“Todo el mundo tiró la toalla. Llegamos a la conclusión que la construcción ya nadie la para. No se puede hacer nada”. El que habla resignado es uno de los líderes de las comunidades asentadas en la Hacienda La Labor, en Ahuachapán, quien hace dos años se organizó y protestó junto a cientos de personas para frenar la perforación ilegal de pozos de un proyecto inmobiliario, pero que hoy se siente con las manos atadas para impedir que una decena de camiones y tractores devoren las tierras agrícolas para construir 1,789 casas. El líder comunal dice que, por hoy, tampoco puede hacer nada contra la inminente contaminación de un río que serpentea su comunidad. “Nos sentimos vencidos”, repite.
Lo que antes era una planicie para cultivar caña de azúcar y maicillo, ahora es una terracería donde la Inmobiliaria Fénix construirá el proyecto residencial Eco-Terra Hacienda. Esa constructora fue creada en el 2014 con un capital de $2,000 que, dos años después, aumentó a $22.8 millones gracias a los negocios que le endosó Salazar Romero. La relación es tan umbilical que Fénix factura en nombre de Salazar Romero. Entre los proyectos que ha ejecutado Inmobiliaria Fénix está Acropolis, en Sonsonate, proyecto con el que destruyeron el sitio arqueológico de Tacuscalco.
La empresa llevó su maquinaria a la hacienda el 8 de marzo de 2021, algo que provocó el rechazo de los habitantes. Veinticinco Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS) se organizaron y denunciaron que la constructora no tenía los permisos ambientales para perforar pozos o para construir casas. Ninguna autoridad escuchó sus reclamos. Entonces, cerraron calles, obligaron al cierre de los pozos y lograron parar las obras por unos días.
Lo que siguió para aquellas comunidades empobrecidas que alzaron la voz contra una de las principales constructoras del país fue una cadena de derrotas: cárcel para líderes comunitarios, amenazas en redes sociales para quienes cuestiones el proyecto y el desmantelamiento de un comité que reclamaba el derecho al agua. Al mismo tiempo, Inmobiliaria Fénix recurrió a la política de la zanahoria para dividir a las comunidades: prometió reparar puentes y calles, ofreció plazas de vigilantes de seguridad, organizó fiestas, regaló láminas y paquetes de alimentos. La empresa ganó adeptos en las comunidades.
Algunos habitantes que recibieron regalías de la constructora dejaron de oponerse al proyecto, mientras que otros comprendieron que están desamparados y mejor evitan referirse en público a la lucha perdida. “Algunos en la ADESCO me dicen que ya no nos metamos en problemas porque eso ya no se puede parar. No les vamos a ganar”, dijo uno de los cuatro líderes comunales que habló con El Faro con la condición de reservar su identidad porque teme que lo acusen de algún delito, como le ocurrió a siete habitantes, a finales de 2021.
Derrota 1: 'Pensamos que el gobierno nos iba apoyar'
La Fiscalía, controlada por el gobierno de Nayib Bukele, que le apuesta a proyectos urbanísticos y no tolera la protesta pública, ordenó la captura de los defensores del agua en tiempo récord. La empresa puso una denuncia el 26 de octubre de 2021 y, apenas 24 horas después, un fiscal de Ahuachapán citó a 11 habitantes para conciliar con Fénix. Las comunidades se negaron. Veinte días después, la Fiscalía volvió a la carga, giró órdenes de captura e inició un proceso penal contra siete habitantes acusados de invadir violentamente el terreno de la constructora. La ley castiga ese delito hasta con ocho años de cárcel. La supusta invasión, según se registró en videos publicados por este medio, fue un grupo de personas que se juntó alrededor del pozo y gritaban: 'apaguen ese bolado'.
La denuncia de la constructora y la acelerada investigación fiscal neutralizó las protestas y contagió de miedo a las comunidades. “La gente tiene temor. Sabemos que por ser pobres estamos desprotegidos. Lo intentamos, pero no hay aliados en este país para nosotros“, dijo un segundo líder comunal.
