Durante casi un año, desde marzo de 2022, Cristosal ha recolectado evidencia que confirma masivas violaciones de derechos humanos ocurridas desde que comenzó el Régimen de Excepción. Esa evidencia, planteada en el informe “Un año bajo régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos” reune pruebas contundentes de que en El Salvador se han cometido crímenes de Estado y de que existe una política sistemática de tortura contra toda persona que sea detenida bajo sospecha de ser integrante de una pandilla. Según cifras oficiales, en poco más de un año, el régimen ha capturado a más de 68,000 personas. En el primer año de vigencia de esta medida (del 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023), Cristosal ha recibido 3,275 denuncias por violación de derechos humanos, que fueron interpuestas, en su mayoría, por mujeres.
Zaira Navas, exinspectora general de la Policía Nacional Civil y jefa jurídica y de estado de derecho de Cristosal, ha estado al frente del equipo encargado de investigar estos abusos, y explica: “Los custodios juegan a matar y a golpear, y de una manera arbitraria, como que estamos en un circo romano: les tiran agua con jabón y los hacen correr y, al que se cae, lo golpean”.
Basada en cientos de entrevistas de personas que fueron detenidas y liberadas, que pasaron entre 7 y 11 meses en prisión, familiares de estas víctimas, especialistas, médicos y hasta empleados de funerarias, Navas no duda de que lo que pasa hoy en día en las calles, cuando se detiene a una persona, como lo que han podido documentar en las cárceles, es una responsabilidad que recae en la máxima autoridad. “Si los custodios golpean es porque la orden que le han dado es esa y es responsabilidad desde el custodio que pega, el jefe de seguridad del centro (penitenciario), el director del centro, el subdirector de Centros Penales, el ministro de Seguridad y el presidente. No es al azar: es una política sistemática de tortura generalizada”, sostiene. Zaira lanza otra conclusión que ha resultado de las entrevistas con los liberados: la mayoría de los encarcelados del régimen no son pandilleros. Sin duda, dice, no son cabecillas de las pandillas.
Este informe concluye, de forma muy específica, que la tortura ha alcanzado niveles de sofisticación en las prisiones: habla de un hombre al que le hicieron sangrar por permanecer hincado hasta por media hora sobre grava mientras le daban choques eléctricos, de otro que sufrió un derrame cerebral tras pasar en una celda de castigo en la que recibió golpizas y sólo un tiempo de comida al día, de 145 personas dentro de una celda que tomaban agua de un mismo vaso o que, para comer, recogían comida del suelo. La investigación también junta evidencias de 139 muertes bajo custodia del Estado, cuyas causas fueron agrupadas en cinco categorías: 39 muertes tuvieron sospecha de criminalidad, 29 fueron catalogadas como muertes violentas, 25 por muerte natural o patológica, 7 fueron identificadas como “probablemente muerte violenta” y en otras 39 no hubo mayor detalle. “Hemos establecido que la mayoría presentaron golpes: en la cabeza, en el estómago, en la espalda, en las piernas. Estos (casos) de edema pulmonar, pudieron haberse provocado por asfixia”, describe sobre aquellos cuerpos que fueron entregados a las familias con una explicación forense muy general: edema pulmonar, sin explicar cuál fue la causa. En algunas decenas de casos, los cadáveres tenían señales evidentes de golpes y laceraciones. Hubo un un joven de 24 años que murió, según la esquela del Instituto de Medicina Legal, por aparente edema pulmonar, pero en su cuerpo tenía una perforación que traspasaba uno de sus hombros. Según Navas, la perforación era de bala. En otros casos, los cuerpos presentaban signos de estrangulamiento, quemaduras, quebraduras de brazos y piernas así como laceraciones en rodillas. De algunos de estos, familiares han presentado avisos a la Fiscalía ante la falta de respuestas. En muchas ocasiones, a parte del cadáver, lo único que los familiares reciben es una constancia de hospital público en la que se describe que la persona murió por “una enfermedad o condición de salud crónica”.
Y el número de muertos no para de crecer: sólo en abril hubo 14 muertes más. El martes 30 de mayo, el día de esta entrevista, Navas confirmó que la cifra de muertes dentro de la cárcel rondaba las 160 personas. Para confirmar cada muerte, el equipo ha hecho un trabajo de hormiga: antes de reportar, deben confirmar que esto ocurrió. El proceso pasa por revisar esquelas de defunción, autopsias, cuando las hay, partidas de nacimiento, documentos judiciales. Sobre estas muertes, Cristosal prepara desde octubre pasado una investigación más rigurosa, que no ha sido cerrada, y que incluye detalles de fosas comunes que verificaron.
