Dos empleadas de gobierno lucen incómodas con la presencia de reporteros durante la entrega de sacos de arroz en el parque central del municipio de San Rafael, Chalatenango, el miércoles 24 de enero. El arroz proviene de una donación de la República Popular de China y aparece en letras grandes en el saco.
—¿Usted tiene autorización del Ministerio para tomar fotografías?—preguntó una de las empleadas.
—No creo que la necesitemos —respondimos.
—Hasta el momento esto no se ha hecho público por parte del Ministerio.
—Ok, pero nosotros no dependemos del Ministerio para hacer este trabajo. ¿Hay alguien que nos explique por qué usan recursos del Estado para repartir comida en tiempos de campaña electoral?
—No. Si usted quiere hacer eso puede pedirlo directamente con el Ministerio. Acabo de reportar con el jefe del Ministerio y dice que usted no tiene ninguna autorización para hacer fotografías ni nada aquí. Dice que se retire.
—¿Desde cuándo está prohibido hacer periodismo en este país?
—Si tiene alguna consulta puede hacerla directamente con el ministro. Además, esto es del Gobierno y es una donación y no tiene nada que ver con ningún partido político.
En seguida, después de esas palabras, otra de las empleadas que atendía a los beneficiarios de aquellos sacos (en su mayoría mujeres de la zona) llamó de nuevo a su jefe. Después de medio minuto al teléfono trasladó su mensaje: “dice que se vayan”. Cuando se le preguntó quién era el jefe, dijo que no estaba autorizada para decir nada. Explicamos que queríamos hablar con ese jefe y la empleada aseguró que la persona llegaría al lugar en breves instantes. Pero en lugar del jefe, quienes llegaron fueron policías y soldados que estaban en la sede de la alcaldía de San Rafael, gobernada desde 2021 por la alcaldesa Marta Villegas, del partido Nuevas Ideas.
Un policía corpulento, armado de un fusil de alto calibre, era el responsable de la patrulla de agentes y soldados. El agente explicó que los empleados del MAG le habían llamado porque dijeron que tenían problemas en el parque con periodistas de El Faro. El agente que se acercó dijo solo necesitaba comprobar que efectivamente éramos de un medio de prensa. “Yo le expliqué a mi jefe que si ustedes eran periodistas que tenían todo el derecho de estar aquí, nada se los impide. Solo traten de no acercarse mucho a los empleados porque pueden molestarse”, dijo. Y añadió que la entrega de los sacos de arroz se había suspendido hasta que nosotros nos fuéramos.
En las últimas dos semanas, El Faro constató la entrega de estos paquetes de alimentos en Ahuachapán, Morazán y La Unión. Y también comprobó que estos regalos presidenciales no son los únicos. El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, diseñó otro sigiloso programa para repartir en tiempo de campaña electoral miles de quintales de arroz exentos del pago de impuestos, donados por el Gobierno de la República Popular de China. Los repartieron en Santa Ana y Chalatenango. Ninguno de los dos esfuerzos gubernamentales están siendo publicitado por el Gobierno ni en redes sociales, ni en medios estatales.
La explicación de este mutis, extraño en un Gobierno que publicita todo lo que hace y de manera muy eficiente, es que la ley electoral prohíbe al Gobierno publicitar las contrataciones del Estado en el mes anterior al día de las elecciones. “Durante los 30 días anteriores a la fecha señalada para las elecciones, ni el Gobierno de la República, ni los Concejos Municipales y demás entidades autónomas podrán publicar por ningún medio de comunicación privado o estatal las contrataciones, inauguraciones de obras (…) de cualquier naturaleza que hayan realizado, que realicen o que proyecten realizar en cumplimiento de la prestación o de los servicios de asistencia a que está obligado el Estado”, sentencia el artículo 178 del Código.
El artículo 218 Constitución, por otro lado, dice que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada, “por lo que no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista”.
