Nada bueno puede resultar del nuevo Instituto de Acceso a la Información Pública. Desde la juramentación de cuatro —de diez— nuevos comisionados, entre agosto y diciembre del año que estamos cerrando, el IAIP ha tomado decisiones que dinamitan los avances en la transparencia de la gestión pública alcanzada desde la vigencia de la ley que creó el Instituto en 2012. Los responsables son el presidente del instituto, el comisionado Ricardo Gómez, el comisionado por el sector de periodistas Luis Javier Suárez y su suplente Gerardo José Guerrero, y la comisionada por el sector profesional Roxana Soriano. Todos ellos ya han dejado evidencia de que entienden el derecho de acceso a la información pública como un arma al servicio del poder y no del ciudadano.
Basado en los retrocesos de los últimos cuatro meses, nada bueno podemos esperar en los días venideros. Mientras se escribían estas líneas, por ejemplo, se instaló una audiencia pública en la que el IAIP funge como árbitro que determinará si la Presidencia debe entregar información sobre contratos y el personal de Casa Presidencial a Jéssica Ávalos, periodista de la revista Factum. La Presidencia ya se ha negado a entregar esa información que debería ser pública y, por si fuera poco, la audiencia se suspendió por un motivo risible: Suárez no compareció. Solo había cuatro comisionados y eso impedía la sesión. Ni el presidente del IAIP Ricardo Gómez ni nadie explicó por qué el comisionado Suárez no apareció. Esta no es la primera vez que Suárez se ausenta. Reprogramaron la audiencia para el 7 de enero.
Una segunda muestra de los retrocesos es una decisión tomada el 8 de diciembre. Los nuevos comisionados decidieron suspender un acto en el que se publicaría la evaluación anual de transparencia de todas las oficinas públicas. Incluidas las que durante la pandemia bloquearon cuanta información pudieron para que no saliera a la luz pública. El informe había sido aprobado por el IAIP el 7 de diciembre y se iba a presentar el 9. Pero tres comisionados lo suspendieron porque, aparentemente, el documento “aún estaba en revisión”.
Es evidente que hay una guerra instalada en el IAIP, algo que Casa Presidencial logró a través de maniobras chuecas desde principios de año .
Durante las últimas semanas obtuve copias de actas y los audios de las sesiones de pleno del IAIP y he podido escuchar los “argumentos” y posturas de algunos de estos nuevos comisionados cuando toman decisiones de relevancia nacional. Una de las últimas —y absurdas— decisiones del pleno es una que impide que, precisamente, las grabaciones de las sesiones que los comisionados tienen sigan llegando a los ciudadanos. Esto significa que los ciudadanos no podremos escuchar la manera en la que los comisionados toman sus decisiones. No podremos fiscalizarlos. Entre los argumentos para justificar este acto de censura los nuevos comisionados dijeron que 'no le convenía al pleno'.
Las decisiones que ellos toman son altamente relevantes. Son decisiones que, según la ley, regulan la manera en la que todas las instituciones públicas entregan información a la gente en cualquier parte del país sobre cualquier cosa que le interese, salvo puntuales excepciones. Es por eso que una decisión como esta no es poca cosa.
De todos los comisionados, Suárez y Guerrero son los que están en una posición más débil. Ambos resultaron electos por el sector de periodistas en una asamblea que, en mi opinión, es ilegal por todas las anomalías que contamos en esta pieza de septiembre. La ley exige requisitos y estos no se cumplieron. Así de simple. Por esas mismas razones, Suárez tiene en ciernes una demanda en la Cámara de lo Contencioso Administrativo, pues hay abogados expertos y ciudadanos convencidos de que su elección es completamente ilegal. Si la justicia funciona, Suárez y Guerrero deberían salir del IAIP más pronto que tarde.
¿Qué podemos decir de Ricardo Gómez, el nuevo presidente del IAIP? Es abogado de larga trayectoria en la Procuraduría para la defensa de de Derechos Humanos (PDDH) que el 21 agosto pasado prácticamente aceptó, durante una reunión virtual con 19 organizaciones civiles, que él y el procurador Apolonio Tobar no iban a congeniar y que por eso se fue de la PDDH a finales de 2019. “Tengo claro que mi período en la institución tenía que terminar, logicamente. Él (Tobar) también”, dijo Gómez. El PDDH ha tenido una línea crítica con Bukele y ha exigido mayor transparencia en la gestión pública del Ejecutivo .
Gómez ha intentado favorecer al Ejecutivo en diversas decisiones. Por ejemplo, algunos días después de la conferencia de prensa del 24 de septiembre en la que el presidente Bukele se burló del juez del caso El Mozote y despreció a las víctimas de la masacre, el pleno del IAIP evaluó la posibilidad de publicar un comunicado que condenara el manejo irresponsable de los archivos de El Mozote. El personal histórico del IAIP y algunos comisionados (que en esta nueva coyuntura son minoría) estaban asustados por la manera en que, contrario a todas las versiones oficiales de las últimas décadas, Bukele dijo en cadena nacional que encontró cinco carpetas del caso, que las había clasificado él mismo y que las iba a enviar al juez. (Después se sabría que Bukele mintió porque la información resultó ser copia de información que ya tenía el juzgado).
Gómez, Súarez y Guerrero detuvieron el comunicado “porque no habían terminado de leer el borrador” y “porque no habían visto la conferencia del presidente”. Suárez y Guerrero también pidieron que se le bajara el tono al comunicado. Suárez pidió que no se mencionara a la Presidencia de Bukele y que, en cambio, se escribiera “instituciones encargadas” y dijo que quería proteger al IAIP de cualquier confrontación. Eso quedó consignado en un cruce de correos electrónicos entre el 29 y 30 de septiembre y en una sesión de pleno del 5 de octubre.
