El protagonista de esta historia se quedó mirando al piso de la oficina policial sin mostrar la menor reacción. Apenas levantó la cabeza para preguntar a su madre por medio de señas algo que ella interpretó así: ¿por qué no puedo ir a casa? El protagonista de esta historia vivió algo aterrador el 22 de junio de 2023, cuando al iniciar su jornada laboral lo detuvieron por el régimen de excepción, acusado de pandillero, y lo encarcelaron nueve meses en el penal de Izalco, de donde han salido hombres esqueléticos para morir pocos días después. Al protagonista de esta historia lo llamaremos David. Su familia teme represalias si se identifica. Él vio hombres flacos que se desplomaron tras las rejas del penal, pero esa historia la contarán sus padres, porque él nació hace 34 años con discapacidades: es sordo, es mudo. Y, debido a esas circunstancias y la pobreza familiar, no sabe leer ni escribir.
“Él no entiende todo lo que le dicen. Él dice sí a todo, aunque no sepa qué es. Cuando le dicen una cosa, él se queda pensando qué es”, dice su padre, un hombre de piel arrugada y cabello blanco que hasta hace unos años trabajaba como albañil, oficio que abandonó porque ha perdido movilidad de la cintura hacia abajo. Ahora, necesita de un bastón para pararse y camina a pasos lentos. “Aquí le entendemos porque cuando tiene hambre hace así”, me dice, mientras sus manos arrugadas dibujan un círculo que significa tortilla. Luego, cruza sus índices y explica que eso significa que su hijo quiere comer pescado. “Cuesta entenderle”, confiesa el anciano.
Aquel 22 de junio de 2023, David salió de su casa a las 6:30 de la mañana. Una media hora más tarde comenzó a trabajar como recolector de basura para una alcaldía de la zona norte de La Libertad. Entonces, sin mayores explicaciones, la Policía lo capturó por agrupaciones ilícitas. La madre aceptó contar la historia con la condición de no fotografiar a su hijo ni revelar su identidad. Ella no quiere otra vez el bullying y las burlas despiadadas que su familia recibió por medio de las redes sociales el año pasado, cuando David, padre de una niña de cinco años, fue capturado y alguien lo difundió.
Además del bullying desde cuentas anónimas, la madre teme que la Policía capture a algún otro miembro de su familia, al amparo del régimen de excepción. Y ese temor está fundado en la captura de David, un hombre que tenía un empleo formal, un carnet laboral que lo identificadaba como una persona con discapacidad, no tenía antecedentes penales ni vínculos con ninguna pandilla, según los registros de la Policía y de la Dirección General de Centros Penales.
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Para llegar a la colonia donde vive David hay que seguir una calle ancha de balastro, rodeada de matorrales polvosos. La colonia rural tiene una cuadrícula con calles de tierra y canaletas donde corre agua jabonosa. Hay casas dispersas, champas, lotes sin construcciones y una iglesia evangélica. Frente a la iglesia está una pared que alguna vez estuvo pintada con un “placazo” de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13), pero al que ahora han sobrepuesto un mensaje con letras blancas y fondo azul: “Jesucristo salva recibelo hoy (sic)”.
La colonia era un bastión de la pandilla. Eso lo dicen las paredes y también ocho documentos de la Sección de Inteligencia de la Policía que consignan que en esa colonia y lotificaciones aledañas “sujetos se movilizan en un grupo armado, quienes son miembros activos de la estructura criminal MS-13”.
En la colonia han ocurrido robos, asesinatos y desapariciones. Por ejemplo, el 19 de abril de 2022, al inicio del régimen de excepción, en esa colonia desapareció Eliseo Gutiérrez, de 28 años, quien salió a recoger una motocicleta y nunca regresó a su casa, según documentos obtenidos por medio de Guacamaya Leaks, la filtración que incluye 10 millones de correos electrónicos de la Policía y 250,000 de la Fuerza Armada. Los documentos policiales detallan que entre el 7 de abril y el 10 de mayo de 2022, como resultado de registros “casa por casa”, capturaron a 28 personas en esa colonia y lotificaciones aledañas.
“Yo digo que sí, está bien lo que Nayib (Bukele) hace. Está bien. Uno agradece porque a veces uno no podía salir o salía y ya no regresaba. En cambio ahora no, uno sale con confianza”, responde la madre de David cuando le pregunto qué piensa del régimen de excepción. Luego matiza esa opinión porque el régimen también se llevó sin razón a una persona que ama, a alguien que es el sostén económico de su familia: su hijo.
