El 16 de mayo de 2023, la familia de Luis Armando Rodríguez, de 52 años, encarcelado en el penal de Quezaltepeque por el régimen de excepción, recibió un documento en el que un juez ordenaba su libertad inmediata. María Rodríguez, la madre del detenido, aún recuerda “el alegrón” de aquel momento y de cómo esa sensación se convirtió en frustración y tristeza durante las siguientes semanas. “La abogada fue, pero no se lo dieron. Al siguiente día dijeron que no lo daban porque era del régimen”. Y así pasó el tiempo, hasta que, el 19 de junio de 2023, Rodríguez fue trasladado de emergencia del penal hacia el hospital Rosales, donde falleció dos días después.
La Dirección General de Centros Penales cometió varios delitos al incumplir con esa orden de libertad, dicen organizaciones de derechos humanos. El de Rodríguez no es el único caso. El Faro ha documentado por medio de folios judiciales y entrevistas con familiares otros diez casos de personas con orden de libertad, firmadas y selladas por diferentes juzgados contra el crimen organizado, que Centros Penales ha incumplido o ha retardado sin justificación.
En medio de un sistema donde la información es secreta, y a la luz de estos casos y las declaraciones de las organizaciones que durante los más de dos años del régimen han acompañado a sus víctimas, esto parece más un patrón que una particularidad. La Fiscalía mantiene bajo reserva total todos los casos del régimen porque alega que divulgar parte de esa información puede “provocar pánico en la población”. Bajo este argumento, se esconden centenares de casos con pruebas pírricas o falsas, como fichas policiales creadas después de las capturas o criterios ambiguos de los policías que han quedado consignados en documentos, como que el detenido parecía “nervioso' o “sospechoso”.
De los 11 casos documentados por este medio, tres fallecieron en un penal, pese a tener orden de libertad; tres fueron recapturados por agrupaciones ilícitas, poco tiempo después de ser liberados del mismo delito; uno tiene orden de libertad, pero sigue detenido, y su familia teme hablar del caso por posibles represalias del Gobierno de Nayib Bukele. Otros tres siguen detenidos pese a la orden de libertad, según una denuncia de Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ante la Fiscalía. El último caso documentado por este periódico es el de un menor de edad declarado inocente por una Cámara, pero que Centros Penales mantuvo dos meses encarcelado sin justificación.
Cinco de los 11 casos documentados por El Faro fueron denunciados en la Fiscalía el 22 de julio de 2024 por SJH. “Ustedes están violando derechos humanos, están cometiendo crímenes como desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros penales, pero también están desobedeciendo mandatos judiciales, no están dándole auxilio a las víctimas y eso son delitos”, dijo Ingrid Escobar, directora de la organización, minutos antes de ingresar a una oficina fiscal en Antiguo Cuscatlán, donde SJH denunció a diputados; al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; al director de Centros Penales, Osiris Luna, y al director del penal de Izalco.
SJH denunció al director del penal de Izalco por dos delitos: detención arbitraria por autoridad y desobediencia a mandato judicial. Al director de Centros Penales, por su parte, lo acusan del delito de privación de libertad por el incumplimiento de cinco órdenes de libertad. La investigación del caso ha sido asignada a la Dirección de la Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, una institución bajo el control del Gobierno de Bukele desde mayo de 2021, cuando los diputados fieles al presidente impusieron ilegalmente al actual fiscal general, Rodolfo Delgado. Ni las cartas de libertad enviadas por algunos jueces al director del penal de Izalco ni las denuncias de la SJH tienen el nombre de este funcionario público. Debido al secreto total sobre el organigrama de Centros Penales, El Faro no ha logrado identificar ese nombre.
¿Por qué acuden a una institución cooptada por el oficialismo? “Sabemos que aquí no va a haber justicia. Es como decirle al fiscal que investigue a quien lo impuso, es imposible que haga algo y lo sabemos. Sin embargo, tenemos que seguir el proceso porque estamos cerca en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de entrar con nuestros casos, y algún día también en la Corte Penal Internacional, pero para eso tenemos que haber agotado toda la sede (en El Salvador)”, respondió Escobar.