Ha sido un trabajo desgastante, dice Navas. “Por supuesto que afecta”, dice sobre la experiencia de procesar los testimonios recopilados entre las víctimas. “¿Cómo no va a afectar ver a gente quebrada?”.
Este es el informe más contundente acerca de muertes y torturas del régimen presentado hasta hoy. ¿Cómo ha sido este proceso?
El informe tiene diferentes apartados. Todos los informes previos recogen testimonios. Los que hemos incorporado acá no son los testimonios de los otros informes. Tenemos cientos de entrevistas, por no decir miles. Ahora, en el caso de dos temas específicos, que son las muertes violentas y las condiciones de la cárceles, hay una investigación específica que se está haciendo desde octubre y que no está cerrada aún. Es una investigación documental, básicamente. Primero, hay que corroborar si la persona existió; dos, si la persona fue detenida, cómo fue detenida; tres, si la persona, efectivamente, murió. Es una investigación de campo que ha permitido hacer verificación de que la persona estuvo viva, que existió. Por eso esa investigación todavía está en curso. No hemos hecho la verificación correspondiente para determinar, porque el informe era del primer año; sin embargo, encontramos valioso incluirlo. Hasta esta fecha llevamos 160 muertos. Estamos manejando las cifras así: 139 totalmente verificadas. De lo que no hay datos es porque las personas no supieron nada del cuerpo, porque se los entregaron así como estaba. Hay personas que su nivel de pobreza es tan grande que ni siquiera pudieron enterrar el cuerpo.
¿Esas personas no supieron nada del cuerpo?
Tenemos fuertes sospechas o elementos de información de que hay muchas personas enterradas en fosas y que las familias no se han enterado porque han ido al penal apenas una vez o ni siquiera han ido a los centros penales a preguntar por sus familiares. Hay personas que sospechan de que sus familiares están en fosa común, pero no tienen los recursos para buscarlos.
¿Conocieron de personas que fueron enterradas en estas fosas sin que su familia se enterara?
Sí, en uno de los casos la familia supo que (su pariente) estaba muerta dos meses después de enterrada. Estuvo llevando el paquete al centro, dos o más meses después. La enterraron en una fosa común porque habían cruzado los nombres. Como tienen además pésima ortografía. Es insólito que no le avisen a las familias, si la gente se registra cuando deja paquetes, si la persona que es detenida deja su dirección. Lo más constante es que (las familias) se enteran por funerarias, que están previamente establecidas y que se pelean los cuerpos. Cuando terminemos la investigación vamos a sacar toda la trama de las funerarias.
En el informe hablan de haber hecho trabajo de campo en fosas. ¿Las visitaron? ¿Están en cementerios o fuera de estos?
En cementerios fueron las que se vieron, pero la gente dice que hay en otros lugares, pero no los hemos podido confirmar.
Imagino que uno de los cementerios de los que habla es La Bermeja.
Ahí hay fosas. Estas son las fosas comunes donde entierran a personas desconocidas. El asunto es que no tendría que haber fosas comunes de personas que están privadas de libertad, porque el Estado sabe cómo se llaman, sabe dónde estaban presas, sabe dónde murieron.
¿Cómo han reconstruido las condiciones en las cárceles?
Hemos hecho entrevistas a más de 100 personas que han salido con medidas sustitutivas. Con los testimonios de ellos hemos reconstruido. Pero, además, nosotros tenemos el privilegio de tener aquí gente que desde muchos años trabajó verificando cárceles. Conocemos el sistema penitenciario bastante bien. Eso nos permite identificar cómo funciona el sistema penitenciario. El informe tiene una gran rigurosidad de no dar ningún dato que permita identificar a los sobrevivientes, porque pueden llegar a ser detenidos o ejecutados. La rigurosidad de la entrevista ha llevado a que, efectivamente, yo le pueda describir en este momento dónde están ubicados, cómo es el área donde están los que aparentemente sí son miembros de maras en Mariona, etcétera. En penales como Apanteos, en Mariona e Izalco el recibimiento (a los reos) era idéntico: hincarse en grava o en los ladrillitos que tienen tierra y cemento, que son cuadraditos. Cada vez que se bajan del vehículo, 20, 30, 50 personas, las hincan, ahí las tienen media hora y luego las hacen avanzar en cuclillas. Pero en medio de eso, el que se queda, porque está enfermo, porque ya había recibido una paliza, recibe una doble paliza; el que levanta la cabeza, recibe paliza. Es un protocolo de bienvenida. Las condiciones son variadas según cada centro penal.