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El primero que recibió el aviso sobre la captura fue su padre. A la madre le intentaron matizar la situación porque está medicada contra la hipertensión arterial y el doctor le ha recomendado evitar situaciones de estrés. “No te preocupés, no te aflijas”, le intentó consolar su esposo, pero ella corrió desesperada hacia el puesto policial donde recién habían detenido a su hijo.
“Mi otro hijo no me quiso decir, porque padezco del corazón. Me dijo: 'pásame a mi papi', y a él le dijeron que lo habían detenido… ¿Y qué pasó, Dios mío, bendito? Si se acababa de ir mi bichito. Yo ni les hice desayuno, ni me quité el camisón, corriendo iba con todo y camisón. Y él me dijo: cambiate. Me regresé y me puse la ropa. Yo iba corriendo, iba orando. Le iba pidiendo a Dios que me diera fuerza, pero yo sentía que me ahogaba, sentía que me caía y sentía las canillas bien aguadas. Yo me sentía mal”, recuerda la madre.
Cuando ella llegó al puesto policial, David estaba sentado en una banca, cabizbajo, confundido. La madre recuerda la breve conversación que tuvo con uno de los policías. Los motivos de la detención le parecieron ilógicos.
—Disculpe, dicen que aquí tienen a mi hijo.
—Mire, señora, lo tenemos por agrupaciones ilícitas, respondió el agente.
Ella aceptó que su hijo se movía en grupo porque no podía trabajar solo y siempre lo acompañaban tres o cuatro personas más para recoger la basura de la ciudad. Ella entendía que esa agrupación no era ilícita porque el resto de trabajadores de la jornada estaban libres y su hijo era el único capturado. La madre también alegó que era inverosímil que su hijo fuera parte de una agrupación ilícita porque no puede hablar y no tiene celular porque no puede escribir. Tampoco escucha. ¿Cómo se iba comunicar con la agrupación ilícita aquel hombre al que le cuesta comunicarse, incluso, con su propia familia?
“Él no carga celular ¿y cómo? Si él no puede hablar. Él no puede leer. A veces, cuando me mandan mensajes, yo le enseño los dibujos de mis hermanas, de mis tíos, de toda la familia. Le enseño las fotos de los niños”, relata la madre.
Al igual que cientos de capturas durante el régimen, la Policía no explicó cuál era el delito de aquel hombre, y menos cuáles eran las pruebas que lo incriminaban. La familia apenas pudo reconstruir lo que sucedió con el testimonio de los compañeros de trabajo. Cuando el tren de aseo pasó por la delegación, David entró al local policial y recogió dos bolsas de basura. Los agentes le dijeron que llevara las bolsas al camión recolector y que regresara. Él regresó a la delegación, pero ya no salió porque lo capturaron. La madre suplicó por su libertad, pero fue en vano.
“Me sentí mal y me senté en una silla, me puse a llorar. ‘¿Por qué?’, le dije yo. ‘El error de mi hijo es ser sordomudo, si mi hijo hablara fuera distinto, porque él se pudiera defender. ¿Qué les puede decir? No les puede responder nada porque no puede hablar. Yo quisiera que Dios me le desatara esa lengua para que se pudiera defender. Como madre me duele, me duele ver la injusticia de ustedes’”.
Ante las súplicas de la madre, la Policía solo dio una concesión: comprar un desayuno para el detenido, permitir el ingreso de las madre a las instalaciones policiales para que lo pudiera acompañar por unos momentos. Madre e hijo se sentaron en la misma banca y ahí, por unos minutos, entre caricias maternas, rompieron una pesada losa de silencio.
David preguntó a su madre, por medio de señas, si iba regresar a casa.
—No sé —respondió ella.
David preguntó, por medio de señas, qué iba comer su hija.
—Dios me va dar —dijo ella.
David preguntó, por medio de señas, ¿por qué se lo iban a llevar?
—No sé —volvió a responder la madre.
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Cuando la madre salió de su casa para llevar el primer paquete al penal de Izalco, las calles todavía estaban oscuras. Eran las tres de la mañana del 30 de junio de 2023 y la esperanza de aquella mujer era estar cerca del penal cuando aparecieran los primeros rayos del sol. Quería evitar las largas filas y entregar temprano el paquete que había comprado con 150 dólares prestados. El esfuerzo no sirvió de nada. Los custodios le dijeron que su hijo no estaba ahí.
