La Ley de Protección de Datos Personales que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 12 de noviembre incluye una disposición para que se pueda eliminar datos del internet y de los motores de búsqueda, como Google, cuando sean “inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos”. Esto incluye la información en notas periodísticas publicadas en internet donde se mencionen nombres, hechos y circunstancias específicas: las personas mencionadas podrían hacer las gestiones para que las autoridades eliminen la información del internet.
La decisión de qué información podría eliminarse del internet la tomará una nueva oficina que crea la ley, la Agencia de Ciberseguridad Estatal (ACE). Esta oficina es la encargada de determinar si una información debe clasificarse o desclasificarse, y debe sopesar los intereses de los dueños de la información y los responsables de administrarla.
La ley establece que los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus datos para que sea eliminada o modificada, pero la agencia también tiene amplias facultades para actuar y además tendrá capacidad de sancionar de oficio a los que incumplan la ley, y asume funciones que tenía el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que desde 2020 se convirtió en una oficina a favor de restringir información a los ciudadanos. También se sancionará a quien no colabore con las órdenes de la ACE.
La posibilidad de la gente de eliminar información suya del internet surgió en 2014, después de que en la Unión Europea se reconociera formalmente “el derecho al olvido”. Este derecho se aprobó en mayo de 2014 en la Unión Europea y permite, bajo ciertas condiciones, que en las búsquedas en internet no figuren enlaces a los datos personales de una persona. Esta prerrogativa va incluida en los derechos conocidos como ARCO-POL cuyas siglas se refieren al derecho a “la rectificación, cancelación o bloqueo de datos personales; a oponerse al tratamiento de sus datos; y, a solicitar que se limite su tratamiento en el futuro para usos distintos a los consentidos”.
La ley se aprobó de manera exprés, después de apenas dos sesiones de trabajo en las que únicamente se escuchó la opinión de un funcionario, el Secretario de Innovación de la Presidencia, Daniel Méndez. El IAIP perdió muchas de sus atribuciones pero nunca participó públicamente en la discusión.
La versión original que habían preparado el Ministerio de Justicia y Seguridad y la comisión de diputados de ese ramo en la Asamblea incluía una amenaza a la libertad de prensa a través del bloqueo a información de personas en los registros públicos, como el Registro de Comercio o el Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas. Ese punto fue modificado a último minuto en la Asamblea. Históricamente, la prensa ha usado los registros públicos para perfilar a funcionarios que se han enriquecido estando en el poder. El diputado de Nuevas Ideas Caleb Navarro pidió la exclusión de los registros públicos a minutos de que fuera aprobada en la Asamblea.
Sin embargo, la libertad de prensa, expresión e información podría verse restringida por otras disposiciones, como las que permiten que información histórica o jurídica de ciertas personas sea eliminada del internet e incluso de las listas que aparecen cuando se busca información en motores como Google, o incluso servicios de mensajería como Telegram. “El derecho al olvido podría provocar que se excluyan partes de la historia, o limitar la capacidad de los medios, la prensa para informar de hechos históricos o que le dan contexto a algunas sucesos, y que lo puedan hacer con transparencia y precisión sobre eventos pasados”, dijo a El Faro Nathalie Hernández, abogada especialista en derechos digitales.
La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en 2017 que quitar contenido del internet no puede utilizarse como un mecanismo para supuestamente proteger el honor o la reputación pues para corregir información considerada falsa, agraviante o inexacta en medios digitales existe el derecho a la rectificación y respuesta y las acciones civiles por daños y perjuicios.
Google inició operaciones en El Salvador en abril pasado, después de un anuncio de la Presidencia de Bukele en 2023 de un contrato de 500 millones de dólares pagados por el Gobierno de El Salvador para modernizar distintos servicios que ofrecen las oficinas públicas. En una publicación de Google de abril pasado, la empresa aseguró que se involucraría en 'el desarrollo de ecosistemas digitales simples para la importación, exportación, salud y registro sanitario', y además informó que ya había comenzado a capacitar a personal de salud sobre el manejo de información de pacientes en la 'nube', que es un espacio de almacenamiento virtual, y la creación de una plataforma de telemedicina.