Aquella mañana, los sacos de arroz que se repartían en el parque de San Rafael habían salido más temprano, a las 8 am, de la sede de los bomberos de la cabecera de Chalatenango. El camión que los trasladaba estaba identificado con matrículas oficiales y con logos de la alcaldía de Dulce Nombre de María, un municipio aledaño. El camión llegó al parque de San Rafael media hora después y ya una pequeña multitud de gente esperaba en fila. Cada persona en la fila entregaba su documento de identidad a los empleados del MAG y estos devolvían un vale con la indicación de cuántos sacos le correspondía. “Estos sacos son solo para gente que tienen negocios, panaderías o pupuserías”, dijo una mujer de 35 años que, vale en mano, pidió que este medio la identificara con un nombre inventado, María Concepción. Dijo que estaba contenta con recibir esos quintales de arroz, que nunca lo había recibido, y que hasta el momento él y su esposo solo habían estado recibiendo periódicamente los paquetes de insumos agrícolas, otro programa oficial del MAG.
En un país con un Régimen de Excepción que está por cumplir dos años y que elimina diversas garantías constitucionales como la presunción de inocencia, los principales problemas que aquejan a los salvadoreños, según las encuestas, son el alto costo de la vida y la precariedad económica. Temas como la corrupción o la ausencia de contrapesos democráticos parecen quejas poco relevantes para la población.
El viernes 19, unos empleados del MAG estaban en uno de los portones del cuartel de la Segunda Brigada de Infantería, de Santa Ana repartiendo los sacos de arroz. Ese viernes, a la multitud de gente que habitualmente llega a pedir los antecedentes penales se sumaba una aglomeración de gente mucho más grande que llegaban a retirar sus sacos de arroz chino. Picops y transportes de carga aguardaban estacionados en las calles aledañas a espera del llamado para llegar al portón y comenzar la carga de los sacos. No había símbolos partidarios, ni una señal de campaña, e incluso un simpatizante de Nuevas Ideas que estaba en los alrededores del cuartel se cambió de color de camisa y se quitó la gorra con identificativos del partido para acercarse a la aglomeración.
“¿Qué piensa de que estas ayudas se entreguen en tiempo de campaña?”, se le preguntó a Carlos Rodezno Blanco, un santaneco de mediana edad, de la comunidad Fenadesal 2, donde vive desde hace 10 años. “Ese es el tema, que solo lo hacen cuando hay campaña y después se olvidan. Al alcalde de Santa Ana [Gustavo Acevedo] nosotros lo apoyamos, igual que apoyamos a Bukele. El alcalde dijo que iba a ponernos agua y luz, hasta se pagó dinero por eso pero no resultó en nada”.
Rodezno estaba molesto con los empleados del MAG porque él y su familia habían llegado, atraídos por la noticia de que estaban regalando cuatro sacos de arroz por persona, pero su decepción fue que su nombre o el de sus parientes no estaban en “la lista”.
Y así como Rodezno, otros como Marina, de 37 años, residente en una comunidad carretera a Metapán. “No le están dando el arroz al que presente el DUI sino que solo al que ellos tienen en la lista, y esa lista no sé cómo la hicieron. Yo tengo necesidad, dos niños y dos niñas, y no me quieren dar arroz”, dijo la mujer, quien minutos antes había estado ofreciendo pagar cuatro dólares a la persona que le cediera uno de sus sacos.
Minutos después, unos soldados se acercaron al fotógrafo de El Faro, y así como ocurrió en San Rafael, también le exigieron que dejara de tomar fotos. “Es la vía pública y estos son recursos públicos”, dijimos. “Yo solo eso le digo, que no puede tomar fotos”, respondió uno de los soldados en repetidas ocasiones. Después, otro soldado llegó para advertir que, en todo caso, las fotos prohibidas de tomar eran del interior del cuartel.
El último regalo del presidente (y candidato)
El departamento de La Unión, en el oriente del país, es uno de esos lugares muy latinoamericanos donde la pobreza y el hambre sentencian a la gente, todos los días y a toda hora, a una vida vulnerable. No parece casualidad que el Gobierno de Bukele haya decidido repartir aquí los paqutes de alimentos pues en este departamento se concentran buena parte de los 869,000 salvadoreños que entre marzo y junio de 2023 se quedaron sin acceso a los alimentos usuales y elevaron sus niveles de malnutrición y se pusieron a las puertas de la pobreza crónica, según una proyección que hizo Naciones Unidas.
De hecho, los lugares visitados forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas.
