Durante dos días, el debate sobre las restrictivas leyes de aborto en El Salvador se trasladó a la capital de Costa Rica, a las salas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado salvadoreño, acusado, tuvo que dar explicaciones sobre lo sucedido en 2013 con Beatriz, una joven con lupus eritematoso y embarazada de un feto sin cerebro, a la que se le negó el aborto terapéutico pese a la solicitud de sus médicos. Había sido madre antes y en aquel primer embarazo su vida también corrió riesgo. Esta vez, a las 19 semanas de gestación, un comité médico consideró que seguir adelante podía causar daños severos a su cuerpo y su salud, y concluyó que el embarazo debía interrumpirse. El Salvador, su gobierno y su sistema de justicia, no lo permitieron. Y en la sala de audiencias quedó claro que se precian de ello.
Dice la denuncia que negarle acceso al aborto generó daños irreversibles en la salud física y mental de Beatriz, que en aquel momento tenía 22 años. Su madre, que acompañó aquel embarazo hace diez años y escuchó a su hija pedir que se hiciera algo para evitar que otras mujeres pasaran por lo mismo, contó este miércoles en la audiencia su indignación de entonces, que aún sigue: “Decía yo, ¿por qué la tenían en esa tortura en la cual ella pasaba cada día en el hospital pudiendo hacerle el tratamiento?”
En un juicio protagonizado por médicos, expertos internacionales y peritos, los 20 minutos de la declaración de la madre de Beatriz vinculó la salud mental de las embarazadas y la situación económica de las mujeres salvadoreñas a la discusión sobre la actual prohibición absoluta del aborto en el país. En San José, un debate que en la esfera política a menudo se aborda desde las creencias individuales se concentró esta semana en un caso, una experiencia y un nombre que, desde hace una década, se usa sin apellido para proteger la privacidad y la seguridad de toda una familia. Beatriz vivía en el municipio pesquero de Jiquilisco, y pasó de trabajar como campesina junto a sus padres cuando niña a ser empleada doméstica en su adolescencia y tortillera los últimos años de su vida, pese a que sus manos y pies, según el relato de su mamá, habían empezado a deformarse. “Mi hija fue una mujer fuerte”, recordó ante los magistrados.
El jueves, en sus peticiones finales a la Corte, la representación legal de la familia, que incluye a Cejil, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto e Ipas Latinoamérica, alegaron que la penalización absoluta del aborto en El Salvador es “una injerencia arbitraria y abusiva” al derecho a la vida de las mujeres. Además de exigir una reparación integral a la familia de Beatriz en forma de garantías de acceso a la salud física y mental, educación y una compensación económica; pidieron que el Estado “genere seguridad jurídica para los médicos”, que los eduque en procedimientos de actuación ante casos de especial riesgo, y demandaron reformas legales que reconozcan que la penalización del aborto no puede impedir el derecho a la salud y la vida de la madre.
'Ustedes son la última posibilidad para hacer justicia y evitar la repetición de violaciones como las que vivió Beatriz, por la salud, por la vida, por la dignidad y la autonomía de las mujeres', dijo la abogada salvadoreña Iris Lima en nombre de la familia. Beatriz murió en 2017 por complicaciones médicas ―su salud desde 2013 era frágil― después de un accidente de tránsito.
El Estado ―cuya delegación en Costa Rica estuvo encabezada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, e incluyó al viceministro de Salud Carlos Alvarenga, la jefa de Casos Internacionales de derechos humanos de la Cancillería, Gloria Martínez, y ocho asesores legales y al sacerdote y teólogo Manuel Acosta― alegó a través de sus abogadas que Beatriz nunca estuvo durante aquel segundo embarazo en riesgo de muerte y recibió la atención médica necesaria, y que la afectación a su salud física y mental ―que no negaron― no ocurrió por omisión de las autoridades o tiene relación alguna con la falta de excepciones a la penalización del aborto. “Ni Beatriz ni sus familiares, ni ninguno de los miembros del equipo médico fueron investigados, juzgados ni sancionados por los hechos de este caso, o se les amenazó de alguna manera con que se iniciaría una investigación penal”, argumentó la abogada colombiana Juana Acosta en sus alegatos finales.
