El 30 de mayo de 2023, a las 12:35 del mediodía, cuatro agentes antinarcóticos capturaron a Wilfredo Hernández Molina por facilitar la salida de acusados de narcotráfico del penal de Mariona y también por permitir el ingreso de familiares a visitarlos.
Hernández Molina, conocido como Wilfredo Ostorga Molina, era empleado de Centros Penales y mano derecha de Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y director general de Centros Penales. El 30 de mayo de 2023, las autoridades también capturaron a Mario Chavarría Ayala, otro empleado de Centros Penales contratado para instruir el cultivo de tilapias en granjas institucionales.
Según uno de los expedientes judiciales, las escuchas telefónicas hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que los procesados por narcotráfico tenían un contacto en Centros Penales al que llamaban “el maitro” y que, tras pagar al menos 10,000 dólares, uno de los recluidos en esa cárcel bajo cargos de tráfico de cientos de kilogramos de cocaína, fue trasladado a un hospital privado, pese a que no tenían ninguna enfermedad. En el hospital Bautista, el procesado por narcotráfico recibió visitas sin ningún control.
Los documentos del caso hacen reiteradas referencias a la posibilidad de comprar otros privilegios en la cárcel de Mariona, como el derecho a tener visitas o mejorar las condiciones de vida en el penal. En una de las llamadas telefónicas, un procesado por narcotráfico dice a alguien que en Mariona “por la plata baila el perro”. Según los documentos judiciales, las escuchas telefónicas de la Fiscalía fueron complementadas con seguimientos que realizó el Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN), unidad que perfiló a los dos empleados de Centros Penales, Ostorga y Chavarría, como las personas que ingresaban con los familiares a Mariona.
El Faro tuvo acceso parcial a tres procesos judiciales en curso contra estructuras del narcotráfico que describen la captura de supuestos narcos y su posterior relación con Ostorga, mientras este laboraba para Centros Penales. Además, se obtuvo una decena de documentos policiales que perfilan a los principales miembros del cártel, gracias a una filtración de documentos oficiales en poder de la organización de transparencia DDoSecrets, que los recibió del grupo de hackers autodenominados Guacamaya. Esta información fue complementada con entrevistas a funcionarios y exfuncionarios con experiencia en el combate al crimen organizado.
La Policía dio seguimiento y documentó las múltiples ocasiones en las que Ostorga ingresó con los familiares de estos reos al penal de Mariona sin que nadie les pidiera siquiera identificarse, violando todos los protocolos de seguridad y pasando por encima de las disposiciones gubernamentales que prohíben cualquier visita a las cárceles.
Ostorga fue contratado bajo el cargo de asistente de dirección, por el que ha cobrado un sueldo de $2,500. El Faro obtuvo un documento, basado en la lista de cotizantes del Seguro Social, en el que aparece como empleado de Centros Penales al menos hasta abril de este año. Sin embargo, su abogado aseguró que tanto él como Chavarría -el técnico en crianza de tilapias- seguían siendo empleados de la institución y dijo haberlo comprobado mediante constancias de trabajo fechadas en junio de este año. Es decir que Ostorga era empleado público cuando ingresó a Mariona con familiares de los procesados por narcotráfico.
Formalmente su cargo no le otorga la autoridad para dar órdenes a los directores o empleados de prisiones, sin embargo su poder deriva de la cercanía con el director Osiris Luna. La carrera de Ostorga comenzó como militante del partido GANA y ayudante de Luna, quien era el director de la juventud de ese partido. Cuando Luna obtuvo una diputación, en 2014, Ostorga se convirtió en su asistente y por ello fue contratado en la Asamblea Legislativa. Cuando al inicio del Gobierno de Nayib Bukele, en junio de 2019, Luna fue nombrado director general de Centros Penales, Ostorga también cambió de trabajo. Desde entonces, y según investigaciones del Grupo Especial Antimafia, que fue desarticulado por el actual fiscal, Ostorga solía presentarse como 'director general adjunto' de Centros Penales, cargo que no existe en el organigrama oficial de la institución.
El expediente judicial consigna que gracias a la intervención de llamadas telefónicas, los fiscales descubrieron que uno de los perfilados como miembro del cártel pagó para ser trasladado al hospital Bautista, sin tener ninguna enfermedad, en una estancia que ese mismo reo describió como “un motel de lujo”. Los documentos detallan que los sobornos de los supuestos narcotraficantes permitieron a otro detenido en Mariona asistir al funeral de su madre y ser tratado “como dios” al interior del recinto penitenciario.
