El Señor Orellana es un comerciante que durante dos décadas fue víctima de las pandillas y, sin embargo, desde hace ocho meses está detenido por el régimen de excepción en el penal de Izalco, en Sonsonate, donde el Estado lo mantiene encarcelado por supuestos vínculos con sus verdugos: la Mara Salvatrucha-13 y el Barrio 18 Revolucionarios. Una decena de documentos oficiales retratan al Señor Orellana como una de las miles de víctimas de las pandillas, pero la Policía y la Fiscalía lo han presentado como un victimario. “Le habían puesto asociaciones (ilícitas), vinculado con gente de mi colonia, cosa que es lo más absurdo porque a nosotros nos han tenido renteados ahí”, cuenta la esposa del Señor Orellana.
Durante más de una década, el Señor Orellana recibió amenazas de muerte de las pandillas, para que pagara la renta. El Faro tiene una de las amenazas escritas que las pandillas le enviaban a su casa y su negocio. En 2012, las pandillas asesinaron a un vigilante de su negocio y el Señor Orellana se convirtió en testigo del asesinato, según documentos oficiales. Luego, en el 2015, dos hermanas del Señor Orellana huyeron hacia Estados Unidos, país que les concedió asilo político por las amenazas de las pandillas. En los documentos del proceso de asilo estadounidense, el Señor Orellana también aparece mencionado como una de las víctimas de las pandillas. La esposa del Señor Orellana conversó con este medio y se acordó revelar solo el apellido de su esposo. Ella teme que el Estado se ensañe más contra su familia.
El Señor Orellana y su familia vivían en una colonia controlada por el Barrio 18 Revolucionarios, en la zona norte de San Salvador. En 2006, apenas un año después de montar una pequeña empresa de reciclaje de metales, los pandilleros le exigieron el pago de “la renta”.
En la jerga pandilleril, la renta es sinónimo de extorsión. La renta era la cuota que las víctimas pagaban para vivir o trabajar sin problemas en territorios controlados por pandillas. En el caso del Señor Orellana, este problema le llegó por partida doble. Su negocio está ubicado a dos kilómetros y medio de distancia, al poniente de su casa, en una llanura adusta que era controlada por la Mara Salvatrucha-13, que también exigía la renta. El Barrio 18 le pedía dinero para dejarlo vivir en su casa y la Mara Salvatrucha-13 le pedía lo mismo para que pudiera trabajar en su empresa. “Nos venían a dejar papeles. Estos papeles los mandaban con niños en bicicleta”.
Los papeles a los que se refiere la esposa del Señor Orellana son unos pedazos de páginas de cuaderno rayado, con mensajes manuscritos. El Faro tiene una de estas amenazas que recibió la familia hace más de una década: “Vaya guachen te damos dos horas para que llames a este número. Sino llamas vamos a llegar a matar a todos los que estén ahí adentro así como hemos ido matando a los de la (...) Así que te pedimos que colaboren en llamar ya este # (sic)”.
El Señor Orellana no pagó la renta. Aquel hombre moreno, de carácter fuerte, no estaba dispuesto a dar dinero a los pandilleros para trabajar en lo que consideraba su mayor logro, dice su esposa. Ella cuenta que su esposo trabajó como auxiliar en un camión que repartía pollos a nivel nacional, pero un día de 2005 la empresa hizo un recorte de personal y el Señor Orellana quedó desempleado. Ante esta situación adversa comenzó su propio negocio, alquilaba un pick up y recogía chatarra. La empresa comenzó a crecer: consiguió un local, compró vehículos para trabajar y pagó impuestos. El año pasado, la empresa facturó más de un millón de dólares.
“Su mayor éxito también ha sido su fracaso, por esta situación en la que estamos”, dice la esposa del Señor Orellana, minutos antes de mostrar un mueble de madera, con dos estantes repletos de fólderes, donde su esposo guardaba facturas, comprobantes de pago de impuestos y otros documentos del negocio.
Lejos de ceder ante la amenaza de las pandillas, el Señor Orellana contrató vigilancia privada. Además, junto a otros dos familiares dedicados al mismo rubro, dueños de sus propios negocios y también extorsionados, presentaron una denuncia en la Fiscalía por el delito de extorsión. Esto significa que, al presentar la denuncia en una oficina fiscal, el Señor Orellana se convirtió en una víctima y potencial testigo, caso que en su momento le fue asignado a un fiscal de apellido Figueroa.