Ante seis de los siete jueces de la Corte Interamericana ―la séptima, Patricia Pérez Goldberg, se excusó por escrito de conocer el caso―, el centro de la discusión fueron las declaraciones de los doctores Guillermo Ortiz y Rafael Baraona, dos de los médicos que atendieron a Beatriz, y la resolución del comité médico del hospital en el que estuvo internada por 81 días antes de dar a luz a un bebé que murió cinco horas después del parto.
Ortiz defendió la recomendación que él y otros 14 médicos hicieron de practicar un aborto para garantizar la salud de Beatriz porque “era el mejor momento para intervenirla”. Baraona, que como perinatólogo fue uno de los tres médicos que participaron en la cesárea a Beatriz en junio de 2013, aseguró que su salud “estuvo siempre bajo control”. Sobre esa base, Acosta reconoció en los alegatos finales que “Si bien es cierto que esas enfermedades le tuvieron que haber causado [a Beatriz] un sufrimiento tremendo, que el Estado por supuesto reconoce, eso no significa que estuviera en un riesgo inminente de muerte”. “No es responsabilidad del Estado que ella creyera que iba a morir”, llegó a decir.
El ya conocido como “caso Beatriz” ha generado por años, y especialmente las últimas semanas, considerable expectativa internacional. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tardará aún meses en conocerse, puede sentar un precedente e impactar en la legislación en materia de aborto en todo el continente. No es extraño que al lado de Castro se sentase estos días, como miembro de la delegación del Estado, el argentino Sebastian Schruff, presidente del autodenominado Global Center for Human Rights, líder de la campaña cristiana antiabortista “No Next Roe”, que quiere prevenir que una resolución sobre El Salvador impacte en otros países.
Las recientes expresiones en redes sociales a favor y en contra del aborto, y pidiendo a la Corte que haga justicia ―un concepto que cada grupo identifica con la causa que defiende―, pasaron en San José de la virtualidad a convertirse desde el martes 21 en plantones, pancartas y velas frente al portón de la sede de la Corte. Quienes abogan por la prohibición absoluta y quienes exigen el derecho a decidir recibieron por tres días a todos los asistentes a la audiencia con serenatas de himnos, música popular y consignas. En la calle, la disputa por quién imponía a fuerza de volumen su voz la ganaron los grupos que se autodenominan provida, pero al interior de la sala el público estaba mayormente compuesto de pañuelos verdes y morados, los colores distintivos de la lucha feminista.
En la esquina posterior de las filas asignadas al Estado, sobresalían seis pañuelos celestes, la respuesta estética a la llamada marea verde feminista en Argentina. Junto a ellos se sentó los dos días de audiencia el diputado ultraconservador costarricense y excandidato a la presidencia Fabricio Alvarado, que, adelantándose a una posible sentencia vinculante de la Corte, el lunes había urgido por Twitter al presidente Rodrigo Chaves a firmar el llamado Consenso de Ginebra ―iniciativa de la administración Trump― para que no se “imponga el aborto” en Costa Rica.
Criterios opuestos para salvar una vida
La primera jornada de audiencias comenzó el miércoles a las 9:00 a.m. con la lectura de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por seis años estudió el caso y terminó por concluir que debía ser juzgado por la Corte. En 2013, durante el pulso legal por el embarazo de Beatriz, la CIDH ya afirmó que, si bien la protección de la vida desde la concepción constituye un fin legítimo, la criminalización de la interrupción del embarazo cuando el feto no tiene posibilidad de sobrevivir “no satisface el requisito de idoneidad” y pierde sentido “dado que el interés protegido [la vida del feto], indefectiblemente no podrá materializarse”.
También la Corte Interamericana ordenó en aquel momento a El Salvador garantizar “todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B. pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes [...] y de este modo evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los derechos a la vida y a la integridad personal y a la salud”.
Habló después la madre de Beatriz, cuyo nombre aparece bajo reserva en el expediente para su protección. En 20 minutos, con dificultad para las palabras y en tono de conmoción, reveló con un nivel de detalle no conocido hasta ahora, cómo Beatriz se enteró de su segundo embarazo porque este le desencadenó una crisis de lupus que le provocó llagas.