Entre marzo y octubre de 2021, las organizaciones comunales presentaron denuncias ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, la Presidencia de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía y el Juzgado Ambiental de Santa Ana. Los habitantes no obtuvieron la respuesta que esperaban del Estado. La constructora siguió perforando.
Líderes que firmaron aquellas peticiones reconocen que hicieron una lectura equivocada del nuevo mapa político en el país. En la elección presidencial de 2019, la hacienda La Labor fue territorio de Bukele. La Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), partido que el presidente usó como vehículo para llegar al poder, obtuvo 990 votos; mientras que la coalición del empresario Carlos Callejas, el dueño de Súper Selectos, formada por Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña, logró 569 votos. El candidato Bukele casi duplicó los votos de su oponente en el centro de votación de la escuela La Labor.
En las elecciones legislativas de 2021, La Labor volvió a volcar su apoyo al partido de Bukele. Nuevas Ideas logró 1,388 votos, superando con amplia ventaja los 603 obtenidos por el PCN. En el casco de la hacienda aún hay pintas a favor del partido oficialista. Los líderes comunales que participaron activamente en la campaña a favor de Bukele y su partido, o los que simplemente le dieron el voto, creían tener el respaldo de una nueva manera de hacer política, pero esa expectativa cambió tras protestar contra Fénix. 'Nos tiramos (a las protestas) porque pensamos que el gobierno nos iba a apoyar. El presidente decía que iba estar a favor del bienestar de los pobres, pero después nos dimos cuenta que era lo mismo', dice el directivo de una ADESCO.
Otro líder comunal reconoce logros a Bukele en la seguridad pública, pero cuestiona cómo ha manejado la protección y el acceso del derecho al agua: “Han eliminado cosas que son buenas para nosotros, pero nos han metido esas empresas que nos andan quitando no solamente el primer río, tengo entendido que ya son varios ríos los que han contaminado. ¿Cómo es posible que no podamos ejercer nuestros derechos ante estas empresas?”.
Activistas y simpatizantes del bukelismo tocaron las puertas de las oficinas controladas por el oficialismo durante siete meses, pero nadie atendió sus quejas. Al siguiente mes, en noviembre de 2021, les quedó claro de qué lado estaba el Estado: siete habitantes fueron procesados penalmente y tres fueron encarcelados durante más de tres meses. En septiembre de 2022, un juzgado los sobreseyó provisionalmente, pero tres meses después, en noviembre del año pasado, el sistema judicial les recordó que sobre ellos hay una espada de Damocles.
El 11 de noviembre de 2022, una cámara de lo penal anuló el sobreseimiento provisional y ordenó enjuiciarlos por la supuesta invasión violenta del terreno de Fénix. Los siete procesados gozan de libertad, pero están obligados a firmar un libro de control cada 15 días en el tribunal que tramita el caso. El juicio está programado para el ocho de mayo. “Cuando a ellos los capturaron, nos ganaron la moral“, dice una habitante del Llano Doña María, otra de las comunidades afectadas. “Ahí (con las capturas) fue que todas las ADESCOS se echaron para atrás y sintieron pánico”, remata uno de los líderes comunales.
Derrota 2: El éxito de las láminas
La ley ambiental ordena que las inmobiliarias tengan un permiso ambiental antes de hacer cualquier obra, pero Fénix hizo lo contrario. Comenzó a perforar pozos en marzo de 2021 y presentó el estudio de impacto ambiental hasta septiembre de ese año, cuando ya lidiaba con una avalancha de críticas y denuncias por parte de las ADESCOS. Documentos del Ministerio de Medio Ambiente consignan que el estudio de impacto ambiental fue presentado el 17 de septiembre de 2021.