En ese mismo hospital privado de San Salvador, y a pesar de estar a 60 kilómetros de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, fue ingresado el líder más conocido de la Mara Salvatrucha-13, Borromeo Enrique Henríquez, Diablito de Hollywood. Su ingreso ocurrió el 25 de marzo de 2022, justo cuando iniciaba la masacre que terminaría con 87 salvadoreños asesinados en un solo fin de semana, daría fin al pacto entre el Gobierno de Nayib Bukele y las pandillas y marcaría el inicio del régimen de excepción.
Bajo el régimen de excepción que se ha prolongado por 14 meses, las autoridades han detenido, según información oficial, a casi 70,000 personas, lo que convierte a El Salvador en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Gracias a testimonios de reos recogidos por la prensa y en informes de organizaciones de derechos humanos, se ha logrado establecer que en las cárceles las autoridades torturan sistemáticamente a reos, en algunos casos hasta la muerte; que hay suspensión de tratamientos médicos, incomunicación con familiares y abogados y una dieta de hambre. En este contexto, y según consignan los documentos judiciales, uno de los acusados de narcotráfico fue recibido en la cárcel con una cena de chicharrones.
En 2020, Ostorga fue cómplice del viceministro Osiris Luna y de su madre, Alma Yanira Meza, en una estructura dedicada al saqueo de bienes públicos desde la Dirección de Centros Penales, donde se robaron más de un millón de dólares en víveres que debían ser distribuidos durante la pandemia y se apoderaron de $270,000 que cobraron empleados fantasma, según documentaron los fiscales del caso Catedral. Tras la imposición del actual fiscal general, esos investigadores, que documentaron también las negociaciones del Gobierno del presidente Nayib Bukele con las pandillas, están exiliados, pues su propia institución empezó una persecución en su contra. Sin embargo, Rodolfo Delgado, el fiscal general impuesto por el régimen de Bukele, continuó la investigación y ordenó la captura de Ostorga, mano derecha de Osiris Luna, un hombre protegido hasta hoy por el presidente Bukele a pesar de varios escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto.
El lunes 3 y el martes 4 de julio de 2023, El Faro llamó a la directora de Comunicaciones de la Fiscalía para solicitarle una entrevista, pero no atendió ni correspondió a las llamadas telefónicas. A las 08:12 de la mañana del 4 de julio también se le dejó un mensaje en una aplicación de mensajería electrónica, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Una segunda empleada de esa dirección atendió la llamada, pero pidió enviar la solicitud por una aplicación de mensajería instantánea. Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta de la Fiscalía.
Este periódico también intentó obtener una versión oficial de Centros Penales, para permitirles explicar cómo dos empleados cuyo cargo formal no les otorga el poder de abrir las puertas de las prisiones pudieron hacer todas las maniobras descritas por los fiscales y los policías que investigaron este caso. Se llamó al jefe de Comunicaciones de Centros Penales y se le dejó un mensaje de Whatsapp en su teléfono; también se hizo lo mismo con el director Osiris Luna y con el director de la cárcel de Mariona, sin que ninguna de las personas mencionadas respondiera nada al cierre de este artículo.
Una llave de Mariona en Guatemala
Walter Alexander Ramos Alvarenga, pescador y vendedor de mariscos en la playa El Cuco de San Miguel, recibió dos llamadas telefónicas en las que le informaban que pronto podría visitar a su hermano, Marvin Antonio Ramos Alvarenga, también pescador recluido en el penal de Mariona, acusado de traficar 330 kilos de cocaína. Según consta en uno de los tres expedientes judiciales consultados por este periódico, las llamadas ocurrieron entre el 8 y el 21 de diciembre de 2021.
Durante esos días, Walter Ramos llamó a tres conocidos para contarles que la reunión con su hermano ocurriría en Mariona, pese a que desde 2020 están prohibidas las visitas de familiares para todos los detenidos.
Sin embargo, una serie de escuchas telefónicas ordenadas por la Fiscalía y mencionadas en los documentos judiciales revelan que un hombre sabía cómo abrir las celdas salvadoreñas desde Guatemala: Francisco Alexander García Jordan, un comerciante de 42 años, originario de Metapán, pero que vivía en Guatemala y que tiene la nacionalidad de ese país con el nombre de Walter Alexander García Jordan, alias El Compa.
