Con 43 votos de Arena, PCN y PDC se aprobó la noche del 26 de febrero una nueva Ley de reconciliación que en apariencia pretende cumplir el mandato hecho por la Sala de lo Constitucional en 2016, cuando anuló la Ley de amnistía de 1993, pero en realidad, según organizaciones de víctimas y organismos internacionales, favorece una vez más la impunidad. Según la ley, aprobada por la Asamblea sin pasar por discusión en plenaria, los criminales de guerra podrían recibir, a criterio de los jueces, reducciones y conmutaciones de penas que, a juicio de Naciones Unidas, contrarían tratados internacionales y las exigencias hechas hace tres años por la Sala de lo Constitucional.
La nueva ley de reconciliación permite que las penas de prisión para criminales de guerra se reduzcan a una expresión mínima si los acusados confiesan sus crímenes, piden perdón y colaboran con la justicia. Esas penas reducidas podrán además ser conmutadas por los jueces en razón de “salud, edad o similares” 'independientemente de la pena”. La ley también limita los casos que la Fiscalía podrá investigar y el plazo en el que esto pueda ocurrir.
En 1993 los partidos Arena y PCN aprobaron una Ley de amnistía general en respuesta al Informe de la Comisión de la Verdad, hecho público tres días antes y que responsabilizaba al Ejército, escuadrones de la muerte y cuerpos paramilitares con vinculaciones en el Estado, de la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. Aquella amnistía fue aprobada en una sesión extraordinaria de sábado. Fue un madrugonazo. 17 años después, esos dos mismos partidos se reeditan en otra sesión extraordinaria (esta vez de noche de miércoles) para aprobar una ley que a juicio de otros diputados, organizaciones de víctimas y de la comunidad internacional favorece a la impunidad.
La ley retoma las polémicas medidas del documento que presentó el pedecista Rodolfo Parker en febrero de 2019, como la sustitución de cárcel “por razones de salud, edad o similares”, en el artículo 60.
La ley aprobada el miércoles, según la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), es contraria a la exigencia de justicia y reparación que debía atender. 'La posibilidad de conmutación de las penas por los crímenes internacionales, que ha sido contemplada para todos los casos objeto de la ley, propicia la impunidad, contraría las obligaciones internacionales sobre derechos humanos y contradice los propios parámetros de la sentencia de la Sala de lo Constitucional', escribió esa oficina en un documento de observaciones enviado a la Asamblea el 25 de febrero. Los diputados que votaron a favor no las tomaron en cuenta.
Quizá la única sorpresa de la noche fue la abstención del izquierdista FMLN, que en este tema se ha alejado de su discurso histórico y basculado entre posturas. En mayo del año pasado fue el único partido dispuesto a aprobar la propuesta de Parker. Cuatro meses después, el partido anunció un giro y dijo apoyar la propuesta de ley de las organizaciones sociales. El apoyo, sin embargo, no derivó en acercamientos directos. Al final, el partido tomó el documento de propuestas de las víctimas e introdujo un documento de tres páginas con “sugerencias” a la comisión política que según los efemelenistas era para fortalecer la ley pero en realidad alteraba su intención y contrariaba los principios habituales de una ley de reparación y verdad.
Una de las propuestas que hizo el Frente en aquel documento está incorporada en el documento aprobado la noche del 26. Es el artículo 67: “la pena podrá ser reducida hasta la cuarta de la pena impuesta parte previo haber escuchado a las víctimas”. Schafik Hándal, subjefe de fracción del Frente, asegura que es un “detalle menor”. Sin embargo, dos diputados del Frente que decidieron hablar bajo anonimato aseguraron a El Faro que a último momento se dividió el partido entre quienes apoyaban el texto y quienes lo condenaban, y finalmente optaron por no dar los votos a la propuesta sino abstenerse.
En la práctica, este artículo permite, por ejemplo, que la pena de un homicidio agravado podría reducirse hasta 7 años y seis meses. Eso es así porque la ley aprobada establece que se juzgará con el código penal vigente cuando ocurrieron los hechos. Durante la guerra civil salvadoreña (1980- 1992), el código penal vigente era el de 1973, que daba una pena máxima de 30 años por homicidio agravado. Pero ese descuento puede convertirse, a discreción de los jueces, en una eliminación total de la pena, de acuerdo con lo que los diputados aprobaron.
Seis diputados del oficialista GANA, el diputado de Cambio Democrático (aliados del presidente Nayib Bukele), el diputado no partidario, dos diputadas de Arena y uno del PDC votaron en contra. La aprobación sucedió dos días antes de que venciera el más reciente plazo que la Sala de lo Constitucional dio a la Asamblea Legislativa para aprobar esta nueva ley. La Sala exigía la aprobación de una nueva ley desde 2016.
