José, de 12 años; Sara, de 15; y su abuela Sara, de 53, se unieron a “la caminata por una navidad sin presos y presas inocentes, víctimas del régimen de excepción y de la persecución política”, organizada por el Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, en el marco del Día Internacional de Los Derechos Humanos que se conmemora cada 10 de diciembre. La marcha estaba compuesta por alrededor de 50 familias.
Mientras caminaban sobre la carretera que del aeropuerto Monseñor Romero conduce hacia San Salvador, la familia sostenía un cartel que decía: “Señor presidente Nayib Bukele, le pedimos la liberación de José Roger ya que está detenido injustamente. Sus antecedentes están limpios (sic)”. La familia llevaba consigo los documentos que demuestran que José no tenía ningún antecedente de pertenecer a ninguna pandilla ni haber cometido crimen alguno.
En 2020, Sara Rivas sufrió un infarto que la dejó hospitalizada, lo que obligó a su hijo José a regresar a El Salvador tras 12 años de vivir en Estados Unidos para atender a su madre.
José Roger Rivas regresó a Rosario de la Paz de donde es originario. Trabajó como taxista luego de comprar un vehículo con los ahorros que hizo durante su tiempo en Nueva York. También se encargó de los cuidados de su madre hasta que se recuperó y le ayudó a poner una pequeña granja de pollos para tener otra entrada de dinero.
Al poco tiempo de iniciar su vida como taxista empezó a ser acosado por pandilleros de su zona de residencia que lo obligaron a un pago de extorsión de diez dólares por día. “Mi hijo no vivía por la preocupación de que nos hicieran algo si no pagaba”, comenta Sara. Incluso durante la pandemia, algunos gremios de transporte en El Salvador aseguraban seguir padeciendo la extorsión pandillera, sobre todo en el interior del país.
José pagó la extorsión durante año y medio, incluso cuando ya había iniciado el régimen de excepción decretado en marzo de 2022. Cuando el pago se hizo insostenible, decidieron hipotecar la casa de su madre para sacar un préstamo bancario. El banco les prestó $8,500 que fueron usados para la mitad del pago de un coyote que llevaría a José de regreso a Estados Unidos. Al llegar debería trabajar para sostener a su madre, sus dos hijos y dar el pago de los otros $8,500.
El 6 de junio de 2023 José dejó a sus hijos y su país por segunda vez y, tras un mes y medio de viaje, logró llegar hasta San Antonio, Texas, donde fue capturado por Migración y deportado.
Sara todavía recuerda el miedo que sintió la mañana del 30 de agosto del 2023, casi dos meses después de que su hijo dejara el país, cuando una llamada de un número desconocido llegó a su celular: “Hacía unos días habíamos hablado y estábamos felices de que había logrado pasar, pero cuando vi esa llamada pensé que algo malo había pasado y solo pensé en mi hijo”. “Mamá, me deportaron”, dijo José, quien explicó que la llamada la hacía del teléfono de un policía, que iba a quedar detenido debido al régimen de excepción, que sería llevado al penal de Ciudad Barrios. La llamada se cortó y no hubo más explicaciones.
Desde entonces, Sara tiene que pagar $200 dólares mensuales por el préstamo bancario. De la granja que logró poner con su hijo saca para los $100 que debe invertir para el paquete carcelario que debe llevar cada mes.
La caminata, que tendrá una duración de dos días, pretende finalizar frente a la Casa Presidencial para hacer la petición de que se permitan las visitas familiares y la liberación de los inocentes del régimen de excepción que lleva más de 32 meses desde su aprobación y según cifras oficiales ha encarcelado a más de 82,000 salvadoreños. Miles de ellos no tienen antecedentes penales, como José Roger Rivas. Organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario registran al menos 340 personas que han muerto en los centros penales. Este periódico ha recabado decenas de testimonios que cuentan las torturas sistematizadas que viven los detenidos y la incertidumbre de muchos familiares que no tienen claro ni siquiera en qué centro penal están recluidos sus parientes.