Por eso cientos de cajas con alimentos empacados recorren las calles y caminos de tierra de esta zona a bordo de camiones y pick ups, cargados por reos en fase de confianza, policías, militares y empleados temporales hasta llegar a las casas donde, según las estadísticas de Naciones Unidas, es probable se encuentren con una familia en necesdidad. Las cajas on el último regalo de Nayib Bukele, el presidente que simula que no es el presidente en funciones pero que está a punto de ganar una elección que lo hará gobernar por cinco años más, a pesar de la prohibición que dicta la Constitución.
“Aquí les manda el presidente Bukele”, dicen los empleados, algunos de ellos, uniformados con camisetas azul marino con el logo y el nombre que justifican su presencia por esos lares: Programa Presidencial de Apoyo Alimentario (PPAA), un programa del que el estridente y comunicativo Gobierno ha guardado un sospechoso y absoluto silencio. Lo poco que se ha sabido de la entrega de estas cajas ha sido gracias a fuentes gubernamentales que hablan con periodistas bajo condición de anonimato. Ya hubo algunas publicaciones periodísticas pero nada oficial.
La explicación está en el calendario. Faltan 10 días para la elección de presidente y de diputados, y la Constitución prohíbe explícitamente que cualquier candidato use recursos públicos en tiempos de campaña electoral.
El presidente que dice que no es el presidente en funciones compite por Nuevas Ideas contra otros cinco contendientes, pero ninguno de ellos gobierna desde Casa Presidencial y tampoco tiene a empleados temporales repitiendo el estribillo —“aquí le manda el Gobierno del presidente Bukele”— cuando entregan la caja con dos paquetes de cereal, una botella de aceite, una bolsita de atol, otra de café, dos paquetes de macarrones, una bolsa de leche en polvo, ocho bolsas de pasta tipo coditos, cuatro libras de frijol rojo, dos latas de atún, dos libras de sal, cuatro libras de arroz, dos paquetes de harina de maíz y un paquete de papel higiénico.
El jueves 18 otro punto de repartición de esos paquetes era el Destacamento Militar No. 7 en Ahuachapán. De ahí, durante toda la semana, habían salido picops y camiones con las cajas de alimentos del PPAA, según personas que trabajan en los alrededores del cuartel. El jueves por la tarde, a eso de las 4 p.m., todos los vehículos comenzaron a regresar al cuartel, ya vacíos, únicamente con los empleados uniformados con las camisetas alusivas al PPAA. A la mañana siguiente, en las afueras del cuartel, líderes vecinales de comunidades cercanas al cementerio de Ahuachapán, esperaban pacientemente a que alguien les explicara si habría repartición de alimentos. Al cabo de una hora, frustrados, los líderes decidieron abandonar la misión. “Ya nos dijeron que probemos en Santa Ana, que ahí están repartiendo ahora, pero que aquí ya no van a dar”, dijo una de las mujeres que iba en retirada. Ella dijo que en ese momento se dirigían a la alcaldía de Ahuachapán, gobernada por Nuevas Ideas desde 2021, para hablar con un empleado de la alcaldía. “¿Usted no tiene el número de Mauricio Espinoza?”, preguntó la mujer. “Él nos puede decir por qué no nos dieron a nosotros y a otras comunidades sí”.
Ahuachapán, según Naciones Unidas, fue también uno de los departamentos con más hambre en 2023 en el país.
El arroz chino
A diferencia de las cajas de alimentos del PPAA, los sacos de arroz los entregan hombres y mujeres uniformados con camisetas del Programa de Insumos Agrotecnológicos (PIATEC), una iniciativa del MAG lanzada en marzo de 2022 por el Gobierno y que suponía la creación de un registro único de agricultores salvadoreños. El Gobierno lanzó este programa para canalizar de manera ordenada la entrega de insumos agrícolas, fertilizantes y semillas, pero en tiempo de campaña electoral parece que el PIATEC se ha transformado en un canal para entregar ayuda alimentaria, en este caso arroz blanco donado por China. En su inicios, el Gobierno aseguró que el PIATEC aspiraba a ayudar a medio millón de agricultores, entre ellos, productores de arroz que ahora tienen que ver cómo el Gobierno suple la necesidad del mercado con arroz importado desde China.
