Una empresa administrada por dos hermanos del presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortez, Global Motors, S.A de C.V, recibió 16 cheques del Banco Hipotecario por un monto de $118,143.23 provenientes de la partida secreta, durante el gobierno del efemelenista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
La empresa de los hermanos Bukele recibió esos fondos desde dos cuentas corrientes registradas a nombre de la Presidencia de la República y el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), entre el 27 de enero de 2017 y el 13 de mayo de 2019, mientras Nayib Bukele realizaba su transición entre ser alcalde de la capital por el FMLN y ganar las elecciones presidenciales de febrero de 2019.
Además de Global Motors, otra empresa fundada por empleados de la familia Bukele y, en ese momento, administrada por dos funcionarios del actual gobierno, Starlight, S.A de C.V, sociedad dueña del nombre comercial del canal de televisión TVX, recibió otros $420,688 de la partida secreta de Sánchez Cerén, entre enero de 2015 y diciembre de 2018.
La Presidencia de la República no tiene contratos ni ningún otro documento que respalde esos pagos entre el gobierno de Sánchez Cerén y la televisora, de acuerdo con la respuesta que Conan Castro, Secretario Jurídico de la Presidencia de Bukele, envió a la Fiscalía General de la República el 23 de abril de 2020, según consignan documentos en poder de El Faro.
Este periódico ha logrado documentar los números de cuatro cuentas del Banco Hipotecario que giraron los cheques a Global Motors y Starlight por un monto de $528,831,31. Una de las cuentas está registrada a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial que fue condenado a cinco años de cárcel por corrupción en el manejo de la partida del expresidente arenero Antonio Saca. Una segunda cuenta estaba registrada a nombre de Gastos Operativos de la Presidencia; la tercera, a nombre de la Presidencia de la República; y la última, a nombre del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Estas cuentas del Banco Hipotecario eran alimentadas con fondos de la cuenta “subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República”. Es decir, dinero público.
El expresidente Sánchez Cerén está desde hace dos años asilado en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega, aduciendo que es perseguido político en El Salvador. Él y otros 14 empleados de Casa Presidencial son acusados del desvío de fondos de la partida presupuestaria de Gastos Reservados por un monto de $183,860,715.02. Los números de cheques apuntan que más de medio millón de dólares de ese total llegó hasta las cuentas de Global Motors y Starlight.
Estos hallazgos son el resultado de un cruce de documentos oficiales. La principal información para este reportaje fue un documento de la Fiscalía General de la República (FGR), el cual fue contrastado con otros datos del Ministerio de Hacienda y del Registro de Comercio. El documento fiscal de 43 páginas fue entregado por un exempleado de la Fiscalía y su autenticidad también fue corroborada con los testimonios de otros dos exempleados de esa institución. Al cotejar los datos del documento fiscal con la lista de administradores, directivos y detalles de las cuentas que las sociedades presentaron en sus balances ante el Registro de Comercio, la información coincide y, en algunos casos, agrega más detalles al documento filtrado por una de las fuentes.
Todas las fuentes solicitaron a este periódico no revelar sus identidades por seguridad. Dichas fuentes participaron de manera directa en la investigación contra el expresidente Sánchez Cerén. Estos fiscales contaron a El Faro detalles del caso que inició en 2019 bajo la administración del entonces fiscal general Raúl Melara, destituido el 1 de mayo de 2021, sin argumentos legales, en la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele. Entre otras cosas, esa Fiscalía investigaba el caso Catedral, que incluía las negociaciones del Gobierno de Bukele con las tres pandillas del país, así como varios casos de corrupción de sus funcionarios .
El Grupo contra la Impunidad (GCI) de la Fiscalía se encargó de la investigación para determinar quiénes y cuáles empresas recibieron fondos de la partida secreta durante el quinquenio 2014-2019. A medida que la investigación transcurrió, el GCI encontró que el mecanismo de desvío fue el mismo que utilizó el expresidente de Arena, Elías Antonio Saca (2004-2009); y el primer presidente del FMLN, Mauricio Funes (2009-2014). Uno de los detalles en común es que los cheques fueron emitidos por Jorge Alberto Herrera, jefe de Tesorería de la Presidencia; Francisco Rodríguez Arteaga, gerente financiero institucional; y Pablo Gómez, un exasistente financiero. Son los tres empleados de la Presidencia que ya fueron condenados por el caso de Saca y que enfrentan otros dos procesos judiciales por lavado de dinero cometido supuestamente durante los dos gobiernos siguientes del FMLN.