La Policía guatemalteca capturó a El Compa el ocho de enero de 2023, acusado de dirigir una red que pasaba cocaína desde Santa Ana, en El Salvador, hasta Chiquimula, en Guatemala, para luego enviarla hacia los Estados Unidos. El Ministerio Público de Guatemala confirmó a El Faro que El Compa sigue detenido en ese país y que está en trámite una solicitud de extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por tráfico internacional de cocaína.
Ese hombre que operaba en Guatemala y que es reclamado por Estados Unidos era quien tenía los contactos en la Dirección General de Centros Penales. Así quedó registrado en una llamada telefónica que Walter Ramos, el vendedor de mariscos, recibió el 19 de diciembre de 2021, a las 18:04 de la noche. La voz al otro lado del teléfono era la de un hombre que no ha sido identificado por la Fiscalía y que estaba interesado en conocer la situación del detenido en Mariona. Walter Ramos le respondió que durante los primeros seis meses de detención de su hermano lo había podido visitar dos veces gracias a las amistades de El Compa. “Él había conseguido las entradas, pues en dos ocasiones había ido”, escribieron los fiscales.
El hombre no identificado dijo que El Compa “se las podía” en Centros Penales. Walter Ramos lo confirmó en las dos visitas que hizo a su hermano en Mariona, en fechas no determinadas, entre junio y diciembre de 2021. “No les habían preguntado nada, ni papeles ni nada” para entrar a Mariona, dijo Walter Ramos en la llamada, según consta en los documentos judiciales. La experiencia de entrar a ese penal con las puertas abiertas de par en par, sin necesidad de registrarse en los libros de control y sin cumplir con ningún protocolo de seguridad carcelaria, estaba a punto de repetirse por tercera vez.
El 21 de diciembre de 2021, a las 07:44 de la mañana, Walter Ramos estaba en San Miguel y El Compa le llamó para decirle que “tanteara” llegar a las dos de la tarde a San Salvador y que “el espacio” (para visitar a su hermano en Mariona) era para tres personas. Walter Ramos sabía que a la visita a Mariona iban a entrar sus padres y su cuñada; Walter no sabía que cinco equipos de la División Antinarcóticos estaban listos para vigilar y documentar su entrada y salida al recinto penitenciario.
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Meses antes, el 16 de junio de 2021, la Policía había lanzado el operativo Diamante Costeño, en la zona costera de La Unión, San Miguel y La Paz. El operativo terminó con el decomiso de 740 kilogramos de cocaína y 100 de marihuana. A Marvin Ramos, capturado en la playa La Casita, ubicada al poniente de El Cuco, lo relacionaron con el tráfico de 330 de los 740 kilos decomisados durante el operativo.
Junto a Marvin Ramos fueron capturados Josué Ovidio Arriaza Blanco, alias El Chonte, y Leidy Esmeralda Rivas Flores, a quienes se les decomisaron cinco vehículos: un Kia gris, una camioneta Honda ocre, una camioneta Toyota gris y dos camionetas Mitsubishi, una gris y otra café, que la Policía pidió para investigaciones antinarcóticos.
Desde junio de 2021, Marvin Ramos y El Chonte están detenidos en Mariona. Hasta el 21 de diciembre de 2021 a Marvin Ramos sus familiares lo habían visitado tres veces, mientras a El Chonte ninguna. Una llamada telefónica interceptada a Walter Ramos, su hermano, explicaba por qué El Chonte no recibía visitas: se gastaba mucha plata.
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Según el expediente judicial, el 21 de diciembre de 2021 dos policías del Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN) salieron de la oficina en San Salvador rumbo a San Miguel a las 07:30 de la mañana. Habían recibido información de inteligencia de que un investigado por narcotráfico, Walter Ramos, se desplazaría a la capital, “al parecer para visitar a su hermano que estaba detenido en Mariona”.
Los investigadores se ubicaron frente a la entrada de Mariona a la una de la tarde. Documentos policiales detallan que a las 14:20 ingresó al penal una camioneta Toyota, color roja, y ningún custodio la revisó: le abrieron el portón sin hacer preguntas. Los policías consultaron en una base de datos y determinaron que esa camioneta era propiedad de Mario Chavarría, el empleado de Centros Penales que enseñaba el cultivo de tilapias en las granjas penitenciarias. Después de cinco minutos de permanecer dentro de Mariona, la camioneta de Mario Chavarría salió del penal y se dirigió hacia la gasolinera Texaco El Ángel, ubicada en la nueva carretera Panamericana.
