Veintitrés miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), entre los que se encuentran dos cabecillas que estaban acusados por actos de terrorismo en Estados Unidos, fueron enviados por el Gobierno de Donald Trump a El Salvador la madrugada del 16 de marzo, según informó el secretario de Estado Marco Rubio. Un amplio dispositivo de seguridad recibió a los pandilleros salvadoreños, junto con 238 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Todos fueron transportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte de un acuerdo bilateral entre los dos países, según confirmaron el presidente Bukele y el Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, en sus redes sociales. Para poder enviar a uno de ellos, el veterano pandillero César Antonio López Larios, Greñas de Stoners, uno de los máximos líderes de la organización criminal salvadoreña, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, a cargo de la acusación de 27 líderes de la MS-13 en el juicio, renunció a la acusación de Larios en ese país, en favor de su juzgamiento en El Salvador, por “razones geopolíticas y de seguridad nacional”.
López Larios estaba recluido en el ala de Alojamiento Especial (SHU) del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York. Había sido enviado ahí por 'amenazas específicas y creíbles tanto de la MS-13, su propia organización criminal, como de otras organizaciones criminales rivales, incluyendo la Mafia Mexicana y los Sureños', según un documento del 22 de noviembre de 2024. Es decir, el sistema estadounidense lo había separado incluso de sus propios compañeros de pandilla, recluidos en otras áreas de la prisión.
En un vídeo divulgado por Bukele y en fotografías del operativo de seguridad, que involucró a policías y militares, hay imágenes que muestran que entre los cabecillas de la MS-13 que han sido deportados está Greñas de Stoners. Sobre el segundo líder pandillero mencionado por Rubio aún no hay información oficial que lo perfile. Larios aparece sometido, de rodillas, entrando al CECOT, la única cárcel publicitada del bukelismo, que ha permitido el ingreso controlado de decenas de periodistas y youtubers, que suelen promocionar en sus medios y canales esos accesos como “exclusivos”. El Gobierno de Bukele se niega a dar cualquier información sobre las otras 22 prisiones donde se han registrado más de 350 muertes de reos, muchos de ellos sin relación alguna con las pandillas, y torturas sistemáticas por parte de los custodios del sistema penitenciario.
“En esta ocasión, Estados Unidos también nos ha enviado a 23 miembros de la MS-13 buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos es miembro de la estructura más alta de la organización criminal”, escribió Bukele en su cuenta de X, y añadió: “Esto nos ayudará a finalizar la recopilación de inteligencia y perseguir a los últimos remanentes de la MS-13, incluidos sus antiguos y nuevos miembros, dinero, armas, drogas, escondites, colaboradores y patrocinadores”. En el mismo vídeo del operativo difundido por Bukele, al lado de Greñas aparece un segundo reo vestido de amarillo que se identifica como César Eliseo Sorto.
Este es el primer envío que incluye criminales extranjeros a El Salvador bajo la administración de Trump y ocurrió pese a una orden judicial que obligaba al gobierno de Trump a detener las deportaciones. El acuerdo se anunció el 3 de febrero de 2025. Además de pagar una tarifa, el Gobierno había adelantado que la devolución de líderes pandilleros a El Salvador era “un punto de honor” en las negociaciones, en palabras de Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos.
Los eventos que terminaron con la deportación televisada de uno de los máximos líderes de la MS-13 se pusieron en marcha desde el 11 de marzo, según documentos judiciales. El Gobierno de Estados Unidos solicitó el sobreseimiento de los cargos contra López Larios.
“Debido a razones geopolíticas y de seguridad nacional de Estados Unidos, y a la autoridad soberana del Órgano Ejecutivo en asuntos internacionales, Estados Unidos desestima los cargos contra el acusado sin perjuicio, para que El Salvador pueda procesarlo primero bajo acusaciones penales bajo la ley salvadoreña”, según el documento enviado por el fiscal John Durham.
Esa carta fue mantenida bajo reserva hasta este domingo, debido a “preocupaciones operativas significativas, que incluían la seguridad de los oficiales que transportaban al acusado” y “posibles daños a la relación del gobierno con un aliado extranjero”.
La carta es parte del proceso en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York contra el liderazgo de la MS-13, ante la jueza Joan M. Azrack. En otro documento fechado este 16 de marzo, el fiscal Durham confirmó la deportación de López Larios. “El gobierno (de Estados Unidos) entiende que la operación involucra no solo al Departamento de Justicia, sino también a múltiples componentes del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias”, dice.
