El organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral, compuesto por cinco magistrados propietarios y cinco suplentes, ha sufrido una ruptura a raíz del irregular proceso electoral que apenas el viernes —cinco días después de la elección— confirmó a Nayib Bukele como el ganador para que gobierne por cinco años más, a pesar de la prohibición constitucional explícita.
El Faro obtuvo copia de tres cartas que los magistrados suplentes enviaron a sus colegas propietarios del organismo colegiado durante la semana después de las elecciones del 4 de febrero. En la última de las notas, recibida por la secretaría general del TSE este domingo 11 de febrero al mediodía, cuatro de los cinco suplentes toman distancia de todas las decisiones y anuncios brindados por el TSE desde la noche del 4 de febrero cuando el sistema de transmisión preliminar de datos falló. En una de las cartas, sugieren que se han cometido acciones lejanas a la 'forma legal' y 'correcta'. De forma 'unilateral'.
En la carta, los magistrados suplentes aseguran: “ya no estamos en la posición de aceptar decisiones que no hayan sido emanadas de forma legal” ni tampoco “declaraciones y compromisos tomados unilateralmente”.
Los magistrados suplentes enviaron otras dos cartas: la primera de ellas, al día siguiente de la votación; y, la segunda, el jueves 8 de febrero, cuando se cumplían cuatro días sin resultados oficiales y el TSE batallaba en un hotel capitalino para inaugurar la jornada de conteo final de actas y papeletas de la elección presidencial. En ambas cartas, los suplentes reclamaron a sus colegas por la falta de información sobre las decisiones tomadas por los propietarios y también les pedían tomar las medidas necesarias para que la información sobre la ruta de acción fuera compartida entre los 10 magistrados.
En las cartas, los magistrados suplentes también hicieron un recuento de las anomalías que observaron en los días previos a la votación y por ello pidieron no ser responsabilizados por los fallos del domingo 4. “No podemos aceptar responsabilidad alguna sobre los problemas que nos fueron planteados extemporáneamente”, dice la carta del 5 de febrero, que insinúa que los únicos que sabían del panorama completo de cara a la elección eran los magistrados propietarios.
En sus notas al organismo colegiado, los suplentes también mostraron abiertas dudas sobre si el TSE estaría en capacidad de llevar a feliz término la elección del 3 de marzo que designará a los nuevos alcaldes y regidores de los 44 municipios del país.
La magistrada suplente Sonia Liévano confirmó la veracidad de los documentos pero agregó un matiz: “Lo que le puedo confirmar es que la nota fue atendida de inmediato y que se tomaron los acuerdos necesarios para estar de acuerdo en continuar trabajando juntos para sacar adelante el evento electoral”, dijo.
El magistrado propietario del TSE, Noel Orellana, también confirmó que el organismo colegiado había recibido tres cartas de fecha 5, 8 y 11 de febrero pero, a su juicio, las ideas plasmadas no representaban ningún tema de trascendencia.
Dos de las cartas fueron firmadas por los cinco magistrados suplentes: Marlon Harold Cornejo Ávalos, suplente del magistrado propuesto por Arena; Carmen Veraliz Velázquez, suplente del magistrado propuesto por el FMLN; René Abelardo Molina, suplente de la presidenta del TSE del partido Gana; María Blanca Paz Montalvo y Sonia Clementina Liévano, suplentes de los magistrados colocados por la Corte Suprema de Justicia.
La última de las cartas, de fecha 11 de febrero, solo fue firmada por los últimos cuatro magistrados. Cornejo no aparece como firmante.
El domingo 11, además, el TSE instaló en el gimnasio Adolfo Pineda de San Salvador 300 mesas para contar voto por voto las papeletas de la elección legislativa, cuyo resultado aún es incierto debido a que el 4 de febrero menos del 1 % de las actas se lograron transmitir.
Este proceso también ha sido accidentado porque, por un lado, los partidos políticos como Arena, Vamos y Nuestro Tiempo aseguran que el TSE no brindó información certera y oportuna sobre la logística y mecanismo a seguir para el conteo de los votos. Por otro lado, el TSE asegura que la información sí se les entregó a los partidos participantes.
Hacia las 10 de la noche del domingo, Arena anunció que se retiraba del escrutinio porque el TSE no estaba garantizando 'las condiciones de un proceso transparente'.
Carlos García Saade, presidente de Arena, criticó que las mesas que revisarían voto por voto en realidad no tendrían ningún poder de decisión para enmendar potenciales errores cometidos el 4 de febrero por las JRV y que eso volvía inútil el conteo. Vamos y Nuestro Tiempo también criticaron que no se les iba a permitir recalificar los votos si detectaban un error.
El martes 6 de febrero, en una reunión a puertas cerradas con los representantes de los partidos políticos, la presidenta del TSE, Dora Martínez, reconoció el fracaso en el proceso electoral e insunuó que este podría deberse a un boicot premeditado.
Una “crisis irremediable” a 9 días de la elección
Según lo plasmado en la nota del 5 de febrero, desde el día antes de la elección el organismo colegiado ya dialogaba y ya reconocía la enorme posibilidad de que el día de los comicios muchas cosas salieran mal.