A las 14:40, a la gasolinera Texaco El Ángel llegaron además una camioneta Mitsubishi gris y un Mazda Rojo. La camioneta gris se estacionó al lado de un pick up blanco, sin placas, que ya estaba estacionado en ese lugar. De la camioneta Mitsubishi se bajaron tres mujeres y dos hombres, algunas fueron al baño y al regresar abordaron el pick up blanco sin placas, el cual salió de la gasolinera El Ángel con rumbo al penal de Mariona. Los otros vehículos se quedaron cerca de un redondel.
El pick up blanco sin placas entró a Mariona a las 03:15 de la tarde y salió a las 4:10. Sus ocupantes estuvieron dentro durante 55 minutos. Cuando el vehículo salió del penal, la Policía ya tenía listos cinco equipos de vigilancia y seguimiento. Uno de estos equipos detuvo el pick up blanco sin placas, el cual era conducido por Ostorga.
Según consta en los documentos judiciales, Ostorga dijo a los policías que trabajaba para el Viceministerio de Justicia y Seguridad Pública. Las otras personas que se conducían en el pick up blanco sin placas y que ingresaron al penal de Mariona durante 55 minutos dijeron que no portaban documentos de identidad, pero se identificaron como Walter Ramos, Reina A., Francisco R., Ana R., y María M., residentes en la playa El Cuco y que “venían al penal para, en un futuro, ingresar a ver a un familiar”.
El pick up blanco sin placas pasó el retén y se dirigió hacia un redondel cercano a la gasolinera Texaco El Ángel, donde esperaban los otros tres vehículos. La mayoría de los visitantes a Mariona abordaron la Mitsubishi gris para regresar a oriente. La camioneta Toyota roja y el Mazda rojo también salieron hacia oriente. A las 17:15 del 21 de diciembre de 2021, la Policía paró a estos dos últimos vehículos en un retén frente al centro comercial Unicentro. El conductor de la camioneta Toyota Roja, que ingresó a Mariona sin ningún control, fue identificado como Mario Chavarría, el empleado de Centros Penales que enseña el cultivo de tilapias en las granjas penitenciarias. El Mazda rojo era conducido por Ángel Alexander Bonilla Carranza, alias La Gorda.
El Faro envió un correo al abogado de Walter Ramos ofreciendo la posibilidad de consignar su versión, como representante legal del acusado por narcotráfico, sin embargo, al cierre de esta nota, no se había recibido ninguna respuesta.
La Gorda y los 140 kilos de cocaína
Una caravana de vehículos circulaba a excesiva velocidad sobre la carretera Panamericana. Adelante iba una camioneta azul; luego, un pick up plateado; y, por último, un automóvil morado. A unos policías de la División Costera que patrullaban aquella calle, tanta velocidad les pareció sospechosa y por eso interceptaron los vehículos a las 13:05 de la tarde del 8 de marzo de 2022. Eso es lo que dice la versión oficial.
Los vehículos fueron detenidos en el desvío hacia Uluazapa, en el cantón El Papalón de San Miguel. Uno de los equipos policiales estaba a cargo de un sargento con experiencia en investigación antinarcóticos, quien observó que sobre la cama del pick up habían unos pernos sueltos y sobre la orilla del protector tenía silicón fresco, indicio de que podía tener un compartimiento secreto.
Los policías trasladaron los tres vehículos y a sus ocupantes hacia las instalaciones de la pista cuarto de milla, propiedad del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), ubicada en la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 145, en el caserío Huiscoyol, cantón San Antonio Silva de San Miguel. A ese lugar llegó un guía canino con Rozi, un perro policía, entrenado para la búsqueda de narcóticos.
Cuando el perro olfateó el pick up, dio dos alertas: la primera, en la esquina derecha de la cama del pick up; la segunda, en la parte inferior de la cabina. Cuando los policías removieron el protector plástico negro observaron que en la parte metálica de la cama tenía un corte rectangular y, al mover la pestaña, había una caleta artesanal donde estaban 46 paquetes de cocaína que pesaron 140 kilos.
La Policía capturó por este alijo a Óscar Alfonso García Velásquez, alias Sinaloa, Moises Fernando Rosa Hernández, Kevin Alexis Carranza Gómez, al guatemalteco Marvin Orlando Cabnal Gabriel y a La Gorda, uno de los hombres que tres meses antes, el 21 de diciembre de 2021, acompañó a la familia de un procesado por narcotráfico a las cercanías del penal de Mariona.