Uno de los fiscales explicó a El Faro el origen de los datos sobre Global Motors y Starlight: “Esa información salió cuando estábamos investigando el uso de fondos de la partida secreta en el periodo 2014-2019”, dijo la fuente. Se trata de Starlight, cuya representación legal y administración estuvo a cargo de José Mauricio Cortez Avelar, el principal abogado de los negocios Alba. La sociedad recibió 12 cheques emitidos con cargo a cuentas corrientes del Banco Hipotecario, las cuales fueron alimentadas con fondos provenientes de la “Cuenta Corriente Institucional Subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República”, consigna el documento de la Fiscalía. Este fue el inicio de esa línea de investigación que terminó estableciendo que otra empresa de los hermanos Bukele, Global Motors, también recibió de esos fondos.
En enero de 2015, cuando Starlight recibió el primer cheque de la partida secreta de Sánchez Cerén, Bukele era alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN. Dos años después, en octubre de 2017, el partido lo expulsó y él comenzó a construir una candidatura presidencial que cuestionaba la corrupción de los partidos tradicionales y enfilaba sus críticas hacia el uso de la partida secreta, a la cual calificó como un foco de corrupción que prometía eliminar. Global Motors y Starlight recibieron cheques de la partida secreta antes, durante y después de esa campaña electoral.
“Nuestro país está harto de la corrupción y la impunidad. Estos dos problemas son el origen de la mayoría de problemas que vive a diario nuestro pueblo (...) así que hacemos dos propuestas que en concreto eliminarán la gran mayoría de la corrupción existente en nuestro país, desde su fuente. Propuesta 8: eliminaremos la partida secreta”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter el 21 de agosto de 2018, cuando las empresas de su familia aún recibían pagos de esa partida. Una semana después del anuncio del candidato presidencial, en el que también prometió una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), Starlight recibió el cheque 7102, girado desde la cuenta bancaria 280181522 del Banco Hipotecario. Ese dinero era de la partida secreta que Bukele prometía eliminar.
Entre el 27 de enero y el 10 de septiembre de 2017, también desde las dos cuentas del Banco Hipotecario se giraron cinco de los 16 cheques a favor de Global Motors, la empresa de los Bukele, por un monto de $24,479.09. Al momento de recibir los cheques, la compañía era dirigida por dos hermanos del presidente, Karim Alberto e Ibrajim Antonio, ambos de apellido Bukele Ortez (Karim dejó el cargo en la compañía a Ibrajim el 20 de julio de 2017). Aunque no tienen nombramientos oficiales en el Gobierno, los hermanos toman decisione s relevantes en la vida política y económica del país.
El mismo año que Global Motors recibió los $24,479.09 de la partida secreta, el presidente Bukele declaró al Ministerio de Hacienda el ingreso de $10,825.75 por “servicios sin dependencia laboral” pagados por Global Motors; es decir, el funcionario recibió fondos de una empresa que, en parte, se nutría de la partida secreta de Sánchez Cerén. El Faro tiene copia de esa declaración de renta y otras que presentó desde 2007 hasta 2018, las cuales fueron proporcionadas por una fuente del Ministerio de Hacienda.
Esta no es la primera vez que los hermanos Bukele y otros altos funcionarios aparecen en una investigación de la Fiscalía . Entre el 2020 y 2021, cuando el Grupo Especial Antimafia (GEA) estaba a cargo del caso Catedral, construyó un mapa de la corrupción gubernamental de acuerdo a los hallazgos encontrados en la intervención de llamadas telefónicas de funcionarios y otros empleados de gobierno. La Fiscalía ubicó en ese momento a sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef Bukele como “el centro de poder”, cuyo papel es la toma de decisiones en las políticas gubernamentales, sin pedir autorización de ministros, así como también del partido Nuevas Ideas.
Paralelo a Catedral, el Grupo contra la Impunidad encontró en el caso de Sánchez Cerén a la familia Bukele vinculada a las empresas que recibieron dinero de la partida secreta. Una fuente fiscal dijo que antes de que Rodolfo Delgado llegara como titular de la institución, “la investigación ya casi estaba lista, pero hasta donde la dejamos todavía faltaba el análisis sobre la participación y de contra quienes se tenían los elementos suficientes”. Lo paradójico de estos casos es que los fiscales que impulsaron ambas investigaciones se exiliaron en enero de 2022, porque Delgado ordenó allanar sus oficinas para determinar quién dio a conocer las causas fiscales donde aparecen mencionadas las negociaciones del gobierno con las pandillas y los actos de corrupción cometidos por funcionarios de Bukele.
