, es una oportunidad para dar un paso más en denunciar el espionaje contra periodistas ante la falta de respuestas de un Estado. “NSO es la empresa responsable de este espionaje contra periodistas y defensoras de derechos humanos en todo el mundo y queremos que asuma su responsabilidad, al menos informando de manera transparente cuando sus programas han sido mal utilizados, porque nos ponen en riesgo y vulneran, además, el derecho de los ciudadanos a estar informados”, dijo Dada.
DeCell considera que parte del objetivo tras la demanda es conseguir justicia a través de las empresas que conforman la industria de espionaje. “Los fabricantes de spyware que participan en la persecución de periodistas no deberían poder operar con impunidad”, insistió la abogada sobre un llamado que ya antes en múltiples ocasiones ha sido compartido por organizaciones como Amnistía Internacional, respecto a una industria que, bajo la justificación de crear herramientas para “combatir el crimen”, consigue generar ingresos a partir de la violación de derechos humanos, de ataques y de persecusión de voces disidentes y periodistas.
Para Dada, la demanda contra NSO Group abre la puerta para que empresas como NSO Group y otras que distribuyen tecnología de vigilancia sepan que los ataques contra la libertad de prensa tienen consecuencias. “Quiero creer que, si se abrieran más juicios en otras partes del mundo contra estas empresas, se la pensarían mejor antes de permitir que sus programas sean utilizados (para atacar a periodistas). Nosotros seguiremos intentando defender nuestros derechos, como periodistas y como ciudadanos, que han sido violentados con el sistema de espionaje más invasivo del mundo”, afirmó el director de El Faro.
