Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, fundador de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) en 2013, y el abogado Raúl Falla Ovalle, también miembro de la FCT, son los rostros más conocidos atrás de las denuncias que han acabado con una veintena de fiscales y abogados detenidos, trasladados o despedidos, y con 28 jueces y fiscales en el exilio y obligados a renunciar o también despedidos. Aunque muchas otras denuncias salen del Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial o personas particulares, Méndez-Ruiz y Falla se han convertido en la imagen de la criminalización de estos operadores de justicia, que aseguran que las denuncias son infundadas.
La fundación surgió a raíz de una advertencia que le hizo a Méndez-Ruiz, en 2010, su amigo y oficial retirado de la Fuerza Aérea Moisés Galindo, un abogado que en 2001 representó a un teniente en el caso del asesinato del obispo Juan Gerardi, y que en 2015 defendió al expresidente y exgeneral Otto Pérez Molina en un caso de corrupción.
“Moisés (…) me explica el peligro que (corrían) los veteranos de guerra (con) la llegada de Claudia Paz y Paz (2010-2014) al Ministerio Público, lo que (…) podía suceder después, y no se equivocó”, recuerda Méndez-Ruiz. El fundador de la FCT no lo dice con estas palabras, pero lo que siguió fueron acusaciones de violaciones de derechos humanos contra exoficiales militares. “Moisés me explicó que (…) se necesitaba intervenir ya, en forma directa, en lo que sucedía y había que organizar una entidad jurídica para intervenir en el acontecer nacional en ese sentido”, agrega.
La condena por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt en 2013 (sentencia que sólo se sostuvo seis días) fue decisiva. “Yo viví el juicio contra Ríos Montt (…) de cerca, desde adentro”, dice. Aquella fue su aparición pública más notoria, sentado en las audiencias a la par de Zury Ríos, la hija del general. Dos meses después comenzó a funcionar oficialmente la FCT.
Antes de llegar a juicio, el caso pasó por las manos del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien también llevó otro proceso por violaciones de derechos humanos en el conflicto armado (el caso CREOMPAZ), al que fue asociado el padre del presidente de la FCT, el coronel retirado Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser (quien negó responsabilidad en los hechos). La fundación denunció a Gálvez en otro caso no relacionado, y el juez salió al exilio en 2022. Para un Méndez-Ruiz hijo, quien se autodenomina de “ultraderecha”, todo esto no es es sólo un asunto de ideología. También es personal.
Vivió parte de su adolescencia en una base militar en Petén, donde sus amigos eran un teniente y subtenientes de artillería que después murieron en el conflicto armado. Su padre fue ministro de Gobernación del general Efraín Ríos Montt en 1982. El mismo año la guerrilla lo secuestró durante dos meses. “(Fue) espantoso”, dice. Desde aquí, Méndez-Ruiz encara las denunciadas atrocidades en el conflicto armado con el reclamo de que los crímenes de la guerrilla no se documentaron con la misma minuciosidad que los del Ejército en informes oficiales, ni se juzgaron en igual volumen.
Según Méndez-Ruiz, los estatutos de la fundación (elaborados por los fundadores, él incluido) les “obliga” a denunciar a funcionarios públicos que violaron la ley en el ejercicio de sus cargos. Justifica así que los jueces y fiscales que llevaron casos por corrupción, que abrió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, expulsada del país en 2019), sean otra punta de lanza de la FCT.
Pero hay otro detonante. Estados Unidos fue el principal respaldo económico y político de la CICIG, y Méndez-Ruiz creció escuchando historias de un padre encarcelado en 1954 por encabezar un movimiento que rechazó la intervención de EE.UU. en Guatemala. “Crecí en un hogar anti Estados Unidos”, dice. De hecho, en su perfil de Twitter presume de estar desde 2021 en la lista Engel, de los actores más corruptos y antidemocráticos en la región, según el gobierno estadounidense.
El presidente de la FCT asegura que no recuerda cuántas denuncias han presentado. En octubre de 2022, el juez Gálvez ofreció una muestra: una tercera parte de las 78 denuncias en su contra era de la fundación. Las denuncias avanzaron y se incrementaron después de que tomó posesión Consuelo Porras como fiscal general en 2018,yt también incluida en la lista Engel. Méndez-Ruiz asegura que tiene cero influencia en el MP, aunque varias de sus propuestas en Twitter llevaron a la judicialización de casos.