La mañana del 26 de octubre de 2023, El Faro pidió una respuesta sobre estos hallazgos al presidente Bukele por medio del correo electrónico que reportó al Ministerio de Hacienda para recibir notificaciones, pero no respondió. Ese mismo día este periódico envió un correo institucional, dejó mensajes en una aplicación de mensajería electrónica y llamó al número celular del secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, para concederle el derecho de respuesta al presidente Bukele, pero tampoco respondió. La tarde del 30 de octubre de 2023 se hizo una solicitud de entrevista a la oficina de prensa de la Fiscalía, pero hasta el momento no han respondido, siguiendo la norma de esta gestión.
Partida secreta y contratos estatales
El 27 de septiembre de 1996, los empresarios Jorge Zedán y Virgilio Portal crearon la sociedad Corporación Arabe, la cual pasó al control de la familia Bukele en 2005, con cambio de nombre: Global Motors. La sociedad se dedica a la venta de vehículos automotores y motocicletas; a la venta de partes y accesorios, según el Registro de Comercio.
Entre 2013 y 2019, durante gobiernos efemelenistas, Global Motors ganó varios contratos con instituciones estatales como la Corte Suprema de Justicia, la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Ministerio de Salud, entre otras instituciones, por un monto de $706,263.71. Según los balances que presentó al Registro de Comercio, entre el 2016 y 2019 las cuentas de la sociedad (activo y pasivo) se movieron entre los $8.2 y $10.4 millones anuales.
En 2016, Global Motors fue una de las cinco empresas que sostuvo económicamente a Bukele, quien renunció a su salario como alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y de San Salvador (2015-2018). Ese año, la empresa ganó contratos con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras instituciones, por más de $33,000 y, al final del año, pagó al alcalde $22,285.79 por “servicios profesionales sin dependencia laboral”, según su declaración de renta.
Cuando Global Motors pagó ese dinero al presidente Bukele, el secretario de la empresa era Héctor Manuel Velásquez, empleado de la familia, fundador y accionista de Starlight, la otra empresa que ya había recibido $250,416 de la partida secreta, girados por medio de once cheques entre el 20 de enero de 2015 y el 7 de junio de 2016. Al menos dos de esos cheques salieron de una cuenta de Francisco Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera de la Presidencia, condenado a cinco años de cárcel por corrupción en el manejo de la partida secreta del expresidente Antonio Saca.
Además de ser el secretario de la junta de Global Motors, Héctor Manuel Velásquez fue apoderado de Arrendadora del Sur S.A de C.V, otra de las compañías que entregó en 2016 un total de $108,000 al presidente Bukele por pago de servicios profesionales sin dependencia laboral y “pago de acreditación o utilidades a socios”. Los ingresos que el presidente Bukele declaró ese año fueron $160,731.33.
En 2017, cuando Karim Alberto dejó a su hermano Ibrajim Antonio la presidencia de Global Motors, Héctor Manuel Velásquez conservó su cargo como secretario y a la junta empresarial llegaron otras personas que hoy ostentan cargos públicos, como Edgar Romeo Rodríguez Herrera, el actual ministro de Obras Públicas, que en aquel momento fue nombrado como el tercer director suplente de la compañía. Ese año, Nayib Bukele volvió a reportar ingresos por servicios sin dependencia laboral, aunque por un monto menor que el año anterior: de $22,285.79 bajó a $10,285.75.
Cuando Global Motors pagó los $10,285.75 al presidente Bukele, la empresa reportó en su balance que sus cuentas (activo y pasivo) eran de $8.6 millones, en parte gracias a contratos que ganó en CEPA y Bandesal, entre otras instituciones. Lo que no quedó registrado en esos documentos públicos es que entre el 27 de enero y el 10 de septiembre de 2017 también había recibido cinco cheques del Banco Hipotecario (los número 6114, 6322, 6406, 6488 y 6650), desde cuentas de la Presidencia de la República y del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), por $24.497.09. Es decir, dinero de la partida secreta.
El 17 de octubre de 2017, el FMLN expulsó a Bukele . Políticamente, el partido y el alcalde tomaron caminos diferentes, pero en lo económico las empresas de la familia Bukele siguieron por el mismo rumbo: ganando contratos con el Estado y recibiendo cheques desde cuentas de la Presidencia de la República y del OIE.