Una ley inconsulta
Si no fuera suficiente la condena de organizaciones nacionales por la falta de acceso a las víctimas para discutir la normativa, la votación del miércoles 26 sorprendió incluso a diputados de los partidos que terminaron por aprobarla, al punto que estos otros diputados ahora cuestionan su legalidad. El diputado pecenista Francisco Merino, quien se abstuvo de votar, dijo que él solo tuvo conocimiento del dictamen un par de horas antes de su aprobación e ironizó con el conocimiento que sus colegas podían tener. 'Nunca pude obtener el texto que se aprobó. No tuve la suerte que tuvieron los 44 diputados que votaron a favor, ya que se ve que ellos son amplios conocedores del tema', dijo Merino. Otros cinco diputados, tres de Arena y dos del FMLN, admitieron a El Faro que tuvieron acceso al documento hasta iniciada la sesión plenaria.
El PCN votó dividido. Sus diputados Eileen Romero y Roberto Angulo se dijeron ambos víctimas de la guerra pero votaron diferente: Romero se abstuvo y Angulo votó a favor. El 23 de agosto del año pasado, durante la gira de “consultas” que realizó la Asamblea, Angulo narró el asesinato de su hijo como una víctima más, y ya no como el padre de la amnistía de 1993. “Yo también he vivido las consecuencias de la guerra. En la ofensiva de 1989, mataron a mi único hijo en San Fernando, (Chalatenango). Lo bajaron de una avioneta, mientras hacía propaganda”, recordó el diputado. Ayer Eeileen Romero se sinceró y relató la pérdida que sufrió en agosto de 1980. “En memoria de mi padre, Antonio Romero Díaz, me abstengo de votar”. La diputada Romero relató la muerte de su padre. “Cuando le iban a dar el tiro de gracia, él logró matar al líder”. Romero justificó así su abstención: “con esa ley no van a reparar el dolor que tengo”, dijo.
Diputados suplentes de Arena y PCN votaron, a pesar de que los diputados propietarios con los que fueron elegidos estaban presentes y votaron por la ley. Esta práctica con los suplentes también sucedió en la elección del procurador de derechos humanos y la Sala de lo Constitucional evalúa actualmente si esa modalidad es legal.
El rechazo a la ley ha sido unánime, afuera de los partidos políticos que la aprobaron. La nueva ley “permite no solo la impunidad de los más graves crímenes contra los derechos humanos sucedidos durante la guerra, sino también evitar que (los acusados) sean encarcelados”, concluye un análisis de varias organizaciones representantes de víctimas. En un comunicado, la Presidencia de la República consideró la ley “una amnistía disfrazada” que “no garantiza los principios de verdad, reparación y justicia”.
De la amnistía de Parker al pacto de impunidad de Ponce
La intención de los políticos de proteger a los criminales de guerra del ejército y la guerrilla ha estado clara desde que la Sala de lo Constitucional eliminó, en 2016, la Ley de Amnistía General de 1993. Dos días después de esa sentencia, el FMLN convocó a sus militantes y denunció que la sentencia de la Sala era inoportuna y ponía en riesgo la estabilidad del país. Ocho meses después, el Frente aún gobernaba y anunció una propuesta de ley que hiciera lo que hace esta: alejar de la cárcel a los responsables de graves violaciones a derechos humanos durante la guerra. Pero el Frente nunca presentó su propuesta.
El tema estuvo inactivo en la Asamblea dos años, hasta que en junio de 2018 se formó una comisión adhoc llena de conflictos de intereses: un coronel y un general, una excomandante guerrillera, y un exasesor militar señalado en la Comisión de la Verdad por obstruir la justicia. Fue este último, el diputado Rodolfo Parker, el primero en lanzarse al ruedo y presentar una propuesta de nueva amnistía. Un mes después, Parker renunció a la comisión ad hoc porque dijo que su borrador fue estigmatizado y desde entonces mantuvo un perfil bajo en la discusión de esta ley. Sin embargo, su firma es una de las siete (se requieren seis) con las que el dictamen de la Comisión Política bajó a la plenaria extraordinaria que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, convocó este mismo 26 de febrero.
En el año transcurrido después de ese primer documento de Parker, la Asamblea atendió a asociaciones de víctimas de la guerra pero también a organizaciones de excombatientes e incluso hicieron una gira por 13 de los 14 departamentos del país. Sin embargo, en estos proceso nunca se discutió la elaboración de una ley. Representantes de las organizaciones, como la UCA o Cristosal, siempre reclamaron que no se les estaba tomando en cuenta y que no había una metodología definida para las consultas. Esas audiencias ahora son una de las bases de los diputados para argumentar que la ley está suficientemente discutida.
A iniciativa del diputado Ponce, esta ley ha recogido los insumos de todos los proyectos que llegaron a la Comisión Política. Es decir, los diputados no quisieron discutir con organizaciones representantes de víctimas ni con las víctimas la propuesta de ley, pero sí retomaron los documentos que estas presentaron para elaborar, a puertas cerradas, el decreto aprobado. En su defensa, los diputados alegan que buena parte de lo aprobado viene de esos documentos. Y tienen razón. El proyecto que presentó la Comisión Política el lunes 24 recoge 'el 80% del proyecto de ley que propusieron las organizaciones de derechos humanos en mayo del año pasado', según Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA. Pero ese 20 % restante, “lo esencial del proyecto aún promueve impunidad para los criminales de guerra”.
