La designada presidencial Claudia Juana Rodríguez de Guevara es una empleada de confianza de años de la familia Bukele. Entre el 2011 y 2018, dirigió una agencia de publicidad que hizo pagos a Nayib Armando Bukele Ortez cuando se desempeñaba como alcalde de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad. El 30 de noviembre de 2023, la Asamblea Legislativa nombró a Claudia Juana como delegada presidencial durante seis meses, tiempo en que Bukele se dedicará a la campaña por su reelección, pese a que la Constitución de la República la prohíbe.
La hoy designada presidencial fue nombrada presidenta y representante legal de la agencia publicitaria NRA, S.A de C.V, el 14 de septiembre de 2011, seis meses antes de las elecciones municipales en las que Bukele resultó electo alcalde de Nuevo Cuscatlán. Bukele se había desempeñado como presidente de la agencia durante dos años y dejó el cargo a Claudia Juana. Entre el 2011 y 2012, cuando Bukele fue candidato y luego alcalde de Nuevo Cuscatlán, NRA le pagó $24,748.41 por servicios profesionales, sueldos y salarios, según las declaraciones de renta que presentó al Ministerio de Hacienda.
Cuando tomó las riendas de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, el publicista Bukele comenzó a promocionar su imagen con el slogan “el dinero alcanza cuando nadie roba” y anunció que donaría su sueldo a becas. Lo que el alcalde Bukele no dijo en ese momento es que sus ingresos provendrían de NRA, la empresa presidida por Claudia Juana, quien al mismo tiempo fue contratada como gerente financiera de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Ella era empleada municipal y presidenta de la agencia que sostenía económicamente a Bukele.
En 2011, cuando Bukele lanzó su primera candidatura municipal, declaró a Hacienda que NRA le pagó $21,232.81 por servicios profesionales, sueldos y salarios. En 2011 también recibió por servicios profesionales $2,555.56 de Obermet, otra empresa de publicidad de la familia Bukele que ganó millonarios contratos durante los gobiernos del FMLN en instituciones como la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), entre otras. La directora financiera de Obermet era Claudia Juana, la ahora delegada presidencial.
El Faro tiene copia de las declaraciones de impuestos que Bukele presentó desde el 2007 hasta el 2018, las cuales fueron proporcionadas por una fuente del Ministerio de Hacienda que pidió el anonimato por razones de seguridad. En ese período, durante dos años (2007 y 2008) Bukele no declaró el pago de renta. Los documentos también consignan que entre 2011 y 2012, tiempo en que fue candidato, alcalde electo y alcalde, su principal fuente de ingreso fue NRA, la empresa a cargo de la ahora delegada presidencial.
Claudia Juana es del círculo de confianza de los hermanos Bukele. Al salir de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, Bukele la contrató como tesorera de la Alcaldía de San Salvador. Mientras trabajaba en la alcaldía capitalina, Claudia Juana siguió siendo presidenta de NRA, cargo que entregó el 3 de abril de 2018 a Ibrajim Bukele, uno de los hermanos del candidato a la reelección, quien toma decisiones gubernamentales pese a que no tiene cargo oficial.
El 5 de diciembre de 2023, la revista GatoEncerrado publicó una investigación que reveló que la delegada presidencial recibió sin justificación legal cheques por un monto de $1.2 millones de la Alcaldía de San Salvador mientras Bukele era el edil. En las últimas tres semanas de su cargo como tesorera esos pagos se incrementaron y recibió cheques que suman $230,000, sin que estos fondos hayan sido autorizados por el concejo capitalino. Dos meses y medio después de esos pagos injustificados, en agosto de 2018, Claudia Juana fue nombrada encargada de finanzas de Nuevas Ideas, el partido de la familia Bukele.
Durante el gobierno de Bukele, Claudia Juana fue nombrada gerente financiera de la Presidencia y su hermano Douglas Pablo Rodríguez Fuentes fue nombrado como presidente del Banco Central de Reserva (BCR). Ella también está a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y sustituyó a Carolina Recinos como coordinadora del Consejo de Administración del Fondo Especial de Recursos Provenientes de Antel (Fantel). En noviembre de 2020, Claudia Juana sustituyó a Ernesto Castro en la coordinación de junta directiva del Comité de Emergencia, encargada de manejar los $2,000 millones obtenidos a través de préstamos para mitigar los efectos de la pandemia y, en el registro Fara de Estados Unidos, aparece como delegada de Capres para suscribir contratos con los cabilderos contratados por Presidencia de la República para mejorar su imagen en Washington D.C.