Durante el actual régimen de excepción, la Fiscalía aplicó una ley contra las pandillas para encarcelar al Señor Orellana, pese a que en sus mismos archivos hay evidencia documental de que el detenido fue víctima de esos grupos. La familia entregó esos documentos al juzgado, pero también ha pedido que la Fiscalía los remita oficialmente al Juez tres del Juzgado Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, donde el comerciante es procesado por agrupaciones ilícitas.
Hasta el momento, El Faro no ha podido verificar si la Fiscalía ya agregó esa información al proceso, porque todos los expedientes del régimen de excepción son secretos. Jueces y fiscales alegan que divulgar cualquier información sobre los casos del régimen puede provocar “pánico en la población”, ocultando así capturas con fichas policiales falsas , arrestos basados en argumentos ambiguos como parecer sospechoso o encarcelamientos por tener el antecedente de haber sido declarado inocente en casos relacionados a pandillas.
Testigo de un crimen
La denuncia de la familia Orellana en la Fiscalía no paró las amenazas de las pandillas. Al contrario, continuaron mandando mensajes en los que exigían el pago de la renta. El señor Orellana cerraba su negocio cuando aquellos mensajes llegaban a su local, pero dentro de las instalaciones seguía trabajando, cuenta su esposa. El 14 de julio de 2012, en plena tregua que el gobierno de Mauricio Funes mantenía con las pandillas, la Mara Salvatrucha-13 decidió ejecutar una de sus amenazas. Ese día, la pandilla asesinó al vigilante privado del negocio del Señor Orellana.
El vigilante se llamaba Carlos R., un jornalero de 70 años de edad. Unos sujetos desconocidos llegaron al local, fingiendo ser clientes. En un descuido del anciano, los sujetos lo sometieron y lo asesinaron con “una herida penetrante de cuello producida por arma blanca', según el dictamen del Instituto de Medicina Legal. La conclusión del forense también quedó registrada en la partida de defunción, inscrita en una alcaldía de la zona norte de San Salvador. El Faro tiene una copia de este documento.
La Policía llegó a la escena del crimen a las 10:10 de la mañana del 14 de julio de 2012. Los policías buscaron posibles evidencias del crimen y la Fiscalía abrió un expediente por el delito de homicidio agravado. Una de las primeras personas entrevistadas en el caso fue el Señor Orellana. Es decir, oficialmente se convirtió en testigo por ser la persona que contrató al vigilante y por ser el dueño del local donde aquel anciano perdió la vida.
El asesinato de Carlos R. fue consignado en un tuit de la cuenta de Twitter de uno de los periódicos con circulación nacional. El Faro buscó en los Guacamaya Leaks qué diligencias se hicieron o cuál fue el resultado de la investigación sobre el homicidio del anciano, asesinado en su lugar de trabajo. La filtración Guacamaya Leaks comprende diez millones de correos electrónicos de la Policía y 250,000 de la Fuerza Armada. En esta base de datos, El Faro no encontró ninguna información sobre la investigación por el homicidio del anciano.
Víctimas de las pandillas, según Estados Unidos
Los documentos oficiales que demuestran que la familia Orellana fue víctima de las pandillas no solo están en El Salvador sino también en registros de Estados Unidos. En julio de 2015, dos hermanas del señor Orellana salieron del país hacia California, por el hostigamiento constante de las pandillas y porque en ese momento El Salvador vivía sus días más violentos de la década.
El Gobierno de El Salvador era dirigido por Salvador Sánchez Cerén. El segundo presidente efemelenista decidió terminar con la tregua de las pandillas. Esa política de choque provocó los días más violentos de la década. Por ejemplo, en agosto de 2015, un mes después de que las hermanas del señor Orellana salieran hacia Estados Unidos, la Policía registró 911 homicidios; es decir, un promedio de 29 personas asesinadas cada día. El país padecía una epidemia de homicidios.
Las dos hermanas del señor Orellana llegaron a Estados Unidos con la intención de no regresar y presentaron una solicitud de asilo político. El Faro tiene algunos documentos del proceso llevado a cabo por la firma de abogados Law Offices of Vital D`Carpio. Los documentos en poder de este periódico datan de noviembre de 2016 y febrero de 2017, pese a que las familiares del Señor Orellana entraron a ese país en julio de 2015.
La solicitud de asilo político fue presentada ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), una oficina adscrita al Departamento de Seguridad Nacional. En uno de los formularios, las autoridades estadounidenses preguntaron a las hermanas del Señor Orellana si ellas o su familia, colegas o amigos cercanos habrían sufrido maltrato o amenazas. La pregunta remitía a otras tres interrogantes en las que debían dar detalles. Estas son las preguntas del USCIS y estas son las respuestas de una de las hermanas del Señor Orellana, en ese momento de 19 años.
