El Salvador, país que posee la mayor tasa de población carcelaria del mundo y un hacinamiento de al menos 130 % ha ofrecido recibir a reos de cualquier nacionalidad que se encuentran detenidos en Estados Unidos, según anunció el lunes por la noche el secretario de Estado Marco Rubio, durante su gira por Centroamérica y el Caribe. El anuncio fue complementado a la mañana del martes por la embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, quien reveló que, durante la visita del diplomático, el presidente Bukele le pidió “como punto de honor” que entre los deportados a El Salvador estén las cabecillas de las pandillas, algunos de los cuales negociaron en secreto con su administración el descenso en los homicidios y apoyo electoral.
“El Presidente, en un acto de extraordinaria amistad hacia nuestro país, ha acordado el acuerdo migratorio más extraordinario y sin precedentes de todo el mundo”, dijo Rubio. Según el diplomático, además de recibir a los salvadoreños indocumentados en Estados Unidos, Bukele aceptó recibir “a cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, ya sea de la MS-13 o del Tren de Aragua, y alojarlos en sus cárceles”.
Pero además el presidente salvadoreño ofreció también “alojar en sus cárceles a peligrosos delincuentes estadounidenses detenidos en nuestro país, incluso de nacionalidad estadounidense y residentes legales. Ningún país ha hecho nunca una oferta de amistad como ésta”. Pero esto último no ha sido acordado aún. “Es una oferta que hizo el presidente Bukele. Obviamente hay aspectos legales que considerar. Tenemos una Constitución… Pero es una oferta muy generosa de subcontratar por una fracción del coste a algunos de los criminales más peligrosos y violentos que tenemos en Estados Unidos”, aclaró Rubio este martes a su llegada a San José, penúltima escala de su gira centroamericana.
Según Bukele, Estados Unidos pagará una tarifa que permitirá a El Salvador volver su sistema carcelario sostenible, pero ninguna autoridad ha detallado el monto.
Las cárceles que el gobierno salvadoreño ha ofrecido para alojar a delincuentes enviados por Estados Unidos están colapsadas y son, desde la entrada en vigor del régimen de excepción, en marzo de 2022, lugares sin supervisión independiente en los que se registra tortura sisemática, asesinatos y muertes por negligencia médica. Son, además, dirigidas por Osiris Luna, un funcionario sancionado tanto por la ley Magnistky del Departamento del Tesoro estadounidense como por la lista Engel, que publica el Departamento de Estado que ahora encabeza Marco Rubio.
Las más de 80 mil detenciones acumuladas desde el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, han saturado un sistema que ya antes estaba hacinado. “No hay instituciones preparadas para recibir migrantes acorde con derechos o el mínimo de asistencia, ya sea que estos migrantes hayan o no hayan cometido delitos”, dice la economista Tatiana Marroquín, exasesora legislativa en la comisión de Hacienda. “Sin la institucionalidad no importa qué tanto dinero le de Estados Unidos al Gobierno de Nayib Bukele; tendríamos garantizado un caos institucional y violaciones de derechos”, dice Marroquín.
Recibir inmigrantes delincuentes o personas convictas supone una bomba para un sistema carcelario con un hacinamiento de al menos 130 %, como lo dijo en su informe el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La cifra aumenta en las prisiones del país si se excluye el Cecot, cuya capacidad real no se ha determinado, pero que según Bukele tiene capacidad para 40,000 reos.
A marzo de 2024, en El Salvador había una población carcelaria de 109,000 personas, según el World Prisons Brief (WPB). Según una nota de La Prensa Gráfica, eso ubicaba al país como el que más población encarcelada tiene por 100,000 habitantes: El Salvador tiene 1,659 prisioneros por cada 100,000 habitantes, más del doble del país que está en segundo lugar, que es Cuba, con 794.
La prensa y diversos informes de organizaciones que abogan por la protección de derechos humanos han documentado casos de tortura y centenares de fallecimientos en la cárcel. Algunas de estas muertes se dan por negligencia en la atención médica de privados de libertad pero también por ataques, asfixias y golpes. En diciembre de 2024, los muertos en las cárceles habían aumentado a 349, según la organización Socorro Jurídico Humanitario, que lleva un conteo desde el inicio del régimen. La CIDH también documentó el testimonio de reos que presenciaron abortos en las cárceles de Bukele.
