Los partidos dicen querer respetar lo que resuelva la Sala de lo Constitucional con una condición: que resuelva según lo que los partidos quieren. Esa fue la esencia del planteamiento que hicieron este jueves tanto a la prensa como a los mismos cuatro magistrados constitucionalistas con quienes se reunieron hasta pasadas las 8 de la noche. Al terminar la sesión, el presidente de la Sala y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime, tomó los micrófonos para aclarar que la cita no se había producido para negociar nada. Nada.
La semana pasada, durante la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, un sorpresivo decreto aprobado sin discusión por los partidos de derecha, estableció que los magistrados de la Sala solo pueden resolver inconstitucionalidades por unanimidad. Algunas de las sentencias de la Sala más controvertidas solo han contado con el apoyo de los cuatro magistrados que asumieron sus cargos en julio de 2009, pero no con el del quinto juez, Néstor Castaneda.
En la práctica -y así lo reconocieron algunos de los promotores del decreto, como el diputado pedecista Rodolfo Parker-, las reformas a la Ley Orgánica Judicial tenían la intención de paralizar a los magistrados. El 743 desató un rechazo popular sin precedentes, a tal punto que 35 organizaciones cívicas de todo signo ideológico se sentaron a la mesa para rechazar las enmiendas y demandar su abolición.
Con la avalancha encima, Arena pidió este jueves que se derogara el decreto 743, pero no obtuvo suficiente apoyo. Explícitamente pidió al FMLN el respaldo, pero los efemelenistas respondieron que si los areneros lo habían apoyado por su propia voluntad ellos mismos debían ver cómo resolvían el problema. “El FMLN no votó por ese decreto, los que votaron se metieron en ese fango, ellos metieron los dos pies, metieron las cuatro extremidades, ¿y nosotros por qué tenemos que sacarlos?”, dijo el diputado Roberto Lorenzana, vocero efemelenista.
En lo que sí concordaron todos, partidos de izquierda y de derecha, fue en volver a cuestionar a la Sala, que declaró inaplicable el 743, echando mano de una atribución que le da la Constitución cuando un tribunal considera que una disposición de otro Órgano del Estado atenta contra la legalidad. Por eso la Asamblea Legislativa solicitó a los cuatro magistrados una reunión, y al llamado a dialogar se unió el presidente de la República, Mauricio Funes, quien fue parte de la maniobra al sancionar expeditamente el decreto y mandarlo publicar el mismo jueves de la semana anterior.
Después de tres horas de reunión en la que estuvieron miembros de la Comisión Política de la Asamblea y los magistrados, el presidente del parlamento, Sigfrido Reyes, y el presidente del Órgano Judicial, Belarmino Jaime, dieron una conferencia de prensa. Dijeron que habían discutido la importancia de mantener una buena comunicación entre ambos poderes. Pero antes de eso, Jaime pidió los micrófonos para hacer una aclaración y para adelantarse a las posibles preguntas de la prensa: 'Ni la Corte Suprema ni la Asamblea Legislativa hemos venido aquí a negociar sentencias ni a negociar decretos legislativos.'
Y al parecer, a juzgar por los reclamos de los legisladores, lo que estos quieren sí es negociar sentencias. Arena, por ejemplo, considera que si una ley viola la Constitución pero le disgusta, los magistrados deberían abstenerse de declararla inconstitucional.
'Cuando Arena dio sus votos por el decreto 743 lo hizo para evitar que el país entrara en una peligrosa confrontacion, pues teniamos informacion de que la Sala de lo Constitucional declararía inconstitucional la Ley de Amnistía', dijo el partido de derechas el miércoles, al anunciar que iba a echar marcha atrás. Para los areneros, se justifica interferir en el trabajo de los constitucionalistas si estos pueden resolver algo que no concuerda con la visión de Arena, independientemente de si se está violando la Constitución de la República.
Para Arena, si los magistrados garantizan jamás declarar inconstitucional la ley de amnistía, pueden seguir en su trabajo. Y el FMLN igualmente lanzó sus condicionamientos, aunque fueron más generales: 'Si cambian de actitud, seremos los primeros en votar para derogar el decreto', dijo el secretario general, Medardo González. Aunque nunca aclaró a qué se refería con el 'cambio de actitud', el partido lo que resiente es que le toquen el poder de decidir quiénes serán diputados del partido por encima de la posibilidad de que los votantes los elijan libremente, como determinó una de las sentencias de la Sala, emitida en julio pasado.
