La audiencia número siete del juicio contra el periodista guatemalteco José Rubén Zamora comenzó el 18 de mayo pasado con otro sobresalto, como los que han caracterizado el proceso desde su captura el 29 de julio de 2022. El Tribunal Octavo de Sentencia le comunicó que la novena abogada a cargo de su defensa desde que comenzó su proceso, Fidencia Orozco García, estaba denunciada (no le explicaron por qué) y dejó el caso. Zamora cree que no le permitieron llegar a la audiencia, donde debió haber anunciado su salida del caso. Días después, el abogado Raúl Falla, querellante en el proceso, lo confirmó. Falla dijo a El Faro que la denunció porque fue designada “a dedo” y a pedido de Zamora, aunque es defensora pública, y la designación debe ser por sorteo. El abogado explicó que por eso fue retirada del caso, y otro defensor público fue asignado. Sin embargo, el periodista está convencido de que la denunciaron porque Orozco tenía experiencia en cortes internacionales, aunque es defensora pública. “Ella me hubiera sacado de aquí”, dijo Zamora. Aquella habría sido la primera audiencia para la defensora. En su lugar llegó José Iván Reyes Guzmán, también abogado de la defensa pública.
Así empezó la jornada el periodista, sentado a la par de un extraño, completamente nuevo en el caso y encargado de persuadir al tribunal de que su cliente es inocente de las acusaciones de lavado de dinero, chantaje, y tráfico de influencias. Zamora se enteró en la audiencia misma del cambio. Ni siquiera había recibido una notificación judicial por escrito. El periodista sugirió a Reyes pedir los cinco días a los que la ley le da derecho al cambiar de abogado, para estudiar el expediente (que tiene al menos 800 páginas). Sin embargo, Reyes le dijo que no era oportuno. “Yo tengo que seguir su consejo”, dijo Zamora.
Aquella era una audiencia importante porque declaró Ronald García Navarijo, el exbanquero y testigo que denunció a Zamora el 26 de julio de 2022, acción que 72 horas después llevó a la captura del periodista. El testigo confirmó cuanto declaró ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que el acusado le pidió ayuda para bancarizar Q300,000 ($40,000) y entregarle un cheque depositable en una cuenta del diario elPeriódico (que cerró el pasado 15 de mayo). “Yo sospechaba que el dinero podía ser de origen ilícito”, dijo García Navarijo. En una declaración anterior al juicio dijo que el dinero “podría haber provenido de chantajes”.
García Navarijo testificó que el dinero era parte de un monto mayor que Zamora le entregaría. “El me propone lavar, bancarizar, Q1 millón”, dijo el testigo. “Yo estaba en una posición en que, o lo hacía, o me convertía en una de las tantas personas que ha afectado, (pero) sabía que era un delito y por eso no lo hice”. Según el exbanquero, Zamora le pidió hacer la transacción porque la persona que “le hacía el favor de depositarle el dinero” estaba de viaje.
La fiscal de la FECI, Cynthia Monterroso, preguntó al testigo si, hasta antes que recibió el dinero, Zamora había publicado alguna nota negativa acerca de él. García Navarijo respondió que no, pero que sí lo hizo después de su captura. “El equipo del señor Zamora me andaba siguiendo para ver con quién me reunía”, reveló, atribuyendo la información a un periodista que no identificó. “Yo puse dos denuncias, porque también tuve dos conatos de atraco a la salida de mi casa, por eso conseguí seguridad. Me empezaron a perseguir, sabía que con él o se es amigo o enemigo, y después de la denuncia así fue”. La FECI, en un proceso separado, también investiga a excolumnistas y periodistas de elPeriódico por supuestamente coaccionar a los sujetos procesales, entre los que figura García Navarijo. Sobre los intentos de atraco y los seguimientos, el testigo aseguró haberlo denunciado al MP, pero no presentó ninguna evidencia.
