Es la discusión del momento y también, la crisis del momento. ¿Se puede llamar dictadura a la forma en la que se gobierna El Salvador? Desde el nacimiento de la efímera República Federal Centroamericana, y posteriormente, de la República salvadoreña, diferentes fuerzas han buscado amasar el poder total sobre el territorio. En este año, 2021, cuando se conmemoran los doscientos años de independencia de los países centroamericanos, desde la ciudadanía se alzan voces que se preguntan qué hay por celebrar.

“Doscientos años repitiendo la historia” dice el cartel de una mujer joven que decide subir al escenario del monumento a la Constitución. A su lado cuelga un escudo de El Salvador acompañado por las palabras “Estado fascista”. Frente a ella hay un centenar de manifestantes que protestan en contra de las últimas decisiones políticas del Gobierno de Nayib Bukele. Es miércoles 1 de septiembre de 2021 y faltan 14 días para que El Salvador conmemore 200 años desde la firma de la Independencia, pero el ambiente que aquí impera no es de celebración. Hay gritos e indignación.

En contraste, están los mensajes que se promueven desde el oficialismo. Las redes sociales están inundadas de fotos de gobernadores y gobernadoras, acompañados de jóvenes sonrientes, que entregan pequeñas banderas de El Salvador a la gente que transita por las calles de ¿la capital? #TeamBicentenario se hacen llamar. El discurso oficial dice que la actual es “la generación de la independencia” y el presidente de la República comparte mensajes diciendo que ahora sí, 200 años después, El Salvador se encuentra cerca de encontrar la independencia bajo su guía.

Ahora mismo, hay discusiones entre la academia, grupos políticos e intelectuales de cómo llamar a este sistema de gobierno liderado por Nayib Bukele. Algunos lo llaman un “régimen híbrido”, en las plazas los protestantes le llaman una “dictadura”, mientras Bukele y sus funcionarios hacen bromas al respecto. Para otros, el gobierno actual es un “régimen autoritario”.

El Faro inicia esta serie de publicaciones con una introducción a los regímenes políticos del sigo XX en El Salvador. Entendemos por régimen político a las normas y prácticas que regulan el acceso al poder político y su ejercicio. Este texto es una introducción a tres regímenes del siglo XX en El Salvador: dictadura, autoritarismo y democracias.

Las armas han sido las protagonistas de la vida política del siglo XX. Durante ese siglo, el poder tendió a organizarse desde un núcleo político agrupado en torno a un hombre fuerte o caudillo que tenía el control del Ejército y de las municipalidades. Eso no suena distante del presente, cuando desde la presidencia del país se ha anunciado que se duplicará el número de militares en el Ejército, pasando de 20 mil a 40 mil. No es sorpresa para un país que se gobernó a punta de fusil durante la mayor parte del siglo XX. Con militares dando golpes de Estado, así empezaron los procesos políticos de ese siglo.

El lunes 14 de noviembre de 1898, el General Tomás Regalado, tal vez el jefe más popular entre sus colegas, tomó el poder con base en una coalición nueva y le dio forma al régimen político presidencialista en que el jefe del Ejecutivo mandaba, pero no se reelegía. La norma no escrita se mantuvo hasta la muerte de Carlos Meléndez, en 1919. Entonces siguió vigente pero como formalidad, porque el ejercicio del poder pasaba por Alfonso Quiñonez Molina, hasta 1927 cuando inició la presidencia de Pío Romero Bosque.

A inicios de diciembre de 1931, Arturo Araujo era presidente de El Salvador. Para su elección se respetaron los votos ciudadanos y no hubo un presidente designado por el gobierno anterior. Su compañero de fórmula fue Maximiliano Hernández Martínez, quien luego lo traicionaría con un golpe de Estado.

Así se da inicio oficial al período conocido como dictadura en El Salvador. El politólogo y diplomático Alain Rouquié ha definido a la dictadura como un “régimen de excepción que, por circunstancias particulares, se ejerce sin control”. En palabras más sencillas, el Ministerio de Educación salvadoreño sostiene que “una dictadura, por principio, es un hecho negativo para la sociedad, ya que anula la democracia, la libertad de pensamiento, los derechos políticos del ciudadano, el principio de soberanía popular y en general el gobierno constitucional”, de acuerdo con las guías de noveno grado actuales.

En los textos educativos, queda clara la gravedad de una dictadura, a diferencia de lo que sucede al leer las palabras del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quien bromea en redes sociales con mensajes sarcásticos como “llevamos la “dictadura” hasta la puerta de tu casa…”.

