'No estaría de acuerdo en que me dejen continuar en mi cargo si no se restituye a todos los jueces en su dignidad y derechos', dijo Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, a El Faro, horas después de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jérez, informara a periodistas que Guzmán será una excepción del decreto legislativo que cesa de sus cargos a los jueces mayores de 60 años, y que permanecerá activo. Guzmán dice que o se quedan todos los jueces mayores de 60 años o él también se va. Admitir el trato excepcional 'sería estar avalando las ilegalidades cometidas'.
El 31 de agosto pasado, la bancada oficialista en la Asamblea logró la aprobación de reformas a la carrera judicial, ordenando el retiro de todo juez mayor de 60 años o con más de 30 años de servicio. Esta reforma jubila a un tercio de los jueces del país, entre ellos Guzmán. Sus reemplazos serán designados por la Corte Suprema, de la cual dos terceras partes fueron impuestas por los diputados de Bukele. La reforma ha sido ampliamente cuestionada por los jueces, que la consideran ilegal.
Guzmán, juez desde 1994, es el funcionario que reabrió y ha impulsado la investigación de la masacre de El Mozote desde 2016. Justifica su postura diciendo que la reforma que cesa de sus cargos a los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años en la carrera judicial, es ilegal. 'Hay que defender y luchar por dos cosas: Por la legalidad y la institucionalidad del pais. Si hoy permitimos esto ¿qué no vendrá?. Y dos, por la dignidad de los jueces; la reforma es insultante y discriminatoria. Sería aceptar que una persona de sesenta y más, ya no es productiva y debe descartarse', dice Guzmán, quien cumplirá 62 años a finales de 2021.
Aunque la reforma no lo dice, los diputados oficialistas y el presidente Nayib Bukele han justificado que se trata de un movimiento anticorrupción. El juez Guzmán no compra ese argumento. El retiro de Guzmán implica, en la práctica, cerrar el caso judicial de la masacre de El Mozote, que busca llevar justicia a las víctimas de una masacre de mil civiles desarmados, perpetrada por el Ejército en 1981. A punto de pasar a la etapa de sentencia, Guzmán ha jugado un papel indispensable en el largo, complejo y demorado camino para llegar hasta aquí.
El caso inició en 1990, cuando un grupo de campesinos organizados presentaron la demanda ante el entonces Juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera. En un país todavía en guerra, el caso avanzó contra la voluntad institucional y, cuando de la tierra empezaron a surgir osamentas y otras evidencias, la Ley de Amnistía de 1993 enterró el caso. Las víctimas lucharon y consiguieron que en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado salvadoreño y le obligara a investigar la masacre. Sin embargo, Guzmán reabrió el caso hasta 2016, tras la sentencia de inconstitucionalidad de la llamada Ley de Amnistía.
En los últimos cinco años, Guzmán ha bregado contra fiscales, presidentes, ministros de Defensa y hasta con el arzobispo de San Salvador para avanzar el caso. En 2016, impuso su criterio al de la Fiscalía que veía en El Mozote una “cosa juzgada”. Desde 2017, con el FMLN en el poder, pidió y pidió los archivos del Ejército, sin que nunca le entregaran los documentos más relevantes. En abril de 2019, su persistencia obligó a la Corte Suprema a aliviarle la carga de trabajo para concentrarse en este caso. En mayo de 2019, los diputados de Arena y FMLN intentaron pasar una nueva Ley de Amnistía que iba a afectar el caso. En agosto de 2020, se enfrentó al enviado de Presidencia que le informó que no le darían acceso a los archivos de la Fuerza Armada y un mes más tarde sufrió las consecuencias, cuando el presidente Bukele le acusó ante toda la nación de ser miembro del FMLN. José Ángel Pérez Chacón, ese enviado de Bukele al que Guzmán corrigió en una audiencia, es hoy uno de los magistrados de Bukele que tendrá voto para elegir al reemplazante del juez de El Mozote.