López Larios estaba preso en El Salvador, acusado de 12 delitos, entre ellos siete por conspiración de homicidio agravado y dos por homicidio agravado. Pero, el 27 de octubre de 2020, la Cámara Especializada de lo Penal ordenó el “cese” de su prisión preventiva, que purgaba en el penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, en El Salvador. Su proceso judicial se alargó y excedió los tres años de prisión que la ley permitía para quienes no tuvieran una sentencia firme. Bukele llevaba poco más de un año como presidente cuando Larios fue liberado de Zacatecoluca.
Greñas nació en 1978 en Santa Ana. Por su edad, era considerado un veterano en la pandilla. En El Salvador, tiene antecedentes por resistencia, homicidio simple, homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas. Llegó deportado de Los Ángeles en 1999. Fundó la clica Stoners Locos en Santa Ana, occidente salvadoreño, y en 2002, junto a otros líderes históricos que con el tiempo negociaron con varios gobiernos, incluido el de Nayib Bukele, fundó la ranfla nacional de la pandilla, el máximo organismo de dirección de la MS-13 en El Salvador y, con el tiempo, en México y la Costa Este de Estados Unidos. Tras 15 años de prisión por homicidio simple, salió libre en 2011. En enero de 2013, fue detenido por extorsión imperfecta en Chalatenango, pero fue liberado ese mismo año y huyó a Estados Unidos donde, según la Fiscalía de ese país, cometió extorsiones transnacionales desde North Hollywood, amenazando a salvadoreños en Estados Unidos y El Salvador. Fue capturado y deportado a El Salvador por autoridades estadounidenses en 2017. Fue recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y, según la Operación Tecana, una investigación nacional de la Policía salvadoreña presentada ese mismo 2017, fue el responsable de coordinar el asesinato de varios policías.
En Estados Unidos, desde diciembre de 2020, está acusado de Conspiración para proporcionar y ocultar el apoyo material para terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar terrorismo y conspiración para el narcoterrorismo.
López Larios fue arrestado el 9 de junio de 2024 en la ciudad de Arriaga, en el Estado sureño de Chiapas, México, por la policía especializada de la Fiscalía General del Estado. Luego fue trasladado a Houston, Texas, donde fue entregado a elementos del Buró de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI).
Su devolución a El Salvador va en contra de toda la investigación federal presentada en la Corte de Long Island, Nueva York, contra los líderes de la MS-13. Desde que en 2019 se presentó la primera acusación contra algunos de esos líderes, Estados Unidos ha requerido la extradición de los demás cabecillas acusados. Incluso se menciona en documentos de autoridades estadounidenses que parte del pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas implicaba bloquear las extradiciones. La Corte Suprema salvadoreña, controlada por Bukele desde mayo de 2021, negó al menos cuatro peticiones de extradición de los líderes criminales salvadoreños. Uno de ellos, Élmer Canales Rivera, alias Crook, fue liberado ilegalmente por las autoridades salvadoreñas en noviembre de 2021, meses antes de que la tregua se rompiera y Bukele decretara en marzo de 2022 su régimen de excepción que sigue vigente. Crook, como Greñas, fue capturado meses después por el FBI en México, y enviado a Estados Unidos. En su desesperación por capturar a Crook, el Gobierno salvadoreño llegó a negociar con otro líder pandillero prófugo para que pactara con un cártel mexicano para que orquestara su captura y envío a El Salvador. El pandillero engañó al Gobierno de Bukele y ahora está bajo protección de las autoridades estadounidenses.
Desde que se decretó el régimen de excepción, no ha circulado ninguna imagen o video del paradero de los líderes de la MS-13 que supuestamente están presos en El Salvador, pese a que el Gobierno de Bukele ha difundido imágenes de cientos de pandilleros capturados y tatuados.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó formalmente la persecución contra la conocida como Ranfla Nacional de la Mara Salvatrucha-13 en 2020. El 14 de enero de 2021 la Fiscalía neoyorquina presentó un documento de acusación por terrorismo contra catorce pandilleros salvadoreños, creadores de la Ranfla Nacional que a partir de 2002 dirigía actos de violencia y homicidios desde los penales salvadoreños con escala internacional. En esa acusación se encontraba César Antonio López Larios.
