—Ninguno. No hemos podido lograr la libertad de ninguno —dirá el defensor al final. Pero antes hay que seguirlo día a día para entender por qué su fracaso ha sido rotundo.
Desde que lo conocí supe que en el escritorio de este hombre no cabe un papel más. Así me lo dijo el primer día. Trabaja en la Unidad de Delitos Penales de la Procuraduría General de la República desde hace una década y nunca había visto su escritorio cubierto de tantos expedientes como ocurre desde dos meses atrás. Es un defensor público, de los que busca la gente que no puede pagar uno particular, de los que responde al objetivo de la Procuraduría de “asegurar todas las garantías necesarias” en la defensa de una persona. El defensor pidió ser llamado así por miedo a perder su trabajo, y por la misma razón se omiten las especificidades de algunas situaciones. Tras la masacre pandillera cometida el fin de semana del 26 de marzo, empezó el Régimen de Excepción que ha sido prorrogado en dos ocasiones, y los 45 o 50 expedientes que solían llegar al mes a su oficina pasaron a ser 60, luego 70 y hasta 95 en un solo día. Durante el viernes 10 de junio El Faro buscó una postura oficial de la institución para la que el abogado trabaja, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Los casos que el abogado lleva, y con ellos las familias desesperadas que atiende, se multiplicaron a medida avanzó el régimen. “Ahora no podemos ni contabilizar los casos”, adelanta en esta historia.
Martes, 19 de abril de 2022
Son las 12 del mediodía. El defensor tiene frente a él a casi 200 personas que fueron detenidas a comienzos del régimen. Los detenidos entran y salen de la sala de audiencias, y él a duras penas logra identificarlos. Revisa los cientos de páginas que distribuyó en tres bloques de fólderes amarillos. De esas hojas depende que algunos logren la libertad ese día. Es la primera audiencia de imposición de medidas de este tipo a la que asiste. Su apuesta es sacar a 15 de los detenidos. Lleva desde antecedentes policiales, de trabajo, domiciliar y familiares de esas personas. Se trata de arraigos de todo tipo con los que pretende demostrar que los privados de libertad que defiende tienen un empleo, una familia, un domicilio, y pueden seguir el proceso penal sin fugarse, enfrentar sus cargos en libertad. Pausa. El juez de ese juzgado especializado declara receso.
Quedamos con el defensor de juntarnos en un café. Es la primera vez que hablamos en persona, luego de un par de días a puro intercambio de mensajes de texto. Me concede 30 minutos para conversar sobre cómo es su vida en estos días. Poco tiempo para una pregunta tan compleja. El defensor viste de traje, con una camisa de blancura impecable que en cualquier momento podría mancharse con el refresco de fresa que toma desde una bolsa y que será su único almuerzo. Es evidente que tiempo es lo que menos tiene. El trabajo de este defensor aumentó en un 100 % desde aquel 27 de marzo en el que el Gobierno de Nayib Bukele pidió a la Asamblea un Régimen de Excepción para declarar lo que llamó una “guerra contra las pandillas”. ¿Qué ha cambiado en su trabajo? ¿Qué patrones en las detenciones ha identificado? ¿Ha detectado detenciones arbitrarias? Tengo varias preguntas y la media hora se acaba. Nos damos cuenta de que esta plática no es suficiente para todo lo que él tiene por contar. Le hago una nueva propuesta: le pido un nuevo encuentro para que me cuente cómo termina la audiencia de hoy. La acepta. Está decidido a denunciar.
—Yo sé que es un riesgo estar aquí, con usted —me dice—. Pero si no hablo yo, ¿quién más lo hará?
***
A las 8 de la noche recibo un mensaje de él. Es un audio. El defensor cuenta que ninguno de sus defendidos salió, ni aquellos 15 con los que pensaba salir. En el Régimen de Excepción, la constante es esa: casi nadie sale en la primera audiencia.
—Nada, no pasó nada. Hoy confirmé la frustración de muchos otros colegas: que el rol del defensor es prácticamente decorativo. Yo llegué con arraigos, pero el juez se esforzó por desvirtuarme todo.