“Todo su cuerpo se le estaba prácticamente pudriéndosele” recordó, y aseguró que el desgaste que la continuación de aquel embarazo causó en el cuerpo de su hija estuvo relacionado con la muerte de Beatriz en 2017: “Beatriz murió en un estado bastante preocupante”, dijo. “El Estado le falló la primera vez y nuevamente le vuelve a fallar [tras el accidente] al no darle el tratamiento que necesitó en el momento que estuvo ingresada en el hospital. Ella tuvo un accidente el cual no era para que fuera a morir. Solo presentó un golpe en su rostro y cuando ingresó al hospital mi hija iba estable”.
Su descripción fue la de un sistema de salud precario sin instalaciones o personal adecuado: “Beatriz estuvo ingresada en el Hospital de Jiquilisco por el golpe y en la noche hubo una tormenta; el hospital se inundó”, testificó. “La trasladaron al hospital de Usulután y la doctora que la recibió no sabía qué era la enfermedad de lupus y yo le dije, ‘¿cómo que no sabe qué es lupus si es una doctora?’” Tras el alta, tuvieron que regresar la madrugada siguiente por una tos que derivó en neumonía. Beatriz murió un día y medio después.
Siguieron los médicos. Guillermo Ortiz, que en 2013 era Jefe de la Unidad de embarazos de alto riesgo del hospital de Maternidad, explicó que conoció a Beatriz en 2011, cuando fue referida del hospital de Jiquilisco al Hospital de Maternidad en San Salvador por una crisis a las 26 semanas de su primer embarazo. “Ya tenía el diagnóstico de lupus y estaba presentando una exacerbación de [los efectos de ese] lupus”, recordó. Además de esa enfermedad, dijo, Beatriz tenía a sus 20 años de edad artritis reumatoidea y una nefritis lúpica, es decir, problemas en los riñones.
En el segundo embarazo, el Hospital Nacional Rosales lo llamó para consultarle sobre el caso. Beatriz, aseguró Ortiz ante la Corte, ya tenía para ese entonces información de que su bebé no iba a sobrevivir al parto: “Lo primero que me dijo fue ‘Si mi hijo no va a vivir, doctor, yo no me quiero arriesgar ni casi morirme como la vez pasada, si me puede ayudar a que mi embarazo se interrumpa”, testificó el médico. Beatriz tenía en ese momento 13 semanas de embarazo.
El ginecólogo relató cómo transfirió a la joven a su unidad en el Hospital de Maternidad para poder seguir atendiéndola y elevó su caso al comité médico del hospital, conformado por los jefes de todas las unidades médicas del centro. El 19 de abril de 2013 este comité concluyó que, ante la inviabilidad de la vida extrauterina del feto, interrumpir el embarazo era la mejor opción y redactó una acta con sus recomendaciones. En ese momento, según Ortiz, Beatriz “no estaba en crisis, pero era el mejor momento para hacer la intervención”.
En un momento de su testimonio, Ortiz recomendó la creación de protocolos que den más margen de acción a los médicos en casos como el de Beatriz. 'Vi muchas mujeres morir porque no tuvieron la oportunidad de tener un aborto oportuno, habiéndolo solicitado como jefe ', dijo
Tras media hora de receso ―desde el pasillo se escuchaba a lo lejos, como una música de elevador, a manifestantes corear “Qué canten los niños”, del cantautor español José Luis Perales― llegó el turno de Rafael Baraona, que en 2013 era subjefe de perinatología y subordinado de Ortiz, que basó su testimonio en el expediente clínico de Beatriz. “Yo no tuve mucha oportunidad de escucharla a ella”, admitió. Con base en los resultados de los exámenes que se le practicaron, Baraona aseguró, por ejemplo, que no hubo fallo renal porque la sangre de Beatriz tenía niveles normales de creatinina, un indicador de la salud de los riñones, y afirmó ante la Corte que el lupus estaba en remisión.