En teoría, la ley mantendría a Porras en el puesto hasta 2026, independientemente del resultado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto entre Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla. Arévalo, puntero en intención de voto, anunció que, de ganar, le pedirá a la fiscal renunciar. Méndez-Ruiz sostiene que el candidato llega a la segunda vuelta por fraude y, aunque impugnó al partido sin éxito, hasta hace dos semanas vaticinaba que aún podría haber sorpresas. El Faro lo entrevistó el 11 de julio y 3 de agosto en las oficinas de la FCT.
¿Qué impresión le causa el proceso electoral?
—No veía algo así desde 1974, cuando le robaron las elecciones al general Efraín Ríos Montt: un clarísimo fraude (...). (Ahora) el Movimiento Semilla, Arévalo y la izquierda no quisieron que el recuento de los votos (revelara) la diferencia. Pueden pasar muchísimas cosas. Como le dijo este señor de CNN a Bernardo Arévalo, “del plato a la boca se cae la sopa”.
(El TSE declaró que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no contempla el recuento de votos).
—El Tribunal Supremo Electoral está sujeto a muchísimas presiones. Estamos hablando de un TSE integrado por magistrados mediocres y susceptibles a las presiones. ¿Presiones de dónde? De la Embajada de los Estados Unidos, de la (Unión]) Europea, de la misma prensa, del activismo de izquierda.
¿Qué más podría pasar antes de la segunda vuelta del 20 de agosto?
—Le puedo hablar de lo que tendría que pasar. Bernardo Arévalo no debería participar.
(Esto lo decía Méndez-Ruiz el 11 de julio pasado, cuando todavía había varios amparos que resolver y el partido político Mi Familia presentó un amparo, que firmó Raúl Falla en nombre de la FCT, para protestar por las “graves irregularidades en la constitución del Movimiento Semilla”. Arévalo dijo que el partido reportó irregularidades, pero que también es blanco de una campaña negra. El 17 de agosto, el MP anunció que no descartaba allanamientos, capturas y pedidos de antejuicio de dirigentes políticos del partido como parte de la investigación de las citadas irregularidades).
¿Dónde detecta la presión de Estados Unidos al TSE?
—(En) no poder decirle a la Embajada de los Estados Unidos, “muchas gracias, pero no”, porque importa más una visa que el proceso electoral. Antes de la primera vuelta, el Tribunal Supremo Electoral era una basura para todos los guatemaltecos, y ahora la izquierda de Arévalo lo elevó a un pedestal. Entonces, se carece de confianza en el proceso electoral (...). Vemos la actitud servil del TSE respecto a la Embajada de los Estados Unidos: la supuesta denuncia por un supuesto soborno por parte de Miguel Martínez al TSE no colocada en el Ministerio Público, como corresponde, sino en la Embajada de los Estados Unidos.
(La magistrada denunciante (Blanca Alfaro) no acudió al MP por la cercanía entre el presidente Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras).
—Entonces, ¿qué hago si tengo una desconfianza de ese calibre? En primer lugar, presento la denuncia ante el Ministerio Público. En segundo lugar, convoco a una conferencia de prensa y públicamente lo denuncio, pero no voy a la Embajada de los Estados Unidos.
El Faro publicó que escuchó el testimonio de tres personas que estuvieron en una reunión en marzo de 2022 en la Embajada de los EE. UU., donde la magistrada del TSE habló de los frecuentes sobornos del Ejecutivo vía Martínez.
—Allí hay delitos graves si eso es cierto, y es responsable quien da y quien recibe. Eso se llama corrupción. Yo esperaría que eso fuera objeto de investigación en el Ministerio Público. No se ha confirmado, pero se ha hablado de la forma en que Miguel Martínez ha metido las manos en el TSE. De ser cierto, allí hay varios delitos penales que perseguir. El señor Martínez le ha hecho un daño terrible al país, pero también el presidente (Alejandro) Giammattei, que le permitió tener un poder al cual no tenía derecho. Ni siquiera es un funcionario que llegó a un cargo por medio de una elección popular. Estamos hablando de un patojito de 33, 34 años, que se dice que maneja ministerios. Ahí hay tráfico de influencias, abuso de autoridad, entre otros delitos.
(Los pagos, según la información que El Faro obtuvo, salían del presidente Giammattei y los entregaba Martínez al TSE. Martínez es una figura central en el partido oficial Vamos. Martínez y el mandatario lo negaron).
¿Por qué querría el Ejecutivo sobornar al TSE?
—(Para empujar a) Manuel Conde. En la escasa capacidad de análisis de este jovencito, así iba a lograr impulsar a Conde de una forma ilegal, utilizando como palanca al TSE (cuando) fuera necesario.