Ella regresó a San Salvador para buscar a David en el penal de Mariona, pero ahí le dijeron que estaba en Izalco. Entonces, volvió a Izalco, donde había estado unas horas antes. Ella recuerda muy bien el tortuoso periplo. Llovía. “He andado debajo de una gran tormenta con el paquete en la cabeza. He regresado a las ocho de la noche, aguantando hambre, debajo de la gran tormenta me he ido a meter a la delegación y les dije: ‘no me voy hasta que me diga dónde está mi hijo. Si es posible, aquí me quedo toda la noche porque usted se lo llevó, yo vi cuando lo subió al carro’. El policía comenzó a marcar, a marcar (por teléfono), hasta que le dijeron que sí, que allá estaba en Izalco”.
El penal de Izalco es un pozo de horrores, según los testimonios de personas que han estado detenidas ahí: torturas físicas, maltratos, uso de gas pimienta, palizas que dejan a los detenidos al borde de la muerte. Lo cotidiano son escenas de hombres que lamen el suelo por el hambre o los estertores de cuerpos esqueléticos, cuerpos cubiertos de sarna humana, que claman por ayuda médica. En los primeros dos años del régimen, Cristosal, una organización de derechos humanos, documentó 261 fallecidos en penales, la mayoría (77) estaban en el penal de Izalco. Siete de ellos murieron antes de llegar al hospital Jorge Mazzini de Sonsonate. Medicina Legal reconoció esos cadáveres en ambulancias o en el parqueo del hospital.
“Yo en las noticias veía que salían muertos, que estaban golpeados, que estaban en el hospital”, dice la madre, quien temía que las discapacidades fueran para su hijo un doble tormento. “Lo que a mí me dolía es que él es sordomudo. ¿Y sí le hacían preguntas y no podía defenderse? ¿Cómo se iba defender?”.
Con la incertidumbre sobre la situación de David en el penal, también llegó una crisis económica para la familia. David pagaba los recibos de agua, luz eléctrica y compraba la leche de su hija. La madre vende tortillas y las pocas ganancias las usaba para comprar la medicina de su esposo. El padre enfermo también trata de ayudar ante las penurias. “Yo no puedo leer. Antes trabajaba de albañil, pero se me ha dormido la mitad del cuerpo. Ahora tengo ese pedacito de milpa, siembro para comer los elotillos. El frijol lo tengo sembrado por la mata de huerta, para tener la comidita”.
La captura de David trastornó la dinámica de pobreza. Había menos dinero, pero había más gastos: la compra del paquete para llevar al penal. La madre prestó 600 dólares a una cooperativa de Apopa para enfrentar la difícil situación. “Yo prestaba dinero. Incluso, todavía debo. Presté dinero porque la niña se agravó. Él (esposo) se me agravó. Yo lloraba sinceramente, y ahí está un Dios divino que no me deja mentir. Él me decía: ‘no llorés, ya va salir, no debe nada’”.
Con el dinero del préstamo, la madre sacó la solvencia de la Policía y de Centros Penales, documentos que consignan que su hijo no tiene vínculos con pandillas ni antecedentes de ningún delito. Luego llevó esos documentos a la Procuraduría General y al Centro Judicial. También llevó unas copias a Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una organización de derechos humanos que la asesoró legalmente y que fue pieza clave para resolver el problema legal de su hijo.
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La masa para las tortillas estaba lista, pero a la madre de David no le importó cerrar su negocio al mediodía del siete de marzo de 2024. Ese día recibió una llamada del penal de Izalco que le informaba de la liberación de su hijo.
El juez uno del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la “inmediata libertad” de David el 30 de enero de 2024. El beneficio era resultado de un documento que la Fiscalía presentó al juez ese mismo día, en el que sin mayores detalles consigna que “han variado las condiciones del peligro de fuga”. La decisión del sistema judicial de liberar a David ocurrió ocho días después que Socorro Jurídico Humanitario denunció públicamente este caso como captura arbitraria.
Sin embargo, sin ninguna razón legal, Centros Penales demoró 37 días para cumplir con la orden judicial. El ninguneo a las órdenes judiciales es un patrón del actuar de esa institución durante el régimen, razón por la que Socorro Jurídico Humanitario ha denunciado en la Fiscalía al director de Centros Penales, Osiris Luna, y al director del penal de Izalco por dos delitos: detención arbitraria por autoridad y desobediencia a mandato judicial.