En 1992, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro, dijo que las exhumaciones demostrarían que en El Mozote “solo hay enterrados guerrilleros muertos”. En cambio, en 2020, el juez Guzmán le pidió a la Fiscalía que investigara si había delitos en la obstrucción de las inspecciones judiciales que él ordenó en sedes militares.
Guzmán ha demostrado su voluntad para llevar adelante el caso. Aunque la amnistía fue derogada en 2016, solo un puñado de casos de la guerra han caminado en las cortes, ninguno tanto como El Mozote. En 2018, un juez ordenó a la Fiscalía realizar “una investigación seria” para identificar a los asesinos de monseñor Romero, pero el caso no ha tenido avances sustanciales desde entonces.
Guzmán ha entrevistado a unos 50 testigos, entre víctimas, peritos e incluso soldados arrepentidos que han declarado contra sus oficiales superiores. El caso de El Mozote es un expediente de más de 36 000 folios que nadie conoce como él. Incluso Óscar López Jérez, el magistrado que los diputados de Bukele impusieron como presidente de la Corte en mayo, reconoce ese hecho. 'Por mi parte, (el juez Guzmán) debería seguir en las mismas condiciones', dijo López Jérez en declaraciones a medios, la mañana del 6 de septiembre. 'El caso de él es muy especial, ya tiene meses (sic) de estar conociendo este caso y creo que sustituirlo por otro funcionario no sería nada conveniente', dijo López Jerez.
El decreto, sin embargo, abre otras posibilidades para un equipo de abogados defensores que ya en ocasiones anteriores han buscado paralizar el trámite del proceso. Por ejemplo, en abril de este año, el abogado Lizandro Quintanilla pidió detener el juicio mientras se tramitaban varias peticiones de apartar a Guzmán del caso. El efecto legislativo de quitar al juez, de hecho, coincide plenamente con las intenciones de los defensores de los militares.
Ha habido ya cuatro intentos de apartar a Guzmán del caso. El primero fue una petición de antejuicio, en octubre de 2019, en el que cuatro defensores acusaron a Guzmán de resolver contrario a la ley en el trámite del caso. Nueve magistrados, entre ellos el actual presidente de la Cópez Jeréz, rechazaron la petición. En marzo de 2021, la Fiscalía pidió la recusación del juez en un extraño caso del que la Fiscalía desistió ante la denuncia pública del hecho. Entre marzo y abril, otros defensores presentaron dos recusaciones con la excusa de que la tesis universitaria de Guzmán, donde hablaba sobre derechos humanos, mencionaba brevemente la existencia de la masacre de El Mozote. Los abogados alegaron que eso lo volvía imparcial. Todos esos intentos previos fueron desestimados.
Guzmán realizó las audiencias de la perito Terry Karl mientras se dirimían esas solicitudes. Si hubieran fallado en su contra, los tres días de audiencias de Karl y sus revelaciones sobre la participación de asesores estadounidenses y el uso de napalm en la masacre habrían tenido que anularse y repetirse.
Todo este atraso juega en contra de las víctimas. Ángel Mejía, quien testificó sobre la muerte de 24 de sus familiares en diciembre de 2017, murió en marzo de 2020. El testigo Pedro Martínez también falleció en agosto de 2020. Entre los militares investigados por su responsabilidad en la masacre, el general Rafael Flores Lima, ex viceministro de Defensa, falleció en junio de 2020. El coronel Natividad Cáceres, señalado como segundo al mando del operativo de El Mozote, falleció en marzo de 2021.
La postura de Guzmán ahora añade presión a la Corte. López Jerez no habló ante de los medios de incumplir o siquiera protestar el decreto legislativo. Simplemente dijo que buscará que 'los jueces y funcionarios que el decreto legislativo haga cesar siempre tengan su compensación económica, porque es un derecho adquirido'. Este 7 de septiembre, un grupo de jueces ha convocado una marcha a la Asamblea para protestar por la reforma que consideran injusta. 'Las cosas deben volver al estado en que estaban antes, y si quieren combatir corrupción, que investiguen caso por caso; no hay excusa', dijo Guzmán a este periódico.