La mañana del 30 de julio de 2024, El Faro llamó al director de comunicaciones de Centros Penales, Alejo Carbajal, para solicitar una entrevista sobre el incumplimiento de las órdenes de libertad, pero no atendió la llamada, como ya es habitual desde hace años. La petición también fue enviada al correo electrónico institucional de esa unidad, pero se recibió una respuesta automática: “address not found” (dirección no encontrada). En los últimos años, la política de comunicación del director de cárceles Osiris Luna ha sido guardar silencio ante las irregularidades de su gestión, como la negociación secreta del Gobierno de Bukele con las tres pandillas , el robo de alimentos durante la pandemia y la contratación de supervisores fantasmas.
Los que murieron con orden de libertad
La Policía intentó capturar a Luis Armando Rodríguez el 16 de abril de 2022. Policías y soldados llegaron hasta su casa en la colonia Vilma, cantón Mejicapa, en Santa María, Usulután, un territorio que controlaba la Mara Salvatrucha-13. María, la madre de Rodríguez, salió hasta el portón metálico verde de su casa y les explicó que su hijo no era pandillero, sino un alcohólico crónico que desde hacía dos años padecía de insuficiencia renal. Les aseguró que incluso estaba medicado. La Policía pareció escuchar las súplicas de la madre: no lo capturó y sólo le tomó fotografías.
Cinco días después, el 21 de abril de 2022, la Policía regresó a la colonia Vilma y capturó a Rodríguez por agrupaciones ilícitas. “Él trabajaba con los albañiles a veces, porque solo enfermo pasaba, porque era bolito. Solo tirado en las calles andaba el pobrecito”, cuenta su madre. Rodríguez fue traslado al penal de Mariona y después al de Quezaltepeque. Cada mes, la familia le llevaba un paquete y medicinas contra la insuficiencia renal, pero no saben si Centros Penales se los entregaba.
María cuenta que contrataron a una abogada particular y, tras varias gestiones, lograron una audiencia especial donde un juzgado especializado contra el crimen organizado de San Miguel le concedió libertad condicional. La familia recibió la carta de libertad el 16 de mayo de 2023 y al siguiente día fueron al penal de Quezaltepeque a gestionar la salida de Rodríguez, pero los custodios les dijeron que ese trámite lo debía hacer la abogada. Al siguiente día llegaron al penal con la abogada, y los custodios les dijeron que tenían que regresar el siguiente día. Insistieron una tercera vez y entonces los custodios cambiaron el argumento: Rodríguez no podía salir del penal porque era un detenido del régimen. La decisión injustificada de Centros Penales se impuso a la orden del juez, la única autoridad constitucional que puede decidir quién debe estar preso o libre. Rodríguez no salió del penal.
Un mes y tres días después de que la familia hubiera recibido la carta de libertad, el 19 de junio de 2023, aquel hombre que debía estar en su casa por orden judicial salió de emergencia del penal de Quezaltepeque hacia el Hospital Rosales, donde falleció dos días después. Un médico del Instituto de Medicina Legal escribió en la esquela que la causa de muerte fue un “edema pulmonar (causa preliminar, pendiente reporte de estudios complementarios)”. Los empleados de la funeraria dijeron a su madre que el cadáver tenía un hematoma en el cuello y heridas en la espalda, situación omitida en el documento oficial.
Hasta el 22 de julio de 2024, 309 personas fallecieron dentro de los penales por el régimen de excepción: 305 adultos y cuatro bebés, según datos de SJH. Aunque muchos de los cadáveres tenían signos evidentes de tortura, Medicina Legal omitió esa información y se limitó a consignar en las esquelas “edema pulmonar” como la causa de muerte. La información forense es distinta a los evidentes signos de violencia que han encontrado las familias en los cadáveres.
El Faro consultó con tres fuentes sobre el incumplimiento de las órdenes de libertad. La ley ordena que antes de liberar a una persona, Centros Penales debe verificar que no tenga casos pendientes en la Policía u otros juzgados, pero no hay un tiempo límite para hacer esas verificaciones. “Este es un problema que viene desde antes del régimen de excepción, no hay forma de controlar si Centros Penales está haciendo esas averiguaciones. Antes del régimen, ese proceso tardaba tres o cinco días”, dijo un abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Un abogado y una empleada judicial con más de 20 años de trabajar para el Órgano Judicial coincidieron en señalar que el sistema penitenciario está saturado por las miles de detenciones durante el régimen, pero que 15 días es un tiempo prudencial para verificar si el beneficiario de una órden de libertad tiene casos pendientes. “Me parece que cometen actos arbitrarios al no obedecer una orden judicial”, dijo el abogado. Por su parte, la empleada judicial explicó que el Código Penal tiene un delito llamado: privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública. “El código dice que cualquier privación de libertad de una persona será sancionada con prisión de tres a seis años e inhabilitación para el cargo”, dijo.
