Tal como le ocurrió a Nuevas Ideas cuando no pudo competir en la elección presidencial de 2019, a Fuerza Solidaria (FS) se le venció el plazo para convocar a sus elecciones internas de donde saldrían sus candidatos a presidente, diputado y alcaldes de 2024. Eso debería descalificar a este partido para participar en las elecciones venideras, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aun no le ha cerrado por completo la puerta para competir el año que viene, de acuerdo a fuentes del organismo colegiado del TSE.
Que las aspiraciones electorales de FS para 2024 sigan vivas es el último favor de una cadena de ayudas que el tribunal ha brindado al partido en los últimos tres meses. Este partido surgió a la sombra de Herbert Saca, un empresario que ha sido operador político de distintos presidentes desde la gestión de su primo Antonio Saca (2004-2009). Fue pieza clave para dividir a Arena cuando, en 2009, perdió el poder, y fue quien dio vida al partido Gana, el partido que entonces se alió con el gobierno de Mauricio Funes para tener mayoría en la Asamblea. En 2019, Herbert Saca seguía vinculado a Gana cuando Bukele se inscribió en el partido para competir en la presidencial y cuando Bukele ganó hubo una división en Gana que ahora está provocando el surgimiento de Fuerza Solidaria.
El plazo para convocar a internas se cerró el 5 de marzo. Aunque FS lanzó una convocatoria vía redes sociales la noche de ese día, fue ilegal debido a que el partido aún no estaba inscrito. El TSE está terminando de resolver una pequeña cantidad de impugnaciones presentadas contra la solicitud de FS de inscribirse como partido, y el resultado podría conocerse alrededor del 20 de marzo, según los plazos que establece la Ley de Partidos Políticos. Solo ocho partidos convocaron a internas en el período reglamentario, según reportó Diario El Mundo.
FS informó al TSE que sus autoridades internas habían sido juramentadas el 26 de febrero pero el TSE las declaró inválidas el 8 de marzo porque la ley dice que solo los partidos ya inscritos pueden convocar a internas. El TSE declaró que las autoridades provisionales se limitan a conseguir la inscripción del partido y no pueden juramentar autoridades partidarias. Guillermo Gallegos, diputado de Gana, divulgó la resolución en redes sociales, y una fuente técnica del TSE confirmó a El Faro su veracidad.
Sin embargo, un alto funcionario del TSE, que pidió que no se publicara su nombre porque aún no se ha tomado una decisión final, dijo a El Faro que existe la voluntad de seguir discutiendo el tema bajo el argumento de que los miembros de FS tienen derechos humanos fundamentales que deben potenciarse, al margen de los plazos de ley. El funcionario explicó que el debate jurídico implica decidir qué tanto peso se le dará a la ley de partidos y qué tanto a la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos. En la práctica, eso quiere decir que el TSE podría argumentar que hay partidos en organización, como FS, que podrían participar en 2024 siempre y cuando logren su inscripción antes de que se acabe el plazo que da la ley de partidos para definir candidatos en internas, que es el 5 de julio. 'No hay que casarse solo con un artículo de ley, como cláusula pétrea, sino que habrá que darle un estudio jurídico real, a la luz del respeto a los derechos fundamentales, a la Convención Americana de Derechos Humanos, a las sentencias de la Comisión Interamericana, al Derecho comparado, a la doctrina de expositores...', dijo la fuente.
Bajo este criterio, según expertos electorales, se estaría violando la Ley de Partidos Políticos que es la que ordena la manera en cómo los derechos políticos de los salvadoreños pueden potenciarse. La ley de partidos establece no solo una fecha límite para hacer las internas sino también una fecha límite para convocarlas, que se cumplió el 5 de marzo. “Es cierto que todos tenemos derecho a crear partidos y participar en elecciones, pero para eso hay reglas y procedimientos. Por ejemplo, yo no puedo ahorita en marzo ir a votar por un presidente porque para eso hay un proceso ya establecido”, dice Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización que fiscaliza a los partidos desde hace casi una década.
Enfrentamientos en el TSE
El 3 de marzo, este periódico publicó un reportaje que evidenciaba cómo el TSE brindó un trato preferencial a FS para acelerar su proceso de inscripción. El 8 de marzo pasado, en sentido opuesto, el TSE emitió aquella resolución en la que prácticamente bloqueó su participación electoral para 2024. La aparente contradicción interna en el TSE se explica porque los magistrados que presiden el organismo colegiado defienden distintos intereses partidarios. La inscripción de Fuerza Solidaria los ha enfrentado.
