En un principio, el discurso de los diputados parecía anunciar una paliza para la principal empresa de telefonía fija. Sin embargo, el decreto legislativo que hace 10 días modificó las tarifas telefónicas, lejos de significar una derrota para la operadora Claro, le terminó reportando 8.6 millones de dólares adicionales en ingresos que no tenía antes de la intervención de la Asamblea Legislativa.
Los diputados que votaron en favor dicen, ahora, que no sabían que al final su decisión iba a terminar beneficiando a la empresa de telefonía. Y también confiesan que el decreto lo hicieron sobre la base de la ignorancia de información suficiente y alguno de ellos incluso admite que se atribuyeron un trabajo que no les correspondía.
Tras la eliminación de la tarifa básica del 21 de enero pasado, la Asamblea votó otro decreto el 4 de marzo, con una modificación de última hora que propuso el diputado pecenista Francisco Merino. Gracias al decreto 295, Claro obtuvo una especie de bonificación suscrita por Arena, PCN, PDC y Gana.
En un principio, Claro alegó que rebajar 2.48 dólares a la tarifa básica (de 9.42 a 6.94 dólares) iba a significar casi 11 millones de dólares en pérdidas en un año. Y es cierto. Sin embargo, con el agregado de última hora que modifica el reparto de los 21 centavos que costará la conexión de una llamada de un teléfono fijo a uno móvil, Claro no solo amortiguará el golpe de los 11 millones que dejaría de percibir por cargo básico, sino que ganará un extra de 8.6 millones de dólares que antes no tenía.
Los números están hechos a partir de un documento de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) que da luces de cuántos minutos se reparten las compañías y los resultados financieros generales de un año.
La historia es complicada. Con el decreto 295, los diputados decían que pretendían solucionar salomónicamente un pleito que dividió a la industria y que terminó cambiando las reglas a favor de una compañía, pues con este decreto se lleva la mayor parte del pastel por el servicio de llamadas de fijo a móvil y que logró convencer a las bancadas del PCN, Arena, Gana y PDC de que bajar el cargo básico iba a significar pérdidas.
¿Qué cambiaron, aparte de rebajar la tarifa básica en 2.48 dólares? Los diputados agregaron dos puntos que cambian la forma en que las empresas se reparten el pastel de llamadas de fijo a móvil. Este pastel es de más de 178 millones de minutos al año, según los números de la SIGET. El documento en el que están las cifras se llama Manual de Indicadores de Telecomunicaciones, y aunque los diputados pretenden hacer creer que no lo conocen, El Faro sabe que casi todas las bancadas lo poseen.
¿Qué puede sacarse de este documento? Que cada minuto de una llamada de fijo a móvil cuesta en promedio 30 centavos y que de estos 30, la operadora móvil hasta ahora se ha quedado con el 70% (21 centavos). La operadora fija se queda con 9 centavos. El reparto de ganancias lo establecían contratos privados que firmaban las compañías involucradas. Es decir, cada operadora móvil negociaba y firmaba contratos privados con las operadoras de telefonía fija. ¿Por qué los móviles tenían ventaja? Porque era una lucha en la que varias operadoras de telefonían móvil se imponían al dominante en telefonía fija, que es Claro.
Después de la intervención de los diputados, el decreto 265 establece que ya no se cobrará 30 centavos por minuto una conexión de fijo a móvil, sino 21. De estos 21 centavos, la operadora fija se llevará 13 en lugar de los 9 de antes, y la móvil, que antes se quedaba con 21, ahora solo percibirá 8 centavos. De ahora en adelante, el reparto del cargo de conexión ya no será producto de un arreglo entre privados, sino que quedó marcado por la decisión legislativa, al menos por los seis meses de vigencia del decreto.