El 30 de noviembre de 2023, a petición del presidente Bukele, la Asamblea Legislativa la nombró delegada presidencial. La delegada no se presentó ante los medios de comunicación, los diputados oficialistas aseguran que fue juramentada en un acto privado y, hasta el momento, no ha dado ninguna declaración sobre su nuevo cargo. Los diputados también aprobaron un decreto que permite a Bukele mantener el fuero, la seguridad del Batallón Presidencial y las prerrogativas del cargo para participar ilegalmente en la próxima campaña presidencial.
La tarde del 11 de diciembre de 2011, El Faro solicitó una entrevista a la delegada presidencial por medio de su correo electrónico, pero hasta el cierre de esta nota no respondió. El mismo día, se escribió un mensaje de Whatsapp al secretario de Prensa de Presidencia, Ernesto Sanabria, para obtener alguna respuesta oficial sobre los pagos que Bukele recibió de NRA cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán. Sanabría no respondió a ningún mensaje, como es habitual en esta administración.
Bukele y “su” salario mínimo
La mañana del 23 de febrero de 2009, María Virginia Vilanova Vargas, una estudiante de 25 años, y Blanca Carolina Rivas Rivera fundaron la empresa NRA. María Virginia era la dueña de una acción de diez dólares y pagó el 5 % de ese total: dos “coras” (cincuenta centavos de dólar); mientras que Blanca Carolina era la dueña de 199 acciones, pero también pagó el cinco por ciento: 99 dólares. “Han convenido elaborar una sociedad anónima”, consigna el documento que elaboró el notario Roberto Enrique Hernández Valencia.
Hernández Valencia es el notario que creó Latin America Spas, una de las empresas protagonistas de la corrupción del expresidente Mauricio Funes. Una de las fundadoras de la sociedad que manejaba el spa también era María Virginia, fundadora y accionista de NRA. María Virginia era una abogada que trabajaba en el despacho Latin Alliance y, en su momento, reconoció que firmó la escritura de constitución del spa, pero que no tuvo ninguna relación con el negocio. “Es una práctica común en todos los despachos que les pidan a sus empleados que por motivos de urgencia del cliente, por celeridad del trámite que les han pedido, sean sus empleados los que firmen como accionistas y luego esas acciones se endosan a los que van a ser los verdaderos accionistas”, dijo la abogada.
Después de que las dos mujeres fundaron la empresa NRA, el venezolano Felipe Fermín Ricardo Huizi Castillo fue nombrado como presidente, Nayib Bukele vicepresidente y Rodolfo Ernesto Nolck Tejeria, también venezolano, como secretario. Cuatro meses después, el 29 de julio de 2009, Nayib Bukele fue nombrado presidente de esa agencia publicitaria.
Bukele estuvo al frente de la empresa durante dos años. El 14 de septiembre de 2011, seis meses antes de las elecciones municipales, renunció al cargo y como presidenta y representante legal de NRA fue nombrada Claudia Juana Rodríguez de Guevara. Cuando ella tomó formalmente las riendas de NRA, a la directiva llegaron otros empleados de la familia Bukele: como vicepresidente fue nombrado Héctor Manuel Velásquez y como director suplente Mario José Ricardo Rodríguez Fuentes, hermano de la delegada presidencial. Velásquez y Rodríguez Fuentes fundaron la empresa Starlight, la sociedad que controla el canal TVX, empresa receptora de fondos de la partida secreta del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
Según la declaración de renta que presentó al Ministerio de Hacienda en el 2012, Bukele declaró al fisco que sus ingresos anuales fueron de $3,515.60 por sueldos o salarios pagados por NRA. Eso significa que, en promedio, los ingresos oficiales mensuales del alcalde fueron de $292.96, cantidad inferior al pago del salario mínimo del sector maquilas (el salario mínimo en ese sector es de $359.16).