Más que molestia, se nota desánimo en su voz. Insiste en que presentó todo tipo de papeles: desde alquiler de casas, escrituras de propiedades, constancias de trabajo fijo, recibos de energía, de agua, actas de matrimonio, de paternidad y maternidad. Pero nada pesó para conceder medidas sustitutivas a la detención. Se enfrentó a un juez que puso en duda todos los arraigos que llevaba. En algunos casos le cuestionó que tenía arraigo familiar, pero no laboral o que tenía el arraigo laboral, pero no domiciliar. Y cuando tenía todos, incluido el domiciliar, el juez decía que tampoco era suficiente porque, aunque podría tratarse de un contrato de arrendamiento, no era una garantía para saber si la persona acusada de pertenecer a pandillas estaría viviendo en el lugar en contra de la voluntad del dueño.
Esa es la primera denuncia que el defensor hace: que no hay claridad de qué es un arraigo o de lo que los jueces entienden hoy por arraigos. Los jueces no hacen ni una valoración mínima sobre lo presentado porque hacerlo implicaría un fallo de su parte dentro de esta dinámica de guerra contra las pandillas que el presidente ha enarbolado. Todo aquel que vaya en contra de ella puede acabar en la remoción de su cargo o en un traslado, como el caso del juez Godofredo Salazar, quien fue acusado por el presidente en Twitter de ser “cómplice del crimen organizado”. La Corte lo retiró del Juzgado Especializado de Sentencia A y lo convirtió en un juez de primera instancia en Ilobasco, Cabañas. La propaganda oficial en redes muestra mayoritariamente a hombres con tatuajes de pandillas, sin importar si algunos de ellos ya han sido liberados tras pagar por sus delitos o incluso si se han rehabilitado y forman parte de alguna iglesia evangélica. Sin embargo, miles de salvadoreños han sido capturados solo porque un policía o soldado los consideraron sospechosos o incluso, como reveló el Movimiento de Trabajadores de la Policía, porque los jefes de la institución exigieron una cuota de capturas diarias a los agentes.
—Los jueces no analizan los arraigos para ver qué pueden tomar en beneficio del imputado que permita otorgarle medidas sustitutivas —dice el defensor—. Ahora tiene que pasar a la siguiente etapa, los seis meses de instrucción, y con la medida más gravosa: la detención.
Más de 39,000 de personas han ido a parar a un sistema penitenciario hacinado, donde ya había 36,663 reos. Según Amnistía Internacional informó el 2 de junio en una conferencia en San Salvador, el régimen ha dejado al país con la tasa más alta de encarcelamiento en el mundo: 1,164 personas en prisión por cada 100,000 habitantes.
Tras despedirme del abogado, en Twitter circula la noticia de un reo detenido por el régimen que murió en el penal de Izalco. Elvis Josué Sánchez Rivera, de 21 años, un joven saxofonista, es el cuarto reo que hasta este día fallece bajo causas que las autoridades no aclaran (a fecha actual, esa cuenta ronda los 40 muertos según publicaciones periodísticas). De su caso, según El Diario de Hoy, se sabe que no se había practicado autopsia y que, pese a tener moretones en su espalda, las autoridades lo manejaron como “una muerte súbita” provocada por “hipertensión”. El caso de Josué fue examinado por forenses internacionales a petición de la organización Human Rights Watch (HRW). La conclusión: “muerte sospechosa” a causa de “múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que podrían haber ocurrido durante la privación de libertad”.
El caso de Josué es uno de cientos de historias por las que se han montado campañas en redes sociales para exigir justicia y libertad: #JusticiaparaLuis, #JusticiaparaKevin, #LiberenAMarvin, #LibertadparaGeovanni, #JusticiaparaMilton. Las etiquetas abundan. Sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos, rescatistas, jóvenes estudiantes, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes y algunos profesionales: cualquiera puede ser detenido bajo sospecha de formar parte de una pandilla o de colaborar con una de estas estructuras delincuenciales.