La Gorda era un empresario migueleño que decía dedicarse a la venta de lácteos, calzado y electrodomésticos. En mayo de 2018 creó Las Ollitas de Oriente, una empresa que vende lácteos y que tiene 17 sucursales en San Miguel, La Unión, Usulután y San Salvador. El año pasado, en enero de 2022, casi dos meses antes de su captura, fundó el Grupo AAA, compañía registrada en el Ministerio de Hacienda como contribuyente y que también se dedica a la venta de lácteos y calzado.
La estructura comercial de La Gorda ha movido en el sistema bancario más de tres millones de dólares. Las autoridades dicen que su pujanza financiera está relacionada con el narcotráfico. El 11 de marzo de 2022, apenas tres días después de la incautación de los 140 kilogramos de cocaína, la Policía le decomisó $1,264,200 que estaban escondidos en la caleta de una camioneta, estacionada en una casa ubicada sobre la calle Las Carretas, en la colonia Brisas del Edén, en San Miguel.
La Gorda fue encarcelado en Mariona, pero diez días después de su captura las puertas de ese penal se abrieron para que recibiera la visita de unos familiares.
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Alexander Bonilla Romero, de 27 años, es hijo de La Gorda y muchos lo conocen por el apodo de El Choco. El 18 de marzo de 2022, apenas diez días después de la captura de su padre, El Choco recibió la llamada telefónica de una mujer, a las 09:14 de la mañana. El Choco le dijo a la mujer que “ya casi iba a entrar” a Mariona.
Casi una hora después de aquella conversación telefónica, a las 10:50 de la mañana, los policías antinarcóticos montaron un dispositivo de vigilancia frente al portón principal de Mariona. Según las actas policiales, los agentes observaron que El Choco se conducía en un Hyundai Elantra, color negro, registrado a nombre de Carlos Alexis Villatoro Sorto, propietario de un negocio de renta de vehículos en San Miguel, y dueño de otros dos vehículos involucrados en el tráfico de 140 kilos de cocaína.
A las 11:30 de la mañana llegó al penal de Mariona la camioneta Toyota roja, modelo Rav4, propiedad de Mario Chavarría, el que enseñaba cultivo de tilapias en las granjas penitenciarias. El Hyundai negro y la Toyota roja, se dirigieron hacia la gasolinera Texaco El Ángel.
La Policía puso un retén a la altura de la colonia Brisas de Mariona y detuvo el Hyundai negro conducido por El Choco. Al percatarse de tal situación, la camioneta roja, propiedad del empleado de Centros Penales, detuvo su marcha después del retén. De esa camioneta se bajó María Brendaly Romero de Bonilla, madre de El Choco y esposa de La Gorda. Los policías no lograron identificar al conductor.
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Mientras La Gorda enfrentaba días de tribulación por el decomiso de 140 kilos de cocaína y $1.2 millones, Walter Ramos siguió negociando con Ostorga, la mano derecha del viceministro y director de Centros Penales, visitas con su hermano en el penal de Mariona, según consta en el documento judicial. El 11 de marzo de 2022, a las 08:06 de la mañana, Walter Ramos llamó a su empleado Juan Carlos Amaya Chicas, alias Carlos Chillo, para preguntarle “si ya había llegado el maitro” y a quiénes había llevado. El empleado respondió que había llevado a cinco familiares. Walter Ramos le preguntó si había llevado a las niñas, pero su empleado le respondió que eso no se podía.
En las conversaciones telefónicas, Walter Ramos y su empleado Carlos Chillo no hacen referencia explícita a Mariona, pero confirman que están en un lugar donde la Policía les pisa los talones. A las 10:09 de la mañana, el empleado llamó a Walter Ramos para decirle que “una maldita” Hilux gris con vidrios polarizados les daba seguimiento.
Los documentos confirman que el Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN) seguía desde las ocho de la mañana a la camioneta Mitsubishi gris, conducida por Carlos Chillo, la cual fue ubicada en la gasolinera Texaco El Ángel. En el lugar estaban otros “familiares de Walter con el propósito de visitar al hermano que se encuentra recluido en dicho penal”. Las personas abordaron un pick up Toyota Hilux, sin placas, color blanco, conducido por Ostorga, quien ingresaba al penal de Mariona sin cumplir ningún protocolo de seguridad.
De hospital a “motel cinco estrellas”
Marvin Ramos, el hombre que está detenido desde junio 2021 por el tráfico de 330 kilos de cocaína, salió del penal de Mariona para ser ingresado en el Hospital Bautista el 18 de marzo de 2022, pese a que, según el expediente legal, no padecía ninguna enfermedad.