En la calle, frente al cuartel de Santa Ana y en la plaza municipal de San Rafael, hay personas descontentas porque desconocen que hay una página del PIATEC en internet donde podían registrarse. La página pide números de contacto, ubicación, y explicar qué tipo de agricultor es, si posee terreno propio o alquilado, si tiene canales para comercializar lo producido… Un hombre de unos 35 años, con delantal y jeans, se quejaba en San Rafael que él no salió beneficiado con el arroz. “Esto solo lo hacen en campaña, es lo malo, todos nosotros vamos a votar por Bukele, el pueblo está con él, pero no se dan cuenta que cuando el arroz no es para todos, habrá molestias. ¿Por qué en lugar de darle cuatro quintales a cada comerciante no le dieron uno a cada persona que quisiera? Ahí sí la regaron”, dijo el hombre.
María Concepción, a unos metros de ahí, cree que aquella entrega de arroz no era campaña. “No están pidiendo el voto, ni tampoco veo a nadie que ande uniformado con los colores del partido, esto no es campaña. Hace unos días vinieron unos diputados a clausurar unos cursos educativos y ahí sí mire, eso puedo decirle que era campaña, pero esto no”.
El arroz fue donado por China unos días antes de que comenzara oficialmente la campaña electoral para la elección presidencial. Por los tiempos, la donación pareció un intento de los asiáticos de acercarse más a Casa Presidencial en momentos en que Estados Unidos ejercía influencia, con la visita de Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Esta donación de 10,000 toneladas de fertilizantes y 7,500 toneladas de trigo y arroz se conoció el 31 de octubre cuando el ministro de Agricultura Óscar Guardado envió una pieza de correspondencia a la Asamblea para pedir la exención de todos los impuestos de la donación china. Bukele y Nichols se reunieron seis días antes, en la víspera de que se venciera el plazo para el presidente de pedir autorización para reelegirse.
La exoneración de impuestos fue aprobada el 7 de noviembre con 70 votos, incluyendo los votos de los diputados del FMLN que, en 2018, cuando estaba en el Gobierno, abrió relaciones diplomáticas con la República Popular China en detrimento de Taiwán.
“Es importante alimentar al pueblo salvadoreño, hay gente que a esta hora, a las 12:30 de la tarde, aún no ha desayunado, no porque no tenga hambre, sino porque no tiene nada, absolutamente nada en su hogar para poder comer. Gracias a China que ha pensado en apoyar al pueblo salvadoreño”, dijo el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, un aliado del bukelismo, minutos antes de la aprobación en el Salón Azul. La diputada Marleni Funes, del FMLN, tomó la palabra justo después y corrigió a su colega: “Hay gente que no ha desayunado a esta hora, pero muy probablemente no van a almorzar tampoco, en este país desarrollado, en este Singapur de Centroamérica, en este país de las luces LED”, dijo, en un tono sarcástico. “Gracias China por esa cooperación y solidaridad y el amor con el pueblo sufrido que según la publicidad ha alcanzado el despegue económico y la justifica financiera, claro, en papeles nada más”, agregó.
Las cajas con los productos alimenticios son un programa administrado por la Presidencia de la República, que desde el 1 de diciembre es dirigida por Claudia Juan Rodríguez, una contadora de extrema confianza del clan familiar que gobierna Casa Presidencial.
El 25 de enero, El Faro constató que decenas de empleados temporales llevaban ya algunos días concentrados en la ciudad de San Miguel, en un centro turístico llamado Altos de la Cueva. Ellos, uniformados con camisetas del PPAA, eran los encargados de entregar los paquetes de alimentos en las casas, pero cada mañana se despertaban sin saber cuál sería el lugar a visitar. El 25 de enero, los empleados fueron llevados en buses, al parecer alquilados (eran de la ruta 109 que hace su recorrido entre Quezaltepeque, departamento de La Libertad y San Salvador), hacia una pista de aterrizaje cerca de San Miguel, y de ahí salieron a bordo de picops y pequeños camiones en dirección a Morazán y La Unión.
Entre los empleados que iban en los camiones había hombres vestidos de amarillo, el característico uniforme de los reos en fase de confianza, policías y militares.