Bajo esas condiciones, dijo, el lupus no es condicionante para un embarazo. El médico llegó a asegurar que “la gran mayoría de mujeres con lupus mejoran con el embarazo”, lo que generó un suspiro de indignación entre el público que acompañaba a las representantes de la familia.
Baraona también trató de demeritar al comité médico que recomendó la interrupción del embarazo de Beatriz. “Ese comité está conformado por personal administrativo, no por personal que atiende pacientes”, aseguró. Desde la mesa del tribunal, la magistrada Nancy Hernández López le confrontó y leyó la lista de especialistas que firmaron el acta del comité: “No me parecen muy administrativos estos cargos”, dijo. Baraona insistió y alegó que, si seguía leyendo, encontraría a integrantes con cargos administrativos. “Ya terminé la lista, no hay más”, le respondió la magistrada.
El testigo del Estado sí confirmó que el protocolo del Ministerio de Salud de El Salvador establece que se debe intervenir el embarazo sólo si existe riesgo inminente de muerte para la mujer, y que mientras tanto lo único que los médicos pueden hacer es monitorearla. Ortiz había dicho minutos antes que esa limitante “desde el punto de vista médico es frustrante, porque sabiendo que es altamente posible que llegue a un estado crítico, no podemos prevenirlo”. “Hay que esperar hasta que exista una complicación y para entonces las probabilidades de daños son mayores y las de supervivencia se reducen”, declaró. Baraona defendió que en la norma “predomina la terminación del embarazo si es factible salvar a los dos”.
Durante sus comparecencias, la Corte pidió a ambos médicos hablar del posible impacto que la continuación con un embarazo, cuyo fruto no tenía posibilidades de sobrevivir, pudo tener para la salud mental de Beatriz. Ortiz dijo que le generó una gran angustia: “Había una evaluación de la psicóloga en donde dice que [Beatriz] estaba viviendo un duelo y quería finalizarlo, y había algunos antecedentes de intentos suicidas”. El médico detalló que Beatriz lo llamaba constantemente para hacerle saber su desesperación. “Me hablaba por teléfono y me decía: ‘Doctor, yo no sé si voy a amanecer, yo no me quiero morir, ya me pasó una vez’”.
Baraona refutó que, según el reporte de esa misma psicóloga, Beatriz estaba “estable”. Otro de los magistrados de la Corte, Humberto Sierra, le preguntó entonces si él había hablado en algún momento con la profesional de salud mental en persona. El médico reconoció que sus horarios no coincidían con los de la psicóloga y que nunca habló con ella sobre Beatriz.
Un testigo cuestionado
El testimonio de Rafael Baraona sirvió de base al Estado salvadoreño para defender en sus alegatos finales, el jueves, que “Beatriz y Leilani fueron monitoreadas, tratadas médicamente, estabilizadas, previniendo los riesgos graves y atendiendo con dignidad los padecimientos no prevenibles”, según la abogada Ana María Idárraga, y que la atención psicológica que se le brindó mientras estuvo ingresada prueba que se garantizó también su salud mental. Cualquier impacto a su salud mental por la prolongación del embarazo, dijo luego, “no se deriva de la actuación del Estado y por tanto no es atribuible al Estado de El Salvador”.
Entre el público, en una sala inusualmente abarrotada ―las audiencias de la Corte no suelen tener mucho público―, Ortiz respondía en voz baja “mentira”, “eso no es cierto”, cada vez que las representantes del Estado hacían afirmaciones que contradecían su relato o eran evidentemente falsas, como cuando Idárraga dijo, para fortalecer la inclusión de Baraona como testigo, que éste no fue parte del comité médico que estudió en caso de Beatriz, pero sí del comité clínico, “que es el que toma las decisiones”. En realidad, en esta materia y en este caso, la posición del comité médico es la última palabra.
Cuando Acosta insistió en que ningún médico había dicho a Beatriz que su vida estaba en peligro y por tanto no sabía de dónde sacó ella la idea de que iba a morir, Ortiz resopló un “¡porque ya lo había vivido!”, en referencia a su primer embarazo. El médico llegó a hacer amago de levantarse: “Yo me voy a salir mejor”. A los pocos minutos, rectificó: “Voy a levantar la mano, tal vez me dejan hablar”. Quienes estaban a su lado le aclararon que no era posible.