Los ingresos declarados por el alcalde fueron tan bajos que, según los documentos de Hacienda, le correspondía una devolución de $395.20 de renta. Por el momento, El Faro no ha podido documentar si él cobró esa devolución. La tarde del 11 de diciembre de 2023, este periódico pidió una entrevista a Bukele por medio del correo electrónico en el que recibe las notificaciones de Hacienda, pero hasta el cierre de esta nota no respondió. Los bajos ingresos económicos que Bukele declaró al Ministerio de Hacienda contrastan con otros movimientos financieros que el político hizo durante el 2012. El 11 de enero de ese año, por ejemplo, Bukele emitió un cheque por $100,000 a nombre de Eduardo Andrés Ujueta Santos, según documentos de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que examinó el crecimiento patrimonial de Bukele cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador.
Ujueda Santos es la persona que vendió un inmueble en la colonia Escalón a la empresa Mov-i por un monto de $315,000. La administradora y representante legal de Mov-i era Claudia Juana Rodríguez de Guevara. Aunque formalmente no hay ninguna relación entre Mov-i y Nayib Bukele, esta empresa pagaba las tarjetas de crédito del político. Otra empresa que le cubría sus gastos en tarjetas de crédito era Obermet, empresa representada por su hermano Karim Bukele. Esos ingresos no fueron declarados al Ministerio de Hacienda.
La partida secreta y los empleados de Bukele
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía (GCI), dirigida por el entonces fiscal German Arriaza, investigó al expresidente efemelenista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) sobre el desvío de dinero de la partida secreta. A El Faro le filtraron un documento de 43 páginas que forma parte de dicha investigación, en el cual aparecen detalles del Ministerio de Hacienda y del Centro Nacional de Registros sobre empresas y personas vinculadas a Nayib Bukele, sin mencionarlo directamente.
Una de las sociedades que más aparece mencionada es Starlight, S.A de C.V, sociedad dueña del nombre comercial del canal de televisión TVX. Esa empresa recibió $420,688 de la partida secreta de Sánchez Cerén, entre enero de 2015 y diciembre de 2018.
La Fiscalía quería conocer los motivos por los cuales el gobierno efemelenista desvió dinero de las cuentas del Estado a la sociedad. Por ello solicitó información a la Presidencia de Bukele. La respuesta fue proporcionada por Conan Castro, Secretario Jurídico de dicha instancia, asegurando que no tienen contratos ni ningún otro documento que respalde esos pagos entre el gobierno de Sánchez Cerén y la televisora.
Por esa razón, el GCI acudió al Centro Nacional de Registros (CNR) y al Ministerio de Hacienda para que ambas instituciones entregaran información sobre Starlight, S.A de C.V. Como primer hallazgo, aparece que la televisora fue fundada por Héctor Manuel Velásquez y Mario José Ricardo Rodríguez Fuentes. La Fiscalía desglosa, por ejemplo, cuánto dinero aportaron para crear Starlight, S.A de C.V, quiénes son los representantes legales, socios, declaraciones de impuestos sobre la renta, clientes, entre otros. La Fiscalía describe en el documento que no hay pistas de por qué servicios pagó el gobierno de Sánchez Cerén a esa empresa: “La información presentada en el cuadro anterior fue remitida por la Sociedad STARLIGHT, S.A. de C.V. al Ministerio de Hacienda por medio del formulario F987, como ya se mencionó muestra los principales clientes; pero no refleja que haya realizado operaciones de venta con la Presidencia de la República o cualquier otra institución del Estado, que pudiera justificar los pagos recibidos”.
El mismo procedimiento ocurrió con los fundadores de Starlight. En el caso de Héctor Manuel Velásquez, la Fiscalía detalló que entre 2011 y 2019, participó en cinco sociedades. Por ejemplo, en NRA, S.A de C.V. De acuerdo al documento, Velásquez se convirtió en uno de los accionistas en el año 2011, aportando $600. Y así ocurrió en los siguientes seis años, aportando la misma cantidad de dinero y finalizando como accionista en 2017. La empresa de Velásquez era una de las que aportaba dinero al entonces alcalde Bukele.