FS parece apostarle a la reelección que Bukele ha prometido para 2024 para asumir un rol de partido satélite y así poder desplazar a Gana, quizás el partido aliado más importante para el bukelismo y Nuevas Ideas. FS y Gana son como hermanos mellizos que están disputándose la preferencia de Bukele, pero además FS no se explica sin Gana. El actual presidente del nuevo partido es Rigoberto Soto Lazo, un exdiputado de Arena que también fue diputado de Gana y que más recientemente fungió como viceministro de Agricultura del Gobierno de Bukele. La gran mayoría de los 100 fundadores que firmaron la escritura de constitución de FS en enero de 2022 son excandidatos, exempleados o militantes de Gana. Pero el surgimiento de FS además supondría un obstáculo para que los partidos tradicionales como Arena y el FMLN consoliden más su fuerza opositora.
Las resoluciones del TSE que más han favorecido a este partido se emitieron a partir de diciembre y fueron firmadas por la presidenta del TSE, Dora Martínez, dos magistrados nombrados por la Corte Suprema de Justicia controlada por el oficialismo, Noel Orellana y Rubén Meléndez, y un magistrado suplente, Marlon Harold Cornejo, quien ha resultado un voto clave en esta historia. Él también fue propuesto para el cargo de magistrado por Arena en 2019, es presidente de una gremial de abogados y ha participado sin éxito en procesos de elección para convertirse en magistrado de la Corte Suprema, aunque siempre había obtenido el respaldo de partidos de derecha.
Contrario a estos magistrados, los magistrados propietarios del TSE nombrados por Arena y FMLN, Guillermo Wellman y Julio Olivo, respectivamente, han mostrado una postura distinta. Ellos decidieron apartarse de discutir el expediente desde finales del año pasado. En el caso del FMLN, incluso la magistrada suplente Carmen Velásquez no ha firmado las resoluciones del caso. La ley electoral no exige a un magistrado explicar por qué decide ausentarse de una discusión de organismo colegiado, basta con que lo notifique a la Secretaría General del tribunal. El suplente, en esos casos, es quien decide si votar o no. Pero también puede darse el caso de que ni propietario ni suplente participen. Hay decisiones del TSE que requieren cuatro votos, como las denominadas decisiones jurisdiccionales que son las que aplican las reglas del juego electoral. En este caso, la ausencia del magistrado Olivo, propuesto por el FMLN, no impide que la presidencia del TSE, junto con los magistrados de la CSJ, y el magistrado propuesto por Arena lleguen a consensos. Pero en el caso de FS, el magistrado de Arena, Wellman, se ha excusado de participar y hay un debate sobre la participación del suplente Marlon Harold Cornejo a quien Wellman acusa de haberlo sustituido de manera inconsulta.
Wellman es un abogado y veterano asesor legislativo que pese desafiliarse de Arena en 2013 siguió trabajando en la fracción de diputados de ese partido y fue propuesto por ellos en 2019 para ir al TSE. Wellman fue quien, a principios de año, señaló ilegalidades en el proceso de inscripción de Fuerza Solidaria. Por el FMLN, el magistrado es Julio Olivo, quien ha trabajado en el TSE desde 2014, año en el que fue nombrado presidente del tribunal.
Ante la salida de Wellman y Olivo, quien firmó los acuerdos junto con la presidenta y los magistrados de la CSJ fue el suplente de Wellman, el magistrado Marlon Harold Cornejo. Este último, ante consultas de El Faro, aseguró que no quiere ser parte de una estrategia que, según él, obstaculiza la inscripción de nuevos partidos. “La falta de establecimiento de plazos ha permitido se utilice la estrategia del silencio para obstaculizar el normal proceso de inscripción de un partido”, dijo Cornejo a El Faro, en aparente alusión a Wellman y Olivo. “Si por buscar sentar nuevos criterios que beneficien la democracia me critican, bienvenido sea”, agregó Cornejo el viernes 10.
Wellman critica a Cornejo y a otros magistrados y los señala de no ser árbitros imparciales y que han tomado decisiones ilegales. “Los magistrados deberían leer más la ley porque hay un montón de cosas que no deben de ser, pero que la institución ha hecho, sinceramente, a conveniencia de los partidos políticos”, dijo a El Faro, el martes 7.
Wellman accedió a una entrevista porque dijo que quería aclarar su participación en las diligencias relacionadas a FS y detalló las decisiones que, según él, lo llevaron a denunciar por escrito la conducta de sus compañeros. “Les aclaré [a los magistrados] que yo me apartaba de ese proceso porque no me parecía cómo se estaba llevando a cabo”, dice. “Cuando yo me enteré que se había firmado la resolución les aclaré que yo no podía estar metido en eso”. Se refiere a la resolución del 15 diciembre en la que, a su juicio sin justificación legal, el TSE prorrogó el plazo para que FS siguiera recabando firmas de respaldo, que son necesarias para inscribirse como partido. FS no consiguió recoger las 50 mil firmas requeridas por ley en el tiempo oficial y se le otorgó una prórroga de 30 días.