Entre 2018 y 2019, Global Motors siguió ganando contratos con instituciones como Fosalud, CEPA, Corte Suprema de Justicia, entre otras; y también recibiendo otros 11 cheques de la partida secreta por $93,646.14. Los cheques del Banco Hipotecario que recibió Global Motors en 2018 fueron los siguientes: 6771, 6881, 6976, 7143, 7216, 7258 y 7303. La tarde del 26 de octubre de 2023, El Faro solicitó por escrito a la empresa una explicación sobre el pago de esos cheques, pero hasta el momento no han respondido.
Al siguiente año, en 2019, cuando el entonces candidato presidencial Bukele arremetía contra la partida secreta y repetía su frase de campaña, “devuelvan lo robado”, la compañía de los Bukele recibió otros cuatro cheques de la partida secreta de Sánchez Cerén: 7426, 7500, 7652 y el 7815. Este último cheque del Banco Hipotecario por $1,401.88 data del 13 de mayo de 2019, dieciocho días antes de la juramentación de Nayib Bukele como presidente.
La empresa de Nayib, sin Nayib
Dos empleados de la familia Bukele, el contador Héctor Manuel Velásquez y Mario José Ricardo Rodríguez Fuentes, fundaron la empresa Starlight, el 14 de julio de 2010. La sociedad es propietaria del nombre comercial TVX, canal por suscripción en el país.
Velásquez es un licenciado en contaduría pública y era un estudiante domiciliado en Apopa cuando en 2010 creó la empresa que nació con el giro de publicidad. Según Carlos Avelar, apoderado de Master Communication, empresa que arrendó dos frecuencias y que demandó por el impago de medio millón de dólares a TVX, Velásquez era solo un prestanombre. Aunque el fundador y accionista de la televisora era Velásquez, según la versión del abogado, la persona que firmó un pagaré fue el presidente Bukele. “Ahí se usó un prestanombre, digámoslo de esa manera”, dijo Avelar, el apoderado judicial de Master Communication , para referirse a Velasquez, en enero de 2019.
Según la información financiera en poder de la Fiscalía, en sus primeros dos años de vida, Starlight estuvo al borde de una “quiebra técnica”, pero en esos años de vacas flacas apareció Alba Petróleos para salvarla del abismo. Los millonarios desembolsos de Alba no llegaron a los fundadores ni a los accionistas de Starlight sino que a Obermet, empresa de publicidad de la familia Bukele, y directamente al presidente Bukele, quien oficialmente no tenía ninguna relación o cargo en la empresa. Una investigación de Revista Factum estableció que el presidente Bukele recibió $1.9 millones de Alba Petróleos por la compra de acciones e inversión de capital en Starlight, durante 2013.
“En el 2012 yo fundé un canal de televisión que se llamaba; bueno, se llama, porque funciona todavía, solo que ya no es mío, se llama TVX. Luego yo vi que el canal no era compatible con mis aspiraciones políticas porque los demás medios de comunicación podían sentir que yo era también la competencia. Yo dije, ‘voy a vender el canal porque así no soy competencia’. Entonces, lo vendimos a una empresa. Esa empresa ahora está siendo investigada y resulta que recibió dinero de Alba Petróleos”, dijo el presidente Bukele durante una conferencia de prensa, en septiembre de 2019.
Aunque el presidente Bukele reconoce que es fundador de TVX, en el Registro de Comercio no existe ningún documento que así lo compruebe porque todos están a nombre de dos empleados. Aunque el presidente Bukele dice que vendió la televisora, en sus declaraciones de renta de 2013, 2014 y 2017 no declaró ninguna ganancia respecto a la venta de TVX a Inversiones Valiosas, la empresa de Alba.
Los fiscales tampoco encontraron que todo el dinero de Alba ingresó a Starlight. Por ejemplo, el 27 de junio de 2013, el presidente Bukele recibió un cheque de Inversiones Valiosas por un monto de $170,000 para abonarlo a Starlight. “Al analizar la estructura de capital y financiera de la sociedad STARLIGHT S.A de C.V no se logra ubicar en qué forma fue incorporado el monto de $170,000 y bajo qué rubro de los estados financieros se presenta y cuál fue el concepto por el que recibió dicho dinero”, consigna el documento fiscal cuando analiza las cuatro cuentas de Starlight en el Banco Promérica.