¿Es sintomático que Manuel Conde quedara en tercer lugar? (Iba cuarto en las encuestas)
—Ese tercer lugar se debió a la cantidad de dinero que el Ejecutivo le inyectó a las municipalidades para apoyar a Manuel Conde, lo cual es ilegal. Consta en audios de varios mítines oficiales que presentaban al candidato del partido del presidente Giammattei como el futuro presidente de la República. En el artículo de El Faro queda claro que los magistrados aceptaron ese dinero a lo largo de cierto tiempo, no sólo (Alfaro). Esta señora (la magistrada Blanca) Alfaro, al no denunciar ante el Ministerio Público y los medios de comunicación, perdió una oportunidad valiosísima para demostrar ante el pueblo de Guatemala lo que Miguel Martínez estaba haciendo, que es responsabilidad del presidente de la República.
Nadie habló más del tema.
—Corresponde que el Ministerio Público investigue de oficio. No se puede quedar sólo así. Es una cosa gravísima. El TSE guarda silencio al respecto, pero yo coloco una valla y resulta que me va a investigar.
¿Por qué colocar una valla?
—El texto de la valla está más que claro. “Cualquier cosa menos Semilla”. Obviamente se trata de Sandra Torres, si sólo hay dos candidatos (se carcajea). Ese es otro punto de servilismo del TSE hacia la Embajada de los Estados Unidos, servilismo a quienes ellos consideran el próximo presidente de la República. ¿Cómo es posible que yo, un ciudadano común y corriente, expresando mi opinión en una valla, sea investigado por el TSE que no está facultado para investigar? Según la Constitución Política de la República, el único ente facultado para investigar es el Ministerio Público.
(El texto completo de la valla se lee así: “Los venezolanos también querían un cambio, y les tocó cambiar de país. Cualquier cosa menos Semilla”. Lo calzan el nombre y logo de la FCT. Un abogado del partido dijo que era un llamado abierto a no votar por Semilla, el tipo de campaña que prohíbe la LEPP).
Hablemos de pertinencia. ¿Por qué invertir en algo así? No sólo en términos de plata, sino de exposición, de enviar un mensaje así.
—¿Es que cuándo no nos hemos expuesto? Si eso es lo que hemos hecho hace trece años.
(En 2010, su amigo, el abogado y militar retirado Moisés Galindo lo persuadió a fundar la FCT, ante la elección de Claudia Paz y Paz como fiscal general y su decisión de abrir casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en el conflicto armado. Los trámites para crear la fundación duraron tres años. Galindo también persuadió a Méndez-Ruiz a denunciar su secuestro ante el MP.
El coronel Méndez-Ruiz Rohrmoser era el comandante de la Base Militar de Cobán y Playa Grande (Ixcán, Quiché), el único comandante que el general Ríos Montt dejó en su puesto al llegar a la presidencia, después del golpe de Estado de marzo de 1982. Luego, el general lo nombró su ministro de Gobernación. “Él ha sido mi referente principal en cuanto a integridad y carácter”, dice el presidente de la FCT respecto a su padre. “Tomó decisiones delicadas y fuertes sin que le temblara la voz, de las que dependieron sus soldados en el enfrentamiento armado interno, o (como ministro) cuando le dijo a la gente que me tenía secuestrado, públicamente ante la prensa, que él no negociaba con terroristas, y que si querían matarme que me mataran”.
Méndez-Ruiz salió del país después del secuestro, y para 1983, su padre estaba afuera del gobierno. Otro golpe de Estado sacó a Ríos Montt del poder. Cuarenta años después, el presidente de la FCT afirma que la relación entre ambos militares lo influyó “muchísimo”. Por eso, dice, el juicio por genocidio contra el general en 2013 tuvo para él un impacto muy fuerte.
“Fue una falta de respeto enorme hacia el general como persona, como un anciano de más de 80 años, y además (por) la trayectoria impecable que tuvo en el Ejército”, dice. (Cuando) fue presidente nunca cobró un sueldo. Él perdió un hijo en el enfrentamiento armado interno y nunca lo comentó. La (guerrilla) se atribuyó el derribamiento de un helicóptero donde él iba y murió junto a otros nueve miembros del Ejército”. Méndez-Ruiz aún conserva en su oficina una fotografía en blanco y negro de Ríos Montt y su padre, después de su nombramiento como ministro. Años después, su padre escribiría que durante el gobierno del general no hubo asesinatos ni desaparecidos).
Existe la impresión de que las diferentes denuncias que ustedes presentan (como fundación) implican que niegan los crímenes que el Ejército cometió.
