Un informe del Estado salvadoreño enviado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en octubre de 2024 revela que entre 2020 y 2024 el Gobierno realizó “mejoras parciales o integrales” en 424 centros escolares y formuló los diseños para la mejora de 158 centros educativos adicionales. Eso implica que se ha renovado menos del 10 % de los centros escolares que hace más de dos años el presidente Nayib Bukele prometió intervenir antes de 2028.
En septiembre de 2022, Bukele se comprometió a renovar 5,150 centros escolares bajo el programa “Mi Nueva Escuela”. “El proyecto va a tener cinco años. Son 1,000 (centros escolares) por año. Nosotros vamos a hacer dos escuelas por día… Casi tres por día, si tomamos en cuenta que en cinco años tenemos que terminarlas todas”, prometió Bukele durante una transmisión en cadena nacional desde el Complejo Educativo Doctor José Ciro Brito, en Nahuizalco, Sonsonate, que se encontraba en renovación. Bukele aseguró que solo entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023 se construirían 1,000 escuelas.
Pero, según el documento, solo se ha cumplido un 8.23 % de la promesa de 5,150 escuelas, a un ritmo de avance de una escuela intervenida cada tres días. No hay ningún informe público que detalle en qué consistieron las mejoras realizadas en los 424 centros escolares que según el Gobierno fueron atendidos en cuatro años.
El informe que revela la cifra es parte de los insumos para la realización del Examen Periódico Universal (EPU). Este examen es un monitoreo al que se someten cada cuatro años todos los países que forman parte de las Naciones Unidas (ONU) para informar sobre las medidas que han adoptado para mejorar la situación de derechos humanos y recibir recomendaciones elaboradas por los demás Estados. El próximo examen se realizará el 20 de enero en Ginebra, Suiza.
El Examen Periódico Universal (EPU) también toma en cuenta informes alternativos realizados por la sociedad civil. El pasado mes de julio, 35 organizaciones de sociedad civil, nacionales e internacionales, que trabajan en derechos humanos enviaron más de una docena de informes al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los que señalan que El Salvador ha tenido un severo retroceso en esa materia desde el último EPU en noviembre de 2019.
El Gobierno ha reiterado su promesa, aunque ha variado las cifras. Por ejemplo, el 2 de febrero de 2023, durante una entrevista matutina en el estatal canal 10, Álvaro O'Byrne, quien fue director de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), aseguró que solo ese año trabajarían en 483 centros escolares. Es decir, que solo ese año harían trabajos en 59 escuelas más de las que dijeron a Naciones Unidas que intervinieron en cinco años. O'Byrne también dijo ese día que más del 70 % de los centros educativos en el país necesitaba reparaciones.
En octubre de 2023, durante la inauguración de una central hidroeléctrica en San Miguel, Bukele admitió que no había cumplido su promesa “Es aproximadamente un 61 % de la promesa de remodelar mil escuelas. Estoy claro que no han salido a tiempo”. Dijo que había planes para cumplirla a medias, con la remodelación de 611 escuelas. Pero, según el informe enviado por el Estado salvadoreño a Naciones Unidas, esta segunda promesa tampoco se cumplió.
Fondos para infraestructura de centros escolares sin ejecutar
En el Presupuesto General del Estado aprobado el 17 de diciembre de 2024, que asciende a $9,663 millones, Educación tendrá asignado $1,540.45 millones. El monto asignado representa el 15.94 % del presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficial Nuevas Ideas. Los recursos destinados a Educación recibieron un recorte de $30 millones en comparación con el presupuesto aprobado para 2024.
Desde su implementación en 2022, la reforma educativa “Mi Nueva Escuela” se menciona como una prioridad en la asignación de recursos en los presupuestos para el ramo de Educación. La reforma cuenta con seis áreas de trabajo: infraestructura, primera infancia, formación docente, currícula renovada, tecnología y salud.
La reforma educativa cuenta con una asignación de fondos específicos para “Infraestructura y equipamiento”, para la disposición de “ambientes escolares en buenas condiciones en los niveles de Parvularia, Educación Básica y Media”, según la Ley de Presupuesto de 2024. El Faro revisó la ejecución de gasto del Programa “Mi Nueva Escuela” que presenta Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda desde 2022 hasta noviembre de 2024. Los datos señalan que los fondos asignados a la partida presupuestaria de “Infraestructura y equipamiento” no se ejecutaron ni siquiera al 2% por año desde la implementación del programa.
Para el año 2025, la partida presupuestaria de “Infraestructura y equipamiento” tiene asignado $140 millones de dólares, el mismo monto que en 2024.
Desde 2019, este periódico ha pedido entrevistas a los ministros del gobierno en reiteradas ocasiones, sin que ninguno haya respondido. El Faro pidió nuevamente una entrevista con el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, este 13 de enero. Para ello, se contactó por teléfono a Rubén Rivera, director de comunicaciones del ministerio. Rivera, en un primer momento, negó trabajar para el Mined, y luego, vía mensajes de Whatsapp, negó que fuera su número: “Buenas tardes, este número ya no pertenece a Rubén. ¿En qué puedo ayudarle?”. Tras una serie de llamadas a las oficinas de Educación, la persona que atendió el teléfono confirmó que Rivera era el encargado, y que el número al que se le había contactado era correcto. Finalmente, Rivera confirmó que sí trabajaba en el Ministerio y que sí era su número y dijo que “solicitaría autorización' para el cuestionario que El Faro le envió 'y se pondría en contacto”. También se contactó vía correo electrónico al ministro Pineda.