Entonces, si se multiplican los 13 centavos por 178 millones 942 mil 652 minutos de llamadas de fijo a móvil en un año, el resultado es de más de 23 millones de dólares (23 millones 262 mil 544 dólares con 76 centavos). Si quitamos los dólares que se reparten las compañías pequeñas, y dejamos lo que correspondería a Claro, el resultado es 19 millones 773 mil 163 dólares con cinco centavos. Sin embargo, si restamos lo que Claro perdería en la otra bolsa, en la de rebaja al cargo básico, que significaría 11 millones 99 mil 903 dólares con 36 centavos, el bono extra queda en 8.6 millones de dólares (8 millones 673 mil 259 dólares con 69 centavos) al año. El decreto 265, no obstante, tiene una duración de seis meses, así que si al cabo del semestre las reglas de juego vuelven a cambiar, como mínimo Claro se aseguraría 4.3 millones adicionales gracias a los legisladores que dijeron querer favorecer a los salvadoreños.
Según la SIGET, existen 494 mil 698 líneas fijas residenciales y otra cantidad similar de líneas comerciales. El decreto aprobado modifica solo el mercado de líneas residenciales que en el mercado telefónico significan 178 millones 942 mil 652 minutos. La forma de establecer la tarifa nace de un modelo conocido en la industria de la telefonía como CPP (Calling Party Pays que, traducido del inglés, significa 'quien llama paga'). En este asunto, en apariencia, la SIGET poco tiene que ver, pues la tarifa es establecida por las operadoras de telefonía móvil y hasta la aprobación del decreto que cambió el sistema, las empresas de telefonía móvil tenían la posición de ventaja.
En declaraciones a Diario El Mundo, un representante de Telefónica, empresa afectada, comentó lo que significaba el decreto: “Algo que nos parece voraz, porque ya no solo les basta con ser los líderes en la telefonía fija con el 90% del mercado, sino que para subsistir quieren que los móviles les pasen dinero”, dijo Hernán Ozón, director de Telefónica en El Salvador.
El Faro solicitó entrevistas con los representantes de las operadoras telefónicas en El Salvador, pero salvo una, que pidió que no se divulgue su identidad, no respondieron. “Creo que estos diputados compraron la idea de que Claro perdería en todos los escenarios”, dijo un representante de una empresa de telefonía móvil.
Con este decreto, los diputados buscaban arreglar un lío que empezó el 21 de enero, cuando por unanimidad eliminaron el cargo básico. Argumentaron que era un cobro injusto y que, por lo tanto, había que derogarlo.
Mes y medio más tarde aprobaron otro decreto con la oposición explícita de los partidos FMLN y CD, y cuyo contenido ahora ninguno de sus patrocinadores sabe cómo justificar. El decreto original, del 21 de enero, fue rechazado por el presidente de la República, Mauricio Funes, quien acusó a su mismo partido, el FMLN, de ser populista e irresponsable al impulsar tal medida. Funes devolvió el decreto con observaciones a la Asamblea Legislativa, que no se pronunció al respecto. En lugar de eso, emitieron la nueva disposición que, en primer lugar, atendió la demanda de Claro de que el cargo básico se dejara en 6.94 dólares, y no en 5, como proponían casi todos los diputados y las operadoras de telefonía móvil.
Ahora, enfrentados a las cifras que muestran que su decisión benefició abiertamente a Claro, los legisladores alegan ignorancia. “Recuerdo que alguien dijo: si estamos cambiando más de lo que nos toca, podemos meter las cuatro patas, no recuerdo bien...', relata el diputado Rodolfo Párker, del PDC. Se refiere a que cuando decidieron bajar el cargo básico a 6.94 dólares lo hicieron sin sustento técnico alguno.
La confesión de Párker ya tenía el antecedente de una declaración similar del pecenista Francisco Merino, quien dijo a El Faro que desconocían los datos suficientes para tomar una decisión. “No sabemos si las empresas pueden perder o no con esto. Si nos hemos ido muy arriba, la SIGET tendría que bajar la cuota. Si quedó muy abajo, la SIGET tendrá que subirla', dijo el 4 de marzo.
Sin embargo, ahora los legisladores incluso dejan entrever la posibilidad de hacer lo que no les corresponde. 'Pero dígame, ¿eso le compete a la Asamblea? A nosotros no nos toca meternos con ese nivel de detalle, eso es técnico, es como que yo me quiera meter a decirle a usted cómo se hacen notas en un periódico digital... Ahí la industria es la que metió ese debate acá”, justifica Párker, cuando se le pregunta por qué modificaron las disposiciones dando a Claro ingresos adicionales. '¡Eso le toca a la SIGET!', insiste, cuando mira los números.