Luego de recibir el estudio de impacto ambiental por parte de la constructora, la ley ordena al Ministerio de Medio Ambiente hacerlo público para que los ciudadanos puedan opinar sobre el documento. En esta etapa del proceso, la división de las comunidades quedó al descubierto. En octubre de 2021, las ADESCOS recogieron 1,147 firmas de personas que se oponían a la construcción, pero la empresa presentó otro legajo con 1,500 firmas que estaban de acuerdo con el proyecto.
¿Cómo logró Fénix tantas firmas de apoyo? Las explicaciones de los líderes de esa zona rural van desde una irregular recolección de firmas hasta una estrategia de regalías para ganarse la voluntad de los habitantes de la hacienda. Durante una semana, El Faro buscó una entrevista con algún representante de la empresa para concederles su derecho de respuesta, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
“Lo que sabemos es que recogieron las firmas en un día y medio y que pusieron a firmar a los vigilantes y a otras personas que no viven en las comunidades afectadas”, dice una de las fuentes. Otros líderes comunales, en cambio, aseguran que las firmas a favor del proyecto son resultado de una estrategia más compleja, impulsada antes, durante y después de que las ADESCOS bloquearan las calles como protesta. A la media mañana del dos de marzo de 2023, un campesino, líder comunal, lo explicó, bajo un sofocante sol, de esta manera:
—El dinero lo arregla todo.
—¿A qué se refiere? —se le preguntó.
—La empresa ofreció el arreglado de calles a las comunidades y ofreció que les iba a mantener con un paquete de víveres. El encargado de promocionar esas cosas es uno que vive aquí en La Labor y trabaja como encargado de seguridad para la empresa. A cada hogar les regalaron un paquetito (de alimentos) y seis láminas por familia para envolver a la gente. Hay gente que ha agarrado láminas y se han quedado calladitos por eso.
—¿Y a usted qué le ofrecieron?
—Me ofrecieron trabajo, una buena chamba.
—¿Qué clase de trabajo?
—Guardia de seguridad.
—Pero guardia de seguridad no es un buen trabajo.
—Es cierto, pero recuerde que aquí cuesta conseguir trabajo. Aquí todo es trabajo agrícola. Lo que ha pasado aquí es que muchos líderes ya no luchan por sus comunidades sino por su propio estómago.
El 10 de marzo de 2022, luego de someter el estudio de impacto ambiental a consulta pública, Medio Ambiente otorgó un permiso ambiental para la 'ubicación y construcción' del proyecto Eco-Terra Hacienda. El documento firmado por el ministro Fernando Andrés Löpez Larreynaga ordena el pago de $32,455 como fianza de cumplimiento ambiental.
Cuando recibió el aval para terracear los terrenos, Fénix cumplió algunas de sus promesas: reparar un puente donde antes circulaba el tren, regalar paquetes de alimentos, organizar fiestas en celebraciones especiales como el día de las madres y apoyar las fiestas patronales de la comunidad, según publicaciones de varias páginas de Facebook. Algunas de estas fotos ya no están disponibles en esa red social, pero este periódico logró documentarlas con capturas de pantalla proporcionadas por varios habitantes.
El gobierno, por su parte, reanudó la pavimentación de un tramo de la calle polvosa y pedregosa que conduce al casco de la hacienda. El 2 de marzo se pidió una entrevista con el encargado de la obra ejecutada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), pero dijo que no estaba autorizado para dar declaraciones.
Derrota 3: Esperar la contaminación
La planicie que un día reverdeció de cañales y fue zona de recarga hídrica ha comenzado a ser tapizada con cemento. Algunas casas y una caseta de seguridad del proyecto están a media construcción; mientras que al otro lado de la calle que conduce hacia Ahuachapán, los tractores están en plena labor de terracería.
Esas obras han afectado a las comunidades más cercanas al proyecto. Entre agosto y septiembre de 2022, por ejemplo, la empresa cavó una canaleta en la comunidad Pega Pega para instalar dos tubos grandes. Los tubos sacarán las aguas servidas de la residencial hacia el río Escalante. Los tubos son tan grandes que dentro de ellos puede caminar sin problema una persona de alrededor de 1.50 metros de estatura.