La dirección del Registro Electoral del TSE es quien informa si las firmas alcanzan o no, y es quien envía un reporte a los magistrados. Según Wellman, ese reporte del Registro no existía. “No habíamos conocido el reporte final del Registro, entonces no podía relacionarse un informe final que yo desconocía, esa fue la razón por la cual cuestioné la resolución, no existía el informe en nuestro conocimiento”, dice Wellman.
Explicó que los magistrados conocieron oficialmente el reporte hasta el 6 de enero y que por eso es ilegal que el 15 de diciembre se hubiera aprobado la prórroga. “No se podía resolver algo que no conocía el organismo colegiado, es simple”, insiste Wellman. El Faro solicitó al TSE una copia del acta de sesión del 6 de enero pero la oficina de información pública explicó que la Secretaría General del TSE no había respondido a la solicitud hecha. El TSE, al igual que otras instituciones bajo control bukelista, no hace públicas todas las actas de sus sesiones, como lo pide la ley.
La versión de Wellman coincide con otros documentos oficiales del TSE a los que El Faro tuvo acceso. Los documentos evidencian que aunque el Registro envió su reporte a la Secretaría General de TSE el 14 de diciembre, el documento no pasó a manos de los magistrados de inmediato. El lunes 19, el director de la unidad jurisdiccional del TSE, Oscar Rivera, llevó una propuesta de resolución a Wellman para que este la firmara, pero no lo hizo por no estar de acuerdo en la redacción. Por la tarde, Wellman se enteró de que la presidencia del TSE autorizó que firmara Cornejo, el suplente. “Cuando yo me enteré que se había firmado esa resolución les aclaré que yo no podía estar metido en eso porque no me parecía cómo se había llevado a cabo, ya estaba el magistrado Cornejo ahí, a quien inconsultamente lo habían puesto a firmar y aclaré que me apartaba de ese proceso”.
Consultado por El Faro, Cornejo, al contrario de Wellman, asegura que no quiere entrampar ningún proceso. “A diferencia de Costa Rica donde solo se exigen 500 firmas y el TSE facilita la participación, acá lo normal es que se dificulte y obstaculice; yo no voy a ser igual”, dice. El magistrado suplente describió su filosofía jurídica así: “Voy a fortalecer nuestro sistema democrático a través de una mayor participación política del ciudadano, el principio pro homine debe ser base de toda decisión y ese principio lo aplicaré sin ningún temor, no me van a guiar presiones de ningún tipo”, agregó.
El Faro le preguntó a Cornejo sobre la versión de Wellman en la que asegura que los magistrados dieron por válido un informe que no conocían, el 15 de diciembre, y también sobre la diferencia de criterio con el magistrado Wellman. Cornejo no respondió esas preguntas hechas a través de una aplicación de mensajería.
Wellman insiste en que no se podía firmar una resolución donde decían conocer el informe del Registro Electoral cuando no era cierto. Por eso asegura que propuso un cambio de redacción al director jurisdiccional. “Pedí que se corrigiera esa resolución porque el organismo colegiado podía haber dado la prórroga de oficio sin mayores explicaciones. Lo que quería era salvaguardar la legalidad”, dice. Según Wellman, podían haber fundamentado la resolución en un artículo de ley que no exige a los magistrados haber conocido el reporte del Registro Electoral, sino en otro enunciado que permite que a un partido se le prorrogue el plazo de oficio, sin mayores requisitos.
Wellman cree que sus compañeros magistrados confiaron a ciegas en un análisis preliminar hecho por la dirección jurisdiccional del TSE y en base a la cual aprobaron la prórroga. “Los magistrados no pueden decir, ‘mire, ya lo hizo la jurisdiccional, yo confío en ellos’. Porque entonces, ¿para qué estamos de magistrados? ¿Para qué somos jueces si no opinamos? ¿Para que somos jueces si no vamos a estudiar la resolución?”
En la entrevista con El Faro, Wellman también se quejó de las presiones recibidas durante el proceso de inscripción de FS. “Yo jamás voy obstaculizar la inscripción de ningún partido político, toda vez que lo hagan dentro de la ley y que cumplan los requisitos”. El magistrado aseguró que recibieron escritos de FS en los que, más que solicitud, amenazaron con avisar a la Fiscalía General de la República por la lentitud en el trabajo de procesar la solicitud de inscripción. Según documentos oficiales, Rigoberto Soto, el presidente de Fuerza Solidaria, mandó una carta al TSE el 14 de febrero en el que acusaba a los magistrados de estar en “inactividad” y que avisaría a la Fiscalía para que se dedujeran responsabilidades. “Es una clara injerencia en la imparcialidad de uno de las principales instituciones para la defensa de la democracia, y eso es inaceptable”, consideró.