—No, no, no. Dios todavía no ha inventado una guerra en la que no haya excesos. ¿Hubo excesos en Guatemala? Por supuesto. ¿Los cometió el Ejército? Sí. ¿Los cometió la guerrilla? Sí los cometió. Por eso hubo negociaciones y se firmó la paz en 1996, que incluía una amplia amnistía para ambas partes. El problema es que esos Acuerdos de Paz que contenían la Ley de Reconciliación, que contiene a su vez esa amnistía, no se han respetado. La paz se firmó de buena fe, por la guerrilla y el gobierno. ¿Cree usted que, si quedaron afuera los delitos de lesa humanidad, sabiendo el Ejército que se cometió un genocidio, hubiera firmado la paz? No la hubiera firmado o no hubiera aceptado esos términos, porque cualquiera con dos dedos de frente hubiera sabido que después iba a haber consecuencias penales. Pero como no ocurrió genocidio, ni nada parecido a un genocidio.
Muchos interpretan la negación del genocidio como la negación de los muertos y no un desacuerdo respecto al móvil de las muertes. ¿A qué se refiere usted?
—(La razón) no era acabar con una raza o una religión. Entonces, 1,771 víctimas de genocidio a lo largo de 18 meses (del gobierno de Ríos Montt) le da a usted un promedio de 16 muertos diarios. Si al Ejército de Guatemala se le hubiera ordenado acabar con la etnia Ixil, habrían sido cientos de personas asesinadas por soldados ixiles, que pertenecían al Ejército también.
(Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel por las 1,771 víctimas de genocidio consignadas en el juicio (el promedio es de tres por día). La prensa documentó que al menos un centenar de testigos declararon acerca de asesinatos de víctimas de todas las edades, destrucción de viviendas y violaciones sexuales).
—Como (en) todos los casos esos, (es) gente entrenada al respecto de lo que tenía que decir, personas que en esa época tenían dos, tres, cuatro años de edad. Yo no tengo ningún recuerdo de cuando tenía tres, cuatro años de edad. Es increíble que se le haya dado valor probatorio.
¿Fue difícil escuchar los testimonios, no sólo de personas que eran niños en la época, sino también de las mujeres?
—Difícil, no. Era indignante ver lo que estaba haciendo la justicia allí. Ver lo que hizo primero (el juez) Gálvez y después (la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo) Yasmín Barrios. La forma como no le permitió (al general Ríos Montt) defenderse. La forma en que, cuando un testigo iba entrando a una tierra pantanosa, que no le convenía a los querellantes, la jueza inmediatamente lo callaba. Hay vídeos de esto.
Las cifras plantean una disparidad alta en cuanto a los excesos de violencia de la guerrilla y el Ejército. En el juicio de Ríos Montt, hubo testimonios en ese sentido.
—Es que aquí nos tenemos que ir a la constitución de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), (con) personas vinculadas con la izquierda en la época del enfrentamiento armado interno. ¿Cómo es posible que el Ejército haya permitido eso? Luego, viene Avemilgua (Asociación de Veteranos Militares de Guatemala) y les entrega diez tomos con 10,000 casos de violaciones de los derechos humanos contra la población civil, bien respaldado con datos, nombres, fechas, que se llevaron meses trabajando principalmente oficiales de inteligencia. ¿Sabe cuántos incluyeron en (el informe de) la CEH? Ni uno solo. ¿Entonces, qué confianza se le puede tener? De ahí surge ese 95% del Ejército, 3% de la guerrilla y 2% desconocido.
¿A usted le mueve algo personal cuando presenta las denuncias?
—No se puede negar en su totalidad. Trato de no mezclar mis sentimientos personales con lo que hago en la fundación, pero como ser humano, a veces es imposible. Hay un momento en el que se mezclan elementos personales, ideológicos, convicciones, con el trabajo que hacemos. Nos mueven los mismos ideales que movieron a nuestros soldados en la época más dura. Nos mueve esa misma convicción.
¿Cómo explica ser querellante en los casos donde no hay veteranos militares procesados? Por ejemplo, en el caso de la exfiscal Virginia Laparra o del periodista José Rubén Zamora.
—Parte de los estatutos de nuestra fundación nos obliga a actuar en casos en los que veamos una ilegalidad o la comisión de un delito. Le ponemos atención a los casos que consideramos temas clave.
(Laparra fue acusada de abuso de autoridad y de filtrar información en un caso bajo reserva después que ella denunció al juez del caso de haber filtrado información confidencial. Zamora fue acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias).
¿Dónde acaba el tema personal y dónde empieza la responsabilidad que usted dice tener de actuar conforme los estatutos de la FCT?
—Es una línea muy difusa. No es una frontera definida. No le puedo decir que la puedo marcar con lápiz.