La ley dice que impulsará el “principio de exactitud”. El artículo 5 de la ley dice: “Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan”. Además, el artículo 10 literal C dice explícitamente: “no se pueden utilizar o difundir datos personales que sean inexactos, incompletos o desactualizados”.
“No procederá la solicitud de cancelación o supresión [de datos] cuando sean necesarios para ejercer el derecho a la libertad de expresión, de información y prensa”, dice el artículo. Pero inmediatamente después hay una frase que matiza lo anterior: “Los datos utilizados en estos casos (en los que sean necesarios para ejercer el derecho de libertad de prensa) deben cumplir con el principio de exactitud, es decir, no se pueden utilizar o difundir datos personales que sean inexactos, incompletos o desactualizados”.
“¿Pero cómo se alcanza la exactitud si ellos mismos hasta los bloquean en redes sociales a ustedes?”, dice René Valiente, exjefe de la unidad de acceso a la información pública del IAIP. “Lo que los periodistas tendrán que hacer es cuidarse de no publicar datos personales, y el punto es: ¿qué vamos a entender por datos personales? Las nuevas interpretaciones del IAIP decían que no era posible dar ni el nombre de empleados públicos por esa razón”.
Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el riesgo a la libertad de expresión, prensa e información está en “considerar que quien ejerce la libertad de expresión o información se encuentra sometido a los mismos estándares y exigencias de aquellas personas jurídicas o naturales, privadas o públicas, que administran bases de datos con información personal de los salvadoreños”.
La Asociación sostiene que hay antecedentes jurídicos y jurisprudencia suficiente para señalar que a los periodistas lo único que se les exige es no informar a sabiendas que la información es falsa o publicando con un evidente desprecio por obtener la verdad. La APES dice que por eso el periodismo tiene como norma básica el contraste y la verificación de fuentes.
La preocupación no es infundada. En 2021, la Revista Factum fue obligada a bajar contenido del internet debido a una orden de un juzgado por una cobertura que el medio hizo sobre los cuerpos encontrados en una fosa clandestina donde el responsable era un policía.
La abogada Hernández dice que hay datos históricos, condenas judiciales o partes de la Historia misma que podrían considerarse desactualizados y que según estos criterios alguien podría considerar eliminarlos. “En esto se limita el acceso a información o la disposición de información, y la libertad de prensa porque podría restringirse información sobre funcionarios actuales o pasados, u otro tipo de figuras públicas, y eso podría resultar en una versión ‘incompleta’ de la historia y dificultar la labor periodística”, dice.
Para Hernández, exigir a la prensa que siempre se divulguen únicamente datos exactos puede entrar en conflicto con la libertad de prensa porque eso implicaría que se elimine o modifique información relevante pero que ya no es completamente precisa. “Para que ustedes puedan hacer su trabajo a veces van a necesitar de esas piezas de información que le dan sentido a otros datos”, dice la especialista.
La ley aprobada por la Asamblea de Bukele es una copia casi exacta de un borrador que hace seis años fue promovida por el partido Arena y que en 2021 Bukele regresó a la Asamblea con observaciones. Ahora, especialistas como la abogada Hernández consideran que la nueva ley está relacionada con los últimos acontecimientos en el país: las filtraciones masivas de datos personales a través de grupos de hackers como CiberinteligenciaSV, pero también por la incursión de Google en El Salvador. Google anunció en abril que ya estaba trabajando en plataformas para servicios médicos ofrecidos por el Gobierno. “Mi duda es ¿a quién le quiere demostrar el gobierno que aquí se respeta el derecho a la protección de datos?' se pregunta la especialista.