Noventa años después de la llegada al poder del dictador Maximiliano Hernández Martínez -en pleno 2021- a Bukele se le llama dictador desde algunos movimientos juveniles. Roberto Zapata, representante actual de las Juventudes Antifascistas asegura que “desde hace rato no nos queda ninguna duda de que estamos ante una dictadura”. Luego, procede a explicar las razones y mecanismos a través de los cuales el gobierno de Bukele ha desarticulado todos los contrapesos del Estado. “Ahora es una dictadura porque cada vez vemos más persecución contra activistas sociales y más miedo para expresar nuestra opinión”, sostiene Zapata. Sin embargo, de acuerdo a una encuesta realizada en 2020, el 66.7 % de la población entrevistada respondió que el presidente Nayib Bukele le generaba confianza plena. En segundo lugar quedó la Fuerza Armada.

En una dictadura no hay garantías constitucionales. Además, la concentración de los poderes estatales la tiene una sola persona, clase, partido político o una institución.

El dictador por excelencia, Martínez, ocupó diversas estrategias para ganar el control absoluto del país. En 1932 fue el líder de la matanza de campesinos y campesinas a los que la dictadura calificó de comunistas. El cálculo de las víctimas va desde las 10 000 personas asesinadas hasta 30 000.

En 1935, Martínez inició otro periodo de presidencia de cuatro años. Lo logró porque siguió la interpretación imperante: podía hacerlo pues antes había ejercido como vicepresidente en funciones en el período de Araujo y depositó el cargo antes de presentarse como candidato para ser el titular del Ejecutivo. Ganó a nadie, pues no hubo otro candidato. En 1938 terminaba su periodo (en realidad, el segundo) y decidió que era hora de cambiar la Constitución y así eliminar trabas para una futura reelección. Y así lo hizo. En 1939, los diputados de su partido cambiaron la Constitución y lo nombraron presidente sin convocar a elección. A inicios de 1944 Martínez se reeligió a sí mismo como presidente.

A finales de 1943, Maximiliano Hernández Martínez decidió repetir la fórmula de 1939 y convocó a la elección de otra Asamblea Constituyente que lo designó para otro período. La Constitución estaba hecha a la medida del dictador. Por ejemplo, en el artículo 91 quedó explícito que “por exigirlo así los intereses nacionales, el ciudadano que habrá de ejercer la Presidencia de la República (...) será electo por los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente”.

Tras trece años, su dictadura comenzó a desmoronarse. El 2 de abril de 1944 estalló una rebelión militar que tuvo a un civil entre sus jefes, el doctor Arturo Romero, un joven médico que había estudiado en Francia. En la rebelión intervinieron todas las ramas del Ejército, desde la artillería hasta la aviación. Durante un par de días hubo varias batallas hasta que los oficiales rebeldes reconocieron que el general Martínez los había derrotado. Después hubo otro gran desafío para el dictador, la Huelga General de Brazos Caídos, en la primera semana de mayo. La ciudadanía estaba indignada por las descargas de los pelotones que fusilaban a los rebeldes de abril. Con esa indignación se lanzó a la huelga general, y la huelga derrotó al dictador. La portada del 11 de mayo del 44 de El Diario de Hoy mostraba a una multitud de hombres y mujeres protestando en la vía pública. La madera de ese día fue: “Miles de personas recorrieron las calles pidiendo libertad”.

Tras la derrota de Martínez, sus herederos intentaron la sobrevivencia de la dictadura, mientras la ciudadanía luchaba por la democracia. Se impuso la dictadura con sus mejores armas: el golpe de estado, y la violencia represiva contra los opositores. Salvador Castaneda Castro gobernó el país entre 1945 y 1948, y mientras se esperaban diferencias sustanciales y un rumbo democrático, cada vez quedó más claro que Castaneda Castro no se dirigía hacia ese camino. El 13 de diciembre de 1948 intentó la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reelegirse. Al día siguiente fue derrocado por un golpe de estado. Otra vez quedaron frente a frente los ánimos democráticos de la ciudadanía y las nostalgias dictatoriales, de donde salió el autoritarismo.

El académico Giovanni Sartori considera que “para los demócratas, el autoritarismo es más bien un régimen que falsifica y abusa de la autoridad”. En El Salvador, hay cinco características con las que podemos caracterizar los gobiernos autoritarios que dirigieron el país tras el martinato: la ciudadanía tenía garantías y derechos, si el presidente así lo quería; el presidente era el alfa y el omega, el principio y el fin; hubo fachada de normalidad porque se mantenía un discurso democrático; se usó represión ante las críticas y por último, se definió un enemigo público: el comunismo.