¿Este recibimiento pasa en todos?
Este recibimiento lo tenemos bien descrito o bien identificado en Izalco y en Mariona. En Apanteos es distinto, de acuerdo a quien llegue. Puede que tenga que ver en cómo lo remiten. Por ejemplo, tenemos el caso de un joven que tenía conflictos previos con policías. Este joven ha sido torturado dos veces, ingresado al hospital con derrame cerebral. Este caso es por un conflicto previo con policías. Iba recomendado. Otro tema es el trato a las mujeres trans, que las han llevado a Apanteos. A ellas les dan unos castigos tremendos. O las mujeres lesbianas, si las ven agarrarse de las manos o apoyarse, eso es una paliza segura. Hay una discriminación por razón del género. Recibimos el testimonio de mujeres que no fueron detenidas por el régimen, de hecho, que han salido por haber cumplido una pena. Estas mujeres, varias, nos han venido a dar testimonio de cómo están las mujeres del régimen. Esta política le ha abierto la puerta realmente a estas personas para golpear, matar y torturar. Los custodios juegan a matar y a golpear, y de una manera arbitraria, como que estamos en un circo romano: les tiran agua con jabón y los hacen correr y, al que se cae, lo golpean. Así murió un señor mayor. Estos patrones son algo que ya se institucionalizó. Contrario a esto, quiero decir que, por lo menos, en los testimonios recibidos, nos dicen que se siente solidaridad de la gran mayoría de personas que están privadas de libertad. El otro tema que creo es destacable es que en su mayoría, lo que han visto (los liberados), no son pandilleros. Y no hemos identificado a cabecillas de estas estructuras en estos centros penales.
Si la mayoría de personas no son pandilleros, ¿por qué apenas liberan a unos pocos?
En algunos casos se trata de la característica de la persona. Por ejemplo, hay varios profesores o personas con empleo que han salido. Es evidente para el juez que esa no es una persona vinculada (con pandillas), pero mucho tiene que ver cómo el defensor se rebusca. Hay defensores que hacen hasta lo imposible y no logran obtener la medida. Tiene que ver más con la característica de la persona: alguien que tiene un empleo permanente, que está casado, que tiene un inmueble, que tiene deudas, que puede probar arraigos, que puede probar que se sostiene y que mantiene a otros. También cuando no está siendo procesado por un hecho específico: no es lo mismo que se le identifique como líder de una estructura a que sea colaborador. Le voy a decir algo, y esto con el permiso de Human Rights Watch: más del 80 % están procesados por colaboradores. Solo 90 personas están por homicidio, de esa cantidad de 55,000 (capturados) que había hasta el momento del informe anterior. Estamos hablando que en su mayoría han agarrado a la gente, si eran pandilleros, de base, pero no a las máximas estructuras. De los casos que conocemos, del 100 % de solicitudes de sustitución de medidas, no se le ha dado ni al 1 %, y las autoridades dicen que han salido 5,000, pero todas las organizaciones que trabajamos en esto realmente no creemos en esas cifra. No tenemos un estimado real de cuántas personas han salido. Hemos conocido que en algunos casos la Fiscalía no se opone. Y que en algunos casos la Fiscalía también es la que solicita (medidas sustitutivas). Pero no sabemos cuál es el criterio para eso. En algunos casos ha funcionado la presión pública, por ejemplo los casos de la isla Espíritu Santo.
¿En qué condiciones mentales encontraron a las personas que entrevistaron?
Hay secuelas sumamente graves. Lo primero que es evidente es que el 95 % de las personas entrevistadas tenía una pérdida de peso considerable y había adquirido enfermedades en la piel casi en su totalidad. Y quienes tenían algún tipo de padecimiento crónico han visto agravada su condición de salud. Quizá a las primeras personas que vi eran mujeres, y estoy hablando de que habrán salido allá por agosto. Lo primero que vimos en alguna de ellas es que habían perdido la noción de realidad; es decir, tenían una enfermedad mental temporal. Las situaciones que enfrentaron fueron altamente críticas en Cárcel de Mujeres. Ha generado enfermedades desde no poder dormir hasta ansiedad, depresión, angustia. Hay que decir que es interesante que un número importante de las personas que hemos entrevistado y que han salido han recuperado su trabajo. Hay bastante solidaridad, porque estamos hablando de gente pobre que trabaja en talleres de carpintería, en talleres mecánicos, en ventas, en restaurantes, comedores, en funerarias incluso, en limpiar los cementerios. Sus patronos les han dado carta diciendo que sí, que trabajaban y que los va a volver a contratar.