Dos meses después de la muerte de Rodríguez, el 25 de agosto de 2023, en el penal de Quezaltepeque falleció otro detenido del régimen de excepción que también tenía orden de libertad: Juan de Jesús Orellana Luna, un ayudante de albañil, de 28 años.
Orellana padecía hipopotasemia (bajo potasio en la sangre) y fue capturado el 30 de mayo de 2023 cuando regresaba de trabajar a su casa en la colonia Las Flores, de San Francisco Gotera, Morazán. La Fiscalía lo acusó de agrupaciones ilícitas y fue encarcelado en el penal de Izalco.
Una semana después de la detención, el 9 de junio de 2023, el Juzgado Segundo Contra el Crimen Organizado C de San Miguel realizó una audiencia especial y le concedió libertad condicional por su delicado estado de salud. “Se ordena poner en inmediata libertad al procesado antes mencionado, después de verificar que no tenga restringida su libertad por otro delito”. Esa orden fue entregada a los familiares tres días después de la audiencia, el 12 de junio de 2023. La esposa de Orellana, Johana Hernández, dijo a El Diario de Hoy que al siguiente día fue al penal de Izalco, pero Centro Penales se negó a liberarlo. Entre junio y julio de 2023, la mujer fue otras tres veces al penal, pero, de nuevo, sin ningún argumento, Centros Penales se negó a liberar a su esposo, padre de una menor.
El 11 de agosto de 2023, Orellana fue trasladado de emergencia del penal de Izalco al hospital Jorge Mazzini de Sonsonate. Estuvo más de una semana en coma y falleció el 25 de agosto de 2023. La esquela de Medicina Legal consigna que la causa de la muerte fue un “edema pulmonar”, según documentos que el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y el exdiputado del FMLN por Morazán, Jaime Guevara, difundieron en redes sociales. El documento de Medicina Legal omitió dejar constancia de un indicio de violencia sobre el cadáver. Según el informe de Cristosal, titulado “El silencio no es opción”, presentado el 10 de julio de 2024, Orellana tenía un hematoma en el tórax.
Un tercer detenido por el régimen de excepción que tenía carta de libertad falleció en Mariona en abril de 2024. Se llamaba Francisco, tenía 30 años, trabajaba en una empresa y fue capturado en enero de 2023. El Faro tiene el nombre completo de esta víctima y documentos sobre su muerte, pero por petición de su familia se omiten detalles. Un tío de Francisco dijo que documentaron la inocencia de su sobrino “punto por punto”. Asegura que tienen una carpeta con información en la que consta que no tenía antecedentes con pandillas, que no tenía tatuajes alusivos a esos grupos. Dijo que, producto de esas gestiones, consiguieron una carta de libertad que las autoridades incumplieron. La familia de Francisco no compartió ninguno de esos documentos porque teme represalias del Gobierno de Bukele .
Órdenes de libertad aniquiladas en la puerta de un penal
El 27 de septiembre de 2022, el Juzgado Especializado de Instrucción A-3 de San Salvador dio una orden al director del centro penal de Izalco. Eso es lo que hace un juzgado: ordenar. “Atentamente, solicito a usted, poner en inmediata libertad al imputado (...) a quien, junto a otros, se le atribuye el delito de agrupaciones ilícitas”.
El documento judicial ordenaba la libertad de siete personas, entre ellas la de Edenilson, un muchacho de 22 años, empleado de una microempresa en Ciudad Delgado y capturado por el régimen de excepción el 10 de mayo de 2022. La familia de Edenilson contrató a un abogado, quien en tres meses logró desbaratar el caso fiscal. Ante la falta de pruebas de agrupaciones ilícitas, el juez ordenó su libertad condicional.
Al siguiente día de la orden de libertad, el 28 de septiembre de 2022, un familiar de Edenilson se levantó a las tres de la mañana, viajó desde Ciudad Delgado hasta el penal de Izalco para reclamar la liberación de Edenilson, pero el custodio en la caseta se negó a recibir el documento porque así se le antojó en ese momento. “Ya venía de regreso para mi casa, pero un policía que estaba fuera me orientó, me dijo que insistiera, que me la tenían que recibir. Regresé y, hasta la segunda vez, me la recibieron”, cuenta.