Llegó al Hospital Bautista, ubicado en la 23 avenida norte y primera calle poniente de San Salvador, antes de las 10:50 de la mañana. Así quedó registrado en una llamada telefónica que recibió su hermano, Walter Ramos. Una mujer que estaba en el quinto piso del hospital junto al detenido preguntó a Walter Ramos si llegaría al hospital, pero él respondió que “el maitro había dicho que solo uno podía entrar”. La mujer, a quien la Fiscalía no ha identificado, aclaró que los custodios de Centros Penales no habían llegado para cambiarlo de habitación y, por lo tanto, no estaba restringido que más de una persona llegara a visitarlo. La mujer pidió a Walter Ramos llevar a los hijos del detenido, pero él dudó: los niños podían llorar o existía la posibilidad de que luego no se quisieran ir del hospital para estar al lado de su padre. Marvin Ramos, el detenido, suplicaba verlos aunque sea “de lejitos”.
El 18 de marzo de 2022, a las 17:53 de la tarde, Walter Ramos llamó a su hermano y le preguntó cómo estaban La Gorda y Sinaloa en el penal de Mariona, y él le respondió que “la habían cagado por ambiciosos”, pero que El Compa, el salvadoreño que vivía en Guatemala y quien es reclamado por una corte estadounidense, “estaba al cien todavía”.
Marvin Ramos contó a su hermano que los detenidos con 140 kilos de cocaína “habían caído” a su sector y que no la estaban pasando mal: el mismo director del penal los llegó a dejar a sus celdas. “Esos majes iban con honores ahí”, contó Marvin y anticipó que en Mariona “los tratarían como dioses”. La noche que La Gorda ingresó a Mariona les dieron chicharrones de cena, según consta en una transcripción de las intervenciones telefónicas.
Al siguiente día, a las 07:00 de la mañana del 19 de marzo de 2022, Walter Ramos llamó a Blanca S. y le contó que su hermano estaría tres días en el Hospital Bautista. Durante esa llamada Walter Ramos enlazó a su hermano. El detenido les dijo que estaba “en un motel cinco estrellas”, que se sentía en el Decameron y que todo estaba bien. Los familiares argumentaron que Marvin tenía dolencias del corazón y el hígado, pero posteriormente Medicina Legal revisó el expediente clínico. Los médicos encontraron antecedentes de hipertensión arterial y taquicardia, sin encontrar alteraciones de signos vitales durante su estancia hospitalaria. Le practicaron exámenes cardíacos que descartaron infarto y le diagnosticaron dislipidemia, “la cual no ameritaba ingreso hospitalario”, según se lee en el expediente médico.
Marvin Ramos estuvo en la habitación 512 del hospital Bautista del 18 al 20 de enero de 2022, tiempo durante el que recibió la visita de su mamá, Gigi, Chago, Andrea, El Chillo, El Pollo, sus hijos, “La Melona” y, por supuesto, su hermano Walter Ramos.
Según consta en los documentos judiciales, en una segunda llamada que Walter Ramos hizo a Blanca S., a las 19:20 de la noche del 19 de marzo de 2022, él le contó que “el chistecito” le iba costar de cinco a seis mil dólares, y que ya había gastado como 10,000 dólares en los ocho días previos del ingreso de su hermano al Hospital Bautista.
En otras dos llamadas telefónicas que Walter Ramos realizó posterior a la salida de su hermano del Hospital Bautista y que constan en los documentos del proceso, hizo otra vez referencia a la entrega de dinero para que el detenido pudiera salir del penal. El 22 de marzo de 2022, un hombre no identificado le dijo que Mariona es uno de los penales más corruptos y Walter Ramos respondió que “por la plata bailaba el perro”. Al siguiente día, el 23 de marzo, le contó a otra persona aún no identificada que había sacado a su hermano de Mariona, pero que no había podido hacer lo mismo con El Chonte (otro capturado por los 330 kilos de cocaína) porque “se le hacía mucho billete en dos”.
La salida injustificada al hospital Bautista fue el último privilegio que Walter Ramos pudo comprar para su hermano. El 29 de marzo de 2022, apenas 21 días después de la captura de La Gorda, Walter Ramos fue capturado junto a otras 26 personas, acusados de traficar cocaína desde Nicaragua hasta Guatemala. La Fiscalía señaló a Walter Ramos como uno de los “líderes” de la organización.