Al principio, mucha gente presentó cartas como parte de arraigos que nunca se tomaron en cuenta.
Al principio, a todos se les negaba la medida sustitutiva a la detención. Sin embargo, de septiembre para acá, hubo una modificación y se están aceptando arraigos, pero realmente solo aquellos que tenían un trabajo formal pueden salir. Esto deja en una situación de desprotección a personas independientes que no declaran IVA y renta: vendedores ambulantes, trabajadores informales, campesinos. Casos graves.
En reiteradas ocasiones se ha denunciado la criminalización de la pobreza.
Por eso es que evidenciamos, en el caso de las muertes, quiénes eran las personas. Voy a volver a este tema: en el caso de las muertes, la gente sigue teniendo miedo. Miedo a que si denuncian los van a matar, los van a detener. El espacio en el informe no da para contar la vida en cada uno de los penales, porque cada penal tienen condiciones específicas: a Quezaltepeque, desde aquella crisis de las mujeres afuera de los penales, le pusieron que era un centro de salud, pero ahí tienen a personas que ya estaban condenadas antes, y con VIH, y tienen a gente del régimen, gente que es civil, como ellos lo clasifican, gente que es pandillero retirado y gente que es activo de pandillas, y están revueltos. Y eso genera una situación de desprotección.
Sobre esas muertes, ustedes han podido documentar en el informe que algunas de las esquelas de defunción dicen una cosa y los cuerpos otra, ¿qué les dice a ustedes esta contradicción del IML?
En muchos casos, cuando usted tiene un reconocimiento de Medicina Legal, quiere decir que también debe haber un levantamiento de escena del delito; es decir, policías que levantan una escena y pasan el caso a la Fiscalía. Cuando el forense que hace el reconocimiento ordena autopsia es porque ve que hay signos de violencia; si no, no tendría por qué ordenar la autopsia. Pero nosotros verificamos el número de esquelas: en todas, el forense recomienda hacer autopsia. Cuando una persona muere en un hospital por supuesta causa natural, no tendría por qué haber autopsia, sólo la causa de defunción. Sin embargo, cuando hay una esquela en Medicina Legal es porque el hospital detecta que esta enfermedad fue provocada por una causa de violencia. Las personas que han muerto en la ambulancia, ahí se hace un levantamiento de cadáver. Si el forense observa que el cuerpo presenta golpes y dice que muere de edema pulmonar, este médico forense tiene cierta responsabilidad penal por la cual debiera investigar la Fiscalía. Cuando las lesiones son evidentes, pero en el levantamiento de cadáver no dice nada, incluso en la autopsia no dice nada, hay un incumplimiento de estas autoridades, y la Fiscalía tendría como mínimo que investigar eso.
¿A ese incumplimiento de deberes podríamos llamarle complicidad?
No, porque es un rol diferente.
Estoy intentando evaluar el nivel de ilegalidad en la que estaría incurriendo el IML.
Tendría que establecer la Fiscalía una investigación real para determinar, porque lo que ocurre es que cuando el forense que hace el levantamiento de cadáver indica que debe haber una autopsia es porque no es suficiente su opinión para determinar la causa de muerte. Ahí no podemos establecer una responsabilidad directa, porque la tira a otro. El tema es que a la familia sólo se le ha dado la esquela; es decir que aquí se está violando el derecho de la familia a saber la causa de muerte de su familiar, y hay un ocultamiento adrede de la Fiscalía porque todos estos casos tienen que haber sido remitidos. Hay un protocolo del IML que establece cómo se levanta un cadáver, quién hace qué cosa, cómo debe consignarse cada una de las cosas y cómo se remiten. Todos estos casos tienen que estar en la Fiscalía.
¿A la familia les dan acceso a algún expediente?
A esquelas del IML, sí, pero no tienen acceso a expediente clínico, no tienen acceso a autopsias, no tienen acceso a la mayoría de la documentación. A veces, simplemente, hasta de manera verbal les han dicho de qué murió (su familiar). En las (39) personas que no tienen dato y que sí fueron enterradas, sus familiares son gente que ha decidido resignarse y que tiene miedo a preguntar. Insisto: esta no es una lista cerrada, son los casos que hemos podido verificar.
¿Estamos frente a crímenes de Estado?