La FECI todavía no ha presentado pruebas de que el origen del dinero es ilícito. En cambio, calificó como un montaje la versión de que el dinero es producto de la venta de un cuadro, como aseguró Zamora, porque el contrato de compraventa se elaboró hasta en octubre; es decir, tres meses después de que el periodista entregara el dinero a García Navarijo. El dato del cuadro no figuró en el proceso desde un principio, sino hasta octubre, aunque Zamora asegura que le vendió el cuadro al empresario Alejandro José Girón Lainfiesta el 25 de julio de 2022 y que en esa fecha no documentaron la venta (como garantía) porque el empresario le pagó Q40,000 ese día, y Q200,000 el 27 de julio (lo cual debería constar en sus movimientos bancarios).
El deterioro de Zamora
Al final de la audiencia del 18 de mayo, Zamora pidió la intervención del tribunal al quejarse de que su bartolina (en la cárcel que funciona en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la capital) ha sido objeto de requisas en su ausencia. Oly González, la presidenta del tribunal, le dijo tajantemente que no podía intervenir.
La semana antepasada, Zamora había solicitado al tribunal intervenir para permitirle la visita de su esposa el 10 de mayo, cuando se conmemoró el Día de la Madre en Guatemala. González le dijo que no podía darle órdenes al Sistema Penitenciario (SP). La abogada defensora de entonces del periodista, Patricia Guillermo de Chea, quien fue directora del SP entre 2004 y 2005, dijo a la jueza que la Ley del Régimen Penitenciario sí contemplaba que una alta corte (como ese tribunal) sugiriera el curso de acción en casos especiales, y que el caso de Zamora era especial por estar en aislamiento en una bartolina. La presidenta del tribunal le respondió que no podía intervenir, y siguió con la audiencia.
Al periodista le preocupa que revisen sus apuntes del juicio y puedan introducir a la bartolina cualquier sustancia u objeto de posesión ilícita en la cárcel. “Deberíamos estar presentes mi abogado y yo”, dijo Zamora. “Están revisando la papelería que dejo (en la bartolina). Hoy por accidente me traje todo, pero si no, ven qué estoy pensando, qué estoy haciendo, y qué voy a plantear aquí”.
El 22 de mayo cumplió 297 días de encarcelamiento, en los que afirma que ha perdido 35 libras de peso. Camina gradas abajo (desde el quinto nivel donde está la sala de audiencias), al sótano de la Torre de Tribunales, para después subir la rampa de salida y llegar a la esquina de la 20 calle y 9a avenida para esperar el pickup del SP, y debe pedir a un guardia penitenciario que le sostenga un rimero de carpetas y apuntes mientras se detiene a subirse los pantalones. Ya están sujetados por un cincho, pero últimamente se le resbalan hasta la cadera. Lleva las manos esposadas desde que terminó la audiencia, por eso no puede cargar los documentos y sujetarse el pantalón mientras camina. Hay dos fotógrafos tomándole fotos sin cesar. “Ya casi me van a tomar fotos en calzoncillos”, dice riendo.
En los días de audiencias no come. “Es para evitar ir al baño”, explica. Dice que el estado de los baños para los detenidos y procesados en la Torre de Tribunales es tal que prefiere no comer para evitar utilizarlos. Habla de suelos cubiertos de orina e inodoros con heces. Si tiene varios días seguidos de audiencias, es el mismo número de días que no come hasta regresar a la cárcel (en la primera semana del juicio, por ejemplo, tuvo tres días seguidos de audiencias).
En su bartolina come alimentos fríos. El SP le ha negado tener un horno microondas que solicitó hace meses. También se queja de reflujo. “Amanezco a veces sin poder hablar, porque los jugos gástricos irritan las cuerdas vocales”, dice. “He solicitado (al Sistema Penitenciario) que me permitan hacerme una endoscopía, pero no me han respondido”.
De otra manera, las salidas a la Torre de Tribunales le sirven para poder ver la luz diurna por más tiempo de lo normal, que generalmente es una hora al día dentro de la bartolina, de cuatro a cinco de la tarde, cuando entra por una de las dos ventanillas de la puerta de metal antes de la puesta del sol. La otra ventanilla, que debería estar abierta, los guardias la bloquean con una varilla para que no se pueda abrir desde adentro.