En esa sesión se escucha cuando Gómez dice: “Deberíamos hacer un comunicado que fuera más técnico, personalmente, lo diré con esta palabra, siento que el mismo es muy fuerte”. El comunicado, sin embargo, era todo menos agresivo con la Presidencia. Y, en todo caso, no habría estado mal que el IAIP, como máxima autoridad en la materia, señalara fallos a las instituciones de Gobierno que debe supervisar.
Gómez y compañía lograron detener el comunicado durante una semana. Lejos de dar sus observaciones en el momento oportuno, Gómez pidió al pleno sesionar para discutir más en detalle el comunicado. Y así fue como se llegó al 5 de octubre, cuando Gómez dijo eso de que el comunicado le parecía fuerte. En esa sesión, tanto comisionados propietarios y suplentes editaron el borrador sobre El Mozote y los cambios propuestos no cambiaron en absoluto el tono. Todo indica que los nuevos comisionados lo único que querían era evitar que se publicara el comunicado o al menos retrasarlo lo más que se pudiera. Y así fue.
Volvamos a Gómez: en agosto, él también estuvo a favor de las reformas que unilateralmente aprobó Bukele para minar el funcionamiento tradicional del IAIP. Entre las reformas estaba una que quitó al Instituto el poder “por default” de desclasificar información en poder de una institución del Gobierno cuando erróneamente la hubieran calificado como reservada y secreta. Por ejemplo, la Presidencia ha clasificado como reservada la decisión de por qué decidió despedir a centenares de empleados de Capres en junio y julio de 2019. Esa información ni siquiera se la quieren entregar a los propios despedidos. Pues bien, ahora esa información el IAIP no la puede declarar pública de manera automática sino que debe esperar a que la propia Presidencia pida que se haga ese cambio. Inaudito.
En los días que se conocieron aquellas reformas, cuestioné duramente a Gómez en una conferencia de prensa que se vio forzado a brindar, separado de sus colegas. Gómez dijo que le faltaba estudiar más el asunto y que por eso había pedido un estudio del departamento jurídico del IAIP. El departamento emitió una opinión contra las reformas, pero Gómez ignoró esa postura y las siguió aplicando. Con base a ese nuevo reglamento, y sin contar con el aval de sus colegas comisionados, Gómez mandó una propuesta de presupuesto al Ministerio de Hacienda, según me explican las fuentes del IAIP. Ahora, la Sala de lo Constitucional ha puesto en suspenso la aplicación de las reformas mientras estudia si el reglamento es constitucional o no).
Al mismo tiempo que el IAIP ha estado tomando decisiones favorables para Bukele (por ejemplo, prohibir que salga a la luz información sobre su patrimonio personal y familiar), el Gobierno aprobó un incremento presupuestario de 950 000 dólares anuales. Un mayor presupuesto para las instancias de control siempre es deseable, pero en el marco de negociaciones transparentes, no con base en intercambios espurios. Fue Gómez quien impulsó la decisión interna de volver secreto el informe de Probidad de Bukele. Cuando pidió opinión al departamento jurídico, los abogados le respondieron que el acuerdo era inviable jurídicamente. Aun así, Gómez lo echó a andar.
Veamos el caso de Roxana Soriano, la última comisionada en ser nombrada por Bukele que llegó al IAIP a principios de diciembre. El lunes 14, cuando el presidente preguntó a Soriano si ella daba su consentimiento para que comenzara la grabación de la sesión de pleno, ella dijo que no y se rehusó a que sus planteamientos fueran registrados, según me explicaron fuentes informadas del tema. En esa misma sesión, Gómez, Soriano y Suárez unieron fuerzas para aprobar que ninguna grabación del pleno pueda entregarse a ningún ciudadano. La grabación se hará bajo el entendido de que solo servirá internamente para que alguien en el IAIP elabore un acta de lo que supuestamente se dijo en cada sesión.
Esta decisión es perversa. Tal parece que Gómez, Soriano y Suárez quieren que no se repita lo que ocurrió el 9 de diciembre, cuando en una sesión de pleno en la que Soriano fue grabada ella intentaba desvincularse de los señalamientos de su nexo con Nuevas Ideas, el partido de Bukele. Según reveló el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Soriano fue aspirante a candidata de ese instituto en sus pasadas internas. Según Factum, su nombre apareció en el informe Vidales sobre títulos universitarios irregulares.
El contexto de esa aparición en video es este: una ciudadana había pedido información pública al Estado sobre el Hospital El Salvador y como el Cifco (lugar donde el hospital funciona) se negó a entregar los datos, la ciudadana elevó la queja ante el IAIP y este sesionó el 9 de diciembre para escuchar a las partes. La ciudadana, lo primero que hizo, fue recusar a la comisionada Soriano (es decir, pedir que se apartara) porque, según dijo, no tenía garantía de que Soriano actuara con imparcialidad. Pero para defenderse, Soriano habló de otra cosa. Le preguntaron por peras y ella habló de manzanas. “No tengo ninguna afiliación partidaria, lo cual es comprobable”, dijo, evadiendo la respuesta de si efectivamente ella se había sometido a un proceso de internas para ser candidata de Nuevas Ideas a principios de año. “Ninguna de las situaciones señaladas han sido comprobadas aun”, agregó.
Evidentemente Soriano no se defendió correctamente y por eso fue recusada por el pleno de comisionados ese día. Gómez no estaba presente por estar en un evento público fuera de la institución y por eso Soriano tuvo que apartarse.
Ahora los días del IAIP están contados. Los nuevos comisionados, los verdugos, tienen mayoría simple para seguir tomando decisiones contra el derecho de acceso a la información.