Antes del régimen de Excepción, las 22 cárceles existentes tenían capacidad para 27,000 personas y el Estado registraba 37,000 reos. El hacinamiento era la norma. Si se dan por ciertas las cifras oficiales que indican que desde el arranque del régimen se ha detenido a 83,000 personas, y además se restan los 7,000 que el Gobierno dijo que “liberó” por haber demostrado su inocencia, la población carcelaria ahora es de unos 113,000.
En agosto de 2022, el sistema de Naciones Unidas también conoció las denuncias por torturas y malos tratos en las cárceles. Dos grupos de trabajo y cuatro relatorías especiales aglutinadas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidieron al Estado salvadoreño a investigar los reportes de fallecidos. El Fiscal General del bukelismo, Rodolfo Delgado, dijo en diciembre que siguen investigando las muertes ocurridas en las cárceles, aunque en junio de 2023 había dicho que 142 muertes las había archivado porque, según él, no había delito que perseguir.
El acuerdo anunciado supera en alcance al que El Salvador firmó con Estados Unidos durante la primera gestión de Donald Trump (2017-2021), en septiembre de 2019. Ese año, tras el surgimiento de las “caravanas” de migrantes, Trump logró que El Salvador, Guatemala y Honduras se convirtieran también en terceros 'países seguros', es decir, que se convirtieran en países donde podían permanecer los que pedían asilo en Estados Unidos. El plan se implementó por completo solo en Guatemala, y en El Salvador hubo otras expresiones de alineamiento con Washington, como la creación de patrullas fronterizas.
Los líderes de la MS-13
En la mañana de este martes, la embajadora salvadoreña para Estados Unidos Milena Mayorga confirmó en una entrevista que Bukele quiere que estos líderes pandilleros sean enviados a El Salvador. “El presidente fue tajante y le dijo a Rubio: quiero que me manden a los cabecillas de pandillas que están en Estados Unidos. Se lo dijo exactamente, queremos que las cabecillas de pandillas nos los deporten, creo que fue un tema de honor”, dijo Mayorga.
Seis de los 24 líderes de la MS-13 están bajo custodia de Estados Unidos. Los pandilleros están en ese país por dos acusaciones de la Fiscalía estadounidense contra la Mara Salvatrucha por delitos como conspiración para proveer y ocultar el apoyo material para terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar terrorismo y para el narcoterrorismo. En esa acusación, sin embargo, se mencionan con nombre y apellido funcionarios de la administración Bukele como parte del entramado de la negociación secreta e ilegal para manipular las cifras de homicidios.
Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, fue incluido en la Lista Engel en julio de 2021 por su involucramiento en desvío de alimentos comprados para entregar a la población durante la emergencia del Covid-19. A finales de ese año, Estados Unidos volvió a sancionar a Luna con la Lista Magnitsky, esta vez por su papel en las negociaciones del liderazgo de la MS-13 con la administración de Bukele.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó formalmente su persecución contra la conocida como Ranfla Nacional en 2020. Desde entonces, ha capturado fuera de las fronteras salvadoreñas a seis de los pandilleros a los que pretende juzgar en Nueva York.
Élmer Canales Rivera, conocido como Crook, es uno de los líderes. Lo detuvieron en México en noviembre de 2023, dos años después de ser liberado en secreto por la administración de Nayib Bukele a pesar de que estaba pagando una condena a 40 años de prisión. México lo envió a Estados Unidos, donde tenía una orden de extradición.
Audios publicados por El Faro revelaron que un funcionario de Bukele lo sacó de la cárcel y lo trasladó a Guatemala, como parte del acuerdo entre el gobierno y las pandillas. El Gobierno salvadoreño intentó operaciones insólitas para recuperar a Crook, como conspirar con un líder pandillero prófugo para que negociara con un cártel mexicano el secuestro del líder de la MS-13 y su traslado a El Salvador. El pandillero timó al Gobierno de Bukele, grabó las conversaciones con el jefe policial de la División Élite contra el Crimen Organizado y ahora está bajo protección estadounidense.
De los 27 acusados en la corte de Nueva York, la Fiscalía señala, además de Crook, a seis mareros de participar directamente en las negociaciones con el Gobierno de Bukele, conocidos como: Vampiro, Renuente, Cisco, Big Boy, Cruger y Snayder. Ellos están entre quienes Bukele ha solicitado a Estados Unidos, como “punto de honor”.
