El Ministro de Hacienda declaró al cierre de la semana pasada que durante las administraciones anteriores algunos contribuyentes no eran fiscalizados o no se les cobraba impuestos.
Las declaraciones del ministro serían graves en cualquier país del mundo, pero lo son más en uno pobre, como El Salvador, en el que el Estado no tiene suficientes recursos para garantizar los servicios básicos a toda la población.
El ministro está obligado a presentar la denuncia ante las autoridades competentes, y estas actuar hasta donde alcancen las responsabilidades. Ojalá, esta vez, todos hagan lo que les compete, y no termine en un simple intercambio público, como el breve enfrentamiento verbal entre el entonces fiscal Garrid Safie y el presidente de la Corte de Cuentas Hernán Contreras, que terminó saldado con un apretón de manos y no con la judicialización de acusaciones.
Las revelaciones del ministro se dan, además, en un contexto muy especial, pocas horas después de que, en un madrugón legislativo impulsado por el Partido Demócrata Cristiano, las bancadas de PCN, Arena, Gana y PDC aprobaron derogar la obligación de declarar patrimonio para quienes perciban más de 75 mil dólares en ingresos.
Los argumentos detrás de esta derogatoria son no solo deleznables, sino absurdos. Se trata, dicen ellos, de evitar que mafias del crimen organizado infiltradas en Hacienda tengan acceso a listas de gente y de sus propiedades y por ende que los declarantes se conviertan en víctimas de secuestro y extorsión.
Con esta lógica, los diputados podrían también derogar la obligación de pagar impuestos, porque hay que declarar ingresos y ganancias a las mismas personas del Ministerio de Hacienda.
En cualquier diseño de estructuras estatales funcionales, de combate al lavado de dinero y a la corrupción, están contemplados mecanismos de observación y control patrimonial, porque ahí pueden detectarse los aumentos desmedidos que acompañan regularmente a estos delitos.
Al derogar esta medida, los diputados que votaron en este sentido han cerrado una puerta más al combate al crimen organizado, en momentos en que todo indica que su penetración en las estructuras del Estado y el sistema financiero está perpetrándose a pasos acelerados.
El narcotráfico y el lavado de dinero, delitos que casi siempre coexisten y son perpetrados simultáneamente por las mismas estructuras, tienen hoy en entredicho el sistema de seguridad pública en México y han convertido a Guatemala en un Estado prácticamente fallido. El Salvador tiene aún la oportunidad de tomar medidas para evitar una situación semejante, pero para ello se necesita el compromiso de todos los sectores.
Los contribuyentes con ingresos superiores a los 75 mil dólares pueden, justificadamente, sentirse incómodos o inseguros al entregar a un ministerio declaraciones patrimoniales. Pero las urgencias de seguridad pública no pueden detenerse hasta alcanzar un acuerdo que haga a los contribuyentes sentirse más cómodos.
La prioridad, hoy, es frenar la penetración del crimen organizado, y los diputados que derogaron la declaración patrimonial han actuado en sentido contrario, priorizando la comodidad o la tranquilidad de unos pocos sobre las urgencias de toda la sociedad.
En ese mismo sentido, el ministro de Hacienda debe hoy aportar cuanto sea necesario para establecer responsabilidades en la evasión tolerada de impuestos que ha observado en las administraciones anteriores. Una parte indispensable si de verdad se quiere lograr un cambio es eliminar los privilegios, incluso aquel de no ser señalado públicamente cuando se comete un delito. Aunque se trate de algunos de los mayores contribuyentes.