Al final de la reunión de este jueves, uno de los magistrados interpelados explicó lo que concluyó de la discusión con los miembros de la Comisión Política de la Asamblea, que son a la vez los dirigentes de los partidos políticos: “Los políticos han aclarado que existe la percepción de que nosotros queremos acabar con los partidos, que queremos socavar el sistema electoral”, dijo.
Y dado que los partidos han estado acusando a los magistrados de pretender ordenales cómo legislar, el magistrado Belarmino Jaime, en las pocas palabras que concedió tras la reunión de la noche de este jueves, aseguró que nunca han tenido intención de atribuirse funciones de políticos o de diputados.
Se supone que la de anoche fue la primera de una serie de reuniones en las que se espera que eventualmente participe el presidente Mauricio Funes.
El FMLN, Arena, Gana, PCN y PDC, en voz de algunos de sus dirigentes, han admitido que varias de las sentencias de la Sala en materia electoral se han pasado de la raya, y las califican como una clara “intromisión” en atribuciones que los diputados consideran exclusivas, y como ejemplo ponen la sentencia que permite las candidaturas no partidarias de julio pasado. Fue la primera de varias sentencias vinculadas con el sistema electoral, cuestionado desde hacía años, pero las anteriores salas habían optado por envagetar su discusión hasta cuando llegaron los cuatro magistrados nuevos hace menos de dos años. Esa sentencia de julio pasado llevó a promover la iniciativa de quitar a los magistrados de la Sala e incluso de destituirlos. “Nos han reclamado que el actual sistema electoral es hijo de los acuerdos de paz”, comentó uno de los magistrados que participaron en la reunión de anoche.
Norma Guevara, jefa de la bancada del FMLN, resumió ese descontento en un programa de radio. Sus opiniones con respecto a las sentencias de la Sala se dividen entre las que cree correctas y las que no. Cree correctas la sentencia que reconoce que hubo difamación y omisión de las instancias del Estado en la dignidad de Schafik Hándal cuando este era candidato presidencial. También considera correcta la sentencia que declara que los periodistas o editores o dueños de medios de comunicación deben estar en igualdad de condiciones al enfrentar posibles demandas por delitos contra la imagen y la dignidad personales. También considera buena la sentencia de inconstitucionalidad contra la elección del magistrado Julio Moreno Niños, en el TSE, y la que determinó la ilegalidad de la comisión legislativa que investigaba las pesquisas de la Inspectoría General de la PNC contra algunos oficiales policiales.
Guevara objeta otras sentencias. “Pero en otro conjunto de temas, la Sala, y así lo dice David Escobar Galindo en un editorial, dictaminó que debía haber en el país una reforma electoral de fondo y que al no haberla por acción de los propios partidos, con sus representaciones legislativas en la Asamblea, esta reforma se está haciendo ahora desde afuera.”
Jaime, aunque no habló mucho, dejó claro su reclamo a los políticos para que dejen a la Sala actuar libremente en el trabajo en el que se supone son especialistas y para el que fueron elegidos: el derecho constitucional. 'Tenemos claro que ni nosotros somos diputados y los diputados no son constitucionalistas.'
Según diputados del FMLN, semanas antes de conocer el borrador del decreto 743, todos los dirigentes políticos habían discutido diversas reformas a la Ley Orgánica Judicial para evitar que la Sala emitiera más sentencias que afectaran el sistema electoral partidario. Una de esas opciones, confirmaron varios diputados, era “reubicar” a los cuatro magistrados en las otras tres Salas que componen la Corte Suprema, con la intención de romper la mayoría (cuatro votos de cinco) con la que la Sala ha emitido sus sentencias de inconstitucionalidad, sobre todo en materia electoral.
La Ley Orgánica Judicial disponía hasta antes del 743 que toda inconstitucionalidad se resolvía con cuatro votos de los cinco magistrados.
Con la pugna entre los tres poderes del Estado salvadoreño a flor de piel provocado por la aprobación expedita del decreto 743, los llamados al diálogo entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo surgieron casi de inmediato. Una de las primeras voces en pedir el diálogo fue Alfredo Cristiani, presidente de Arena, quien el miércoles admitió que ordenó a su bancada legislativa aprobar el decreto a espaldas de la máxima autoridad del partido, el Coena.
Después se sumaron los llamados del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, del FMLN, y el jueves por la noche el del presidente del Ejecutivo, Mauricio Funes. El diputado Reyes fue autorizado por todas las bancadas de la Asamblea a buscar un diálogo bilateral con los miembros de la Sala de lo Constitucional, con la posibilidad de que a futuro se integre un representante del Ejecutivo. El trasfondo de estos llamados es hacer eco de las múltiples quejas que los partidos políticos tienen por las sentencias y pedirles que eviten otras nuevas sin consultarles. Aunque algunos diputados camuflan ese diálogo denominándolo 'coordinación', a Jaime le quedó claro que tenía que cortar por lo sano y por eso dijo que la reunión no había sido para negociar nada.