La hora diaria a la que tiene derecho todo interno afuera de la bartolina, para caminar, no siempre se la conceden. Entonces camina de ida y vuelta en los tres metros de espacio libre dentro, durante una hora. En los días de audiencia, es una excepción la caminata de casi una cuadra, desde la Torre de Tribunales hasta la esquina donde pasará el pickup del SP por él y los once guardias penitenciarios que lo custodian (junto a la fiscal auxiliar Samari Gómez, también detenida y parte del mismo juicio por supuestamente filtrar información reservada relacionada con el denunciante).
Ni lavado ni chantaje, según defensa
Christian Ulate, el tercer abogado que tuvo Zamora (entre agosto y octubre), decía que sin pruebas de que el origen del dinero era ilícito, se caía la acusación por lavado, “porque no se lava dinero que estaba bancarizado”. Se refería que las cintas bancarias que tenían Q265,000 (de los Q300,000) comprobaban que el dinero provenía de un banco. Los Q35,000 restantes estaban sujetados con hules. “Era dinero en efectivo que yo mantenía en la casa para cubrir emergencias de elPeriódico, por lo general, accidentes de los motoristas repartidores del diario”, dijo Zamora a la prensa.
La versión difiere de cuanto declaró en agosto de 2022, cuando Zamora dijo que recibió el dinero de dos empresarios. Ahora declara que fue sólo de uno, Girón Lainfiesta, quien compró el cuadro. Además, elPeriódico extendió una factura por servicios publicitarios a la empresa NIJO, S.A.(a la cual García Navarijo llevaba la contabilidad) a cambio del cheque recibido, aunque esa empresa no pagó por esos servicios, sino que le devolvió en forma de cheque a Zamora el dinero en efectivo que le pagaron por el cuadro (al final, no pudo depositar el cheque porque la cuenta estaba congelada). En el juicio, García Navarijo confirmó que NIJO no recibiría los servicios de publicidad, y que él no estaba enterado de que el dinero venía de la venta de un cuadro.
En 2022, la defensa de Zamora argumentó que la elaboración de la factura por servicios publicitarios no constituía un delito, ni era base para la acusación por lavado de dinero. Falla, querellante en el proceso, y representante legal de García Navarijo, señaló que la bancarización del dinero (el hecho de que una parte de los billetes estaba sujetada con cintas bancarias) no implicaba que no se hubiera usado para pagar un chantaje. Sin embargo, sí comprobaba que su procedencia no era ilícita. García Navarijo dijo que el periodista lo amenazó con publicar información comprometedora acerca de él si no le cambiaba el efectivo por un cheque. Según la defensa, la única evidencia de esto es el testimonio del exbanquero.
El testigo aludió a una publicación en elPeriódico en 2007 acerca de operaciones financieras irregulares del Banco de los Trabajadores. En una reunión con ejecutivos del banco, incluyendo García Navarijo, uno de los ejecutivos reconoció que advirtieron la irregularidad después de la publicación y tomaron medidas para corregirla. Según el testigo, después Zamora ofreció la venta de publicidad a cambio de no publicar más noticias que perjudicaran la imagen del banco, y lo interpretó como un chantaje. Sobre esto, no hay más evidencia que lo dicho por el testigo. Agregó que los ejecutivos del banco accedieron aunque elPeriódico no llegaba al público objetivo del banco (clase obrera), y tenía un tiraje demasiado bajo. El nuevo defensor de Zamora preguntó al exbanquero por qué planteaba este supuesto caso de chantaje 15 años después, pero la FECI objetó la pregunta. El tribunal concedió la objeción y ordenó al testigo no responder.
Una parte de la evidencia clave de la FECI involucra grabaciones de voz que García Navarijo hizo de reuniones con Zamora, con sus primeros abogados, con el entonces jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval, y con la fiscal auxiliar Gómez. El denunciante sostiene que percibía que en esas reuniones “se cometían actos fuera de la ley” y lo podían involucrar y, para protegerse, grabó. En 2022, Gustavo Ovalle, abogado de Flora Silva, exgerente financiera de elPeriódico, y también procesada, señaló que, según la Constitución, solamente los policías y funcionarios públicos están facultados para hacer grabaciones encubiertas, y nunca un civil, y menos alguien procesado por lavado de dinero y otros delitos.