¿Alguna vez usted, su familia, amigos cercanos o colegas han sufrido daño o maltrato, o amenaza en el pasado? Si su respuesta es sí, explique detalladamente: ¿qué sucedió?
Fuimos amenazados constantemente con pistola por parte de pandillas que pedían dinero. Estas amenazas fueron para mi mamá, mis hermanos y para mí.
¿Cuándo ocurrió el daño, maltrato o amenaza?
Estas amenazas fueron muy frecuentes durante unos diez años.
¿Quién causó el daño, maltrato o amenaza?
Las amenazas fueron hechas por medio de la pandilla 18.
¿Por qué cree usted que el daño, maltrato o amenaza ocurrió?
Las causas de las amenazas para toda la familia fue por tener un negocio y por falta de seguridad por parte de los cuerpos de seguridad.
En uno de los documentos del proceso de asilo, el nombre del Señor Orellana aparece como parte de la familia amenazada por las pandillas. El 22 de febrero de 2017, el USCIS aprobó la solicitud de asilo a favor de dos hermanas del Señor Orellana porque en su país natal eran víctimas de las pandillas. El resultado les fue notificado oficialmente dos días después. “A partir del 22/02/17, se le ha concedido asilo en los Estados Unidos de conformidad con la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). A sus familiares derivados, enumerados anteriormente, que están presentes en los Estados Unidos, a quienes usted ha incluido en su solicitud de asilo y con quienes ha establecido una relación calificada, se les concede asilo derivado”.
El documento consigna que ese beneficio puede ser revocado si las condiciones violentas desaparecen en El Salvador. “El estatus de asilo puede cancelarse de conformidad con la sección 208 ( C) (2) de la INA si ya no tiene un temor fundado de persecución debido a un cambio fundamental en las circunstancias, ha obtenido protección de otro país, o ha cometido ciertos delitos o ha participado en una actividad que lo hace inelegible para conservar el estatus de asilo en los Estados Unidos”. Los familiares de las dos mujeres asiladas dijeron que hasta el 22 de agosto de 2023, mantenían ese beneficio.
De víctima a victimario
La madrugada del 4 de diciembre de 2023, a casi nueve meses de decretado el régimen de excepción, la Policía lanzó un operativo en varias colonias de la zona norte de San Salvador. Los agentes buscaban a miembros del Barrio 18 Revolucionarios que dominaban esas colonias. En una de esas colonias vivía el Señor Orellana. Los policías llegaron a su casa a las cinco de la mañana y le dijeron que debía acompañarlos a un puesto policial porque recibieron una denuncia sobre un accidente de tránsito en el que estaba involucrado uno de sus vehículos.
“Lo sacaron con engaños de la casa”, concluye su esposa. Cuando ella llegó al puesto policial con todos los documentos del vehículo para aclarar el supuesto accidente de tránsito, el Señor Orellana ya estaba esposado, acusado del delito de agrupaciones ilícitas. El comerciante fue enviado al penal de Izalco y diez días después enfrentó una audiencia junto a otras 18 personas detenidas en su colonia y colonias aledañas, controladas por el Barrio 18 Revolucionarios.
“En la primera audiencia llevamos todos los arraigos porque solamente le habían puesto asociaciones (ilícitas), vinculado con la gente de mi colonia, cosa que es lo más absurdo porque nos han tenido renteados ahí”, dice la esposa. La familia sospechaba que la Policía los podía vincular a la Mara Salvatrucha-13 porque la empresa operaba en una zona de esa pandilla; porque en los primeros meses del régimen los agentes habían capturado a dos empleados de la empresa (que, meses después, fallecieron en prisión); y porque investigadores policiales vestidos de civil frecuentaban el negocio, haciéndose pasar como clientes. Ante esta situación, la familia planeaba emigrar hacia Estados Unidos o Italia, pero la captura del Señor Orellana desbarató el plan.
El 15 de diciembre de 2023, el Juez 3 del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador realizó una audiencia contra 19 personas capturadas diez días antes, entre ellos el Señor Orellana. El juez ordenó que 18 de los arrestados continuaran detenidos, pero al Señor Orellana lo benefició con libertad condicional: le impuso una fianza de $15,000. “Solicito a usted poner inmediatamente en libertad al procesado (...) No omito manifestarle que dicha orden deberá ser ejecutada una vez verificada la situación jurídica del mismo y de no encontrarse a la orden de otro tribunal”, se lee en la orden de libertad que fue entregada a la familia tres días después de la audiencia, es decir el 18 diciembre de 2023.