En Twitter, los mensajes de denuncias sobre detenciones aparecen a diario. Con suerte, y luego de muchas presiones, se logra la libertad de alguien. Así ocurrió con Kevin Rivas, un joven productor audiovisual reconocido en su barrio en Soyapango por facilitar becas a otros jóvenes que viven en zonas en riesgo. La familia presionó para que lo dejaran en libertad antes de que fuese enviado a un penal. Lo mismo ocurrió con Christian Alexander Machado, un joven de 18 años con autismo. Pese a demostrar con papeles médicos su condición, la Policía se lo llevó. Su liberación ocurrió el 22 de abril tras presiones de familiares que se hicieron públicas.
Y es que parece que vivir en zonas controladas por pandillas es sinónimo de ser criminal o colaborador durante este periodo que, si no se vuelve a ampliar, abarcará 90 días de este 2022. El defensor sintetiza estas ideas con un ejemplo que se vuelve cada vez más común dentro de los casos que defiende:
—Digamos que la policía detiene a una persona. Le revisa su celular. Hay un mensaje de alguien, que no necesariamente es pandillero, que dice: “hey, bicho, ahí va la jura”. Cuando se vive en lugares de alta delincuencia, la gente manda esos mensajes. Cualquiera te agradecería que te avisen que llega la Policía, porque solo a pegarte va. Pero, a partir de ese momento, eso eventualmente se usaría como prueba, porque ya parece un indicio. La Fiscalía dice: “Aquí hay mensajes que se parecen al léxico pandilleril o se prevé una colaboración con las pandillas”. Pero, ojo, esto puede ser accidental.
Lunes 25 de abril de 2022
Mañana concurrida. Como cada lunes a primera hora, el escritorio del defensor se vuelve a saturar de expedientes de quienes fueron detenidos el fin de semana. Cada expediente nuevo vaticina una crisis futura que deberá ser resuelta por los únicos 263 defensores públicos con los que cuenta la PGR. Y es que un expediente puede ser el caso de una persona con un delito, pero también en un mismo expediente puede haber cientos de casos de gente detenida y agrupada en una sola carpeta.
Esto último es lo más común para el defensor desde que comenzó el régimen, por eso es tozudo al hablar de arraigos y de su importancia dentro de una estrategia que le permita individualizar casos en una audiencia.
Recibir expedientes es el arranque de su jornada este lunes. Hoy no será día de audiencias, sino de entrevistas, de pasar horas sentado en su escritorio mientras recibe a detenidos durante el régimen y a parientes desesperados. Esa es quizá la parte más dura de su trabajo: atender a familiares de quienes están detenidos y que buscan, en medio del desconsuelo, respuestas, información o apoyo emocional. A veces, el defensor también tiene que actuar de terapeuta y escucharles. “¿Dónde está mi familiar?”; “¿Me puede decir cómo está de salud?”; “¿Lo ha visto?”, son las preguntas recurrentes que le hacen.
—El clima es desgastante. Desgasta no poder decirle a la gente dónde está su pariente detenido. Tal vez a algunos los he visto en audiencias, ¿pero al resto?
***
Frente a la entrada principal de la PGR es cada vez más frecuente que amanezcan cientos de personas que piden información de sus parientes detenidos. Las oficinas de San Salvador y Santa Tecla concentran los casos que reciben de la zona metropolitana y el departamento de La Libertad.
Esa mañana del 25 de abril, aquí, en Santa Tecla, las filas son interminables. Hay mujeres, madres, esposas, hermanas. Quieren saber qué ha sido de sus detenidos y de sus procesos. Pese a no recibir información, ahí siguen. Buscan respuestas, que alguien les diga que los arraigos que han llevado han sido suficientes para obtener medidas sustitutivas a la detención o demostrar que son inocentes. Algunas corren con la suerte de ver a sus detenidos a lo lejos.
María es de Zaragoza. Ella pide ser llamada así por miedo a ser identificada. Lleva hora y media parada a un lado de la puerta principal de las oficinas de la Procuraduría. Son las 7 de la mañana. Me cuenta que dejó a sus dos hijos pequeños con una hermana ese lunes. Es la cuarta vez que llega con más papeles con información extra acerca de su esposo, un albañil de 27 años, detenido siete días atrás cuando estaba en su casa. La Policía dijo que se lo llevarían para investigarlo, pero que pasadas dos horas quedaría libre. Nunca ocurrió.
