El socialdemócrata Bernardo Arévalo, del pequeño partido Semilla, sorprendió en las urnas el 25 de junio al pasar a la segunda vuelta presidencial en Guatemala con la promesa de frenar la deriva autoritaria del país y facilitar el regreso de decenas de exiliados políticos. La respuesta inmediata de los actores políticos más tradicionales del país fueron alegaciones de fraude, que una semana después han servido de base para que la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendan de forma provisional los resultados electorales.
En un país en el que la justicia lleva varios años cooptada por un poder político ligado a corrupción, una amplia gama de observadores electorales de sociedad civil lo consideran una maniobra para frenar o incluso sacar de la contienda la candidatura reformista de Arévalo. Los nuevos alcaldes, congresistas y presidente deberían tomar posesión el 14 de enero de 2024.
En su resolución del sábado 1 de julio, la CC ordenó además un nuevo escrutinio de las más de 122,000 actas de votación en todo el país. Al día siguiente el TSE acató la orden, remitió el trámite a la Corte Suprema de Justicia y dio cinco días para hacer ese nuevo escrutinio.
La decisión despertó sospechas de manipulación electoral porque la CC admitió a trámite el reclamo en vez de remitirlo al TSE o, en segunda instancia, a la Corte Suprema de Justicia, entes a los que los partidos debieran por ley haber acudido antes con cualquier solicitud o denuncia. Pero también por el hecho de que, según los datos oficiales del TSE, el día de las elecciones los partidos que ahora hablan de alteración de resultados apenas impugnaron en las mesas 4,925 votos, ni el 0.1 por ciento de los 5.56 millones de votos válidos.
La exfiscal general Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), afirma que “la Corte de Constitucionalidad violó el procedimiento electoral al ordenar una nueva audiencia de revisión del escrutinio de votos. Este procedimiento está fuera de lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.
Este lunes una coalición de once observadores electorales de sociedad civil anunció que una digitación y suma de los votos de un muestreo de las actas por todo el país mostró que “los resultados concuerdan con los resultados preliminares publicados en el TREP (el sistema de reporte oficial de resultados del TSE) y se confirma que no cambia el orden de los resultados de ninguna de las agrupaciones políticas”.
Si bien la CC estipula en su resolución que este proceso extraordinario de revisión de actas no debe alterar la fecha agendada para la segunda vuelta —el 20 de agosto— ni interferir con la alternancia en el poder en enero como dicta la Constitución, observadores internacionales temen que estas maniobras legales pueden ser los primeros pasos de una estrategia mayor para hacer descarrilar el proceso electoral y frustrar una posible victoria de Arévalo, cuyo discurso desafía a la élite gobernante e incluye la reactivación de organismos anticorrupción desmantelados los últimos años.
“En medio de la actual confusión, ciertos actores insatisfechos con los resultados electorales han encontrado la oportunidad de cuestionar la elección en su conjunto”, dice a El Faro Eduardo Núñez, director para Guatemala del Instituto Nacional Democrático (NDI por sus siglas en inglés). “El riesgo es que el régimen electoral en Guatemala se dinamite por completo”.
“La escena política de Guatemala está altamente fracturada y no tiene liderazgos fuertes. Cada quien arma su propia jugada”, afirma Daniel Haering, cofundador del tanque de pensamiento Diálogos. “Si entra Semilla, hay mucho miedo de que se reviva el 2015 y la era de CICIG (la difunta Comisión contra la Impunidad en Guatemala, respaldada por Naciones Unidas)”.
“Ellos”, dice Haering en referencia a la alianza entre partidos políticos, actores privados y la vieja guardia militar que coloquialmente se ha llamado pacto de corruptos, “saben que eventualmente Arévalo va a elegir fiscal general y que podría recuperar la USAC (la influyente Universidad de San Carlos, que cerró provisionalmente el año pasado tras un bloqueo de votantes disidentes para el nuevo rector). Ya no habría un chorreo de dinero desde los ministerios”.
Casi doscientas organizaciones de sociedad civil del hemisferio, una decena de misiones diplomáticas y una treintena de autoridades electorales de todo el continente han llamado al respeto a los resultados electorales en una muestra de preocupación sin precedentes durante el período del presidente Alejandro Giammattei.
Un vocero para António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, dijo en rueda de prensa el lunes 3 que este “sigue con preocupación los sucesos en Guatemala tras las elecciones del 25 de junio”. “El secretario general ha tomado nota de las preocupaciones expresadas y confía en que cualquier acción que se tome será conforme a las normas electorales aplicables”, dijo. Su par en la OEA, el secretario general Luis Almagro, apeló a las autoridades y pidió que respeten “la separación de poderes, la integridad electoral, así como los trabajos y conclusiones alcanzados por la Autoridad Electoral de Guatemala”.
La Unión Europea y España, Alemania, Francia, Italia y Suecia tambien han pedido respeto a “la voluntad de los ciudadanos manifestada con claridad en las elecciones”. La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), un conjunto de 32 autoridades electorales del hemisferio, se sumó el domingo 2 a ese llamado. Los Estados Unidos y Canadá, junto al resto del Grupo de Donantes G13 también lo hicieron.