La Gorda va al funeral
Una señora falleció el 25 de abril de 2022 y su velorio fue en una casa sin número visible en la colonia San Francisco de San Miguel. Esa señora era la mamá de La Gorda, el capturado con 140 kilos de cocaína apenas un mes antes y encarcelado en el penal de Mariona. A las 07:53 de la mañana de ese día, los familiares realizaron una serie de llamadas telefónicas para que el detenido pudiera salir de Mariona para asistir al velorio.
A las 07:53 de la mañana, una mujer llamó por telefóno a El Choco y le dijo que “hablara a ese hombre para ver si podían dejar salir a Álex (La Gorda)”. A las 11:44 del mismo día, la madre de El Choco le dijo que estaban reunidos con personeros de Centros Penales para “ver si lo podían mover”. Todo está consignado en el expediente judicial. El Choco preguntó a su madre sobre las posibilidades de que su padre no saliera del penal con la ropa blanca que usan todos los detenidos sino que le permitieran cambiarse, pero ella le dijo que “eso no era posible”.
A las 16:08 de la tarde La Gorda llamó a su hijo El Choco desde un teléfono fijo, abonado a la Dirección General de Centros Penales, según ha confirmado este periódico. El Choco le dijo a su padre que había fallecido la “mamita A”, y su padre le preguntó dónde sería la velación. Casi media hora después de esa llamada, a las 16:30, El Choco recibió la llamada de otro familiar a quien le comentó que su papá llegaría al velorio. El hombre no identificado preguntó cómo era eso posible y la respuesta de El Choco fue escueta: “la plata”.
Esa noche, agentes del Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN) montaron un dispositivo de vigilancia en la casa de la colonia San Francisco. A las 20:00 de la noche observaron que llegó un microbús color blanco, con placa nacional 20714, propiedad de la Dirección General de Centros Penales. El microbús ingresó a un parqueo contiguo a la vivienda donde se realizaba el velorio, y se bajaron seis personas con uniformes de centros penales. Una séptima persona estaba bajo custodia, y fue recibido por El Choco y otros asistentes al velorio.
Los policías verificaron en una base de datos que el microbús es propiedad de la Dirección General de Centros Penales. En su reporte, los policías consignan que “utilizando técnicas de investigación” identificaron y conversaron con el encargado de la comisión, a quien identificaron como el agente G. Él les contó que venían del penal de Mariona y que el reo que custodiaban era Ángel Alexander Bonilla Carranza, conocido como La Gorda. “La salida se la había autorizado la Dirección General y luego la orden la recibe el centro penal de Mariona para ejecutar la salida al reo, a solicitud de los abogados del reo que custodiaban”, escribieron los agentes en su informe.
En el velorio también estaba El Choco, hijo de La Gorda, y Carlos Alexis Villatoro Sorto, dueño de un negocio de renta de vehículos y propietario de dos carros involucrados en el trasiego de 140 kilos de cocaína. El Choco y Villatoro Sorto fueron capturados un año después, el 30 de mayo de 2023, por sus vínculos con el narcotráfico.
La mañana del 4 de julio de 2023, El Faro llamó a uno de los abogados de El Choco, quien es procesado por lavado de dinero y conspiración en el tráfico de droga. “Yo siento que por ahora esos son indicios, conjeturas muchas veces con y otras veces sin fundamento (...) En el caso de mi cliente, considero que la investigación que le están atribuyendo son más conjeturas. Con el papá no me voy a meter, porque no soy el abogado de él, pero por lo menos el papá tiene un poco más de señalamientos”, dijo.
Como parte del mismo operativo, el 30 de mayo de 2023, a las 12:35 del mediodía, cuatro agentes antinarcóticos también capturaron a Ostorga, hombre de confianza del viceministro y director de Centros Penales, Osiris Luna. La captura por el delito de agrupaciones ilícitas ocurrió sobre la calle Gerardo Barrios y 27 de avenida sur de San Salvador. Las autoridades le decomisaron un documento con la leyenda: “Despacho del Viceministro de Justicia y Seguridad”.