La familia contrató un microbús y llegó al penal de Izalco a las cinco y media de la tarde. David estaba en la caseta del penal, sentado al lado de dos custodios. La madre se abalanzó sobre su hijo, su padre y su hija también. Se abrazaron y lloraron. “La niña se le tiraba encima y viera cómo lloraba él. Abrazaba a mi esposo, lo abrazaba y lo sobaba. Levantó las manos e hizo una seña que daba gracias a Dios, que ya estaba con nosotros”.
David perdió su trabajo en la alcaldía, pero como es un personaje carismático en su comunidad no pasó mucho tiempo para que un empresario lo contratara para hacer oficios varios. El proceso judicial en su contra continúa y cada mes tiene que firmar un libro de control en el juzgado. Cuando madre e hijo tienen algún tiempo libre, conversan en señas sobre qué pasó en el penal.
—La madre pregunta, con señas: “¿te pegaban?”
—”No” —responde él con señas.
—La madre pregunta, con señas, “¿qué pasó en el penal?”.
Le quitaban la cadena de las manos y los pies. Había muchas bandejas, echaban la comida en las bandejas y él y los agentes repartían la comida, pero a él no le pegaban.
—La madre pregunta, con señas, “¿qué viste en el penal?”.
Bastantes morían. Habían varios agarrados de la celda, bien pechitos. Se quejaban y caían al suelo. Los sacaban ya muertos. Ahí morían, pero él no sabe por qué.
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David es una persona tímida. Mantiene un semblante serio y se encierra en su cuarto cuando llegan visitas que no conoce, cuentan sus padres. El primero de agosto de 2024, cuando entrevisté a sus padres, él no estaba en casa, pero a las cuatro de la tarde regresó del trabajo. El hombre corpulento cruzó el patio, apenas sonrió sin abrir los labios y solo levantó el brazo derecho para saludar.
Una niña que jugaba en el patio y que tenía una bolsa de churros en la mano corrió hacia él. David la tomó de la mano. El recién llegado y la niña gordita, de piel blanca y cabello negro, cruzaron el patio y caminaron hacia el interior de uno de los cuartos de la casa. “La que me dio el churrito es la niña de él”, dice el padre. “Es bien trabajador, si a las cinco de la mañana lo llaman, a esa hora se va. Y aquí en la casa cualquier cosita hace: si yo le digo: 'lávame los trastes', los lava. Yo le digo: 'barré', le hago señas, y él riega agua y ya dice a barrer”, complementa la madre.
Por las condiciones de pobreza, David no fue a una escuela para aprender el lenguaje de señas. Los padres se comunican con su hijo con movimientos lentos de labios que simulan palabras y con señas que hacen referencia a objetos. El aprendizaje ha sido empírico y en los 34 años de convivencia aún hay barreras comunicativas que llevan a David al borde de la ira, del enojo. “Hay cosas que no se las entiendo bien, cosas que no se las puedo entender. Hay veces que enojado trata de decir: ¡Papi...! Eso significa que ya no me va a decir, porque no le entiendo”. Los padres han aprendido que el intento de articular la palabra 'papi' significa que David está enojado o que tiene hambre.
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La madre está feliz porque su hijo ha recuperado su libertad, aunque siga arrastrando problemas derivados de la captura. “Si no tengo dinero para ir a firmar, yo presto los cinco dólares del pasaje. Todavía debo dinero de los 600 dólares que presté, pero de las tortillitas que vendo voy sacando el poquito que voy pagando. Voy guardando dos dólares, dos dólares, y así. Y él (David), de lo que gana, me da para comprar el azúcar, los frijolitos, la lechita de la niña y de su papá”.
Pese a sufrir las arbitrariedades del régimen de excepción, la madre apoya que esa medida continúe, pero con matices. “Está bueno que lo hagan, pero para quien debe las cosas. Si yo le hago un daño a usted, usted no va querer que yo esté libre. Pero si yo no le hago nada o usted no me hace nada a mí, a mí me va doler que a usted se lo lleven por gusto, a pagar algo que no debe”.
La madre dice que pese a todo el dolor que la dañó en lo más íntimo, pese a todas las lágrimas derramadas, no siente ira ni deseo de venganza contra los policías que capturaron a su hijo. “Dios que se encargue de todo. Lo que han hecho con él lo van a pagar. Si no la pagan ellos, un familiar la va a pagar, tarde o temprano. Dios no se va a quedar con nada”.
