Acorralado por un caso de corrupción en su gobierno investigado y destapado la semana pasada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y tras quedarse prácticamente solitario en contra de la continuación del trabajo de la Comisión, el presidente Otto Pérez Molina se echó para atrás este jueves y anunció que pedirá a la Organización de Naciones Unidas la continuación del organismo que ha investigado y revelado algunos de los más importantes casos de corrupción y crimen organizado en este país.
'He tomado la decisión de solicitar a Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG', dijo Pérez Molina, en una esperada declaración después de semanas de intensas campañas en favor de la persistencia del organismo, y un día después de que el organismo interinstitucional a quien delegó la función evaluar la continuación de la Comisión, le aconsejara pedir una prórroga.
Pérez Molina recibió el miércoles un documento oficial con las recomendaciones que probablemente él no quería leer. Un grupo de cinco funcionarios del sector justicia le sugirió prorrogar por dos años más el período de funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una instancia financiada por Naciones Unidas y que desde 2007 ha desarticulado una veintena de estructuras corruptas de funcionarios y empleados públicos, la más reciente, una en la que está involucrado el secretario privado de la vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti.
El documento que recibió Pérez Molina lo emitió la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, y es el documento que el presidente Pérez Molina había estado esperando desde enero para decidir, más presionado que nunca, si extender la vigencia del mandato de la CICIG en su país. Pérez Molina había anunciado, hace un año y cuatro meses que, a su juicio, la Comisión Internacional ya no debía seguir trabajando en el país y que lo más probable es que no iba a aprobarle un quinto período en septiembre próximo, cuando se le acaba el actual. “No vamos a seguir dependiendo de organismos internacionales, tenemos que hacer nuestros propios esfuerzos. Temas que investigar siempre va a haber, para eso tenemos al Ministerio Público, tenemos la Corte Suprema de Justicia y esperamos que las instituciones queden fortalecidas', dijo el presidente Otto Pérez Molina en diciembre de 2013.
El mandatario guatemalteco había descansado en la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia para que esta le brindara una recomendación sobre qué hacer con la CICIG. “Recomendaciones: a) Prorrogar por dos años el mandato de la Comisión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, reza el documento que recibió este miércoles el presidente Pérez Molina y que fue elaborado por cinco funcionarios del general, entre ellos, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla; el presidente del Órgano Judicial, Josué Felipe Baquiax Baquiax; y la jefa del Miniserior Público, la fiscal Thelma Aldana.
El pronunciamiento de esta comisión viene a coronar unas semanas en las que se venían acumulando voces de apoyo a la continuidad de la CICIG. La más reciente, y probablemente una de las más contundentes, es la que expresó el martes la cúpula del poderoso sector empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) que antes había torpedeado insistentemente la labor de la CICIG. “Consideramos importante que, con el objetivo de asegurar los resultados de estos esfuerzos, se renueve el mandato de la CICIG y se asegure que dicha Comisión cuente con la dirección y conducción del actual Comisionado, el Dr. Iván Velásquez”, reza el comunicado hecho por el Cacif.
La postura de la cúpula empresarial dejó, prácticamente, en las lonas al presidente Pérez Molina, un general retirado cuya lucha contra la guerrilla en los años 80 fue financiada en gran medida por el Cacif. Estos empresarios volvieron a activarse hace dos años cuando presionaron -como presionaban en los 80 para que se retiraran los impuestos a productos guatemaltecos- para que se anulara la condena de 80 años de prisión dictada contra el general Efraín Ríos Montt, acusado del asesinato de miles de indígenas ixiles en los años 80. Ríos Montt fue encontrado culpable de la masacre pero el juicio fue declarado nulo por la Corte de Constitucionalidad. La jueza del caso, Yassmín Barrios, dijo a una agencia europea de noticias , que había sido el Cacif fue quien ordenó a la Corte de Constitucionalidad que declarara nulo el proceso en el que se había dejado constancia de que el genocidio en Guatemala existió y que este fue respaldado en buena medida por los recursos inyectados por el empresariado chapín.
En la conferencia de Pérez Molina se encontraba el comisionado Velásquez, quien recordó el mecanismo de funcionamiento de la institución que evita choques con las instituciones del Estado. 'La CICIG no actúa en el país arbitrariamente, depende para todo el desarrollo de su actividad del Ministerio Público de Guatemala', dijo. Añadió que parte de su trabajo será proponer reformas constitucionales y a leyes secundarias.
Pérez Molina añadió que enviará una carta 'lo más pronto posible' a la secretaría de Naciones Unidas para solicitar la extensión del mandato de CICIG.
Que el Cacif apoyara un quinto mandato de la CICIG significa, cuando menos, una aparente ruptura de la vieja alianza entre empresarios y el poder político, representado ahora por el cada vez más solitario Pérez Molina. La semana pasada, el candidato presidencial del partido del presidente, el Partido Patriota, abandonó la organización argumentando que sus diferencias con la vicepresidenta Roxana Baldetti habían llegado a tope. La semana pasada, Baldetti se vio salpicada cuando la Policía internacional, la Interpol, ordenó la captura de su secretario privado, Juan Carlos Monzón, por una investigación de la CICIG que lo acusa de liderar una estructura que cobraba sobornos en el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Monzón, el secretario privado, es prófugo de la justicia y presuntamente se encuentra en Honduras, según informaron las autoridades. Monzón había viajado junto a Baldetti a Corea del Sur donde la vicepresidenta recibió un doctorado honoris causa. Estando allá, la CICIG destapó el caso de la SAT. Baldetti fue la única en regresar y Monzón, inexplicablemente, no apareció aunque la vicepresidenta asegura que lo destituyó al día siguiente de que el caso se hiciera público, es decir, el jueves.
La comisión que recomendó a Otto Pérez Molina que extienda el plazo de la CICIG determinó que esta debe continuar el país, por 'la utilidad y objetividad en el trabajo', según dijeron los funcionarios en una conferencia de prensa este miércoles. Pérez Molina ahora debe decidir, contra sus intereses, si solicita a Naciones Unidas la prórroga de la Comisión.
Investigaciones periodísticas han revelado que familiares y personas cercanas al presidente se han beneficiado de contratos del sector público, sin que hasta la fecha se hayan deducido responsabilidades. En uno de los audios mostrados por la CICIG para documentar su investigación de la SAT se escuchan dos alusiones al “presidente”, otra a “la señora”, y otra a “la R”. “Todo apunta a que se refieren al presidente (Pérez Molina) y a Roxana Baldetti como miembros de esta red”, afirma Enrique Naveda, coordinador del periódico digital guatemalteco Plaza Pública. Otros analistas aseguran que si la vicepresidenta Baldetti cae, caerá Pérez Molina igual. Son una mancuerna, asegura la luchadora de derechos humanos y presidenta de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack.
Otra de las recomendaciones que hicieron los funcionarios va en el sentido de que la CICIG elabore, en conjunto con la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia un plan de trabajo que defina las áreas de investigación criminal y capacite a las oficinas guatemaltecas encargadas del procesar los delitos cometidos en ese país.
La CICIG comenzó a trabajar en Guatemala en 2007 después de que una instancia anterior fuera declarada inconstitucional debido a que usurpaba funciones de la Fiscalía. La CICIG recibió el mandato no solo de investigar redes de corrupción si no también proponer reformas legales y constitucionales para fortalecer el sistema judicial.
