Mirtala Portillo, la jueza asignada por el régimen de Bukele para hacerse cargo del caso El Mozote, ha dado claras señales de las razones para su encargo. Su reciente orden de captura contra los directivos de la Asamblea Legislativa de 1993, acusándolos de encubrir a los responsables de la matanza por aprobar una ley de amnistía, es una aberración judicial, una manipulación histórica y una traición a las víctimas de la masacre.
Ni siquiera en El Salvador, con un largo historial de resoluciones, edictos y sentencias injustas por ignorancia o corrupción, es posible imaginar que órdenes de captura como las que acaba de emitir la jueza Portillo se hayan hecho desconociendo la responsabilidad de los acusados.
Uno de los afectados por la resolución es Rubén Ignacio Zamora Rivas, una figura pública en el país con más de medio siglo de lucha social y política y cuya inocencia en los delitos que se le imputan es fácilmente comprobable y por eso es el más emblemático caso para demostrar el absurdo de la orden de la jueza Portillo.
En diciembre de 1981, un batallón del Ejército salvadoreño asesinó a sangre fría a un millar de campesinos de la aldea de El Mozote y sus alrededores. La mitad de ellos menores de edad y el resto casi todos mujeres y ancianos.
En 1993, durante la legislatura en la que Zamora era vicepresidente de la Asamblea, los diputados aprobaron por mayoría una ley de reconciliación que otorgaba impunidad a criminales de guerra. El razonamiento de la jueza es que, por ende, los directivos de esa legislatura son los responsables de que el caso no se haya investigado ni se haya perseguido a los responsables. Por tanto, dice su resolución, son culpables de encubrimiento.
El Faro, en varias oportunidades, ha criticado esa y la anterior ley de amnistía por considerarlas contrarias a la necesidad de justicia de las víctimas de la guerra y por no haber consultado precisamente a las víctimas. No creemos que esas leyes hayan contribuido a la reconciliación ni a la justicia y por tanto tampoco a la construcción de una nueva sociedad, que era el mandato de la clase política que firmó la paz. Quienes apoyaron la ley la llamaban un mal necesario. Sin ella, decían, el ejército nunca habría admitido ni la firma de la paz ni retirarse de la vida política. Es un debate aún vivo.
Pero se piense lo que se piense de aquella ley, declarada inconstitucional en 2016 (lo cual permitió la apertura de casos como el de El Mozote), ningún diputado puede ser responsabilizado por sus votos ni sus opiniones políticas, según nuestra misma constitución. No solo eso, sino que los puestos de directiva en la Asamblea son meramente administrativos, y por tanto quienes los ocupan no pueden ser responsabilizados por los votos de cada diputado en el pleno. Esa ley se aprobó por la mayoría de los diputados, no por la junta directiva como tal.
Pero hay más: Rubén Zamora Rivas fue preso político durante los gobiernos militares; su hermano fue asesinado por los escuadrones de la muerte bajo el mando de los cuerpos de seguridad pública; tuvo que vivir en el exilio muchos años, hasta su retorno al país poco antes de asumir como diputado. Rubén Zamora Rivas se opuso activa y públicamente a la ley de amnistía. No votó por ella. Antes de la votación abandonó la mesa directiva y el pleno legislativo en señal de protesta. Su firma tampoco aparece en el acta que consigna la aprobación de la ley.
Es decir, la jueza Mirtala Portillo ni siquiera se basó en ningún hecho para ordenar su captura.
Al manipular un caso tan importante para obedecer a los intereses políticos del grupo en el poder, la jueza Portillo ha contaminado un juicio histórico y con ello evitado que se determinen las responsabilidades y se establezca la verdad judicial sobre uno de los hechos más terribles de nuestra vida como nación.
Podría tratarse de un caso extremo de negligencia, pero más parece una decisión de otra naturaleza.
Desde el inicio de la gestión Bukele, Zamora ha sido una de las voces críticas, más públicas y más constantes, a pesar de las presiones y amenazas del régimen contra sus críticos. El grupo Bukele ha dado ya una amplia muestra de su intolerancia a las críticas y su disposición a utilizar todo el aparato del Estado para silenciarlas. En este contexto, no es extraño que la jueza Portillo ordene la detención de Zamora Rivas. Sobre todo por la manera en que llegó esa jueza al juzgado de San Francisco Gotera, para hacerse cargo del caso.
En agosto de 2021, a iniciativa del presidente Bukele, la asamblea legislativa de mayoría oficialista modificó inconstitucionalmente las leyes de la carrera judicial y retiró a la tercera parte de los jueces del país, lo que llevó a la salida del juez a cargo del caso El Mozote, Jorge Guzmán, que había hecho un esfuerzo monumental por abrir y sostener un proceso jurídicamente inédito y lo llevó de manera intachable, resistiendo a las presiones políticas y al rechazo de las Fuerzas Armadas de abrir los archivos militares. Hasta que el decreto de retiro lo separó del caso.
Su sustituta, la jueza Mirtala Portillo, ocupa la misma silla para hacer exactamente lo contrario a lo que pretendía el juez Guzmán. Si este concentraba todos sus esfuerzos en procurar justicia y restaurar la dignidad de las víctimas, la jueza ahora manipula el proceso para servir a los intereses del presidente. Instrumentalizar la masacre para perseguir a opositores políticos y críticos es una traición a las víctimas de la masacre, y el fin de las aspiraciones de justicia para sobrevivientes y familiares de los asesinados.
Un proceso judicial manipulado y controlado por intereses políticos no es una nueva idea. Tampoco puede procurar justicia sino lo contrario, como demuestra la jueza Mirtala Portillo. Por tanto no puede establecer la verdad.
Verdad y justicia. Esas eran las mayores aspiraciones de las víctimas de El Mozote. Esas deberían ser unas de las mayores aspiraciones de la nación. Justicia y verdad. Pero ambas mueren cuando son sometidas a los intereses políticos de un régimen que controla todo el aparato de Estado y que solo puede producir mentiras, e injusticia.