Edenilson no fue liberado en septiembre de 2022, como lo ordenó el juez. Lejos de eso, la Fiscalía lo acusó de un “nuevo” caso de agrupaciones ilícitas, mientras estaba en el penal de Izalco. Es decir, la Fiscalía lo acusó primero de pertenecer a una agrupación ilícita en Ciudad Delgado, pero, cuando el juez lo liberó por falta de pruebas, los fiscales lo acusaron en otro juzgado de Santa Ana del mismo delito.
“Lo que podés ver es que lo acusaron en Santa Ana porque son los juzgados que tienen jurisdicción sobre el penal de Izalco”, dijo la fuente judicial que habló del caso y proporcionó documentos con la condición de anonimato, por temor a perder su trabajo. La fuente ironiza sobre la forma en que se podría justificar el nuevo caso en contra de Edenilson: “Ellos abren un nuevo caso de agrupaciones ilícitas, pero en esos meses él estuvo detenido en Izalco. Ellos deciden a dónde lo mandan, no puede ser que adentro del penal lo acusen otra vez de agrupaciones ilícitas, porque su comportamiento y su voluntad de estar con cierta gente depende de Centros Penales. Fácilmente podría salir por doble persecución, nadie puede ser procesado dos veces por la misma causa. Es una forma arbitraria y burda de mantenerlo detenido”.
El Faro mantiene comunicación con un familiar de Edenilson desde finales de 2022. Esta persona dijo que ya no tenían dinero para pagar al abogado particular que logró la primera orden de libertad. La familia no tuvo más remedio que buscar la ayuda de la Procuraduría General de la República. La intervención del defensor público, si es que ha habido alguna, es un misterio para la familia de Edenilson: no saben de ningún trámite que haya realizado, no contesta sus llamadas. Edenilson sigue preso.
En junio de 2022, a tres meses de iniciado el régimen, este periódico siguió por semanas los pasos de un defensor público que aceptó aquello a cambio de anonimato. Estas son algunas de las frases que dijo: “Ninguno. No hemos podido lograr la libertad de ninguno”. “Hoy confirmé la frustración de muchos otros colegas: que el rol del defensor es prácticamente decorativo. Yo llegué con arraigos, pero el juez se esforzó por desvirtuarme todo”. “Al final, nos hemos vuelto una manera de justificar o de dar apariencia de que la persona tuvo defensa”.
La historia de Edenilson es parecida a la de Miguel, un comerciante que vende tomates al por mayor en el mercado La Tiendona y que fue capturado por el régimen de excepción, en abril de 2023. La diferencia del caso de Edenilson y de Miguel, el vendedor de tomates al por mayor, es que este último tuvo la capacidad económica para pagar a un equipo de abogados que usó las instancias legales necesarias para demostrar que su recaptura por un “nuevo” caso de agrupaciones ilícitas era injusta e ilegal.
El Faro tiene el nombre completo de Miguel, su dirección y fechas claves de su proceso judicial, pero por acuerdo con una de las fuentes que proporcionó más información del caso se omiten detalles que puedan identificarlo. Después de seis meses de encarcelamiento en el penal de Izalco, en octubre de 2023, Miguel recibió una orden de libertad. La familia llevó el documento al penal en octubre y no lograron la liberación. Regresaron en noviembre y los primeros días de diciembre de 2023, pero el comerciante no fue liberado.
El siete de diciembre de 2023, los custodios dijeron a Miguel que tenía orden de libertad y podía regresar a su casa. El comerciante caminó hacia la pluma del portón principal del penal de Izalco. No logró poner un pie afuera. Las autoridades lo recapturaron antes de llegar a la pluma y lo acusaron por segunda vez de agrupaciones ilícitas, delito por el que recién había sido liberado.
El “nuevo” caso por agrupaciones ilícitas llegó a un juzgado contra el crimen organizado de Santa Ana. La familia de Miguel, comerciantes con capacidad económica, siguieron pagando a un equipo de abogados que pidió al juzgado santaneco declararse incompetente porque los hechos eran los mismos por los que era procesado en San Salvador. El juez se declaró “incompetente” y remitió el caso a la capital.
El expediente llegó a un juzgado capitalino contra el crimen organizado. El juzgado de San Salvador sumó el caso de Santa Ana al primer expediente por agrupaciones ilícitas. El nuevo juzgado no encontró nuevas pruebas de que Miguel fuera pandillero o colaborador de esos grupos. El juzgado ordenó, por segunda vez, su libertad condicional.