En El Salvador el aborto siempre ha estado penalizado, pero entre 1973 y 1997 la ley lo permitía en tres causales: peligro para la vida de la madre, inviabilidad de la vida extrauterina y violación sexual. En el 98 entró en vigencia una reforma que eliminó esas tres exclusiones y en 1999 se ratificó una reforma constitucional que desde entonces reconoce el derecho a la vida “desde el momento de la concepción”. Los médicos que atendieron a Beatriz en 2013 argumentaron que el fondo de esa reforma fue lo que les impidió realizar el aborto terapéutico.
Según Acosta, en el caso de Beatriz hubo una “confusión de los médicos” sobre si era lícito o no interrumpir el embarazo, provocada por las “condiciones excepcionales del caso” ―la concurrencia de lupus y nefritis, la preeclampsia del primer embarazo de Beatriz y el diagnóstico de anencefalia en el segundo―, no en que el Código Penal establezca limitantes. “La incertidumbre no derivó del diseño legal del delito”, dijo.
El Estado insistió en la necesidad de defender la vida tanto de las madres como de los no nacidos, pero en la jornada de cierre de la audiencia los magistrados de la Corte Interamericana no parecían tener claridad sobre la contundencia de sus argumentos, y especialmente del testigo al que recurrió para reforzar su defensa.
El juez Rodrigo Mudrovitsch manifestó en la ronda de preguntas sobre los alegatos finales sus dudas sobre la pertinencia del testimonio del doctor Baraona. “Hay una precisión que para mí es muy importante sobre Rafael Baraona, ¿cuál fue el contacto, cuándo, cómo conoció de las circunstancias de ese caso?”, preguntó. El día anterior Baraona había rendido un testimonio desordenado y respondido preguntas de los jueces durante una hora y media, hasta llegar a reconocer que conoció del caso más por el expediente clínico que por su trato directo con la paciente.
La parte acusadora acababa de pedir de hecho, en sus alegatos finales, que el testimonio de Baraona fuera desechado. En el expediente médico de Beatriz, que consta de 1,200 páginas, Baraona aparece citado en cinco ocasiones; las anotaciones de Ortiz, en cambio, están en un 95 % de los folios.
Al final de los dos días de audiencias El Faro preguntó en San José a Conan Castro si la postura del Estado era negociable y si está abierta a la posibilidad de despenalizar alguna causal. Castro dijo que no iba a dar declaraciones. Cuando se le preguntó si el gobierno de El Salvador hará un pronunciamiento público sobre la audiencia dijo que se haría a través de las redes sociales del Ejecutivo, una vez se entreguen por escrito los alegatos finales a la Corte. El plazo vence el 24 de abril.
El martes, menos de 24 horas antes del inicio de las audiencias, el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, miembro del partido de gobierno, aseguró en un tuit que “mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice”. La vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, también se pronunció diciendo: “La Constitución es clara, aquí se defiende la vida. No respondemos al lobby de ningún organismo ni institución internacional”. Callejas agregó que para ese fin se aprobaron en 2022 las leyes Nacer con Cariño y Crecer Juntos. Estas leyes estipulan una atención personalizada para las madres durante la gestación, el posparto y la primera infancia de sus hijos.
Este argumento fue repetido en la audiencia del jueves por el viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, que en su única y breve intervención presentó ante la Corte ambas leyes como garantía que el Estado salvadoreño ofrece atención integral a las mujeres embarazadas.
La última vez que el actual gobierno se había pronunciado sobre el aborto fue el 17 de septiembre de 2021, cuando el presidente Nayib Bukele decidió aclarar en una publicación de Facebook que la reforma constitucional que su vicepresidente estaba liderando no incluirá “ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción)”. La postura de Bukele como presidente contrasta con la del Bukele candidato, que en un debate público en la universidad jesuita UCA realizado 31 de octubre de 2018, dijo estar a favor del aborto cuando peligrara la vida de la madre, y que ya antes, en 2013, se había pronunciado específicamente sobre el caso Beatriz. En aquel momento Bukele llamó “fanáticos” a quienes impidieron que se interrumpiera el embarazo de Beatriz.