El artículo 86 de la Constitución dice que los funcionarios no pueden hacer más que lo que la ley les delega como tareas. 'Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley', dice el inciso tercero.
Donato Vaquerano, jefe de la bancada de Arena, guarda un minuto de silencio después de oír los números que dicen que Claro ganó y que las telefónicas que ofrece el servicio móvil están descontentas. “Mire, es que nosotros votamos y promovimos por los primeros dos puntos (rebajar la tarifa básica en 2.48 dólares y rebajar el precio promedio de 30 centavos de dólar por las llamadas de fijo a móvil a uno máximo de 21 centavos). Los otros puntos fueron metidos por Chico (Merino) y nosotros tuvimos que ceder porque era sacrificar el acuerdo”, dice.
Vaquerano asegura que las reglas modificadas a última hora por Merino y votadas por Gana, PDC y PCN, no estaban contempladas desde el inicio. ¿Y por qué votaron por ellas? “Al final, la población iba a pagar casi 2.50 menos cada mes en concepto de cargo básico y 9 centavos menos menos por las llamadas de fijo a móvil. ¿No cree que es la población la que salió beneficiada?”, pregunta Vaquerano.
Párker acepta que no salió lo que esperaban. “Se iba a armar un caballo y terminó como un camello”, dice. Cree que del decreto 295 deben aprender las mismas telefónicas: “Es un decreto que sirve a las industrias para que lleven esos temas a la entidad que regula, a la que le toca (SIGET) ¡¿Por qué andan trayendo esos temas tan técnicos a la Asamblea?!”
Votar sin saber lo que están votando es algo que ya había reconocido Mario Ponce en la plenaria del 21 de enero, cuando empezó la novela con su primer capítulo: eliminar la tarifa básica. Ese día Ponce confesó haber votado a ciegas: “Si tú me preguntas si conocí la iniciativa de parte de Arena y el FMLN... entonces ese es el problema de tomar decisiones a ciegas por algo que uno no conoce, a veces se toma decisiones no acertadas. Hasta este momento no la conozco. El presidente tiene la potestad para regresar con observaciones o vetar el decreto. No te puedo asegurar una decisión porque no estábamos con pleno conocimiento de qué es lo que estábamos votando. Creemos que en el fondo estábamos de acuerdo.”
Roberto Lorenzana, del FMLN, mantiene que el cobro básico debe eliminarse y asegura que el 3 de marzo su partido ya había aceptado votar por un cobro de 5 dólares. Luego asegura que la actuación de sus colegas de otros partidos le resulta sospechosa: 'Es que al final se hizo lo que quería y promovía una empresa, la más afectada', dice el diputado.
En esa semana, el día más intenso fue el 3 de marzo, cuando en la Asamblea y afuera de ahí, las telefónicas cabildearon con todas las bancadas. Una diputada de una bancada de derecha habló hasta de la posibilidad de corrupción: “Las telefónicas andan buscando dónde pueden dejar dinero”, comentó.
La novela aún no termina, pues el decreto aprobado debe pasar aún por el tamiz del presidente Mauricio Funes, quien puede avalarlo, devolverlo con observaciones o vetarlo por inconstitucional o inconveniente. Funes desde un principio abogó por un salida que tomara en cuenta a las compañías afectadas. Cuando era candidato presidencial, había prometido al dueño de Claro, Carlos Slim, y al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, certidumbre y confianza en que su gobierno, si ganaba la elección, iba a respetar a la empresa privada.
Los diputados aseguran que el decreto es transitorio, que solo dura seis meses, mientras la SIGET establece un mecanismo de tarifas basado en costos. Este debate, en el que cada parte pide transparencia y datos, quedará a cargo de la SIGET, que en la primera escena, durante una sesión de la Comisión legislativa que estudia el asunto, se declaró incompetente. “Soy nuevo y hay mucha información que todavía no conozco”, respondió el superintendente Luis Méndez Menéndez, cuando los diputados le preguntaron con base en qué criterios y cómo se hace la fórmula para definir el cargo básico que aparece en los recibos de teléfono.