¡Por supuesto! Se trata de una política de gobierno. Si los custodios golpean es porque la orden que les han dado es esa, y es responsabilidad desde el custodio que pega, el jefe, su director de seguridad del centro, el director del centro, el subdirector de Centros Penales, el director de nuestros penales, el ministro y el presidente. No es nada el azar. ¿Y no hemos visto imágenes del mismo presidente de la República que dice “los vamos a dejar sin comer”? Incluso se incorpora un testimonio en el informe de una vez que llegó el presidente a un penal y un día antes les dieron una gran vapuleada diciéndoles: “el que levante la cabeza se va a morir”. Es una política sistemática de tortura generalizada para castigar a todas las personas que son detenidas, no les importa si son culpables o no. Quieren mostrar una cara de venganza y de odio contra las pandillas, pero los que están detenidos en su mayoría no son pandilleros.
El informe se convierte en información valiosa para que organizaciones internacionales puedan intervenir. ¿Cree usted que con todo lo que se ha documentado puede abrirse esa puerta?
Nosotros hemos activado a la Comisión Interamericana, por la inoperancia del hábeas corpus, y esperamos a futuro, si las personas tienen y quieren que nosotros las acompañemos, poner denuncia por la muerte de sus familiares, llevar los casos hacia la Comisión de manera individual y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante decir que la denuncia pública, la documentación de casos, serán muy relevantes para que el fiscal de la Corte Penal Internacional identifique que en este país debe haber una investigación, porque los casos ante la Corte Penal Internacional no son individuales, los presenta el fiscal de la Corte, pero ya hay suficientes elementos para que este país sea procesado por crímenes de lesa humanidad.
¿Cuáles son esos delitos en los que está incurriendo el Estado salvadoreño?
Hay responsabilidades en las muertes. El Estado tiene la obligación de resguardar la vida y la integridad de cualquier persona que esté bajo custodia. En este caso se trata de una política. Hay actos arbitrarios y hay probable responsabilidad en las muertes. Estamos hablando de comisión por omisión y otra cantidad de delitos que tendría que determinar la Fiscalía y los jueces, por supuesto… Cuando existan. No hay en este momento la posibilidad ni de que se procese a los responsables de las muertes, porque tenemos Fiscalía y jueces que son nombrados por el gobierno actual. Sólo la comunidad internacional y los órganos internacionales de protección son los que tienen posibilidades de pronunciarse.
Hay funcionarios como el ministro de Seguridad y Justicia que ha dicho que “en todos los sistemas penitenciarios hay muertes”. ¿Lo que estamos viendo son índices normales de muertes en cárceles?
No, no. En lo absoluto. Hay una diferencia sustancial de estas muertes respecto a las muertes del pasado, y me refiero a cuando ocurrieron grandes motines (carcelarios). Hay varios eventos, pero hay dos eventos muy grandes que marcaron la vida en las cárceles. A principios de los 90s, la matanza en Gotera, donde rodaron cabezas y se incendió el penal. Lo mismo ocurrió en Apanteos en los 2000. Yo trabajé nueve años en la PDDH y era la jefa de investigaciones y acompañaba el trabajo de replicación penitenciaria. Estuve varias veces en riñas, en negociaciones. Estuve cuando el Viejo Lin (líder de la pandilla 18 Sureños) en Chalatenango secuestró a unos sacerdotes y los golpeó porque estaba borracho. Hay una gran diferencia cuando las muertes son producidas por internos. Ahora estamos hablando de muerte de forma sistemática, por eso hablamos de patrones porque son similares, se producen de la misma forma, contra las mismas personas y en este caso, de acuerdo con los testimonios que tenemos, hay, en su mayoría, responsabilidad de custodios y otros de sicarios que hay adentro.
¿Sicarios?
Hay testimonios, pero pocos, muy pocos, sobre que hay internos adentro que hacen ejecuciones sumarias (extrajudiciales), que matan adrede.
¿Tienen que ver con algún tipo de rol de las pandillas dentro?
Le voy a decir lo que los testimonios nos han dado. Las pandillas han aprendido a sobrevivir dentro y están sobreviviendo bastante bien, por cierto. En Mariona, por ejemplo, ellos mismos se auto separan y los testimonios dicen: en esta celda donde cabían 70 y hay 200, los pandilleros de la MS serán 15 y los de la 18 serán nueve. El resto, en medio, civiles, y ellos (los pandilleros) ejercen su rol, como siempre, de “vos de dónde sos, de dónde venís”, pero la mayoría son civiles. Ellos tienen una relación de no agresión.
