Llevar agua a lugares donde la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la gestora gubernamental, no tiene alcance siempre ha sido un reto en el país. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2021, en El Salvador, más de 192 mil hogares no tienen acceso a agua por cañería. Por eso es tan importante que la institución que por ley suministra agua potable siga en la búsqueda constante de formas para llevar agua a todos los rincones que carecen del servicio. Sin embargo, esta necesidad que está lejos de ser suplida, ahora está siendo usada como propaganda por el Gobierno para deslegitimar el trabajo periodístico de El Faro y El Diario de Hoy.
Estos medios publicaron el 23 y 25 de abril cómo Centros Penales dispuso un grupo de reos en fase de confianza para la construcción de un terreno de playa que pertenece a una mujer que tiene vínculos empresariales con la madre de Osiris Luna, el director general de Centros Penales. Un nuevo acto de corrupción que recae sobre madre e hijo perfilados por Estados Unidos como corruptos.
Para levantar la imagen del régimen, esta vez, la maquinaria gubernamental se valió de una necesidad humana tan irrebatible como el servicio de agua potable en la zona costera. La presentación del proyecto la hizo Rubén Alemán, presidente de la autónoma, quien maneja el discurso de “sostenibilidad ambiental” con una sonrisa de diente a diente, y que ahora se presta a la caricatura de gobierno que tenemos desde 2019.
Alemán ha manteniendo el patrón de ignorar las preguntas de la prensa, dejando en “visto” las preguntas de El Diario de Hoy; al supervisar las obras de construcción llevando a medios de comunicación oficialistas que solo ponen el micrófono y no cuestionan. Así como tampoco respondió el jefe de la bancada cyan en la Asamblea Legislativa, Christian Guevara, cuando una youtuber le preguntó sobre el caso de los reos que trabajan —esclavizados— en un terreno privado.
La falta de información y respuestas de las instituciones y funcionarios de gobierno hacen que dudemos de iniciativas como la cuarta planta desalinizadora que anunció ANDA 11 días después de la primera publicación periodística. Pues esta no aparece en el registro web de permisos ambientales del Ministerio de Medio Ambiente, que debe clasificar cualquier tipo de construcción, sobre todo una como esta, que se ubica en una zona frágil aledaña a la desembocadura del río Jiboa, que al ser de origen volcánico arrastra metales pesados.
Si bien empezar obras sin permiso ambiental se ha vuelto la regla y no la excepción para la empresa privada y el gobierno salvadoreño, esta planta tampoco cuenta con el permiso de exploración de pozos que le corresponde otorgar a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). Esta institución es la encargada de ejecutar la Ley General de Recursos Hídricos –aprobada el 21 de diciembre de 2021– y cuyo presidente, Jorge Castaneda, se vende en redes sociales como el protector del agua y asegura que su misión es garantizar la “justicia hídrica” en el país.
Entre el 11 de noviembre de 2022 y el 12 de abril de 2023, la ASA registra en su página web 203 concesiones y autorizaciones para exploración de pozos, entre los cuales figuran seis solicitados por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), uno de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), pero ninguno para ANDA.
Supongamos que, como dicen los defensores del oficialismo en Twitter, la maquetación de un proyecto como este no se hace por generación espontánea y que por eso el Gobierno no la había anunciado anteriormente. El presupuesto de la autónoma, sin embargo, tampoco ofrece respuestas. Es decir, ni el MARN ni la ASA ni la ANDA tienen registro alguno de dicho proyecto. No aparece tampoco en el presupuesto de la ANDA.
El 22 de diciembre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó 295, 680, 350 millones de dólares para el presupuesto 2023 de ANDA. La inversión para desarrollar la planta desalinizadora de Las Hojas no se detalla en ninguna parte del presupuesto de la autónoma.
La inexistencia del registro de la desalinizadora de Las Hojas es todavía más curioso tomando en cuenta que ANDA aún no ha iniciado la construcción de dos proyectos de este tipo cuyos fondos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa en agosto de 2022. El 13 de diciembre de 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) suscribió un convenio con el gobierno salvadoreño por un monto no reembolsable de un millón 600 mil dólares; de los cuales, 600 mil dólares servirían para comprar las plantas desalinizadoras portátiles que llevarán agua dulce al Majahual y San Diego en La Libertad.
Estas dos plantas portátiles que aún no han sido ejecutadas estaban aprobadas en el ejercicio presupuestario 2022 de ANDA. Sin embargo, la autónoma no ejecutó esos fondos, razón por la que la Asamblea Legislativa los reincorporó el 14 de marzo de 2023 al presupuesto actual de ANDA.
Es decir, el presidente de ANDA no ha explicado los avances de las dos plantas desalinizadoras portátiles acordadas desde 2021, pero ya inició la construcción de una cuarta planta de la que no hay registro, más que la versión oficial que intenta desmentir los informes periodísticos que revelaron el uso de reos para construir en un terreno privado. La única desalinizadora inaugurada oficialmente a la fecha es la construida en la isla Madre Sal, Usulután; que se ejecutó con apoyo de la Cooperación Española por monto de “casi $800 mil dólares”.
En pleno Día Mundial de la Libertad de Prensa, evidenciamos, una vez más, cómo trabaja el aparato del Estado para desacreditar y descalificar a la prensa, clasificándola de oposición, cuando lo único que hicieron los medios fue verificar, contrastar y evidenciar una construcción que se ejecutaba con fondos públicos en un terreno privado durante la reportería. Y que tras las publicaciones volvió a ser del Estado.
Pero más preocupante aún, además del ataque a la prensa, es la falsa presentación de un proyecto que llevará agua a las comunidades costeras y mitigará el cambio climático, solapando la corrupción. Quitar la sal del agua de mar no será la solución si las cuencas siguen enfermas. Y la solución no llegará a las comunidades mientras haya funcionarios corruptos.
*Carolina Amaya es periodista y se ha especializado en crisis climática y conflictos socioambientales. Es parte de la Red de Investigadores Ambientales de El Salvador. En 2022 creó el proyecto periodístico regional MalaYerba, especializado en temas ambientales.