Según la misiva, en una reunión del 25 de enero, a los magistrados suplentes se les “encomendó supervisar y tratar de superar los obstáculos detectados” en los simulacros. Pero según dicen los funcionarios suplentes en sus cartas, en aquel momento ellos ya consideraban que el TSE estaba “fuera de tiempo para solventar” los problemas detectados.
En esa primera carta, los magistrados dicen que para el 25 de enero sabían que “estaban en una crisis irremediable” que ya había alterado buena parte del Plan General de Elecciones (PLAGEL). Ese plan consiste en 25 programas (o ejes de trabajo) en los cuales se subdivide la organización del proceso electoral y que se considera la columna vertebral de toda la organización. La crisis y los fallos que no se enmendaron en los últimos días de enero, según los magistrados suplentes, solo podía tener un resultado: una crisis el día de las votaciones.
Los magistrados también detallan que fue hasta el día 26 de enero, a nueve días de las elecciones, que el TSE convocó a los encargados de los programas del PLAGEL para escuchar si tenían inconvenientes o dificultades. Según la carta, en esa reunión, las áreas operativas informaron de cuatro problemas principales, entre ellas “la crisis para la conformación de miembros de las Juntas Receptoras de Votos”.
Como se vería en el día de la votación, la manera en la que se integraron las 8,562 JRV provocó abundantes quejas de los partidos políticos. Por ley, cada mesa queda integrada por un delegado de los cuatro partidos con mayor votación en la última elección y la quinta silla se rifa entre el resto de los partidos contendientes. Según las quejas de los partidos, el partido oficialista Nuevas Ideas había acaparado la mayoría de puestos valiéndose de argucias legales.
Los otros tres problemas que los jefes del Pagel expusieron en la reunión del 26 de enero fueron la falta de personal temporal para los diferentes programas, el incumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo del personal contratado y la falta de compromiso del personal con el proceso electoral.
Los funcionarios suplentes reclamaron a sus colegas que no fueron informados oportunamente de ese rosario de problemas detectados por los jefes de programas del Plagel. Y que cuando por fin les informaron, ya faltaba demasiado poco para la votación. “No podemos aceptar responsabilidad alguna sobre los problemas que nos fueron planteados extemporáneamente y las consecuencias que se reflejaron el cuatro de febrero”, dice la carta.
También reclamaron que nunca se enteraron de las decisiones y acuerdos tomados por una instancia temporal denominada “Comisión Coordinadora de Elecciones” en la que, según una fuente administrativa del TSE, no participaban los suplentes sino solo propietarios. Según la fuente, la comisión supervisaba las contrataciones necesarias para el proceso electoral, la adquisiciones de bienes y servicios, y organización electoral de todas las unidades y los programas del Plagel.
Los cinco magistrados propietarios del TSE son Dora Martínez, magistrada presidenta y propuesta del partido Gana; Guillermo Wellman, magistrado propuesto por Arena; Julio Olivo, magistrado propuesto por el FMLN; Rubén Meléndez y Noel Orellana, propuestos por la Corte Superma de Justicia.
Dudas para el 3 de marzo
En su segunda carta al organismo colegiado, los suplentes volvieron a exigir más comunicación sobre las decisiones que estaban tomando sus colegas propietarios. Pedían que se tomaran “las medidas necesarias para que todos los magistrados que conforman este organismo colegiado estuvieran en todo momento informados de todo lo que acontezca en el desarrollo del presente evento electoral y posteriormente”.
También mostraron dudas sobre si el equipo funcionaría adecuadamente el 3 de marzo. Señalaban que el mismo equipo se había usado en la elección de 2021 y que había funcionado “perfectamente”, con lo cual les llamaba la atención el fallo del 4 de febrero. “Es necesario determinar qué sucedió en esta última elección por lo cual se debería cuestionar ¿se probaron debidamente? ¿se hicieron algunos cambios que impidieron su correcto funcionamiento?”, plasmaron en su carta los funcionarios.
También pedían que se mejorara la capacitación de los miembros de las JRV y que se tomaran las providencias necesarias para garantizar el pago a tiempo de los que tendrían que trabajar el 3 de marzo en las mesas electorales, como una manera de incentivarlos. Sugieren revisar el sistema “en cuanto a la base de datos y mecanismos de contingencia”.
Al parecer, a una semana de la elección, el ambiente del organismo colegiado era de división. Y al mismo tiempo que el escrutinio final de la votación presidencial se enredaba más y más en el hotel Hilton de San Salvador, los funcionarios suplentes decidieron jugar una última carta: presionar para una “reunión de urgencia” a sus colegas del organismo colegiado.
La reunión, según una copia a la que tuvo acceso El Faro, serviría para tomar decisiones “pertinentes y necesarias para seguir adelante con el proceso de conteo de votos” que reflejen “la opinión y posición de todos los magistrados que integran el TSE”.
Pero en la carta los magistrados suplentes dejaron entrever que todo lo actuado por el TSE en realidad no había sido una acción conjunta sino una serie de decisiones tomadas únicamente por los propietarios. “Manifestamos claramente que ya no estamos en la posición de aceptar decisiones y actuaciones que no hayan sido emanadas en forma legal y correcta del pleno, así como las declaraciones y compromisos que no hayan sido legalmente tomados y mucho menos tomados unilateralmente”.