¿Identifica razones personales para ser querellante en los casos que no involucran a militares?
—Trato de no mezclar los temas personales con lo que hago en la fundación, pero hay cosas que son obvias y que uno difícilmente puede dejar pasar. Hay cosas que, de alguna manera, afectan. Le voy a mostrar algo.
(Méndez-Ruiz busca un archivo en su celular. Después de unos minutos, reproduce en la pantalla un vídeo de un conversatorio entre cuatro periodistas en el Centro Cultural de España (CCE), que organizó la publicación digital No Ficción para su aniversario el 29 de abril de 2022. Habla el periodista José Rubén Zamora (entonces director de elPeriódico).
“Entonces, se le ocurrió a un tipo, que después fue ministro de Gobernación de (Jorge) Serrano (Elías), Méndez-Ruiz papá, el papá de Méndez-Ruiz Valdés, ‘¿por qué no nos quedamos con el vehículo?’ (...)”, decía Zamora, hablando de secuestros perpetrados, según él, por personal militar, que además supuestamente también robaba el vehículo de las víctimas. “Allí empezó ese negocio que llegó a ser muy grande y tenían otro montón de ingresos,” continúa el periodista, en un vídeo que está disponible en YouTube. Méndez-Ruiz detiene el vídeo. Está, como mínimo, molesto, aunque se contiene.
Es 3 de agosto de 2023. Tres semanas antes, en una primera entrevista, decía que tuvo una relación muy cercana con su padre. “Me hace tanta falta como el día en que murió (en 2016)”, decía, solemne. Pero ahora sonríe, anunciando el sarcasmo).
—¿Qué rico, verdad? Qué sabroso. Entonces, mi papá era un vulgar ladrón de carros cuando (también) fue ministro de Gobernación en los primeros tres meses del gobierno de Serrano (1991). (En) el cine Lux (CCE) lleno, dijo que mi papá era pionero de los ladrones de las bandas de carros. Mi papá quitó vidas en combate, en el enfrentamiento armado interno, pero jamás tocó un centavo o una propiedad que no fuera de él. Fue el hombre más íntegro del mundo.
(Tres meses después de ese conversatorio, el 29 de julio de 2022, Zamora fue capturado por una denuncia del exbanquero Ronald García Navarijo, cliente del abogado Raúl Falla, contra el periodista por lavado de dinero y chantaje. En junio de 2023, un tribunal lo condenó a seis años de cárcel por lavado de dinero y lo absolvió de chantaje y tráfico de influencias. Zamora asegura ser inocente).
Hasta antes del conversatorio, ¿había razón para procesar a Zamora?
—Mire, yo soy narcotraficante, violador, asesino, genocida, contrabandista, misógino, homófobo, lo que a usted se le ocurra, según don José Rubén Zamora. Revise El Peladero (sección de chismes políticos de elPeriódico, que publicó su última edición en mayo pasado). Trato de mantener la mente fría al tomar decisiones. No existe un motivo personal, aunque hay cosas que sí molestan. Por ejemplo, ver llorar a mi mamá cuando vio este vídeo, la indignación de mi hermana, que lloró también. Ver a mi hermano ponerse como se puso. (Pero esto) no tuvo absolutamente nada que ver con la captura de este señor.
¿Qué opina de la sentencia del tribunal, que consideró que las pruebas no demostraron que Zamora cometió tráfico de influencias y chantaje?
—El tribunal fue absolutamente imparcial. Pero el tribunal estuvo sujeto a presiones fuertísimas adentro y afuera y optó por una salida salomónica: condenar a Zamora y absolver a (la exfiscal) Samari (Gómez) (también procesada en el caso), para dar cierta sensación de equilibrio.
Volviendo al caso Laparra, ¿por qué la fundación se vuelve querellante en ese caso en particular?
—Es importante que se dé la lección a los funcionarios públicos del Ministerio Público de que no pueden abusar de sus cargos. A veces el Ministerio Público tarda en judicializar los casos, pero nos damos cuenta de que está siendo cuidadoso para no pasar sobre la ley ni los derechos del sindicado, como hacían en la época de la CICIG. Ahí se tiraba una atarraya: “el que caiga, nos lo llevamos”.
¿Ese sería su principal argumento para ir por los funcionarios que llevaban casos de la CICIG?
—Hay varias lecciones aquí que es importante dar. Los jueces y los fiscales actuaban sin consecuencias. Abusaban y no había problema. No pasaba nada.
Hablemos del juez Carlos Ruano. Está la grabación que él hizo de la conversación con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling (en que ella le pide favorecer a su hijo en un proceso en que está acusado, pero el juez se niega). Esta fue la evidencia de tráfico de influencias que llevó a la captura de la magistrada. ¿Por qué denunciaron al juez?