El exbanquero está acusado por lavado de dinero y otros delitos en varios procesos relacionados con el Banco de los Trabajadores (Bantrab), del cual fue gerente general. Se trata de casos que abrió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2016 y 2017.
La FECI objetó para que el denunciante no respondiera si tenía autorización judicial para grabar, pero la defensa de Zamora logró que respondiera si alguna institución del Estado sabía que él realizaría esas grabaciones. García Navarijo respondió “no”.
La fiscalía también presentó al empresario David Moisés Ostrowiak Narari, para declarar que en el año 2015 Zamora le exigió una suma fuerte de dinero a cambio de no publicar información que lo pudiera perjudicar. Sobre esto, la única evidencia fue lo dicho por el testigo. Incluso dijo que las publicaciones difamatorias que hizo elPeriódico acerca de él le causaron un derrame cerebral. El testimonio lo derrumbó el defensor del periodista con una interrogante. “¿Qué tiene que ver este testimonio con los hechos que aquí se juzgan?”, preguntó Reyes. “Absolutamente nada”. La presidenta volteó a ver a la fiscal Monterroso, le dio la razón al defensor, y acabó con el testimonio del empresario. La semana antepasada, la fiscalía llevó a un exdiputado que dijo que el periodista también intentó chantajearlo, Luis Hernández Azmitia, a quien la jueza ordenó callar cuando insistió en relatar hechos no relacionados con el caso juzgado.
Otros señalados por tráfico de influencias
Antes del testimonio del empresario, el exbanquero García Navarijo habló de dos reuniones que sostuvo con el anterior jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, en casa de Zamora. No recordaba las fechas, pero se presume que fue entre 2020 y 2021 (antes de la destitución de Sandoval en julio de 2021). Presuntamente, la información que el periodista usaría contra el denunciante habría sido proporcionada por Sandoval, según el denunciante.
¿Pero por qué García Navarijo y Sandoval se reunieron en casa de Zamora pudiendo reunirse en la FECI? “Lo que pasa es que (el denunciante) colapsó en su relación con CICIG”, dice Zamora a El Faro, en cuanto a la colaboración que pretendía brindar a la Comisión. “(García Navarijo) Tenía información excelente, pero él iba contra los protocolos. (Antes de dar la información), quería saber dónde iba a vivir, si era en Estados Unidos, que es donde él quería, y qué plata iba a tener para vivir y no se pudo avanzar, entonces me fue a buscar para que yo hablara con Juan Francisco, sobre los mismos temas (involucramiento de altos funcionarios públicos en lavado de dinero). Entonces le dije, ‘le voy a hablar y, si a él le interesa, entonces nos reunimos’”.
García Navarijo dijo que él mismo desistió del acuerdo de colaboración con la CICIG porque no tenía acompañamiento de la FECI y no le ofrecían garantías. Sandoval, por su parte, asegura que no hubo tráfico de influencias.
“A mí, Chepe me llamó (a su casa) porque tenía una información, y él (García Navarijo) estaba allí”, dijo el exfiscal a El Faro en una comunicación electrónica. “Al tener conocimiento de quién era, se le pidió que presentara la solicitud a la fiscalía. Eso fue todo lo que pasó”. Sandoval niega que fue una reunión concertada o que fueron varias. “La verdad, yo no sabía que él estaría, y si hubiera existido algo irregular, este señor de plano hubiera presentado la grabación”.
Zamora admitió que en una ocasión citó a Sandoval a su casa sin decirle que allí estaba García Navarijo, porque este llegó a su casa sin anunciarse antes de que llegara Sandoval. Zamora añadió que el exbanquero llegaba a su casa frecuentemente. En medio de cinco objeciones en fila de la FECI, concedidas por el tribunal, Reyes (el abogado de Zamora) consiguió colar una pregunta a García Navarijo. “¿Usted solicitó las reuniones en la casa de José Rubén Zamora?”, a lo que el testigo respondió un escueto “Sí”, sólo para decir después “yo no convocaba a las reuniones”.
Testigo implica a figuras públicas en caso
García Navarijo también declaró el 18 de mayo pasado que le habían ofrecido facilitarle la salida de Guatemala. No identificó la fecha, pero debía ser antes de la salida de Sandoval de la FECI y el país en julio de 2021. “Me iban a sacar a través de ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados), y me reunieron con el señor Jorge Santos de Udefegua para poder sacarme del país”, señaló. Udefegua es la Unidad de Protección a Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala.