Vino a la PGR porque le urge saber de su esposo, aunque le preocupa dejar a su hermano solo. Durante el fin de semana, los policías llegaron a buscarlo. Ahora teme que su hermano sea el siguiente en la familia en ir detenido. Él tiene 23 años, trabaja y es estudiante de bachillerato que espera graduarse este año a distancia. “Hasta lo han felicitado los policías por estudiar”, cuenta María. El miedo de María es porque su hermano ya le dijo que no podrá con la idea de que lo lleven detenido. “‘Si me llevan, me voy a matar''', fue la advertencia a María. Ella no sabe qué hacer.
A unos pasos de María está una joven bajita, de unos 17 años. Carga una bolsa de plástico negra en la mano. “Preguntá si ya vinieron los detenidos”, le pide a su tía que está al lado. “No andés con miedo, preguntá”, le insiste. La jovencita busca a su padre, detenido hace dos semanas. El día anterior, su hermano también había sido detenido camino a San Miguel, cuando hacía un viaje en taxi. “Por eso anda así, toda preocupada”, dice la tía. La tía es vendedora en el mercado de Santa Tecla. Cuenta que ahí a varias madres les han detenido a sus hijos. También en la comunidad donde vive. “Nos tienen viviendo en zozobra”, continúa. Para ella, hoy se vive como en la guerra, donde en muchos casos por maldad o venganza alguien señalaba a otro de ser guerrillero. “Pero como ahora por eso de cero homicidios -dijo la tía sobre la propaganda gubernamental-, ya no nos matan, nos llevan presos”.
La sobrina estira el cuello lo más que puede para tener mejor visión. Ve a su padre. Corre. La tía va detrás. El hombre, con esposas en las manos, está recostado al lado derecho de una patrulla parqueada en la entrada trasera del edificio de color blanco con pinta de exfábrica más que de defensoría pública. Dos policías platican con él. Se ve exhausto. Ella se acerca a uno de los agentes y le entrega la bolsa con ropa limpia para él. “¿Cómo están?”, le pregunta él. Un metro y medio de distancia les separa. “Bien”, le responde ella, con el llanto contenido y la voz entrecortada. No sabe cómo decirle que su hermano también fue detenido.
De vuelta en la entrada principal, un grupo de mujeres murmuran entre ellas. Las tres tienen a sus esposos detenidos. “A él le pegaron con la cacha”, dice una. “A mí esposo me lo dejaron inconsciente de la gran paliza”, cuenta la otra. “La camisa de él chorreaba en sangre. La rompieron y la quemaron. Ellos (la Policía) bien saben lo que han hecho”, replica la tercera. Las tres guardan silencio al ver que un empleado de la PGR se asoma a la puerta principal. La estructura de metal grande y corrediza, se abre. Son casi las 8 de la mañana.
—¡Los que traen arraigos, tarjeta y documentos en mano, de este lado! Los que no tienen tarjeta, háganse al muro —grita el servidor público.
La fila se parte en dos. Unas 250 personas rodean a esta hora el edificio blanco.
—¿Alguien viene a otra unidad? ¿Familiar? ¿Patrimonial? —insiste el hombre.
Nadie responde. Todas las personas vienen por detenciones del régimen.
Antes de que acabe el día, el defensor me envía un mensaje. Es sobre una petición desesperada que recibió hoy de una madre de un detenido que quiere que él vaya a su casa para demostrarle cómo viven ella y su hijo. La idea de la madre es que el defensor se convenza de la inocencia de su hijo. El defensor se negó. Se negó porque su trabajo es convencer a un juez y derribar lo que la Fiscalía presenta, algo muy difícil de lograr en estos tiempos. Su principal estrategia es cuestionar la información que la Policía deja plasmada en las actas de detención, que muchas veces se justifican con testimonios referenciales, de persons que no presenciaron directamente ningún crimen, o de los mismos agentes captores que relacionan a los detenidos con actividades sospechosas o delictivas.
—Y como lo que la Policía dice, así es, ¿veá? —cuestiona el defensor.
Miércoles, 27 de abril de 2022
Se cumplieron 31 días bajo Régimen de Excepción. La Policía celebra en Twitter el haber “sacado de las calles a 19,720 criminales”. Comienza a correr la ampliación del régimen por otros 30 días más.