El Faro también buscó en las declaraciones de renta que el presidente Bukele presentó ante el Ministerio de Hacienda, pero tampoco hay rastro de la venta de TVX. En 2013, año en que recibió los $1.9 millones de Inversiones Valiosas, la subsidiaria de Alba Petróleos, el presidente declaró que sus ingresos fueron de $100,987.09 por “servicios profesionales de carácter permanente” con la empresa 503 S.A de C.V.
Luego de los desembolsos del grupo Alba, Inversiones Valiosas se convirtió en el accionista mayoritario de Starlight y el abogado José Mauricio Cortez Avelar fue nombrado representante legal el 15 de marzo de 2015. El contador Velasquez, empleado de la familia Bukele, nunca perdió su calidad de socio.
“Respecto de mi rol profesional en la época y empresas para las que trabajé entre 2011 y 2017: Me fue encargado el control corporativo jurídico-formal de alrededor de 7 u 8 sociedades anónimas, asumiendo su representación legal y la calidad de asesor legal externo e independiente, sin participación ni involucramiento alguno en asuntos administrativos u operativos, sino sólo en los legales y formales. Nunca fui incluido en planillas salariales de ninguna de ellas, nunca tuve personal o funciones a mi cargo u orden, nunca me involucré en actividades de naturaleza administrativa u operativa”, respondió el abogado Cortez Avelar por medio de correo electrónico.
Aunque TVX pasó al control del grupo Alba, la televisora era administrada por amigos y asesores del presidente Bukele: Carolina Recinos era la directora general, quien asumió además funciones de coordinadora del equipo de prensa; mientras que Federico Anliker, amigo de Bukele, fue el vicepresidente. Ahora, Recinos es la comisionada presidencial de operaciones de gabinete de Gobierno, aunque mantiene un perfil bajo luego de ser sancionada por el Tribunal de Ética; mientras que Anliker es el presidente de CEPA.
Entre el 20 de enero y el 9 de octubre de 2015, una cuenta de Francisco Rodríguez Arteaga y otra de Gastos Operativos de la Presidencia giraron a Starlight cinco cheques por un total de $70,013.50, de acuerdo al documento fiscal. El primer cheque que Starlight recibió de la partida secreta de Sánchez Cerén, el número 4463 del Banco Hipotecario, data del 20 de enero de 2015, cuando Bukele era alcalde de Nuevo Cuscatlán y repetía el eslogan: “el dinero alcanza cuando nadie roba”.
Luego, entre el tres de diciembre de 2015 y el 21 de diciembre de 2018, Starlight recibió otros siete cheques por un monto de $108,480 desde otras dos cuentas del Banco Hipotecario registradas a nombre de la Presidencia de la República y del OIE. Cuando estos pagos se hicieron efectivos, Bukele ya había sido expulsado del FMLN y preparaba la campaña para su candidatura presidencial, en la que propuso eliminar la partida secreta y arremetía contra los partidos tradicionales con frases como “devuelvan lo robado”.
Para confirmar que los cheques de la partida secreta de Sánchez Cerén estaban relacionados con algún tipo de adquisición que Presidencia hizo con la sociedad Starlight, La Fiscalía solicitó información al Gobierno de Nayib Bukele, ya que en la Presidencia se conservan contratos y datos de gobiernos anteriores.
“Según el oficio Nª 1082-UECLA-2020, relacionado a la Referencia Fiscal 05-UCLEA-2020. Al respecto recibimos respuesta en carta de fecha 23 de abril de 2020 firmada por CONAN TONATHIU CASTRO, Secretario Jurídico de la Presidencia, en la que nos expresan que ‘es inexistente el registro de alguna relación contractual o de adquisición con la sociedad en comento’”, consigna el documento. Es decir que durante el período presidencial de Sánchez Cerén no hay ningún documento que ratifique que Starlight prestó algún servicio para que dicha sociedad recibiera dinero del Estado.
La respuesta del Gobierno de Bukele sobre los inexistentes contratos con Starlight encaja en la acusación que la Fiscalía hace contra la administración de Sánchez Cerén. “Los implicados están acusados de conformar una compleja red de corrupción dentro de Casa Presidencial para sacar dinero de la partida de Fondos Reservados hacia personas particulares y empresas que no tenían ningún vínculo comercial con dicha entidad del Estado”, dice una nota que la Fiscalía publicó en su sitio web, en agosto de 2022.