—Para comenzar, fue uno de los jueces plegados a la CICIG. Punto uno. Ahí hay abusos. Un abuso puntual fue lo que hizo contra la magistrada Stalling. Cometió delitos gravísimos. En primer lugar presenta la grabación cuatro meses después, o cuatro meses después dice la CICIG que la presentó. Punto dos. Él estuvo a cargo del caso del hijo de la magistrada como suplente, en un lapso corto, cuando efectuó la grabación. Él no era el juez contralor del caso. Entonces, lo que ella hizo fue simple y sencillamente hablar con un colega acerca de un problema que tenía; nada más.
Pero ella le estaba pidiendo al juez Ruano que le hiciera el favor.
—¿Cómo lo iba a ayudar si no tenía la potestad para hacerlo? Y eso lo sabía él perfectamente bien. Entonces, ¿qué hizo? Servir como un instrumento de la CICIG para perjudicar a alguien que era un estorbo para la CICIG, como sucede ahora con el juez (Fredy) Orellana. “Entonces, metámoslo a la lista Engel”, (dicen). No lo conozco más que por haberlo visto en el proceso contra José Rubén Zamora y me pareció un tipo vertical.
(El 31 de agosto de 2016, el día de la grabación, Stalling pidió a Ruano, un juez suplente, favorecer a su hijo con una medida sustitutiva porque al día siguiente tenía una audiencia de revisión de medidas sustitutivas. Estas son las circunstancias en que la magistrada abordó al juez Ruano, según lo revela la cinta. Además, este 2023, en el caso del Diario Militar (de desapariciones forzadas en el conflicto armado), un juez suplente otorgó medidas sustitutivas a dos militares retirados y acusados en el proceso).
Habla de Orellana y el caso Zamora, pero su inclusión en la lista Engel ocurre después de que ordenó la suspensión del Movimiento Semilla y los allanamientos a la sede del partido y el TSE.
—Mire, es obvio, es obvio que su inclusión se debe al tema Zamora.
(La lista, fechada el 19 de julio (sólo días después de los allanamientos y un mes después de la condena de Zamora), explica que Orellana “socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas, por ejercer su libertad de expresión, protegida por la legislación guatemalteca”. En el caso Zamora, el Tribunal Octavo de Sentencia rechazó todas las pruebas que Orellana admitió en el proceso. Estas no incluían las evidencias contra lavado de dinero, que el juez no admitió en el expediente, según el periodista, argumentando que eran falsas).
—El problema es cómo Estados Unidos pretende manipular la aplicación de la justicia a favor de Arévalo, de una forma descarada, utilizando incluso la lista Engel —continúa el presidente de la FCT— Eso lo constató el señor Luis Almagro, cuando fue un partido político que se inscribió de manera ilegal, que inscribió muertos (se refiere a Semilla y la visita a Guatemala del secretario general de la Organización de Estados Americanos).
El partido había denunciado estas irregularidades ante el TSE hacía meses y este no actuó.
—Y ahí hay una mancha más para el Tribunal Supremo Electoral, que no le dio trámite a esa denuncia. Entonces, para mí, el Ministerio Público actuó perfectamente en tiempo (esto implicaba suspender al partido y excluirlo de la contienda).
Entonces, según usted, ¿no aplica que, conforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sólo el Registro de Ciudadanos puede suspender un partido político y no un juez de instancia?
—No. El juez sí tiene la facultad si hay la comisión de un delito. Es un tema penal, no administrativo.
(El MP señala a Semilla de lavado de dinero, por recibir fondos públicos con base en un supuesto número falso de afiliados).
Hay quienes señalan que primero procedía investigar y pedir antejuicios y, hasta después de haber condenas, de ser el caso, se podía solicitar la suspensión del partido y no al revés.
—Si se llega a demostrar ante un juez competente que el proceso de inscripción de Semilla fue fraudulento, ese proceso quedaría anulado ipso jure, debido a que nunca existió.
(En el caso de las denuncias contra jueces y fiscales, comenzaron por pedir antejuicio. Varios salieron al exilio antes de perder su inmunidad, y los casos se estancaron, como en el caso del exjuez Gálvez).
En cuanto a otras denuncias que tienen previsto presentar, el licenciado Falla habló de una contra la jueza Yassmín Barrios (presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A). ¿Es así?
—Sí, es correcto. Es uno de los grandes pendientes de la fundación: Yassmín Barrios. Y no me pregunte por qué, pero la hemos ido dejando al final cuando debió haber sido la primera que encabezara la lista.