En el que ha sido su pronunciamiento más duro sobre Guatemala en el último año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió el sábado que “socavar la elección del 25 de junio constituiría una grave amenaza a la democracia con implicaciones trascendentales”. Se trata de la postura pública más tajante de la diplomacia estadounidense en la región desde que la Asamblea Legislativa de El Salvador, bajo control del presidente Nayib Bukele, destituyó ilegalmente a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de su país en mayo de 2021.
El secretario de Estado Antony Blinken, que rara vez se pronuncia expresamente sobre la coyuntura de la región, expresó en Twitter este domingo el apoyo del Gobierno de Joe Biden a unas elecciones “libres y justas en Guatemala”, así como su “profunda preocupación por los esfuerzos persistentes por interferir con los resultados electorales del 25 de junio”. También los congresistas demócratas Joaquin Castro, de Texas, y Norma Torres, de California, expresaron su preocupación. Ningún miembro del partido Republicano, aliado explícito del gobierno de Alejandro Giammattei en los últimos años, se ha pronunciado aún sobre la crisis postelectoral en Guatemala.
Tampoco lo ha hecho ningún gobernante vecino en América Central o estado latinoamericano. El Gobierno de Guatemala respondió a las críticas con un comunicado en el que enfatiza varias veces que se debe respetar la “soberanía” de los Estados y el “principio de la no intervención en asuntos internos”.
El presidente Giammattei, que está bajo sospecha de haber procurado manipular las elecciones de múltiples formas a lo largo del último año, ya ha invocado otras veces el principio de soberanía para tratar de desvirtuar críticas a la persecución judicial de fiscales y jueces anticorrupción en su país, la falta de independencia del Organismo Judicial, o la reelección de la fiscal general Consuelo Porras pese a las sanciones de Estados Unidos contra ella por obstaculizar investigaciones contra empresarios y políticos, entre ellos el mismo Giammattei.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo (FCT), involucrada en la persecución de fiscales y jueces, denunció en TikTok este lunes 3 de julio “la injerencia de la Embajada de Estados Unidos en el actual proceso electoral”.
Mirador Electoral, una coalición de organizaciones de monitoreo como Transparencia Internacional y el periódico Prensa Comunitaria, advirtió este domingo, horas después del fallo, de una “pretensión de un golpe electoral” por parte de “varios partidos políticos” para quienes los resultados electorales resultaron “desfavorables”. “Tal pretensión, sin que se hayan agotado los procedimientos legales en las instancias competentes para resolver impugnaciones, busca crear las condiciones para un golpe electoral, lo que equivale a un golpe de Estado”.
Ante decenas de guatemaltecos reunidos al pie de la sede de la CC mientras se esperaba su fallo, el candidato Bernardo Arévalo advirtió el viernes que la resolución de la Corte Constitucional “a todas luces busca empantanar el proceso electoral y amenaza con diferir indefinidamente la segunda ronda”.
“Desgaste del sistema”
Entre los partidos que impulsaron la acción legal están la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuya candidata Sandra Torres disputaría la segunda vuelta con Arévalo; el oficialista Vamos, creado por Giammattei e impulsor de la candidatura del congresista Manuel Conde; el partido Cabal, del ex diplomático Edmond Mulet, que tras aparecer segundo en las encuestas terminó en quinto lugar; y Valor, de la conservadora Zury Ríos —hija y heredera política del exdictador Efraín Ríos Mont—, que lideraba las encuestas a inicios de año pero terminó en sexta posición.
Varios de estos partidos denunciaron en un comunicado el sábado la supuesta existencia de “gran cantidad de actas que muestran inconsistencias, alteraciones y otras discrepancias”.
El conflicto por los resultados habrá ganado impulso el día anterior cuando abogados de Zury Ríos demandaron a los contadores de votos en los 22 departamentos de Guatemala y llamaron a la repetición de la elección. Ella misma había concedido la derrota el lunes, afirmando que los resultados “expresan claramente una demanda de cambio” y deseando “éxitos a quienes participen en la segunda vuelta electoral”. Luego borró el comunicado de su cuenta de Twitter.
Edmond Mulet, considerado por muchos como una opción de moderación en una contienda dominada por la derecha guatemalteca, declaró inicialmente, “¡Viva la democracia!” Días después, su partido se sumó a la demanda.
“El deseo de llevarlo todo a lo penal es una estrategia que ya hemos visto en estas elecciones”, dice la analista política Celia Luna. “Es una forma de instrumentalizar las instituciones como el Ministerio Público que (las élites gobernantes) ya han cooptado”.
Según Luis Mack, politólogo de la Universidad de San Carlos, “el resultado electoral 2023 demuestra un agotamiento profundo del sistema, no solo por el número de votos nulos, sino porque entre primero y segundo lugar apenas suman 28% de los votos: la cifra más baja desde 1985”, el año de la transición democrática que restó poder de los militares.
