El expresidente Mauricio Funes enfrentará juicio por enriquecimiento ilícito por más de 600 mil dólares, según decidieron nueve de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia este martes 9 de febrero.
La Corte dio luz verde a la recomendación que había hecho la sección de Probidad en su informe sobre las declaraciones patrimoniales del que fuera primer presidente postulado por el FMLN, ya que las investigaciones mostraron que el exgobernante había gastado más que lo que tuvo disponible durante su quinquenio (2009-2014) y aun así logró terminar con ahorros por 150 mil dólares. Probidad determinó que Funes no pudo justificar 728 mil dólares.
El próximo paso es que la Corte vote para enviar el caso a una cámara de segunda instancia, donde será procesado civilmente. Esto significa que no acarrea posibilidad de prisión. Los magistrados hicieron al menos una modificación a la propuesta de Probidad después de recibir los últimos alegatos o pruebas de descargo que entregó Funes el viernes pasado: el monto cuestionado se redujo de 728 mil a 600 mil dólares.
Funes se convertirá en el primer expresidente en enfrentar juicio por enriquecimiento ilícito en más de medio siglo, desde cuando se emitió la ley en 1959. Esta dispone que cada funcionario presenta una declaración jurada de patrimonio al iniciar su mandato y otra al finalizarlo. Y establece que cuando Probidad no encuentra justificación al crecimiento patrimonial de un exfuncionario, se presume enriquecimiento ilícito.
En el juicio, Funes deberá justificar cómo pagó más de 200 mil dólares en deudas y cómo se explican pagos por 121 mil dólares de una empresa que reportó ingresos de menos de 30 mil dólares. La Corte plena deberá definir en los próximos días una resolución con los detalles de los bienes, propiedades y cuentas que embargarían al expresidente, quien alega que todo el caso es parte de una persecución política debido a que los magistrados obedecen lineamientos del partido Arena.
El mismo expresidente publicó en sus redes sociales la información sobre la votación favorable a ordenar juicio. 'Aunque me concedieron tres días hábiles para responder a los señalamientos que me hizo Probidad, no cabe duda de que esto fue un mero formalismo. En menos de 24 horas y sin el debido análisis e investigación de estas pruebas volvieron a elevar a Corte Plena mi expediente con la orden dada por mentes perversas de condenarme a cómo dé lugar.'
El prestamista de Funes
La Corte Suprema tomó la decisión tras evaluar los documentos que presentó el mandatario para justificar 728 mil dólares cuestionados por la sección de Probidad en su informe de auditoría. Uno de los documentos que presentó el exmandatario es un “mutuo de préstamo personal” con una empresa que le ayudó consolidar deudas personales. Un mutuo de préstamo es un contrato con un prestamista, que puede ser empresa o persona natural.
La empresa que prestó el dinero al exmandatario se llama “Agrosuministros SA de CV” y su propietario es Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez Mendoza. Funes asegura que la sociedad de Rodríguez Mendoza le prestó 200 mil dólares que sirvieron para consolidar el pago de las deudas que cuestionó Probidad en su auditoría. Según el Centro Nacional de Registros, esta firma tiene activos por 2 mil 285 dólares con 71 centavos.
Rodríguez Mendoza también aparece como tesorero en la junta directiva de BSI Corporation, una firma panameña fundada en 2014 con un capital de 10 mil dólares.
En su cuenta oficial de Facebook, el exmandatario aseguró haber enviado a Probidad documentos que demuestran la capacidad de pago de la empresa que lo contrató después que saliera de la Presidencia. La empresa es Multimedia SA de CV, cuyo propietario es el expresentador estrella de Telecorporación Salvadoreña (TCS) Jorge Hernández. Esta sociedad anónima, fundada en 2012, transfirió 121 mil 500 dólares a una de las cuentas bancarias del expresidente Mauricio Funes, depósitos que según Probidad no están justificados, pues en el Ministerio de Hacienda esta empresa solo ha reportado ingresos por menos de 30 mil dólares en toda su existencia.
Funes ha planteado que este señalamiento sobre los honorarios de 121 mil 500 dólares pagados por una compañía con insuficientes ingresos debe responderlos la empresa, no él.
El expresidente también dice haber presentado un libro de los ingresos obtenidos durante la campaña de las elecciones de 2009, fondos que, afirma, le permitieron pagar compromisos personales y otros derivados de la campaña misma.
Fuentes de la Corte Suprema que conocieron del debate de Corte plena revelaron a El Faro quiénes fueron los nueve magistrados que votaron a favor de enviar a juicio por enriquecimiento ilícito al exmandatario: los cinco de la Sala de lo Constitucional, Armando Pineda, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco, más los magistrados Sergio Luis Rivera, María Luz Regalado, Dafne Sánchez y Roberto Argueta Manzano.
Paula Velásquez, Elsy Dueñas, Óscar López Jerez, Ovidio Bonilla, Leonardo Ramírez Murcia y Doris Luz Rivas votaron en contra o se abstuvieron de votar. La resolución en firme, que aún no está terminada, debe detallar quiénes votan porque se dicte medidas cautelares -como congelar bienes y cuentas del expresidente- y la notificación a la Fiscalía General para que investigue penalmente.
*Con reportes de Efren Lemus