La familia de Miguel llevó la segunda carta de libertad al penal de Izalco, pero los custodios dijeron no entender conceptos como “incompetencia”, “doble juzgamiento”, “acumulación de procesos”, “derechos constitucionales”. Los custodios de Centros Penales insistían en que el caso de San Salvador era diferente al caso de Santa Ana. “Centros Penales no entendía la figura jurídica de la conexión y la acumulación de procesos. El notificador se cansó de llegar al penal y les pasó por teléfono al juez para explicarles. El juzgado mandó un segundo oficio para explicar a Centros Penales el caso”, cuenta la fuente. El juzgado envió un segundo oficio en julio de 2024 y Miguel fue liberado. Esto significa que el comerciante estuvo detenido ilegalmente nueve meses, por capricho de Centros Penales.
El tercer caso de una persona con carta de libertad y recapturado por el régimen de excepción que El Faro logró documentar es el del señor M. Él es un obrero de 29 años, vivía en una comunidad del departamento de La Libertad controlada por una pandilla. Fue capturado el 18 de abril de 2022. El señor M dio su testimonio a El Faro con la condición de reservar su nombre y su lugar de residencia. En el testimonio cuenta que estaba en su casa cuando la Policía lanzó un operativo en su comunidad y, sin mayor explicación, fue capturado por agrupaciones ilícitas. Estuvo detenido en Mariona y, en solo 20 días, un juzgado contra el crimen organizado lo liberó bajo ciertas condiciones.
El señor M salió del penal de Mariona el 8 de mayo de 2022. Cuenta en su testimonio que guardaba la orden de libertad como un tesoro: siempre la portaba para demostrar a la Policía que no es pandillero o colaborador de esos grupos.
Un motorista del transporte público fue asesinado el 5 de abril de 2023 en la comunidad donde vivía el Señor M. La Policía cercó la comunidad. Aunque estaba en su casa al momento del asesinato, los policías capturaron al Señor M como parte de la redada por el homicidio del motorista. Ya han pasado 15 meses de la recaptura del Señor M y la familia no sabe con exactitud de qué lo acusan. Lo único que ellos saben es que viven en una comunidad que solía estar controlada por pandillas y que su familiar tenía el antecedente penal de que una vez fue liberado por falta de pruebas.
El miedo de los que están afuera
Jesús era empleado de Aeroman, una empresa que opera en el aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero. Es padre de una niña y, durante el régimen de excepción, fue capturado por tener un antecedente penal: fumar marihuana durante su época escolar. En noviembre de 2023, un juzgado contra el crimen organizado le dio una orden de libertad, pero durante siete meses Centros Penales se negó a cumplirla.
En mayo de 2024, El Faro visitó la casa de la mamá de Jesús, una champa de lámina oxidada, con un maltrecho alambre de púas y una ciénaga de agua jabonosa al frente, donde deambulaban unos patos. La señora confirmó que su hijo tiene una orden de libertad, pero que hasta ese mes continuaba detenido sin justificación. La madre de Jesús dijo que no daría detalles del caso porque temía al régimen de excepción. “Tengo más hijos y no sabemos qué puede pasar”, justificó.
La madre de Jesús prometió consultar con sus otros hijos sobre la conveniencia de conceder una entrevista. Nunca volvió a comunicarse. El 30 de julio de 2024, El Faro llamó por teléfono a la señora para verificar si Centros Penales acató la orden de libertad, pero no respondió la llamada.
Un inocente preso dos meses
El domingo 3 de agosto de 2023, un grupo de soldados entró por la noche a la isla del Espíritu Santo, en la Bahía de Jiquilisco, y arrestó a seis personas, a las que fue sacando de sus casas una por una. Dentro de los capturados figuraba Samuel, un chico de 17 años, mesero del único restaurante de la isla y el único menor de edad entre los capturados de ese día. Toda la comunidad se enteró de las capturas de esa noche. Sin embargo, poco más de dos meses después, el 25 de octubre, el jefe de aquel operativo, el sargento Ángel César Montesinos Flores, declaró que las capturas habían ocurrido de otra forma: que habían sido en la mañana del lunes 4 de agosto, que los detenidos estaban en una cancha de básquetbol preparándose para ir a dejar víveres a unos supuestos pandilleros ocultos en los manglares circundantes. Por este testimonio, un juez de menores de Usulután condenó a Samuel a diez años de prisión.