“Sin embargo, yo tenía un problema; no tenía pasaporte”, continúo el denunciante. “Entonces me pusieron una cita exprés a través del procurador de los derechos humanos Jordán Rodas. Como media hora me tardé, y me sacaron mi pasaporte, pero yo sabía que en ningún momento me podían sacar del país si no era por una orden judicial (por estar sujeto a varios procesos judiciales). Entonces no se dio, (pero) entendí que la figura de José Rubén Zamora era una figura de poder, de influencia, con muchos contactos, y me lo demostró hablando con las personas (con quienes) habló y haciendo las cosas que hizo”.
El mismo día, Méndez Ruiz reprodujo en Twitter las alusiones a Rodas, y Santos, agregando que el periodista “traficó influencias con el entonces @PDHgt Jordán Rodas” para que éste le consiguiera el pasaporte a García Navarijo, y que éste “se reunió gracias a los oficios de Zamora, con Jorge Santos de @UDEFEGUA”.
En una comunicación electrónica con El Faro, Rodas dijo que el asunto no merecía comentario. Una de las últimas acciones públicas de Rodas (quien dejó la PDH en agosto de 2022) fue acompañar a Zamora en la carceleta de la Torre de Tribunales en sus primeras horas de detenido, entre el 29 y 30 de julio de 2022. En un comunicado de prensa, el mismo 18 de mayo, Udefegua desmintió que Santos se haya reunido con García Navarijo y enfatizó que ni siquiera lo conoce. Santos, como coordinador de la organización, ha defendido casos de periodistas amenazados y criminalizados, como Zamora.
Las revelaciones de García Navarijo incluyeron que denunció ante el MP (y Gómez, quien llevaba su caso en la FECI) que sabía que había $250,000 destinados a sobornos para varias personas, incluyendo Yassmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A. Este tribunal debía conocer un caso donde estaban procesados ejecutivos del Bantrab, incluyendo García Navarijo. El soborno supuestamente perseguía influir en la decisión del tribunal o en que no conociera el caso.
García Navarijo declaró que para el pago de los sobornos lo contactó Yosimar Mejía, a quien identificó como actual candidato a diputado por el Partido de Integración Nacional (PIN), y a quien denunció en la “Fiscalía 6” (se presume que se refería a agencia 6 de la FECI) y ante la Procuraduría de Derechos Humanos. El testigo dijo que fue amenazado con ser capturado si no aceptaba participar en “las negociaciones” de los sobornos. El Faro consultó al PIN por email, mensaje de texto y llamada telefónica (a su secretario Henry Castillo) acerca de la declaración de García Navarijo, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta. El denunciante y la FECI no han revelado más pruebas de sus diferentes acusaciones que el testimonio del propio García Navarijo, según los diferentes defensores del periodista.
La mención de la jueza Barrios es llamativa porque es uno de los blancos de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que ha criminalizado a varios operadores de justicia y surgió a raíz de la condena por genocidio del general Efraín Ríos Montt en 2013, que Barrios dictó. Además, el presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz, y otro miembro, Raúl Falla, son querellantes en el caso contra Zamora.
En octubre de 2022, el entonces juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, otro de los blancos de la FCT, dijo a El Faro: “Los únicos que quedamos, antes de que canten bingo, somos su servidor y Yassmín Barrios”. Se refería a publicaciones en redes sociales con las fotos de distintas figuras públicas criminalizadas (como exjueces y fiscales), que incluyen a Zamora, y asemejan un cartón de bingo. Dos semanas después, el juez salió al exilio y renunció. El 11 de noviembre de 2022, Méndez Ruiz escribió en su cuenta de Twitter, “Ya sólo queda Yasmin Barrios, pero no por mucho tiempo”.
La jueza Barrios no se ha pronunciado acerca del testimonio de García Navarijo. El 20 de enero pasado el tribunal fue denunciado y se solicitó que los jueces perdieran su inmunidad. Un día después, Barrios confirmó a El Faro que la denuncia obedeció al adelanto de la fecha de un debate para el 1 de febrero, cuando originalmente estaba programado para abril. Explicó que el cambio de fecha se debió a que otro debate se suspendió y debían entrar a conocer el siguiente en la lista. No reveló de qué caso se trataba.
