El Centro de Justicia y la Responsabilidad demandó este 9 de octubre en Estados Unidos al coronel Mario Adalberto Reyes Mena, por su papel en el asesinato de cuatro periodistas holandeses en Chalatenango hace 42 años, el 17 de marzo de 1982. La demanda civil fue presentada en un tribunal federal de Virginia en nombre de Gert Kuiper, hermano de Jan Kuiper, asesinado junto a tres de sus compañeros por el ejército salvadoreño.
El asesinato de Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Johannes Willemsen es, según la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, uno de los casos más emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos de la guerra civil de El Salvador (1980-1992). Los cuatro periodistas llegaron al país a finales de febrero de 1982 como parte de una cobertura para Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON), una emisora de televisión y radio holandesa.
Según el informe, los periodistas se dirigían a Chalatenango para cubrir el conflicto, guiados por miembros de la guerrilla, cuando fueron emboscados y ejecutados por el ejército. Cinco días antes del ataque, Kooster fue detenido e interrogado por la Policía de Hacienda, pero fue liberado en cuestión de horas.
La demanda, a la que El Faro tuvo acceso mediante una copia, cita investigaciones de la Embajada de Estados Unidos en la misma noche y en la madrugada siguiente de los asesinatos que concluyeron que Reyes y otras jefaturas tenían la idea de encubrir la masacre diciendo que había ocurrido en un enfrentamiento. Investigadores estadounidenses encontraron evidencia de que los únicos que habían disparado en la escena habían sido los miembros de la patrulla del ejército.
La demanda dice que en 1984, dos años después del crimen, el coronel Reyes Mena fue trasladado a Estados Unidos como agregado militar del gobierno salvadoreño en Washington, D.C. El coronel, desde entonces, realizaba viajes regulares a El Salvador, hasta 2022.
En ese año, la jueza de Primera Instancia, María Mercedes Argüello, del distrito de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, ordenó la captura de Reyes Mena y otros exoficiales: el coronel Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto; el sargento Mario Canizales Espinoza, del Batallón Atonal; el general Guillermo García, exministro de Defensa; y el coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda. Estos últimos dos fueron detenidos el 14 de octubre de 2022 en sus residencias en San Salvador. Según Óscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos, están bajo arresto en un hospital privado. Comunicándonos es una organización que trabaja estrechamente con la CJA e impulsa la investigación penal del caso de los periodistas holandeses en El Salvador,
Reyes Mena continúa siendo prófugo de la justicia en El Salvador. “No hay indicios de que la extradición o expulsión a El Salvador sea rápida o incluso posible”, dice la demanda.
Claret Vargas, abogada de la CJA, dijo a El Faro que el objetivo de la demanda es que Reyes Mena, por lo menos, tenga que enfrentar la justicia en un caso civil en ese país. “Lo que buscamos es llegar a juicio, obtener evidencias, presentar las que ya tenemos y que se consiga una declaración de la responsabilidad de Reyes Mena en el caso”. Una denuncia civil busca principalmente una reparación monetaria pero, según explicó la abogada, esa es una herramienta más que un objetivo final.
La demanda exige una compensación por daños y también medidas de reparación como la publicación de una declaración en la que Reyes admita la responsabilidad de los hechos.
En caso de que la demanda sea favorable “se debe pasar un proceso para que Reyes Mena pueda ser deportado”, dijo Oscar Peréz, de la Fundación Comunicándonos.
El proceso podría durar entre dos y 18 meses, dijo Vargas. En el corto plazo se espera que Reyes Mena y sus abogados se opongan a la demanda. “Estamos listos para oponernos a esos argumentos, y si pasamos esa etapa llegaremos al momento en el que se deben conocer las pruebas”, agregó.
Gret Kuiper de 70 años, hermano menor de Jan, uno de los periodistas asesinados, dijo a El Faro que se sentía optimista por la “fase decisiva” a la que ha entrado el caso. “Eso da alivio”, dijo. “Es un proceso muy largo y a veces tengo la percepción de que no llegamos a un fin en el proceso, más ahora que casi todos los familiares de los reporteros son ancianos, hay familiares que ya tienen 85 años y para ellos es muy complicado involucrarse más, siguen el caso pero no participan. Yo personalmente quiero continuar aunque pueda ser un poco molesto”, dijo.