(Se refiere a la lista de operadores de justicia denunciados por la FCT).
¿Qué responde a quienes dicen que van tras la jueza Barrios porque ella tenía el caso del Bantrab que afectaba a Ronald García Navarijo (como procesado), quien es testigo principal en los procesos contra el periodista José Rubén Zamora?
—No tiene nada que ver. Lo que yo tengo en mi memoria es el juicio por genocidio (contra el general Ríos Montt). Esa señora no tiene la calidad para ser juez.
¿Entonces, tiene que ver con el caso de genocidio?
—No directamente, pero eso nos motiva.
¿Tendría que ver con lo que mencionó García Navarijo, cuando testificó en el juicio contra Zamora, respecto a un caso de soborno supuestamente relacionado con la jueza?
—Tampoco tiene nada que ver.
La impresión general es que la fiscal general ha favorecido la persecución penal en casos claves donde ustedes son querellantes, aunque no en la mayoría.
—Por ejemplo, al día de hoy no ha salido la orden de captura contra Miguel Ángel Gálvez, que debió salir hace mucho tiempo. Él perdió el derecho a antejuicio hace meses (cuando renunció en noviembre de 2022). Sin embargo, no la ha solicitado el MP. Insistimos en que la tiene que solicitar. Nuestros deseos no se cumplen como quisiéramos. Mi querella (por el secuestro) sigue durmiendo el sueño de los justos, a pesar de que yo soy “el que manda en el MP”. Varios de los sindicados ya murieron sin que se haya hecho justicia. Mientras tanto, los casos contra nuestros veteranos siguen su curso a pesar de la falta de pruebas y la presentación de testigos de dudosa credibilidad.
(De hecho, para este mes de agosto se anunció la sentencia contra tres exmilitares y tres expatrulleros de autodefensa civil en la masacre en 1982 de Rancho Bejuco, una aldea en Baja Verapaz, a 80 kilómetros al norte de la capital. No ha sucedido en los casos CREOMPAZ (1981-1982), entrampado con diferentes recursos legales desde 2020, y el del Diario Militar (1983-1985), del que dos acusados fallecieron y el proceso está obstaculizado.
Méndez-Ruiz menciona otras querellas derivadas de delitos atribuidos a la guerrilla que sí avanzan: una orden de aprehensión contra Gustavo Meoño Brenner (exdirigente guerrillero, y exdirector del Archivo Histórico de la Policía Nacional), por la explosión de una bomba en la capital en 1980, que mató a siete personas e hirió a 30, y otra orden de captura contra Meoño por la ejecución en 1981, en Nicaragua, de dos adolescentes guatemaltecas que pertenecían a la guerrilla guatemalteca.
Méndez-Ruiz también habla de denuncias penales en su contra y contra Falla que el MP “debió haber desestimado” y no lo ha hecho).
¿Cuántas denuncias tienen en su contra?
—Tres, dos de Siomara Sosa y Leyli Santizo (exfiscal y exmandataria de la CICIG, procesadas por el MP), que es prófuga al día de hoy. Por coacción (otra, de marzo de 2022, por violencia contra la mujer). Hay otra por racismo de una organización indígena, cuyo nombre no recuerdo. No logramos que se desestimen. Están en investigación en la Fiscalía Metropolitana. Mi relación con la fiscal general no es la misma que había entre Helen Mack y Thelma Aldana (fiscal general 2014-2018, en el exilio y también procesada por el MP). Que yo sepa, no hay denuncias contra Helen Mack.
Algunos contenidos en redes sociales sugieren que ustedes dan instrucciones a la fiscal general.
—Hay una entrevista que le hizo Plaza Pública a Mayra Véliz en relación con Helen Mack. En ese artículo, le dice Mayra Véliz (en ese entonces secretaria privada de Aldana) a la periodista, palabras más, palabras menos, “todas las decisiones importantes del despacho se le consultaban a Helen Mack”. Y ahí está. Plaza Pública lo publicó. Abuso de autoridad, tráfico de influencias. ¡Ya! ¡Así! (chasquea los dedos). Eso es tener influencia en el Ministerio Público y nunca nadie dijo nada, a excepción de nosotros, que tal vez publicamos alguna cosita por ahí. Pero yo decir, “Consuelo, mirá, metéte al bote a Julie, hacéme la campaña”. No hombre. ¡Nunca!
(El texto al que hace referencia Méndez-Ruiz, de 2018, cita a Véliz diciendo que Aldana “siempre tomaba en cuenta la opinión de Helen Mack” y que siempre pedía “Pregúntenle a Helen qué piensa de esto”).