Castro tampoco quiso responder preguntas sobre este cambio de postura del presidente de la República.
¿Un derecho absoluto?
El Estado insistió en San José en defender el reconocimiento del no nacido como persona y en el valor jurídico de su vida. “El ser humano es todo o nada”, dijo Acosta. En respuesta a ese argumento, tanto las representantes de la familia de Beatriz como la CIDH han retomado la sentencia de la Corte en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, en la cual los magistrados establecieron que el derecho a la vida del no nacido era “gradual e incremental” mientras esté en el útero. Tanto Acosta como su colega Ana María Idárraga ―ambas son académicas de la Universidad de La Sabana, en Colombia, y han escrito análisis sobre enfoque de género en la jurisprudencia de la Corte IDH― pidieron a la Corte que “revise” el caso Artavia.
“Esta es la oportunidad para que la corte aclare esa postura insostenible”, dijo Acosta en nombre del Estado de El Salvador. Idárraba agregó que “esta consideración sobre el carácter gradual e incremental de la protección al derecho a la vida fue profundamente errónea y necesita ser aclarada para mantener la coherencia e integridad de la jurisprudencia” de la Corte IDH.
Ese fue también el punto central del abogado y académico estadounidense Paolo Carozza, presentado como perito por el Estado. Carozza fue miembro de la CIDH entre 2006 y 2009, y presidente de esta en 2009. “La dignidad humana es universal”, sentenció al inicio de su exposición y explicó que en casos como el de Beatriz la enfermedad del no nacido, así su vida sea inviable después de nacer, anteponer el nivel de dignidad de un ser sobre el otro es “arbitrario” e “incompatible con el principio de no discriminación”.
Carozza, que entre 2019 y 2020 fue parte de la Comisión de Derechos Inalienables de la administración de Donald Trump, argumentó que la Corte no puede restringir el derecho a la vida y debe prevalecer el principio de discreción de los Estados para determinar la protección a esta. Cuestionado por las representantes de la familia sobre si el derecho del no nacido debe ser absoluto en casos en los que peligra la vida de la madre, Carozza terminó admitiendo que “Si por absoluto entendemos que no puede haber terminación de un embarazo incluso cuando la vida de la mujer está directamente en peligro, no, no estoy de acuerdo con eso”.
El perito del Estado terminó admintiendo que hay decisiones médicas “muy complejas” al evaluar los riesgos y “es difícil casi por definición responder cómo se resuelve la colisión de derechos”, pero que el aborto no debía presentarse como la única opción. Cuando se trata de un embarazo ectópico, sin embargo, aceptó: “todos sabemos que estos necesitan ser terminados tan pronto como sea posible para salvar la vida de la madre”.
En sus alegatos finales, el Estado recurrió a las palabras de Carozza para contrariar la afirmación de la CIDH y la familia de Beatriz respecto a que no interrumpir su embarazo fue someterla a tortura. “La protección del no nacido ―dijo Acosta― no puede catalogarse como forma de tortura. Esta surge de la necesidad de proteger a la persona por nacer”. Para defender este argumento la abogada citó la cifra publicada por la OMS en 2021, que da cuenta de 73 millones ―Acosta dijo 74― de abortos inducidos en todo el mundo: “estamos hablando de que anualmente hay más pérdidas de vidas humanas en gestación que personas que han sido asesinadas en la primera, segunda guerra mundial y genocidio de Rwanda sumadas”, escenificó.
Ante la solicitud de la CIDH y de la parte denunciante de que El Salvador cambie su legislación para despenalizar el aboto en cuartos casos, el Estado dijo estar preocupado por la ambigüedad de la causal de salud. Acosta afirmó que “la formulación de causales [en algunos países de Latinoamérica] admite interpretaciones ambiguas que permiten que quepan abortos eugenésicos”, sin citar países o articulados específicos. También expresó “especial preocupación por la causal de salud mental”.