El FMLN considera, por ejemplo, que es importante que en las reuniones se toquen los temas electorales. 'Debemos asegurarnos de que el sistema de partidos políticos funcione en base a lo que la Constitución establece', dijo Lorenzana, miembro de la Comisión Política efemelenista. “El tema electoral ha sido uno de los focos de la confrontación entre los Órganos que llevó a hacer a los diputados a hacer esa locura”, agregó. Y mientras Lorenzana llamó 'locura' al decreto, el secretario general de su partido, en declaraciones a radio Maya Visión, había dicho el jueves que los magistrados tenían que obedecer el 743.
El viernes 3 de junio, un día después del 743, estaba previsto que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional el sistema de residuos con el cual los partidos más pequeños obtienen varios escaños aun pese a su escasa votación. El PCN obtuvo sus 11 escaños en los comicios de 2009 gracias a este sistema, que crea una gran disparidad al permitir que algunos partidos obtuvieran un escaño con apenas poco más de 7 mil votos en 2009, mientras a otros una diputación le costó cerca de 40 mil sufragios.
Este sistema favorecería especialmente en las elecciones legislativas de 2012 a PCN, PDC y Gana.
Arena también ha calificado las sentencias de la Sala como injerencia en el trabajo legislativo y también fue parte de la mesa que discutió qué medidas tomar contra la Sala. La diputada Carmen Elena de Escalón subrayó este jueves la visión de su partido de que nada puede estar por encima de la preservación de la Ley de Amnistía. “Para nosotros es punto de honor la ley y los acuerdos de paz”, apuntó.
Cuando se le preguntó si esa imposición de límites en el trabajó de la Sala no era injerencia, Calderón dijo que más bien se trataba de “cooperación” entre los órganos del Estado, porque no se le estaba diciendo cómo debía resolver las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en el caso de que estas llegaran. “Lo que estamos diciendo es que a la hora de resolver mediten todas las posibles consecuencias”, agregó la diputada. Mientras, los partidos pequeños apoyaron el 743 por la amenaza contra el sistema de residuos y por las dos sentencias previas que ordenaban la desaparición del PCN y PDC; el FMLN se queja de que la Sala está atacando el sistema de partidos políticos para beneficiar a la derecha; Arena también cree que la Sala atacaba el sistema de partidos políticos pero se convenció de apoyar el decreto por la Ley de Amnistía.
Este jueves, Arena se quedó sola en su intento de rectificar el decreto, en el que la opinión pública ha enfilado críticas sobre todo hacia el presidente de la República. Funes emitió un comunicado la tarde de ayer, en el que también se pronunciaba en favor del diálogo entre Poderes, después de que en septiembre pasado la Sala declaró que las partidas de gastos discrecionales que tenía el presidente de la República son inconstitucionales. Asimismo, los magistrados dijeron que viola la Constitución que el Ministerio de Hacienda haga transferencias de fondos enter distintas carteras del Ejecutivo sin consultar a la Asamblea. Esto último fue lo que permitió al anterior gobierno, de Antonio Saca, a mover cerca de 220 millones de dólares hacia la Presidencia, que fueron gastados prácticamente sin escrutinio institucional.
Ahora que el FMLN dice que no votará para derogar el 743 porque no participó en su autoría, también está viendo la posibilidad de hacer sufrir a Funes por haberse este prestado a la maniobra con la derecha legislativa. Una efemelenista que estuvo en la reunión entre parlamento y magistrados resume el espíritu que según ella muchos militantes comparten sobre el 743. “No vamos a servir de ungüento para los pies hinchados del presidente.”
Sin embargo, el FMLN acordó no cerrar la posibilidad de dar sus votos para derogar el decreto la próxima semana, pero insistió en el 'diálogo'. El secretario general del FMLN, Medardo González, habló de una negociación. Si los magistrados no se entrometen en asuntos de interés de su partido y el Ejecutivo, ellos pueden impulsar la derogatoria. “Vamos a ser los primeros en pedir la derogatoria, pero antes debe haber un compromiso de los magistrados”, dijo el dirigente, en referencia a lograr una acuerdo que les asegure que la Sala no tomará algunas decisiones, como la inconstitucionalidad de las partidas de gastos imprevistos que fue demandada esta semana ante los magistrados.