Cada que puede, el defensor responde a mis mensajes al final de sus jornadas. A veces suena exhausto, decepcionado o hasta catártico. Hoy, por ejemplo, cuenta que entre las 12 del mediodía y las cuatro de la tarde, pasó enredado de entrevista en entrevista. En esas horas recibió en su oficina a unos 200 hombres que llegaban en grupos. Vestían shorts, camisetas y crocs blancos, el uniforme de los reos. Cuando los detenidos llegan, él tiene que explicarles que se encuentran en vías de investigación y que al cumplir 15 días de la detención deberán pasar por una audiencia. Un trabajo mecánico que repite una y otra vez.
La figura del defensor aparece iniciada la fase judicial. Antes de eso, durante los 15 días que concede el régimen, el Estado inhibe incluso a los familiares de saber dónde está su pariente detenido. A veces, incluso pasados los 15 días la información no llega a las familias.
Como es el caso de David Ortiz, que no encuentra a su hermano, desde el 13 de abril cuando fue detenido camino a su trabajo. La última vez que lo vio ya estaba montado en una coaster de la Policía. No sabe si su hermano ha comido o si ha podido cambiarse de ropa. Durante las primeras horas de su detención, pagó $15 para garantizar que tuviera tres tiempos de comida los dos días que permaneció dentro de la bartolina. Pero no sabe más, cree que su hermano está en el centro penal conocido como Mariona. En cada lugar al que va recibe la misma respuesta: “No tenemos órdenes de dar información de nadie”. De ahí las dramáticas escenas fuera de los centros penales que se han visto desde que comenzó el régimen: gente durmiendo en las calles a la espera de que su familiar aparezca en las puertas de una cárcel.
Cristosal es una de las organizaciones que más presiona por evidenciar los abusos durante el régimen. Uno de ellos es justamente que familiares no sepan nada de sus detenidos, por lo que han llegado a calificar lo que ocurre como “desaparición forzada” desde el Estado, con todas las reminiscencias de guerra que ello conlleva. David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y abogado de Cristosal, compara la desaparición forzada de hoy con lo que durante el conflicto se llamó una “persona detenida desaparecida”. “Y sabemos que en la década de los ochentas esto derivó en miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales y que las víctimas no eran encontradas”, alerta Morales.
Viernes, 6 de mayo de 2022
Han pasado tres semanas desde la última vez que nos vimos con el defensor. Consigo que me conceda un espacio para volver a juntarnos. Esta vez no lleva ni corbata ni traje formal. Pese a ser viernes, de noche, luego de una jornada laboral extenuante y con la lluvia por caer en la capital, aún encuentra energías para retomar la plática pendiente.
Tengo varias preguntas anotadas: ¿Un solo defensor tiene la capacidad de representar a 300 personas en un solo caso? ¿Maneja a detalle la información de cada uno de sus representados en una audiencia? ¿Puede reunirse con los familiares de cada detenido para recolectar información que sirva en el proceso?
La respuesta del defensor es simple:
—Imposible, todo eso es imposible. Un solo caso deja agotado. No es una cuestión jurídica, sino humana.
Describe las audiencias como una escena de cansancio generalizado: desde la colaboradora del tribunal que teclea en una audiencia masiva, la secretaria del juzgado que refleja hartazgo en su rostro, los mismos abogados particulares que se presentan a la audiencia y que saben que no lograrán nada porque no han tenido ni acceso a los casos. En medio de todos ellos, están los defensores públicos, que muchas veces tiran la toalla antes de empezar porque saben que se enfrentan a la imposición de todo un sistema.
—Al final, nos hemos vuelto una manera de justificar o de dar apariencia de que la persona tuvo defensa —lamenta el defensor—. Están procurando que todo tenga una cara revestida de legalidad.
Explica que es complicado procurar una defensa efectiva cuando los procedimientos han sido declarados bajo reserva, cuando hay desconocimiento de fechas y lugares de audiencias, cuando se les niega información a familiares y abogados privados, cuando existe una sobresaturación del trabajo de defensa pública. Estos son algunos patrones identificados por organizaciones como Cristosal.