La familia de Samuel apeló la decisión judicial alegando que la versión del sargento Montesinos era falsa. El 13 de diciembre, la Cámara de Menores de la Sección de Oriente consideró que el militar no había aportado ningún elemento que respaldara su versión, entre otras inconsistencias en el juicio, y declaró que Samuel era inocente y que debía ser liberado de forma “inmediata”. Al día siguiente, su madre se presentó con el documento a la granja penitenciaria de Ilobasco, pero los custodios le dijeron que ya era tarde. Se presentó al día siguiente y le dijeron que no, sin mayores explicaciones. Se presentó una tercera vez y Samuel tampoco fue liberado. Así transcurrió diciembre y enero, sin que ninguna autoridad ofreciera a su familia ninguna explicación. Samuel fue liberado el 12 de febrero de 2024, luego de que las autoridades de Centros Penales desobedecieran durante dos meses una resolución judicial de una cámara de menores.
La denuncia contra Osiris Luna
El 22 de julio de 2024, SJH denunció en la Fiscalía al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y a diputados de la Junta Directiva, por la aprobación indefinida del régimen de excepción que viola derechos humanos básicos. Los abogados de esa organización alegan que cualquier detención debe cumplir con parámetros internacionales establecidos, por ejemplo, en el artículo 7 del Estatuto de Roma, al que El Salvador está suscrito desde el 26 de noviembre de 2015. El Estatuto de Roma data de 1998 y es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Cuando un Estado firma el estatuto habilita a que cualquier responsable de delitos de lesa humanidad sea procesado en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos.
La organización alega que al no cumplir con los requisitos básicos para la captura de personas, los diputados pueden ser juzgados por ese mecanismo internacional, porque las 27 prórrogas al régimen de excepción los convierte en “hacedores” de crímenes de lesa humanidad. La denuncia incluye al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
La denuncia del SJH señala al director de Centros Penales, Osiris Luna, de un delito en específico: privación de libertad, por incumplir cinco órdenes judiciales. Por los mismos hechos, el director del centro penal de Izalco fue denunciado por los delitos de desobediencia a mandato judicial y detención arbitraria por autoridad. Uno de los casos denunciados por SJH está entre los descritos anteriormente en este texto. Rastreando otro de los casos, El Faro viajó a la zona norte de San Salvador el primero de agosto de 2024, para verificar los datos.
La madre de Marco, capturado por el régimen de excepción el 22 de junio de 2023, dijo que su hijo fue liberado en marzo de 2024. Marco tenía carta de libertad desde enero de 2024 y Centros Penales cumplió la orden hasta dos meses después y luego de una conferencia de prensa en que la organización denunció el caso. Aunque ya está libre, SJH incluyó el caso de Marco en la denuncia contra Luna y el director del penal de Izalco.
Sobre los otros tres casos en los que SJH acusa a las autoridades penitenciarias de cometer delitos por incumplir las órdenes de libertad, El Faro no ha logrado contactar a sus familiares para actualizar su situación carcelaria. La organización asegura que continúan detenidos arbitrariamente.
El Faro preguntó al MOVIR cuántos casos han documentado sobre incumplimiento de órdenes de libertad en el marco del régimen de excepción. La tarde del dos agosto de 2024, Alfredo Mejía, miembro del MOVIR, respondió lo siguiente: “No tenemos un número exacto de cuánta gente puede tener carta de libertad. Yo tengo en mi poder como cinco cartas de libertad (que Centros Penales ha incumplido)”. Al cierre de esta nota, este periódico no pudo contrastar si alguno de los casos de MOVIR coincide con los casos denunciados ante la Fiscalía por el SJH.
La mañana del 30 de julio de 2024, El Faro llamó a la jefa de comunicaciones del Centro Judicial, Yenifer Portillo, y le solicitó una entrevista con los jueces de los casos mencionados en este artículo o una declaración oficial del Órgano Judicial al respecto. Portillo pidió la solicitud por escrito y proporcionó una dirección de correo institucional. El Faro envió por escrito la solicitud, pero en respuesta recibió un mensaje automático: “message blocked” (mensaje bloqueado). Ante esta situación, se envió la solicitud escrita a Portillo por medio de una aplicación de mensajería instantánea, explicando el problema del correo electrónico. Al cierre de esta nota, Portillo no respondió.
* Con reportes de Carlos Barrera y Carlos Martínez.