Según consta en ese documento de acusación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos considera demostrado que el Gobierno de Bukele negoció en secreto desde 2019 con la Mara Salvatrucha-13, y que ofreció a los principales líderes pandilleros beneficios financieros y facilidades de comunicación para que mantuvieran control territorial y de sus estructuras durante la duración de ese acuerdo. El pacto incluyó condiciones carcelarias menos restrictivas e incluso reducciones de pena. A cambio, según fiscales federales estadounidenses, la MS-13 apoyó al partido Nuevas Ideas en las elecciones municipales y legislativas de 2021, y mantuvo bajos los niveles de homicidios al menos hasta marzo de 2022, cuando el pacto se rompió, según aseguró en audios publicados por El Faro el director de reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín .
Ante el contexto vivido bajo la administración Biden, donde el gobierno salvadoreño y el estadounidense pugnaban por los líderes de la MS-13, la devolución de Greñas a El Salvador es un hito exótico, difícil de leer. Sin duda, puede lanzar un mensaje a los pandilleros presos en Estados Unidos que intenten colaborar con las autoridades de ese país para denunciar el pacto de esa organización con el Gobierno de Bukele: todos pueden ser devueltos a El Salvador.
El Tren de Aragua llega a El Salvador
Además de los miembros de la MS-13 que han sido deportados, también fueron trasladados al país supuestos integrantes de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador dijo que eran 238 miembros del Tren de Aragua. Pero el medio CBS reportó que había dos grupos de personas de origen venezolano: 137 con vínculos al Tren de Aragua, deportados bajo la “Ley de Enemigos Extranjeros”, y 101 personas restantes deportadas bajo la ley de migración normal. Según ha dicho la Secretaría de Prensa del Gobierno salvadoreño los miembros del Tren de Aragua “permanecerán en el CECOT por un período de un año (renovable)”.
El Tren de Aragua surge alrededor de 2010 en el estado de Aragua, de Venezuela, cobrando extorsiones para permitir la construcción de un tramo ferroviario. Su poder creció gracias al descontrol de las cárceles venezolanas, donde se consolidaron bajo liderazgos a los que llaman “pranes”. Con la agudización de la migración venezolana en 2020, debido a las condiciones de miseria impuestas por la dictadura dirigida por Nicolás Maduro, algunos de sus miembros se insertaron en el flujo migrante y llegaron a otros países como Colombia, Perú, Bolivia, Chile, México o Estados Unidos.
Expertos consultados por el medio The Intercept señalaron que la última vez que Estados Unidos utilizó esta ley fue para detener a miles de japoneses después del ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Los expertos han criticado el uso abusivo y sin precedentes de la Ley de Enemigos Extranjeros, con fines o para asuntos migratorios de deportación en tiempos de paz y que además podría prestarse para detener a cualquier persona y deportarla sin necesidad de demostrar que, en efecto, pertenece a un grupo criminal o terrorista.
La deportación de venezolanos a El Salvador también plantea una controversia judicial más para Trump. Medios estadounidenses reportaron que el Gobierno de Trump ignoró una orden judicial para detener los vuelos de deportación, emitida una hora y 15 minutos antes de que el primer vuelo aterrizara en San Salvador. Fiel a su estilo, Bukele se burló de ignorar la orden judicial con un emoji riéndose y la frase “muy tarde”.
Entre emojis y videos de propaganda gubernamental, ni las autoridades estadounidenses ni salvadoreñas han dado información precisa sobre si se trata de venezolanos condenados en Estados Unidos o no. Si todos están vinculados al Tren de Aragua o si algunos de ellos son simplemente migrantes indocumentados.
Que Bukele haya aceptado no solo a los pandilleros salvadoreños sino a los de otros países contrasta con su actitud de hace tres años. En marzo de 2022, cuando empezó el régimen de excepción, Bukele retó a la comunidad internacional “Tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles . Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta “persecución dictatorial y autoritaria”. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos “violando sus derechos”. El diputado Christian Guevara respondió: “se los mandamos con chonga”. La diputada Alexia Rivas se sumó: “se los regalamos a todos”.
Ahora, el país recibe más pandilleros, en lugar de enviarlos. “Como prometió el Presidente de Estados Unidos, enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”, escribió el Secretario de Estado Marco Rubio en su cuenta de X.
*Con información de Carlos García, Nelson Rauda y Óscar Martínez