Para Samuel Salavarría, colaborador jurídico de Azul Originario (AZO), organización que denuncia violaciones de derechos humanos, lo que se está viendo dentro del Régimen de Excepción es aún más preocupante que lo visto anteriormente con las usuales redadas ocurridas en tiempos de Arena, cuando echaron a andar los planes Mano Dura y Súper Mano Dura entre 2003 y 2009, cuando perdieron el poder y dejaron a El Salvador con una tasa de 71 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahora, la tasa de homicidios es mucho menor, y ronda los 20, pero según Salavarría, la violencia estatal e institucional es más marcada. “No hay mecanismos para las detenciones, no hay garantías constitucionales, se pierde la seguridad jurídica, el principio de inocencia, el principio de legalidad y el principio de retroactividad a ley favorable al imputado”, explica.
Bajo esta idea, el defensor no titubea al afirmar que buena parte de las detenciones que han ocurrido hasta ahora son un claro ejemplo de que no hay investigación previa ni de la Policía Nacional Civil ni de la Fiscalía General de la República. Es de la opinión de que el Régimen de Excepción solo vino a nutrir al “pensamiento inquisitivo” al que ya se enfrentaban desde tiempo atrás. Hoy, explica, existe un Ministerio Público y un Ministerio de Justicia dotado de las herramientas que siempre quiso tener: primero capturo y luego investigo.
Llevamos casi tres horas conversando con el defensor. Hemos hablado de los policías, que según él se convierten en “los grandes alimentadores” de lo que está escrito en un acta y que luego será usado por la Fiscalía para acusar; de la gravedad de los testigos de referencia en juicios -nada nuevo para él, pero que complicará los procesos de defensa ahora que ya son parte de la ley-; de los jueces, que “son una decepción”, sobre todo los que fueron impuestos luego de que la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, jubilara de manera automática a casi un tercio de los jueces del país. Así es como poco a poco todo el sistema se complejiza, “se cierra”, dice él, y entra en un efecto bola de nieve de no parar.
Mientras tanto, el defensor sigue haciendo lo que puede. Por la mañana, fue a una audiencia, pero no del régimen. Se trataba de un caso de abuso.
—Los casos antiguos se están perdiendo —sostiene.
Lo interrumpo. Comienza a caer un fuerte aguacero y el ruido de la lluvia sobre la lámina que cubre el café donde nos encontramos no me deja escuchar con claridad.
—¿Se están pudriendo? —pregunto.
—Bueno, je, je, je. No está tan lejos de esa frase. ¿Sabe por qué? Hay problemas más graves que esto que está pasando ahorita y se va a reflejar más adelante, porque la pandemia generó una mora judicial grande. Dos años prácticamente con procesos parados. A esos dos años agréguele que hoy solo se aplazan las audiencias.
Miércoles, 25 de mayo de 2022
Es miércoles por la noche. La Asamblea Legislativa aprueba una extensión del régimen por 30 días más. A estas alturas, para el defensor, ya son costumbre los problemas para defender que le impone la Policía, a la que culpa por el “desorden” generado por detenciones arbitrarias, por fiscales y jueces que se han convertido en simples “pasapapeles”. No asumen ninguna responsabilidad porque hay miedo, asegura, como también hay miedo en muchos otros defensores particulares y de la Procuraduría, lo que les lleva a operar en automático.
El defensor me manda un audio donde me cuenta la frustración de hoy:
—Hay un caso donde todo apunta a que existe un error de la Policía, es una captura totalmente arbitraria. Se le explicó la situación al juez, para que valore. Pero no quieren asumir ninguna responsabilidad por miedo. Por eso adornan o disfrazan de jurisprudencia las resoluciones y ahí van.
Las detenciones arbitrarias comienzan a ser más evidentes, y pocos son los que salen. A inicios de mayo, solo un 1.12 % de la gente detenida había sido liberada porque hubo “un error” a la hora de la captura. Las autoridades dicen que 168 personas salieron de prisión porque la Fiscalía “logró identificar” que no tenían vínculos con pandillas.
Pero detrás de estas pocas liberaciones, el defensor ve una “estrategia de legitimación ante la población: si yo libero, doy la impresión de que estoy haciendo mi trabajo objetivamente”.
