María Luz Nóchez

La declaración de la Secretaría de Cultura de la Presidencia es falsa, porque la institución tenía conocimiento de la existencia de una "cabeza de jaguar", de unos 2 mil 300 años de antigüedad, y según la ley tenía las herramientas necesarias para protegerla y conservarla. Pese a ello, la institución no hizo su trabajo y el 1 de marzo esa pieza fue hurtada de una finca en Santa Ana, al occidente del país. Las evidencias a las que tuvo acceso este periódico arrojan que la Secretaría de Cultura tuvo suficiente información como para tomar medidas que garantizaran la protección de una pieza de 227 kilogramos de peso y de un "valor incalculable" para comprender a la cultura maya, según los expertos.

En febrero de 2014, la institución recibió un inventario en el que se daba detalles de las dimensiones y la ubicación de esta y 51 esculturas más. Luego, la misma Secultura, al hablar de ese inventario, dijo que era “un aporte fundamental para la elaboración y actualización de la Lista Roja de Bienes Culturales de El Salvador”.

Si bien la Ley Especial de Protección al Patrimonio establece que es obligación de los propietarios privados acercarse a la institución para registrar indicios arqueológicos de este tipo, el reglamento de la misma dice, en su artículo cuarto, que el reconocimiento y la declaratoria de bienes culturales "podrá iniciarse de oficio por el Ministerio (ahora Secretaría de Cultura) o a solicitud de cualquier persona. En este último caso el Ministerio decidirá si procede o no la continuación del trámite".

La institución falló, precisamente, en no haberle dado seguimiento al procedimiento detallado en el reglamento, ya que cuando el arqueólogo Federico Paredes entregó el inventario de la Tradición escultórica "cabeza de jaguar" a la Secultura lo hizo "con el propósito expreso de que los monumentos fueran debidamente registrados como patrimonio cultural de la nación", como explicó en un artículo publicado en El Faro a partir del reporte de hurto del monumento #47.

La Ley Especial de Protección al Patrimonio establece que los bienes culturales que están bajo la custodia del Estado son aquellos que se encuentran en poder de las dependencias gubernamentales, instituciones oficiales autónomas o municipales. Además, obliga a los propietarios privados a notificarle a la institución sobre las piezas que estuvieran en su posesión, y en su reglamento se establece también que esa notificación puede ser hecha por terceros. Una vez establecida la notificación, en su artículo 8, la ley dice que cuando “estén expuestos a peligro inminente cualquiera de los bienes a que se refiere esta ley, o que, a criterio del Ministerio puedan formar parte del tesoro cultural salvadoreño, este adoptará las medidas de protección que estime necesarias, mediante providencias que se notificarán al propietario o poseedor de dichos bienes”.

Lo anterior deja claro que una vez enteradas las autoridades de la Secretaría de las condiciones precarias en las que se encuentra un bien cultural, en este caso patrimonio arqueológico, puede actuar de oficio.

El Faro pidió a la Secretaría de Cultura que el responsable del área jurídica de la institución explicara la declaración extraída del comunicado divulgado el 11 de marzo, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Claudia Cristiani, directora de la Fundación Accesarte, tiene una licenciatura en conservación del patrimonio y dice que es obvio que si el Estado es el responsable de velar por todo el patrimonio cultural del país, una vez sabedor de la existencia de una pieza que no está en su inventario, podía actuar de oficio, aun cuando el propietario no se hubiera acercado a él para registrarla: “Si tenés la responsabilidad, no te vas a quedar sentado esperando que el dueño llegue a registrar su pieza. Al tener indicios, podés ir a hacer el registro”. 

El arqueólogo Fabricio Valdivieso,  exdirector del Departamento de Arqueología (en la administración de Federico Hernández, cuando la Secultura era el Concejo Nacional para la Cultura y las Artes, Concultura) explicó a El Faro que si bien existió una confusión en las responsabilidades para registrar en el inventario de bienes culturales a la cabeza de jaguar, esta no exime la inacción de la Secultura para actuar sobre la pieza una vez tuvo conocimiento de su existencia. Valdivieso dice también que fue él quien puso en contacto a Tomás Trigueros, el dueño de la finca, con Federico Paredes, el arqueólogo que reportó el hallazgo a la Secultura luego de finalizar su investigación. "El dueño reportó la pieza en su propiedad a través de Federico en su calidad de arqueólogo, y el mismo dueño asumió que con este reporte la pieza ya estaba oficialmente registrada (primera confusión). Luego, Federico asumió el reporte oficial de esta pieza a través de su estudio presentado a Secultura (segundo supuesto, pues no fue en realidad un reporte oficial según Secultura, solo fue un estudio. Segunda confusión). En otras palabras, el dueño la reportó al arqueólogo quien le sirvió de intermediario para reportarla a Secultura. De este modo, la pieza entra en el conocimiento del Estado, pero no es un registro oficial según los procedimientos de ley de acuerdo a Secultura. Sin embargo, Secultura no asumió el registro del monumento de la misma manera que el dueño de la propiedad y el arqueólogo. Para ellos, el dueño tuvo que notificarlo personalmente y reportar la pieza como propia, ¿cierto? Secultura debió realizar una visita de oficio", dice Valdivieso.

El arqueólogo admite que aunque la ley tiene vacíos graves, hay manera de bordearlos a favor de la protección de indicios arqueológicos como la cabeza de jaguar. Si esta situación se hubiera dado en sus años como director del departamento arqueología (hoy Dirección de Arqueología), él detalla una serie de pasos internos que tuvo que haber realizado la institución para darle protección a a la pieza. "Hubiese entregado copia (de la investigación y el hallazgo) a la Dirección de registro e inventario, quienes elaboran una ficha de registro. Luego, otra copia al departamento jurídico para que a través de ellos se contacte al propietario y proceder con el registro formal con un arqueólogo estatal como perito, así abrir camino para interceder por la pieza en cuanto sea necesario, ya contando con un acta y apegado a la ley vigente", explica.

En febrero de 2014, luego de recibir la investigación, la investigación que hablaba de la cabeza de jaguar pasó a manos de la Dirección de registro e inventario y a la Dirección de arqueología, pero no llegó al jurídico. Sobre esto, el exfuncionario añade: "Cada quien tiene un rol, por ejemplo, la intervención de la pieza le compete al jurídico, los peritos los pone Arqueología, y el manejo del registro lo realiza registro e inventario. Y quien dirige la orquesta es la Dirección de Patrimonio Cultural. A esta dirección se le informa del paradero de la pieza, y ahí se inicia todo el procedimiento. (Hasta entonces) habrá que contar con la autorización del dueño de la propiedad para asistir la pieza", dice Valdivieso.