En febrero, Rafael Curruchiche, jefe de la FECI incluído en la lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reveló que era el proceso “Bantrab, un negocio de familia”, en el cual se acusó a ejecutivos del Bantrab (incluido García Navarijo) de saquearlo y enriquecerse a costa de los accionistas. La oficina de prensa del Organismo Judicial confirmó que el Bantrab aparecía como querellante en este caso.
“Yo estaba pendiente del inicio del debate en el tribunal de mayor riesgo A, pero al adelantar la fecha, el tribunal sólo nos dio una semana de tiempo (antes de su inicio)”, explicó García Navarijo, refiriéndose al caso también como Villas Elgin. “Pusimos objeciones porque no estaríamos preparados para esa fecha y por eso se recusó al tribunal, que dejó poco tiempo para la fiscalía, que estaba retomando el expediente y no tenía conocimiento completo del caso”. Por “fiscalía” se refiere a la FECI, que lo acusa en este caso, pero también lo tiene de testigo denunciante en el caso Zamora.
Curruchiche dijo que en marzo se confirmaría si el caso se trasladaba a otro tribunal. El 21 de mayo pasado, el portavoz del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón, informó a El Faro que el caso se trasladó al Tribunal de Mayor Riesgo B.
El caso de Gómez
En la FECI, Gómez, quien llevaba el caso de García Navarijo, fue señalada de filtrar información confidencial de los casos del exbanquero. La exfiscal dice que únicamente trasladó a García Navarijo la información que tenía derecho de saber por ser procesado.
En una grabación del 28 de julio de 2022, que el MP reprodujo en una audiencia de agosto pasado, se escucha a Zamora telefonear a García Navarijo y decirle que Sandoval quería que supiera que, según “sus amigos en la FECI”, Curruchiche quería reactivar el caso Bantrab (esto un año después del despido de Sandoval). El día de esa audiencia, Sandoval dijo a El Faro que no podía comentar sobre algo que alguien más decía acerca de él, y que “ya no tenía amigos en la FECI”.
En la audiencia del 18 de mayo pasado, García Navarijo dijo que Sandoval estuvo en comunicación con Gómez después de la destitución de Sandoval de la FECI (el 23 de julio de 2021). Agregó que había una grabación en la que éste “se compromete a hablar” con Gómez, pero el denunciante luego admitió que no le consta si fue así. La exfiscal Gómez le preguntó en el juicio si tenía pruebas de tal comunicación, y García Navarijo le respondió “no me consta”.
Gómez dijo a El Faro estar convencida de que la capturaron por la persecución criminal contra la administración anterior de la FECI, que comenzó con el despido de Sandoval, y siguió con otros fiscales como ella, que llevaron casos de la CICIG, expulsada del país por el gobierno en 2019. Otra razón, para la exfiscal auxiliar, es que el caso de Zamora debía contar con un funcionario público procesado para que Falla y Méndez pudieran ser querellantes adhesivos en el caso (ambos han actuado como querellantes en procesos contra varios operadores de justicia que llevaron casos de la CICIG). El artículo 116 del Código Procesal Penal establece que cualquier ciudadano puede ser querellante en casos contra “funcionarios o empleados públicos” (no personas particulares), y en “delitos de acción pública”. El artículo 121 señala que el juez contralor de la investigación es quien aprueba o rechaza, conforme a cuanto establece la ley, a quien solicite ser querellante. Según Falla, Gómez está procesada por los hechos que le imputaron. “No es porque nosotros queríamos participar”, aseguró.
La exfiscal Gómez afirma que, como encargada del caso de García Navarijo hasta julio pasado, también tenía poder de decisión acerca de la inmovilización de una cuenta bancaria del testigo, que contenía Q33 millones (US$4.4 millones). Ella asegura que no estaba de acuerdo con la devolución del dinero, pero al estar ella capturada y fuera de la fiscalía, esa decisión quedaba en manos de otros funcionarios de la FECI.