¿Cómo se logra que una persona salga? Aún es una pregunta sin respuestas claras. El mismo defensor no sabe contestar con claridad: bien puede ser que la Fiscalía averiguó quién es la persona, o por presiones de sociedad civil o que “llaman de más arriba” pidiendo la liberación. Lo que sí es un hecho es que para que una persona sea liberada esto debe ocurrir antes de que vaya a audiencia inicial de imposición de medidas, explica el defensor. Una vez instalada, muy difícilmente saldrá.
—Y hasta ahorita ningún juez especializado se ha echado la responsabilidad de haber dejado a alguien en libertad —dice el defensor.
Miércoles, 1 de junio de 2022
Hoy se cumplen tres años de Gobierno del presidente Nayib Bukele. Antes de que el mandatario llegue a la Asamblea Legislativa a dar su discurso, intercambiamos un par de mensajes con el defensor. Hablamos de cómo logra resistir el hartazgo. Me dice que su familia, sus hijos, un partido de fútbol, una película de Star Wars o ir a la iglesia para desahogarse han sido su refugio en los últimos días. Le ayudan a canalizar el estrés para no desistir de un trabajo que siempre quiso tener.
—Siempre quise ser defensor público penal, porque siempre creí que es estar más cerca de quien no tiene quién dé la cara por esa persona. A pesar de todo, tengo momentos en los que me siento satisfecho de lo que hago, por ser el procurador defensor que soy. Y a pesar del estrés, me siento como pez en el agua, es como una especie de deporte ir contra el sistema inquisidor, déspota, autoritario, autómata, todo aquello que se mueve en automático.
Mientras el defensor me responde, Bukele inicia su discurso de tercer año de mandato. 'Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas”, dice en cadena nacional.
El Gobierno ha intensificado su campaña: “No nos vamos a detener hasta erradicar a las pandillas”. Está en todos lados: en vallas publicitarias, mupis, radios, televisión y redes sociales. El Ministerio de Justicia y Seguridad pide que la gente llame para dar información que les sea útil “para capturar a más terroristas”. Según sus cálculos, en El Salvador hay alrededor de 70,000 pandilleros.
Van 39,667 terroristas capturados en Régimen de Excepción dirán días después las autoridades en Twitter, una cifra que ya duplica la población carcelaria. De estas, 31,480 personas se encuentran ya en detención provisional. La misma Amnistía Internacional acusó al Gobierno de Bukele de cometer durante el régimen “grandes violaciones de derechos humanos” que pueden desembocar en “responsabilidad penal internacional”. Cristosal incluso habla de “crímenes de lesa humanidad”.
En el primer mes del régimen, cinco organizaciones sociales recibieron un total de 338 denuncias de violaciones de derechos humanos. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Azul Originario, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Cristosal emitieron un comunicado conjunto donde expusieron que en más del 70 % de los casos recibidos se trató de una detención arbitraria. Dos meses después, el total de denuncias es de 1,173.
Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, asegura que no solo están preocupados por las detenciones arbitrarias, sino por quienes han muerto bajo custodia policial (41 personas al cierre de este texto, según datos provistos por Cristosal).
***
La situación se agudiza en la PGR. El defensor ha perdido la cuenta de cuántas personas lloran frente a él. Gente que ofrece lo que puede para demostrar que su hijo es inocente. Por su experiencia, dice poder distinguir entre un llanto por impotencia y un llanto fingido. Él también se está quedando sin opciones. Hace uso de recursos que puedan favorecer a detenidos, pero lo hace más por terquedad que porque crea que funcione. Asegura que el resto de sus colegas se lo dicen: “¿Para qué estás haciendo eso? Te estás desgastando por gusto”.
—¿Y cómo marcha el día a día dentro de su oficina?
—Esto es una locura completa. Estamos atendiendo gente, detenidos, familiares de los que ya fueron a audiencias. ¿Qué le puedo decir? Es una megasaturación.
—¿Han logrado medidas sustitutivas en alguno de los casos? ¿Usted o alguien de su equipo?
—Ninguno. No hemos podido lograr la libertad de ninguno.