Criminales de guerra refugiados en Estados Unidos
La demanda pretende seguir el precedente jurídico que dejó un caso similar en el que los demandados fueron dos importantes jefes militares de principios de la década de los 80: Guillermo García, exministro de Defensa salvadoreño y Carlos Eugenio Vides Casanova, exdirector de la Guardia Nacional que sucedió a García como ministro de Defensa. 'La Guardia' fue uno de los cuerpos de seguridad que existía en la guerra y que fue obligada a desaparecer con la firma de la paz en 1992.
García y Vides Casanova fueron encontrados culpables de torturas y violaciones a los derechos humanos en un juicio civil celebrado en Florida en 2002. Ambos fueron condenados a pagar más de 54 millones de dólares a las víctimas salvadoreñas. Todo comenzó con la demanda civil que interpusieron en aquel país, tal como ahora lo hace Kuiper.
Después de la condena civil, el gobierno estadounidense, basándose en una nueva ley que busca impedir la presencia de violadores de derechos humanos en suelo estadounidense, anunció la apertura de juicios de deportación contra ambos militares salvadoreños.
Ambos fueron deportados desde Estados Unidos, en 2015 y en 2016, respectivamente, y en sus juicios migratorios se constató su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos en El Salvador. García fue expulsado de Estados Unidos y en la sentencia se determinó que tenía una vinculación a 11 crímenes de guerra, entre ellos: el asesinato del arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980; las masacres de más de mil campesinos en el Mozote, en 1981; y el asesinato de cuatro monjas estadounidenses, en 1980.
Ninguno de esos casos tiene investigaciones judiciales tan avanzadas como el caso de los periodistas holandeses. Los exministros de Defensa fueron deportados a El Salvador pero no fueron detenidos de inmediato, en cambio Reyes Mena podría ser detenido en virtud de la orden de captura internacional girada en 2023.
En 2018, periodistas holandeses del programa de investigación Zembla encontraron a Mena residiendo en ese país. Hasta ahora, se desconoce el estatus migratorio del coronel salvadoreño, según afirmó Vargas. El equipo de periodistas reveló ese año documentos secretos de la Organización de Naciones Unidas, en los que aparece que el coronel compartió información del operativo con otros mandos militares y Bruce Hazelwood, un asesor del ejército de Estados Unidos. En la demanda civil presentada este 9 de octubre también se menciona que el coronel John McKay, de la embajada de Estados Unidos, hizo las primeras pesquisas en el terreno para averiguar qué había ocurrido con los periodistas. McKay era en ese momento el segundo al mando del agregado de defensa de la embajada.
Desde su llegada, los periodistas holandeses fueron perseguidos y vigilados por el Ejército salvadoreño por informes previos que habían realizado como: entrevistas con miembros de la guerrilla, documentación de abusos de derechos humanos por parte de actores estatales y reportes sobre escuadrones de la muerte apoyados por el gobierno.
En ese contexto, el ejército salvadoreño intimidó y atacó a periodistas nacionales y extranjeros cuyas coberturas consideraban una amenaza. El gobierno de Estados Unidos había decidido condicionar la ayuda militar al ejército salvadoreño a que este respetara los derechos humanos. Los reportes de la prensa independiente perjudicaban los intereses de El Salvador para conseguir ese financiamiento. En los dos años siguientes a la masacre de los holandeses, más de 20 periodistas extranjeros fueron asesinados en El Salvador.
En El Salvador, las víctimas del conflicto armado enfrentan obstáculos para obtener justicia desde que se firmó la paz en 1992.
Los Acuerdos de Paz crearon la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos durante la guerra. En 1993, la Comisión publicó su informe. Cinco días después de la publicación, la Asamblea aprobó una ley de Amnistía que protegió a criminales de guerra del ejército y la guerrilla. Esa ley estuvo vigente hasta 2016, cuando la Sala de lo Constitucional la derogó. La Sala ordenó a la Asamblea Legislativa crear una nueva ley. En 2020, el presidente Bukele vetó una propuesta de ley de partidos de derecha, liderada por Arena.
En mayo de 2024, los diputados del partido Nuevas Ideas archivaron la propuesta de ley de justicia transicional, con lo que la orden judicial de crear una nueva ley sigue sin cumplirse, ocho años después de la sentencia.