La mayoría de las sugerencias que tomaron los diputados se refieren al tema de memoria. La ley crea un 'Consejo Nacional de Reparación' que implementará una política nacional de reparación; un registro nacional de víctimas, un centro de documentación de la memoria histórica y un fondo nacional de reparaciones. La ley incluso prohíbe que se hagan homenajes o se nomine instalaciones públicas con nombres de personas condenadas por crímenes de guerra.
Sin embargo, el reclamo que persiste de las organizaciones y de las víctimas es en lo relativo a la administración de justicia penal. Por ejemplo, manda a la Fiscalía a investigar los casos mencionados en la Comisión de la Verdad. Respecto a los casos que no menciona el informe, la ley traslada la responsabilidad a las víctimas. La nueva ley dictamina que la Fiscalía tendrá un año para evaluar las denuncias que reciba, con una prórroga de otro año máximo. Pasado ese plazo, las propias víctimas podrán presentar su propia denuncia ante un juez de Paz. Si ninguno de esos pasos activa un proceso penal, el caso quedará archivado.
Sobre este último punto, el análisis presentado por las organizaciones dice que 'no puede haber una política de selección de casos, porque el Estado 'tiene la obligación de investigar todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad'.
La OACNUDH también había puestos reparos sobre las 'prescripciones de facto'. Según la entidad, 'el establecimiento de un plazo implicaría una restricción del derecho al acceso a la justicia y una precripción de facto para crímenes que, por su naturaleza y definición, son inprescriptibles'.
Organizaciones de víctimas: “es una amnistía disfrazada”
Minutos antes de la votación, el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, recordó a sus compañeros el episodio más reciente en que la actuación de un órgano estatal recibió un abucheo generalizado. 'Cuando el presidente irrumpió con la Fuerza Armada en este recinto hubo una condena unánime de organizaciones. ¿No les llama la atención que haya unanimidad de la sociedad civil que no se muestran conformes con este proyecto?', dijo Bonilla.
Grupos de las organizaciones pusieron carteles en la parte reservada para invitados en el Salón Azul. 'De noche y a escondidas, como los delincuentes. No a la Amnistía', decía uno. 'En este país no hay voluntad de juzgar a los criminales de guerra', dijo Wilfredo Medrano, uno de los querellantes del juicio de la masacre de El Mozote, un caso abierto que será directamente afectado por la aprobación de esta ley. 'Esta ley está favoreciendo a criminales si ayudan a esclarecer los hechos o a ubicar las fosas clandestinas. Debería bastar solo encontrar elementos de responsabilidad penal para darle un tratamiento normal a cualquier imputado por estos crímenes', añadió Medrano.
Un comunicado de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) asegura que la disminución o conmutación automática de la pena 'es un efecto judicial de la amnistía', incompatible con estándares de derechos humanos. La PDDH también señaló que la Asamblea le pidió que realizara observaciones al proyecto de ley un día antes de la aprobación.
'La Asamblea Legislativa acaba de aprobar un proyecto de ley que garantiza la impunidad para graves violaciones de derechos humanos', dijo Claudia Paz y Paz, directora en Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 'Es una burla a la sentencia de la Sala Constitucional, es una burla a distintas sentencias de la Corte Interamericana', añadió Paz y Paz en declaraciones a El Faro. CEJIL ha representado, entre otros casos, a las víctimas de El Mozote ante el sistema interamericano. Paz y Paz fue fiscal general en Guatemala y durante su periodo logró la condena del general Efraín Ríos Montt por el genocidio en la región Ixil. Según la experta, la ley aprobada infringe estándares internacionales relativos a 'la obligación del Estado salvadoreño de juzgar y sancionar este tipo de graves crímenes'. Además cuestionó el proceso de aprobación. 'Creo que se tenía conciencia que es una norma que infringe los más básicos principios que garantizan la justicia para las víctimas', dijo.
En la aprobación de la ley, los diputados también se saltaron las recomendaciones que había hecho Fabián Salvioli, relator Especial de Naciones Unidas, quien señaló que los diputados 'están jugando a ser legisladores en calidad de excombatientes'. Salvioli había recomendado que no hubiera 'mecanismos que conduzcan a que no se sancione a los responsables' ni se pusieran plazos a la investigación, dos condiciones que esta ley incluye. 'Las penas tienen que ser acorde a la gravedad de los hechos cometidos; resultaría ridículo que hechos de tortura sean sancionados con menos pena que un robo, por ejemplo', dijo Salvioli.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sentenció: 'La Asamblea de El Salvador no aprobó una ley, aprobó un pacto de impunidad'.