¿Es posible afirmar que las pandillas ejercen el mismo control adentro como lo han hecho fuera?
No, no es posible afirmarlo… Hay riñas, por el jabón, por ir al servicio, cosas como esas. Pero no hay un tema de agresiones internas.
¿Ni con los civiles?
No, con los civiles no se meten. Es que ahí están en supervivencia. Este es un fenómeno sociológico distinto. Ahí no hay agua. Obviamente toman agua primero los matones, que de seguro son los pandilleros.
Por eso preguntaba si había beneficios, por ejemplo, con la entrega de paquetes de comida.
Los kits no se los entregan. La mayoría, el 99 % de los entrevistados, nos ha llegado a decir que nunca recibieron medicamentos, con excepción de algunas personas que tienen enfermedades terminales y que después fueron trasladadas a Quezaltepeque. Ahí sí les entregan medicamentos, pero el kit alimenticio sólo les pasa cereales, a veces un poquito de leche, a veces un poquito de Incaparina, pero su familia les mandó ropa, les mandó colchoneta, y no se las daban.
¿Cómo la Policía no puede darse cuenta de todo esto que está pasando?
Es parte, la Policía es parte. Pasemos al tema que demuestra esto y son las recapturas o las detenciones ilegales. La gente va feliz que ya va a salir, pero cuando hacen todo el proceso, les entregan sus papeles y en la puerta del penal los custodios se ríen y le entregan los papeles a los policías y van detenidos nuevamente. A veces los sacan del penal, cuando son de Mariona los sacan y los llevan a la delegación de Mejicanos y les agregan agrupaciones terroristas, eso es doble juzgamiento y detención ilegal. Esa persona entonces vuelve a veces a ese penal o va para otro penal y ahora tiene dos delitos, pero su familia sigue esperando, creyendo que va a salir.
¿Los únicos ojos puestos dentro de las cárceles son del Gobierno? ¿No hay manera de tener otra versión que no sea la oficial?
Dentro de las cárceles sí. Es difícil si no es a partir de conocer de la misma víctima lo que pasa dentro. Lo que hemos documentado es que hay iglesias que están entrando. Las organizaciones de sociedad civil no sé. Pero hay iglesias que están entrando, por ejemplo, la de Toby.
¿Qué caso es el que mejor describe el nivel de brutalidades sistemática? ¿Cuál es el primero que se le viene a la mente?
Edwin, un muchacho de 24 años que vomita sangre. Lo detienen por ocho meses, estuvo en Mariona, en el área donde hay pandilleros, por lo que describe cuando estuvo vivo en el hospital. Su familia pudo tener contacto con él, contó lo que estaba pasando. Su familia de verdad no tenía nada que ver con esto (pandillas). El chico cuenta que lo golpearon varias veces en el estómago. Prefería no salir a comer para evitar que lo golpearan. Eso obviamente le generó una gastritis profunda y no tomaba agua. Adquirió una enfermedad en los riñones. Cuando lo llevan al hospital, él vomitaba algo negro, dice la familia. Cuando analizamos los casos con el médico tratante, él también da una explicación que sale en el resumen médico: “Está vomitando sangre. Estos son restos de sangre coagulada. Él ya tiene el estómago destrozado. Va a morir”. Él contó todo lo que había vivido. Él es el que dice: “Yo no puedo dejar de contar todo hasta que me muera”. De hecho, la causa de la muerte que determina Medicina Legal dice que muere de enfermedad renal crónica terminal. Los exámenes que se le pudieron hacer a esta persona mientras estuvo en el hospital determinan que tenía desecho el estómago y eso es producto de los golpes que él mismo dijo que había recibido. Además, estaba en un estado cadavérico. Ese caso es una tortura sistemática: no darle alimentación, no salir al sol no, tomar agua, golpearlo permanentemente, provocarle una enfermedad tan grande y además no haberle dado atención médica.
Lo que se escucha son horrores. Pero, pese a que esto le está pasando a tanta gente, es una política con alta aprobación ciudadana. ¿Qué lectura hace de esto?
Porque la gente, esta población, es bastante manodurista y tradicional. Y esta es una población que ha sufrido mucho el daño de las pandillas y, como el Gobierno vende que es a las pandillas a las que está matando. Pero recuerde, el informe tiene un apartado importante sobre populismo punitivo y precisamente habla de cómo se ha vendido la idea de que esto merece castigo, pero es que además la población ha sufrido, y la población cree que ahora estamos seguros.