García Navarijo dijo que Gómez y Sandoval le ofrecieron devolverle el dinero a cambio de información de su caso. Además, admitió que pidió a Zamora interceder con Sandoval para la liberación de los fondos, porque el periodista y el fiscal tenían “intereses y objetivos en común”, “objetivos políticos”.
Zamora declaró a la prensa que la última vez que el exbanquero lo visitó en su casa fue la última semana de junio de 2022, y le confió que Curruchiche le exigía el 15 % del dinero congelado a cambio de liberarlo. El actual jefe de la FECI lo negó. El periodista agregó que García Navarijo le dijo que el fiscal también le pedía entregar información de personas molestas para el gobierno. Un mes después, García Navarijo denunció a Zamora ante la FECI.
El único testigo de esa conversación fue Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional), quien confirmó la versión de Zamora, respecto a esa última visita de García Navarijo a su casa. Ahora, Marroquín (excolumnista de elPeriódico) es uno de los nueve columnistas y periodistas que en febrero pasado el juez Jimmi Bremer ordenó investigar, a solicitud de la FECI. ¿El motivo? Los señalan de publicar textos, supuestamente en contubernio con Zamora, en otro proceso en su contra por conspiración para la obstrucción de la justicia (derivado del proceso por el cual enfrenta juicio actualmente). La fiscalía también señala a los nueve investigados de coaccionar, con sus publicaciones, a los sujetos procesales del caso.
Curruchiche aseguró en 2022 que la cuenta congelada de García Navarijo estaba bajo el control de la Fiscalía de Extinción de Dominio, aunque publicaciones de prensa indicaban lo contrario, que el exbanquero interpuso acciones legales para recuperar el dinero y el proceso estaba en curso. En la audiencia de la semana pasada, el exbanquero lo reiteró, pero aclaró que el dinero sigue inmovilizado,y que era para el pago de salarios de empleados.
Otros hechos colaterales
El 22 de mayo Zamora asistió a la audiencia número nueve del juicio, cuando declaró la exsupervisora de Gómez y quien está bajo la autoridad de Monterroso. Falta el testimonio de tres peritos y la sentencia, que podría ser de unos 12 años si eligen las penas mínimas, o hasta de 35 si eligen las máximas. El periodista, con 66 años cumplidos, aún espera poder denunciar su caso fuera de Guatemala. “Espero poder ir a una corte internacional donde encuentre justicia”, dijo a la prensa. Por eso quería retener la defensa de Orozco, quien llevó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2017 (la denegación de justicia a una niña víctima de violación).
Según el periodista, la semana pasada, la fiscalía y los querellantes argumentaron que debían retirarle la defensa pública porque tenía dinero para pagar un abogado privado. “Entonces Fidencia (Orozco) logró que llegara una trabajadora social a mi casa, y pudiera constatar con mi familia que vendimos carros y lo que pudimos para pagar los gastos de elPeriódico (antes de cerrar operaciones 15 de mayo), y aún así nos quedamos cortos por Q6 millones (US$800,000)”, explicó el periodista. El 11 de mayo, Zamora había pedido al tribunal prescindir de la abogada Guillermo de Chea porque ya no podía pagarle sus honorarios.
Ahora, con Reyes, le espera la recta final del juicio y más meses o años en una bartolina. El tribunal que lo juzga es el mismo que condenó a la exjefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra, a cuatro años de cárcel conmutables por abuso de autoridad, y quien no pudo salir de la cárcel porque también enfrenta otro proceso (donde también son querellantes los miembros de la FCT). Laparra dice que ambos procesos son infundados. Lo mismo podría ocurrir con Zamora aún si el tribunal le dicta una pena mínima, y conmutable: el juez Bremer lo ligó a proceso en el otro caso por conspiración para obstruir la justicia, y le ordenó prisión preventiva, que se podría prolongar si la FECI lo acusa formalmente y el juez lo envía a juicio.
Oly González, la presidenta del tribunal que lleva el caso de Zamora y Gómez, anunció este 23 de mayo que la próxima audiencia está fijada para el 30 de mayo, cuando la defensa y la fiscalía presentarán sus conclusiones. Después, resta que el tribunal dicte sentencia.