Algunos pobladores creen que las aguas servidas afectarán al río, pero nadie se queja porque temen que la constructora los denuncie y sean capturados en tiempo récord, como ocurrió con los siete habitantes procesados. Además, no protestan porque temen que las autoridades les apliquen el régimen de excepción, una figura que permite a la Policía y Fiscalía detener a cualquier ciudadano por agrupaciones ilícitas sin profundizar la investigación como le ha sucedido a cientos de salvadoreños durante los últimos 12 meses. Otros pobladores guardan silencio porque han recibido láminas, alimentos o trabajo por parte de la constructora, dicen las fuentes.
El Escalante es un río bondadoso para aquellos que no tienen trabajo o dinero. Una bendición en esa zona rural donde la pobreza es la cotidianidad. El río Escalante se alimenta de un riachuelo que nace en un manantial de aguas termales en la zona protegida de la hacienda La Labor, a unos tres kilómetros de donde la Inmobiliaria Fénix construye las casas. Los tubos que atraviesan la comunidad Pega Pega llevarán las aguas servidas de la residencial Eco-Terra Hacienda unos 20 metros adelante del lugar donde se une el riachuelo con el río Escalante.
“Es un río rico para las comunidades, porque si alguien no tiene manera de ir al mercado a comprar, agarra su atarrayita y va por todo el río para agarrar la sopita”. El poblador enumera lo que se puede atrapar en el río: “Hay filín, hay chamarra, hay jute, cangrejos y, en las pozas hondas, hasta se pueden agarrar tilapias. Con el tiempo, con el río sucio, eso ya no lo vamos poder hacer. No pensamos en nosotros, porque tenemos el tiempo corto, pero viene la nueva generación que va a sufrir las consecuencias”.
Entre los líderes comunales y habitantes con quienes El Faro conversó durante dos visitas de campo, hay consenso sobre el daño inminente para el río Escalante, pero nadie hará nada hasta que la contaminación sea evidente. Algunas de las comunidades afectadas serán: La Bomba, El Llano Doña María, Pega Pega, el cantón Río Frío.
“Con la construcción ya no nos queremos meter. Que construyan, pero que no descarguen el agua ahí. Hemos planificado y ya lo dijimos como ADESCOS, el día que nos hagan eso de tirarnos el agua chuca al río, ese día compramos como ADESCOS cemento y se lo metemos al cabezal para que se les tape la salida de agua. No sé en qué problemas vamos a caer, creo que va ser un problema serio, porque meterse con esa gente es algo tremendo. Ese es un problema que ni con el gobierno podemos arreglar, porque tengo entendido, no sé si será mentira, que en Ciudad Versailles al gobierno le dieron viviendas. Tenemos que ser inteligentes y no dejarnos ir como piedra en pozo“.
En diciembre de 2020, la Presidencia de la República informó de la entrega de 252 casas para 174 afectados por la tormenta Amanda que vivían en la comunidad Israel y otras 78 viviendas para damnificados por un deslave en la comunidad Los Angelitos I y II del municipio de Nejapa. Las viviendas forman parte del proyecto Ciudad Versailles, ejecutado por una empresa relacionada con Salazar Romero. El gobierno entregó las llaves de las casas sin aclarar cómo o por qué seleccionó este proyecto o las condiciones de pago pactadas con la empresa.
Los líderes comunales alrededor de La Labor saben que para evitar la contaminación del río deberán enfrentar en algún momento a una empresa poderosa. Mientras ese momento llega, ellos navegan entre el enojo y las dudas. 'Con la poca inteligencia que tengo, me quedo admirado de la maldad de esta gente', dice uno. 'Lo que yo me pregunto es que si tratan las aguas negras con químicos, pues no tirarán la suciedad directamente al río, pero ¿y usted no sabe si esos químicos siempre van a matar a los pescaditos?', pregunta otro.