Era evidente que ese crudo mensaje de las urnas iba a despertar entre las élites conservadoras guatemaltecas una respuesta emocional. Desde la jornada electoral del día 25 han proliferado campañas que representan a Arévalo como un extremista de izquierda y militante antifamilia. Tras el fallo de la CC, un dirigente de la FCT —asociación de corte militarista que ha expresado en público su apoyo a la candidatura de Ríos— tuiteó en mayúsculas: “JAMÁS GOBERNARÁ UN COMUNISTA”.
Jorge Baldizón, hijo del excongresista y lavador de dinero convicto Manuel Baldizón que trató sin éxito obtener un curul en el Congreso, prometió en TikTok solicitar los registros públicos sobre la creación de Semilla en 2017: “De ser que encontremos alguna falencia, vamos a accionar de la forma legal que corresponde para que el partido político Semilla deba rendir cuentas ante todo lo que ellos han hecho si es que en derecho corresponde”. “Estamos totalmente en contra de la agenda 2030 y de cualquier partido político que (lo) promueva y no sepa (sic) respetar la constitución”, agregó.
También Sandra Torres —que compite por tercera vez en una segunda vuelta presidencial y construyó por años su carrera como una persona de izquierda— ha retomado, desde la votación del 25, la retórica sobre la supuesta “agenda 2030”. “No puedo permitir que las agendas internacionales vengan aquí a adoctrinar a nuestros niños”, tuiteó junto con videos que la muestran sentada a la par de su compañero de fórmula, un ex pastor evangélico. Agregó: “La Biblia dice Adán y Eva, no Adán y Esteban”.
Este lunes 3 la Conferencia Episcopal de Guatemala se pronunció sobre la resolución de la CC. “El entrampamiento de amparos y contraamparos puede pervertir el sentido de que las elecciones se dirimen en las urnas ya que la soberanía corresponde al pueblo de Guatemala y no a los tribunales”, afirman los obispos católicos.
Durante años, la derecha guatemalteca caricaturizó a Torres como una peligrosa exguerrillera, abanderada de una agenda internacional izquierdista contra la ‘familia tradicional’. Ahora es ella quien busca el voto conservador y tratar de alejar a la UNE del gobierno de centroizquierda de su exesposo Álvaro Colom, recientemente fallecido. Durante aquella presidencia (2008-2012) Torres, como primera dama, se destacó como una influyente operadora política y ligó su nombre a ambiciosas políticas sociales.
El domingo 25, las urnas la dejaron debilitada. Si en 2019 consiguió más de 1.1 millón de votos en primera vuelta, este año obtuvo menos de 882,000. Si en la conformación inicial del actual Congreso su partido consiguió 40 escaños, la fracción más amplia del hemiciclo, a partir de enero tendrá 28 mientras Semilla —que obtuvo seis diputaciones en 2019— ha crecido a 23, según cálculos del Tribunal Supremo Electoral.
El lunes 26 de junio, en su primera conferencia de prensa de cara a la segunda vuelta, la candidata de la UNE tildó a Arévalo de “títere de Iván Velásquez y Thelma Aldana”, en referencia al exmandatario de la CICIG y la exfiscal general que, tras perfilarse como una lider de la lucha anticorrupción, se intentó postular a la presidencia en 2019 con Semilla.
Abrazada ya totalmente al libreto de la derecha latinoamericana en las últimas dos décadas, Torres acusa a su rival de querer “convertir a Guatemala en otra Venezuela”. En un guiño al nacionalismo guatemalteco, incluso ha insistido en llamarle “uruguayo”, refiriéndose a la doble ciudadanía de Arévalo, que nació en Montevideo durante el exilio de su padre Juan José Arévalo, expresidente de la República (1945-1951) durante los años de la revolución guatemalteca que terminó con el derrocamiento de Jacobo Árbenz en 1954.
Torres también ha seguido en los últimos días los pasos de una larga lista de candidatos al apelar a la popularidad del mandatario vecino de El Salvador: “Hay que llegar con el machete desenvainado a combatir la corrupción. Como (lo) hizo Bukele, una cárcel para los corruptos”, ha tuiteado.
Pero hay dudas sobre si realmente puede sumar a su base política rural el voto de la derecha urbana: “Ellos la han demonizado durante 20 años. Pensar que van a cambiar de opinión en dos meses es un discurso perdedor”, señala Haering, de Diálogos. “Lo que sí demuestra es que está dispuesta a hacer lo que sea por ganar”.
En este escenario, el abogado y activista Álvaro Montenegro, uno de los impulsores del movimiento Justicia Ya y uno de los organizadores de las protestas masivas contra la corrupción del 2015, que llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, encuentra espacio para el optimismo: “Hay un margen en donde la sociedad civil y la ciudadanía pueden activarse, a pesar de las trabas legales. Salvaguardar el voto requiere la suma de acciones ciudadanas y que la comunidad internacional escuche a la sociedad”, dice tras el pronunciamiento de la CC y la acumulación de pronunciamientos internacionales. “Esto (el voto en contra de los liderazgos actuales) es la culminación de todos estos años, de la plaza en 2015, del cerco al congreso que impidió reformas proimpunidad en 2017, de las protestas de 2022... Y representa la posibilidad de tener al primer gobierno auténticamente democrático en décadas”.