La abogada Isabel Jaramillo, presentada como perito por la CIDH, remarcó que la protección a la salud mental de las mujeres es razón necesaria para que las mujeres tengan acceso al aborto. Jaramillo, cuyo trabajo académico se ha centrado en violencia, reformas sobre aborto, y cómo estas afectan la vida de las mujeres, explicó que según la OMS la política pública en salud sexual y reproductiva debe estar orientada al bienestar y la supervivencia de las mujeres, y los Estados deben “tener confianza en la autonomía de las mujeres” para decidir cuándo su cuerpo está en una situación que pone en riesgo su vida.
Para la perito es clave que se coloque en el centro de la discusión cómo la penalización absoluta del aborto afecta a las mujeres de escasos recursos. Al negar el acceso a la interrupción del embarazo, dijo, se asume “que las mujeres tienen control sobre su tiempo y que son independientes económicamente, supone que cuando deciden tener un hijo tienen los medios para criarlos, el tiempo y el conocimiento para atenderlos, y los recursos para alimentarlos y arroparlos”. De las mujeres latinoamericanas, agregó, 27.3 % de ellas carecen de ingresos propios, 12 % están desempleadas y no reciben remuneración por las actividades en las que ocupan un 19 % de su tiempo.
El Estado reconoció que Beatriz y su familia vivían en 2013 en una situación económica vulnerable, pero lo creen irrelevante para el caso. La abogada Acosta llegó a manipular el argumento de la perito de que la legislación sobre aborto no tiene en cuenta el contexto de desigualdad, para insinuar que la Comisión plantea la despenalización como un antídoto contra esta: “Es cierto que hay que tratar las causas de la pobreza, y es cierto que el acceso a la salud de las mujer más pobres es mucho más difícil que el de las mujeres que están en otras condiciones, pero ¿realmente la manera de tratar estas causas de la pobreza es despenalizar el aborto? ¿No nos estamos enfocando donde no es?”, dijo.
La CIDH también tuvo espacio para presentar sus alegatos finales y responder a los planteamientos del Estado presentados por Acosta e Indárraga. Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión, dijo a la Corte que era importante la consistencia de la jurisprudencia de sentencias previas emitidas por el tribunal, en las que se estableció que “la protección a la vida del no nacido no es absoluta ni prevalece por sí misma sobre los derechos de la mujer”. Desmintió también el intento de la representación del Estado de desvincular la penalización del aborto del caso de Beatriz, y señaló que existe responsabilidad por omisión porque el marco jurídico vigente no ofreció a los médicos opciones para interrumpir su embarazo con la certeza de que no serían perseguidos por hacerlo.
Tania Renaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, remarcó que la historia de Beatriz representaba la de otras mujeres cuyas voces no habían sido escuchadas y que, tal como había declarado Guillermo Ortiz, habían muerto sin la posibilidad de recibir el tratamiento médico oportuno para interrumpir el embarazo y salvar sus vidas. “No se puede evaluar este caso sin tomar en cuentael contexto de violencia contra las mujeres”, concluyó.
Beatriz murió en septiembre de 2017, pero su voz fue escuchada en la sala de audiencias de la Corte Interamericana. La familia presentó un video grabado en mayo de 2013, en el que expresamente se dirigía al entonces presidente, Mauricio Funes: “Que me ayude a que la Sala [de lo Constitucional] acepte a interrumpir el embarazo. [...] Yo quisiera que otras mujeres no pasen lo mismo que yo pasé”.
Cuando las preguntas de los jueces se agotaron y el presidente de la Corte dio por concluida la audiencia, las representantes de la CIDH y del Estado se saludaron y se estrecharon la mano. Las partes posaron por separado para fotografías conscientes de la dimensión histórica de este caso ante la Corte y tal vez sintiendo ambas que habían ganado. Afuera, en la calle, la disputa había subido el tono. Las manifestantes de los pañuelos celestes, que el día anterior rezaban frente al edificio de la Corte para pedir que tuviera discernimiento en su decisión, al final del segundo día ya trataban a los jueces de corruptos y coreaban la petición para que Costa Rica “se salga de la Corte”.