Entonces, ¿cómo explica que algunas propuestas que ustedes hacen como fundación, en redes sociales, de que el MP debe proceder en tal forma, las adoptó el MP?
—Hay casos que trabajamos con el Ministerio Público, pero tenemos una relación estrictamente de trabajo. Hay cosas a las que nos podemos anticipar por puro sentido común.
¿Cómo se explica que cuentas en Twitter vinculadas a netcenters revelan en forma anticipada acciones que tomará el MP, y que luego toma, y que sugieren filtración de información?
—¿El netcenter La Bendición dice usted? (se ríe).
Sí, o Eriol, Vader, etcétera.
—Son puras elucubraciones que a veces resultan ciertas. “Hay un pollo que se está cocinando desde hace una semana y no hay modo que lo sirvan” (cita una frase comúnmente usada por las cuentas vinculadas a los netcenters). Yo no sé de qué se tratará, ¿verdad? Ahora, que esto sea una red organizada, tal cosa no existe. Eso no es así, que nosotros instruyamos a fulano o a sutano para que publique equis o ye cosa. Lo del netcenter es una manifestación de la opinión pública.
(La CICIG publicó en 2019 una investigación acerca de los netcenters como resultado de las denuncias de periodistas que eran blanco de acoso en redes sociales. La Comisión, que determinó que el fenómeno se agudizó también para desacreditar sus investigaciones de corrupción, fue expulsada del país ese año. Otras investigaciones de prensa internacional replican los hallazgos de la Comisión).
Investigaciones de la CICIG y de organizaciones internacionales de prensa documentan la existencia de los netcenters, ¿no es información que comprueba su existencia?
—Eso es lo mismo que preguntar, ¿no será que existen los fantasmas? (se carcajea unos diez segundos). A veces publican cosas que nos perjudican de forma indirecta, no podría decirle ahora puntualmente qué, o que perjudican a algún amigo, que nos llama para preguntarnos si lo podemos quitar, y le tenemos que decir. “Mirá, vos, disculpá, pero no tenemos cómo”.
(Una publicación del diario guatemalteco La Hora, de octubre de 2022, divulga que al menos una de las cuentas que anunciaron un allanamiento que el MP hizo a la casa de Leyli Santizo antes de que ocurriera estaba “vinculada” a la FCT. Se refería a @Eriol_Gt, a quien Méndez-Ruiz, sin mencionar por nombre, describe como “un abogado brillante”, de quien replica tuits que son de su interés, y quien también replica algunos de los suyos. Asegura que no hay más relación que esa).
¿Es determinante para la FCT que la fiscal general siga en el puesto hasta 2026?
—No es determinante. Es importante para el sistema de administración de justicia que ella permanezca donde está. Ella ha actuado en todo momento de manera vertical. Hay personas a las que no les gusta eso. Lo está demostrando el señor Arévalo. No se debe mezclar la ideología con la administración de justicia. Hay personas marcadas ideológicamente que incidimos como querellantes. Por ejemplo, Helen Mack. Por ejemplo, Ricardo Méndez-Ruiz. Nosotros sí tenemos ese derecho.
¿Qué impacto tendría en las denuncias de la fundación que gane Torres o Arévalo?
—Sandra Torres ha dicho que confirmaría en su cargo a la fiscal general, aunque no es potestad de un presidente confirmarla o no. El fiscal general está nombrado y lo pueden destituir sólo con una sentencia ejecutoriada. Es decir, se debieron haber agotado todas las instancias (apelación y casación). (Con) la ley anterior, el presidente de la República podía destituir a la fiscal general cuando quisiera. Gracias a Iván Velásquez (último comisionado de la CICIG), y a una reforma del Ministerio Público para mantener en su cargo a Thelma Aldana contra viento y marea, ya no se puede. Arévalo dijo que le va a pedir la renuncia (a la fiscal general), y se va a asesorar por las personas que están en Washington huyendo de la justicia. ¿Cómo es posible que un candidato a la presidencia diga que al llegar al puesto se va a asesorar por supuestos delincuentes?
(En una entrevista con CNN en Español hace mes y medio, Arévalo sí habló de pedir asesoría a una Aldana exiliada (quien asegura que las acusaciones en su contra son infundadas). También prometió cesar la criminalización de operadores de justicia. Aunque la medida promete frenar las denuncias de Méndez-Ruiz y Falla, el presidente de la FCT asegura que nada cambiaría).
—Nosotros vamos a seguir adelante pase lo que pase —afirma—. No pensamos retroceder ni un milímetro hasta que nos den las fuerzas.