La familia del Señor Orellana pagó la fianza de $15,000 al Ministerio de Hacienda el 18 de diciembre de 2023. Ese mismo día, la esposa llevó la carta de libertad al penal de Izalco. “El señor (custodio) me dijo: ‘este es un trámite largo, va de 3 a 6 meses, a un año’. Yo le dije: ‘¿por qué? Si aquí dice que se libere inmediatamente’. Me dijo: ‘no, porque aquí ya entra un área administrativa’. La recibió (la carta de libertad), nos dio un papelito con un número de teléfono que jamás contestaron”.
Un mes después, en enero de 2024, la familia se enteró por medio de amigos con acceso a información oficial de que el Señor Orellana fue recapturado en el penal de Izalco por un “nuevo” delito de agrupaciones ilícitas. Según la nueva acusación, presentada ante el Juez 2 del Tribunal contra el Crimen Organizado de San Salvador (un juez distinto al que le concedió la libertad condicional), un hombre con apariencia sospechosa caminaba en los alrededores del penal de Izalco y cuando los policías le pidieron el DUI, no pudo identificarse legalmente. Esa es la versión oficial sobre la segunda detención del Señor Orellana.
Ni su familia, ni sus abogados particulares fueron informados del nuevo proceso y, por lo tanto, las autoridades violaron su derecho constitucional de defensa. “Hemos andado buscando en Santa Ana, en Sonsonate, en todos lados. Al final el caso había sido remitido a San Salvador. Siempre al Tribunal Sexto con el juez 2, no con el juez 3 que le dio la libertad”, dice la esposa del Señor Orellana. Los abogados de la familia lograron que el nuevo expediente fuera agregado al proceso en que se le concedió la libertad condicional. La Constitución salvadoreña prohíbe procesar a una persona por los mismos hechos, y con la misma prueba. La esperanza de la familia es que el juez le dé una segunda orden de libertad. ”No dicen si se le va hacer audiencia, solo dicen que hay que esperar porque están saturados de trabajo”, es la respuesta que la familia ha recibido del sistema judicial.
El Faro preguntó a la familia del Señor Orellana si tiene antecedentes relacionados con pandillas. La esposa del comerciante dijo que, en 2006, estuvo detenido dos veces: primero, por un accidente de tránsito; y, después, por el supuesto hurto de alambres de cobre en San Matías, La Libertad. El caso de hurto es confuso y la señora lo explica así: su esposo alquiló un carro para ir a dejar metales a la fundidora de Corinca; el dueño de un pick up accedió a hacer un viaje con la condición de que luego debía ir a dejar unas medicinas a San Matías. Cuando regresaban, la Policía los capturó por el supuesto hurto de unos cables de cobre. El Señor Orellana estuvo cuatro meses detenido en Mariona. Fue absuelto. Su esposa mostró una ficha de ese penal en el que fue catalogado como reo común, no vinculado a pandillas.
El Faro buscó en los Guacamaya Leaks algún documento policial sobre el Señor Orellana y su empresa. En los 10 millones de correos electrónicos de la Policía, este periódico sólo encontró un documento en el que se menciona al Señor Orellana. Se trata del informe de novedades 187, elaborado por una subdelegación policial de la zona norte de San Salvador. El documento consigna que el seis de julio de 2017, agentes del sistema de emergencia 911 capturaron a un empleado del Señor Orellana que hurtó de su empresa “unas poleas y un tecle marca Yale, valorados en 25 dólares”. El empleado, además, había hurtado la cantidad de 135 dólares. “Procediendo los agentes a la respectiva remisión del sujeto descrito ya que fue identificado y encontrado en el lugar de los hechos”.
Esto significa que, además de los documentos oficiales que demuestran que fue víctima de las pandillas por las amenazas de extorsión y el asesinato de uno de sus empleados, que su familia está en el exilio por el acoso pandillero, también hay un reporte policial que consigna que fue víctima de hurto por parte de uno de sus empleados. El Señor Orellana, sin embargo, continúa detenido en el penal de Izalco por el régimen de excepción. De momento, las autoridades siguen tratando a una víctima de las pandillas como a un pandillero, a pesar incluso de que un juez ya ordenó su libertad.