Al cierre de este reportaje, no se obtuvo información de cuántas escuelas se remodelaron, cómo se justificaba el atraso en la ejecución de recursos para remodelaciones de centros escolares o por qué el Ministerio de Educación no ejecutó el total de fondos asignados para infraestructura y equipamiento de los centros educativos.
El incumplimiento en la ejecución de fondos para las remodelaciones, mejoras y construcciones de centros escolares no es exclusivo del ramo de Educación. En el presupuesto de 2024, la Dirección de Obras Municipales (DOM) tenía una partida presupuestaria asignada para el “Programa de Mejora de la Calidad y Expansión de la Oferta de Educación Parvularia y Centros de Desarrollo Infantil 2024”, por un monto de $45 millones que según los datos de Transparencia Fiscal no se ejecutaron.
En la Ley de Presupuesto de 2024, el Ministerio de Obras Públicas no tenía una partida presupuestaria asignada para la remodelación de centros escolares. Sin embargo, a lo largo del año se les asignó un monto de $255,676 mil para la “Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Escolar Dañada por Desastres Naturales'.
Para Jessica Estrada, directora de Transparencia de Funde El Salvador, una de las organizaciones de sociedad civil que investigan la transparencia y finanzas públicas del Gobierno salvadoreño, existen deficiencias importantes en la proyección y ejecución del uso de recursos públicos destinados al programa “Mi Nueva Escuela”. “Si bien la subejecución presupuestaria puede deberse a múltiples factores, ejecutar menos del 10% de lo previsto para un año debería ser motivo de alarma y genera múltiples interrogantes: ¿Por qué no se han ejecutado los fondos según lo proyectado? ¿Se utilizaron los fondos disponibles para otras acciones con la debida autorización? ¿Qué implicaciones tiene esta baja ejecución en las personas que serán beneficiadas del programa?”, cuestiona Estrada.
La economista Tatiana Marroquín considera que las cifras de ejecución presupuestaria muestran que en años consecutivos, de forma reiterada, la ejecución de los presupuestos para infraestructura y equipamiento del programa “Mi Nueva Escuela” ha sido muy baja. “Hay otras construcciones en el Estado que se han ejecutado con mayor celeridad que las escuelas que están dentro de este proyecto. También si nos referimos a otros rubros relativos a salarios u otro tipo de gastos que están cerca del 100% de ejecución, sí se evidencia que técnicamente ha existido un mayor énfasis por ejecutar los gastos que estaban programados en otros rubros y no en este”.
Universidad de El Salvador denuncia “estrangulamiento presupuestario”
La Universidad de El Salvador (UES) presentó un informe ante el EPU en el que denuncia un “estrangulamiento presupuestario” que afecta a la única universidad pública del país. En abril de 2024, el Gobierno adeudaba $55 millones a la UES, lo que desencadenó que la universidad acumulara una deuda de $21 millones con proveedores. El impago del Ejecutivo también afectaba el desembolso de fondos de becas para alrededor de 1,200 estudiantes provenientes de sectores económicos vulnerables.
Sectores de la comunidad estudiantil, docentes y gremios profesionales no docentes denunciaron este año la “ocupación abusiva de las instalaciones de la UES por parte del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador (INDES) y otras entidades de Gobierno” y el incumplimiento del Ministerio de Obras Públicas en la devolución y readecuación de cuatro edificios que afectan a las facultades de Ciencias y Humanidades, Ciencias Naturales y Matemáticas e Ingeniería, que mantenían al 41 % de los estudiantes recibiendo clases virtuales.
El 9 de diciembre de 2024, en un foro llevado a cabo por distintas organizaciones para discutir los informes alternativos presentados al EPU, Evelyn Farfán, vicerrectora académica de la UES, habló de la preocupación de las autoridades universitarias por las propuestas de reforma de la Ley de Educación Superior y Ley Orgánica de la UES: “Además de invisibilizar totalmente a la Universidad de El Salvador, establecen una serie de disposiciones que atentan contra la autonomía universitaria y la calidad de la educación”.
La Universidad de El Salvador llegó a un acuerdo con Hacienda para recibir abonos de $1 millón semanales a partir de abril de 2024. Esos fondos permitieron “oxigenar las finanzas”, según mencionó Juan Rosa Quintanilla durante la presentación del informe de su primer año de gestión en octubre. En septiembre, el Ministerio de Hacienda notificó a la Universidad de El Salvador que el presupuesto preliminar de la institución para 2025 será de $114,241,290, misma cifra que la de 2024, año en el que se denunció el “estrangulamiento presupuestario”.
El 16 de diciembre de 2024, el rector Quintanilla afirmó que el Gobierno todavía adeudaba $31 millones de dólares a la universidad. “De esos $31 millones que no están disponibles, $7.6 millones son del ejercicio fiscal 2023; y, del 2024, son $23.7 millones”, dijo en un programa de entrevista de Canal 21.
Nota de la Redacción: Esta nota se modificó a las cinco de la tarde del 14 de enero para añadir un gráfico y para corregir el nombre del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En la versión original se escribió por error que era el Consejo Nacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