Sin embargo, el exsecretario de Comunicaciones del Gobierno de Sánchez Cerén, Eugenio Chicas, asegura que la Presidencia firmó contratos por pauta publicitaria con el canal TVX, confirma los pagos a la televisora, pero matiza que nunca se enteró de qué cuenta bancaria se hacían los desembolsos. Chicas cuenta que, como parte del pago de la pauta publicitaria, el canal TVX lo invitaba a entrevistas para hablar sobre las actividades del gobierno y que, al finalizar los programas, el vicepresidente del canal, Federico Anliker, lo invitaba a una reunión privada para gestionar el pago de la pauta publicitaria. Además de sus cargos públicos, Anliker es secretario del partido Nuevas Ideas.
“Todos los medios de comunicación tenían por norma invitarme a sus programas para informar la actividad gubernamental, pero además de la invitación a los programas, y eso era con todos los medios, al finalizar la entrevista me decían: mire, un cafecito, queremos conversar y era para pasar la balanza, como decimos, para cobrar lo que estábamos adeudando porque usted sabe que el gobierno siempre tarda en pagar. En el caso de TVX recuerdo que era el señor Anliker, el que administraba TVX, a él lo habían puesto a administrar TVX y él me llevaba a una de las plantas bajas que ellos tienen y me decía: ‘mire, estamos preocupados, usted sabe que hay una deuda que no se ha pagado, hemos pasado toda la pauta que nos ordenaron, que se contrató, el contrato está firmado pero no nos han pagado’. Entonces, en efecto se les pautó como se pactaba con todos los medios”, dijo.
—¿Y por qué pagaban la pauta publicitaria desde la partida secreta? —preguntó El Faro a Chicas.
— Desconozco de dónde se hacían los pagos, porque la Secretaría (de Comunicaciones) nunca hizo ningún pago, la Secretaría lo que hacía era suscribir los contratos, administrar la pauta, determinar las estrategias, los contenidos, pero ya los pagos no correspondían a la Secretaría sino al área administrativa de la Presidencia, que se encargaba de hacer todos los pagos. De dónde efectuaban ese pago no me consta.
El encargado de los pagos por pauta publicitaria a los medios de comunicación, dijo Chicas, era Carlos Ernesto Guerrero Ventura, el exdirector financiero de Casa Presidencial, uno de los procesados por la Fiscalía. Guerrero Ventura está prófugo.
La tarde del 26 de octubre de 2023, El Faro presentó una solicitud por escrito al canal TVX para preguntar por qué recibieron cheques de la partida secreta de Sánchez Cerén, pero hasta el cierre de esta nota no respondieron.
El documento fiscal consigna que durante el tiempo que Starlight recibió dinero de la partida secreta del Gobierno de Sánchez Cerén, los accionistas de la sociedad eran: el contador Velásquez, empleado de la familia Bukele; Inversiones Valiosas, una de las empresas de Alba; y German Recinos Bernal, hijo de la comisionada presidencial Carolina Recinos. El documento dice que Recinos Bernal es accionista desde 2015, con un monto de $66,893.20.
El 30 de octubre de 2017, la junta directiva de Starlight eligió como administrador único a Marlon Alberto García Torres, exgerente financiero del canal. En 2021, García Torres trabajó como director de desarrollo territorial en el Ministerio de Gobernación del actual gobierno.
La Fiscalía investigó más sobre esta sociedad para agotar todas las instancias y concluir que Starlight recibió dinero de la partida secreta sin justificación. Por ello solicitaron información al Ministerio de Hacienda en la cual estaba incluido un listado de socios, accionistas, clientes, acreedores y deudores.
El informe fiscal detalla la lista de clientes desde el primero de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019, en la que figura “ALBA PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S. E. M. DE C. V” con un monto de $422,683.58, y siete clientes más, pero en ninguna parte aparece el nombre de Presidencia de la República. Por ello, la Fiscalía apunta en el documento lo siguiente: “(...) como ya se mencionó muestra los principales clientes; pero no refleja que haya realizado operaciones de venta con la Presidencia de la República o cualquier otra institución del Estado, que pudiera justificar los pagos recibidos presentados (sic)”.
Sobre los ingresos de la declaración de la renta, la Fiscalía señala que “los ingresos tributarios en todos los ejercicios fiscales son menores a los costos y gastos, lo cual no es razonable ya que los costos y gastos representan entre el 168.66% al 509.46% de los ingresos, y un negocio no puede funcionar por mucho tiempo sin generar ingresos suficientes para poder cubrir por lo menos sus costos y gastos operativos”.