El 14 de junio de 2023, la Fiscalía publicó en su cuenta de Twitter una fotografía donde aparecen los dos empleados de Centros Penales, vestidos de civil, a la par de otros cuatro capturados durante el operativo del 30 de mayo. “La @FGR_SV presentó la solicitud para que 17 miembros de una estructura dedicada a traficar cocaína, en el oriente del país, se mantengan en prisión”. La Fiscalía publicó los nombres de varios detenidos, pero omitió los nombres de los dos empleados de Centros Penales. Sin embargo, en la fotografía aparece Ostorga vistiendo un pantalón de lona azul, una camisa manga larga y unos zapatos. Estaba cabizbajo, sentado en una banca, afuera de un juzgado contra el crimen organizado en San Miguel. A su lado, siempre de civil, estaba Mario Chavarría, el empleado que enseñaba a cultivar tilapias en las granjas penitenciarias.
Cómplice de Osiris Luna
El extinto Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía (GEA) había perfilado a Wilfredo Ostorga Molina como miembro de una estructura criminal dedicada al saqueo de bienes públicos desde la Dirección General de Centros Penales.
En las listas y esquemas que había elaborado el GEA, Ostorga Molina aparece siempre vinculado a dos personas que los fiscales habían anotado como los cabecillas de esa estructura: uno de ellos es el director general de prisiones y viceministro de Seguridad Pública, Osiris Luna Meza, y la otra persona es Alma Yanira Meza, madre de Luna.
Por ejemplo, Ostorga Molina tuvo un papel protagónico en la operación en la que Luna y su madre se robaron 38,500 botellas de aceite y 42,909 sacos de alimentos, que el Gobierno compró para paliar el hambre de los salvadoreños, en plena crisis sanitaria y económica producto de la pandemia de COVID-19. Los fiscales del GEA estimaron el valor de ese saqueo en 1 millón 600 mil dólares.
Ostorga Molina participó organizando a cuadrillas de reos, que fueron obligados a trasegar alimentos, desde los sacos identificados con los logos del gobierno, hacia otros sacos sin ningún distintivo. Esa operación se llevó a cabo al interior del penal La Esperanza, conocido como Mariona. Para su cometido, las cuadrillas de reos contaban incluso con una máquina para sellar los sacos llenos de comida robada.
En ese mismo evento, esta persona sirvió como intermediario entre la madre de Osiris Luna y los compradores del producto; era él quien cobraba el dinero y quien atendía los asuntos logísticos. El 20 de octubre de 2020, Ostorga Molina había coordinado con un comprador para que llegara a la cárcel de Mariona en un furgón para llevarse el producto que sus jefes habían robado, pero justo en ese momento llegaron también 25 camiones del Programa de Emergencia Sanitaria, que debían ser cargados con alimentos para ir luego a repartirlos al territorio. Así describieron los fiscales la decisión que tomó Ostorga Molina : “Instruyendo Ostorga al personal que no los dejaran entrar y que los mandaran a esperar lejos de ahí”. Los camiones que llegaron a hacer una operación legítima tuvieron que esperar a que la operación de saqueo concluyera.
También participó en el esquema que Luna y su madre habían diseñado para inventarse plazas de trabajo en la Dirección General de Centros Penales, cuyas atribuciones no existían en los organigramas oficiales de la institución, con el objetivo de cobrar el dinero. En algunos casos, convencieron a personas humildes -una empleada de limpieza, un estudiante, un contador…- para que aceptaran que sus nombres fueran usados para justificar algunas de esas plazas con salarios entre $1,526 y $3,333. Algunas de esas personas confesaron a la Fiscalía haberse prestado para esta operación, pero aclararon que ellos recibían una muy pequeña parte de ese dinero y que el resto se lo quedaban Osiris Luna y su madre.
Fueron ocho plazas fantasmas en total. Al momento en el que los fiscales del GEA detectaron la operación, habían devengado $278,000, de los que se apoderaron el director de prisiones y su madre, según la investigación oficial. El rol de Ostorga era coordinar la contratación de prestanombres para inventarse plazas de trabajo.
Ambas maniobras estuvieron en marcha de forma paralela. Los fiscales intervinieron teléfonos, hicieron seguimientos físicos, tomaron fotos, consiguieron testigos presenciales… pero ninguna de sus investigaciones llegó jamás a tribunales. En tanto el presidente Nayib Bukele tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa ordenó a sus diputados que destituyeran ilegalmente al fiscal general de aquel momento, Raúl Melara, y lo sustituyó por el actual fiscal Rodolfo Delegado. Una de las primeras decisiones que tomó Delgado fue desmantelar el GEA y perseguir a los fiscales que componían la unidad. La mayor parte de investigadores abandonaron el país por temor a ser apresados.
*Con información de Jimmy Alvarado, Sergio Arauz y Roman Gressier