Un claro ejemplo de cómo los derechos de la ciudadanía estaban limitados se encuentra en un discurso que el presidente Óscar Osorio dio el 14 de septiembre de 1951. En esa fecha aseguró que su gobierno respetaba las libertades de expresión, conciencia y pensamiento, pero que este no garantizaba el respeto a la libertad “que se aprovecha para subvertir el orden, con detrimento de la existencia misma de nuestro pueblo”. Es decir, una libertad limitada.

Los regímenes autoritarios que lideraron al país después de la caída de Martínez hasta el final de los setenta se caracterizaron por aparentar que cumplían las leyes constitucionales, no por realmente cumplir la Constitución. En la formalidad los regímenes autoritarios pretenden cumplir la ley, no obstante, en la práctica se regulan según las coyunturas. Así, falsamente, se escudan en discursos democráticos. El politólogo polaco Adam Przeworski sostiene que en las democracias, “los resultados de los conflictos no están determinados unívocamente ni por los arreglos institucionales, ni por el lugar que ocupan los participantes dentro del sistema de producción”. Él plantea que establecer un régimen democrático “es un proceso de institucionalización de la incertidumbre”.

En cambio, en los regímenes autoritarios “ciertos grupos (típicamente las fuerzas armadas) poseen la facultad de intervenir toda vez que el resultado de un conflicto sea contrario a su programa o a sus intereses”. El autoritarismo ocupa discursos democráticos como un escudo para esconder las movidas políticas que garantizan la permanencia en el poder.

Durante los gobiernos de este corte ocurrió la modernización autoritaria de El Salvador. Y es que aunque no había garantía del Estado de derecho, el país tomó diversos pasos hacia la industrialización. Esos pasos aumentaron la brecha económica entre la ciudad y el campo, entre las élites y las masas populares.

La modernización autoritaria “encontró un apoyo decidido en la política exterior de Estados Unidos hacia la región”, de acuerdo con el investigador Ricardo Roque Baldovinos. En su libro “La rebelión de los sentidos” Baldovinos explica que para esta época “hubo una inversión pública importante y se promulgó la Constitución de 1950, que iba más allá de los modelos liberales tradicionales, al reconocer, por primera vez, derechos sociales y atar la propiedad privada a ser de “función social”. Sin embargo, esto no era equiparable a un cambio social genuinamente positivo, “el régimen, en primer lugar, estaba moldeado por el «principio de autoridad», el cual se amparaba en la Constitución, pero en los hechos se situaba encima de ella”.

El autoritarismo de la década de los 50 tuvo discursos revolucionarios, pero la práctica era represiva. En 1960 el autoritarismo evolucionó a un punto en el que decretó la representación proporcional, reconoció triunfos electorales de la oposición y permitió el pluralismo de organizaciones políticas sociales. Existía la represión, sí, pero las manifestaciones de la oposición formaban parte de la vida política ciudadana.

En el 69, la guerra de El Salvador y Honduras marcó un precedente. Se ensalzaron los sentimientos nacionalistas. Esto fue ayudado por los discursos del presidente de la época, Fidel Sánchez Hernández. Por ejemplo, el 18 de julio de 1969 dio un discurso en el que decía que: “La lucha del Pueblo Salvadoreño no tiene más que un objetivo: garantizar las personas y bienes de nuestros compatriotas en Honduras”. Así, el grupo dirigente del régimen creyó poder resolver con una operación de guerra el conflicto dado por la residencia en el exterior de miles de familias salvadoreñas.

En los setenta, la organización de grupos revolucionarios, fuera del sistema de poder, ya era un hecho consolidado dentro de la vida política de El Salvador. Pronto, el país se conduciría a una guerra de doce años.

Desde los 90, en El Salvador se ha intentado consolidar un sistema democrático a través de la construcción de instituciones, prácticas y elecciones democráticas. Pero en los últimos años, ha quedado claro que la base de la democracia salvadoreña no es estable. Tras la manifestación del 1 de septiembre donde asistió un centenar de personas al monumento a la Constitución, la convocatoria a manifestarse en defensa de la democracia creció. Este quince de septiembre, miles de personas se tomaron las calles de San Salvador para marchar en contra de la forma de gobierno actual. "Hace 200 años lucharon por nuestra independencia. Ahora luchamos contra el dictador Nayib Bukele", decía la pancarta de un ciudadano de mediana edad que prefirió no identificarse por temor a represalias estatales.