“El señor Héctor Manuel Velásquez ha tenido inversiones en diferentes sociedades durante el período de investigación, sin embargo, dichas inversiones han sido por montos muy superiores a los ingresos generados por el señor Héctor Velasquez, desconociéndose si ha existido una fuente de fondos fuera de las declaradas o, por otro lado, el señor Héctor Manuel Velasquez prestó su nombre para mantener oculto el verdadero titular”.
La Fiscalía dedicó unos párrafos a NRA, S.A de C.V mencionado que, según el Registro de Comercio, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, la actual designada presidencial, aparecía como directora y representante legal; Héctor Manuel Velásquez, como director vice-presidente; Reina Marisol Bonilla Ortiz, como director secretario, Meylin Guadalupe Gutiérrez Quintanilla, director suplente. El nombre de Mario José Ricardo Rodríguez Fuentes vuelve aparecer. Esta vez como director suplente de NRA S.A de C.V.
La Fiscalía hizo una breve investigación sobre Claudia Juana, a través del portal oficial de transparencia, encontrando su curriculum vitae. En el documento aparece que su experiencia profesional ha sido en torno a Nayib Bukele, ya que cuando él fue alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015), ella se desempeñó como gerente financiera de dicha comuna. Luego continúo al lado de Bukele en la Alcaldía de San Salvador (2015-2018), como tesorera municipal.
El Faro habló con dos exfiscales que investigaron el caso de la partida secreta de Sánchez Cerén, quienes aseguraron que la relación de confianza entre Bukele y Rodríguez inició con su padre, Armando Bukele. “Ella no es que se ganó la confianza del presidente porque estuvo con él en las alcaldías. La señora (Rodríguez) tenía años trabajando en una de las empresas del papá (...) y eso lo encontramos cuando hicimos otra investigación que no tiene nada que ver con la partida secreta”, dijo una de las fuentes que prefirió no mencionar su nombre por seguridad. Claudia Juana asegura en su currículum que su formación académica llegó al quinto ciclo de la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Francisco Gavidia y es técnico contable por la Corporación de Contadores de El Salvador.
NRA y el Troll Center
En el año 2015, el sitio web de los periódicos de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy fueron clonados y difundieron información falsa. La Fiscalía inició una investigación y concluyó que el ataque fue hecho por seis personas que supuestamente trabajaban para Nayib Bukele. La trama del caso consiste en que desde una agencia de publicidad, llamada Blue Group, crearon ambos sitios web para dar a conocer contenido que se burlaba de los dueños de los periódicos. En la investigación fiscal aparece mencionado varias veces un número de contacto identificado como “Nayib Bukele”, quien supuestamente giró la órden para hacer el ataque. La Fiscalía de Douglas Meléndez no lo acusó en ningún momento, a pesar de que su nombre y el de funcionarios actuales del gobierno aparecieron en varios peritajes.
Una de las acusadas en ese momento era Sofía Medina, ahora secretaria de Comunicaciones de la Presidencia de Bukele. El expediente 25-UDPI-2015-SS en el cual aparece el peritaje de los teléfonos incautados de los seis acusados arrojó que la línea telefónica de Medina estaba registrada a nombre de la empresa NRA S.A de C.V, la misma desde la que la actual designada presidencial hacía pagos a Bukele cuando él era alcalde de Nuevo Cuscatlán.
Según una nota de La Prensa Gráfica, al momento del peritaje “la línea de Medina había sido dada de baja”. El Faro contactó vía Whatsapp a la secretaria de Comunicaciones de Presidencia, Sofía Medina, para conocer por qué su línea telefónica, cuando trabajó en la Alcaldía de San Salvador, estaba con la empresa NRA. Al cierre de esta nota tampoco hubo respuesta.
Un tribunal de Santa Tecla puso en libertad a estas seis personas, que ahora trabajan para el Gobierno de Bukele en diferentes áreas.
FE DE ERRATA: En la publicación original se consignó que el monto total que NRA pagó a Nayib Bukele entre 2011 y 2012 fue de $35,838.90, cuando la cifra correcta es $24,748.41. Por error se incluyeron más de $11,000 que Bukele recibió de NRA cuando no era candidato ni alcalde.
