La Policía y la Fiscalía detuvieron este martes 4 de abril al empresario José Adán Salazar Umaña, considerado por el gobierno de Estados Unidos como un capo internacional de la droga, en un caso por lavado de dinero que asciende a 215 millones 167 mil dólares, y en el que también está siendo investigado el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, por su sociedad con Salazar Umaña en Desarrollos Montecristo S.A. de C.V.
El caso contra Chepe Diablo, como se le conoce a Salazar Umaña, también vincula al alcalde de Metapán, hoy prófugo de la justicia, Juan Umaña Samayoa, a familiares de ambos y a las empresas Hotesa S.A. de C.V. y Gumarsal (granos básicos). El empresario y el alcalde han sido vinculados por informes de inteligencia del Estado como los líderes de una estructura dedicada al narcotráfico y conocida como el Cártel de Texis, según reveló este periódico en 2011.
Este martes 4 de abril, por la tarde, al preguntarle al fiscal Douglas Meléndez si la investigación en contra de Salazar Umaña vinculaba al vicepresidente Ortiz, el funcionario hizo una relación directa entre el empresario capturado, la investigación por la que se le persigue y la sociedad que continuó activa hasta febrero de 2016: “Sí, la sociedad Montecristo S.A. de C.V. es parte de la investigación en este momento”, contestó Meléndez.
Durante 16 años, diversas agencias de inteligencia del Estado señalaron a Chepe Diablo, un empresario hotelero y mecenas del equipo de fútbol de primera división Metapán, como el principal líder del Cartel de Texis, una organización en la que también han sido vinculados políticos, jueces y policías.
El delito de lavado de dinero se castiga con pena carcelaria de ocho a doce años, según lo establece el Código Penal salvadoreño, y se configura cuando directa o indirectamente se oculta la procedencia de fondos obtenidos a través de actividades ilegales. El fiscal Meléndez dice que, por ahora, no tienen documentado cuál es el origen ilegal del dinero que presuntamente ha sido lavado por Salazar Umaña. “¿De dónde vienen los fondos? Eso es un tema que se va a determinar directamente en el proceso, y en la investigación nuestra no hay justificación para estos fondos, son decenas de miles (de dólares)”, dijo el fiscal, que en sus investigaciones incluye la revisión de los movimientos que hizo la sociedad fundada por Umaña Salazar y Óscar Ortiz.
En el año 2000, el empresario y el entonces alcalde de Santa Tecla fundaron la sociedad Montecristo S.A. de CV., que realizó una serie compras de terrrenos en la zona costera del departamento de Usulután. La sociedad entre Salazar Umaña y Ortiz, convertido en vicepresidente de El Salvador en junio de 2014, siempre estuvo activa. Incluso se mantuvo activa después de que el Departamento del Tesoro nombrara a Salazar Umaña como capo internacional de la droga, en mayo de 2014. Montecristo estuvo activa al menos hasta febrero de 2016, según confirmó el Registro de Comercio a este periódico.
La Policía y la Fiscalía informaron este miércoles 5 que en el caso de lavado de dinero están siendo investigadas 26 sociedades vinculadas a Chepe Diabllo y el alcalde Juan Umaña Samayoa, de las cuales 3 son con fines de extinción: Gumarsal, Hotesa y Molinos San Juan.
Hasta el momento, las autoridades han detectado que el grupo de capturados y prófugos ha tenido una 'multiplicidad de productos financieros' en la banca, cierre de cuentas en tiempos cortos, 'la mayoría habiendo quedado a saldo cero', traslado de fondos a cuentas personales y no de empresas, préstamos no justificados 'y, además, pagados anticipadamente, la mayoría de ellos casi inmediatos', según explicó el director de la Policía, Howard Cotto.
También se señalan 'empresas fachadas' que solo fueron creadas y nunca funcionaron, y 'la compraventa de bienes muebles e inmuebles para perder el rastro del dinero', además del uso de testaferros, principalmente de familiares. En otra conferencia celebrada al mediodía de este miércoles, el fiscal Meléndez añadió que hay empresas de 'fachada o de cartón'.
'De toda la masa de decenas de millones examinada financieramente, hemos determinado una gran masa de 215 millones 167 mil 786 dólares que no están justificados o respaldados', dijo el fiscal Meléndez, quien agregó que ya hay un 'indicio de narcotráfico' en una de las operaciones bancarias, pero que no podía dar más detalles al respecto.
Por la mañana, el director de la Policía había dicho que el incremento patrimonial no justificado ascendía a $48.1 millones, pero que este podía crecer 'más'.
La captura de Salazar Umaña forma parte de un operativo en el que también fueron detenidas otras tres personas. Se trata de Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Noemy Salazar de Cruz y Romelia Guerra Argueta, señaladas de actuar como testaferros. Las autoridades también buscan a José Adán Salazar Martínez, que es hijo de Chepe Diablo.
La Policía informó que hay otras cuatro personas que también están prófugas: uno es el alcalde de Metapán por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Juan Samayoa Umaña. También están prófugos el hijo, la esposa y la nuera del alcalde de Metapán (Wilfredo Guerra Umaña, Miriam Aydeé Salazar de Umaña y Tránsito Ruth Mira de Guerra). El fiscal Meléndez criticó que la Policía no haya logrado ejercer todas las órdenes de captura.
Las autoridades vinculan los más de 215 millones de dólares no justificados en este caso a incrementos patrimoniales sin explicación en las cuentas del empresario y del alcalde y sus respectivos grupos familiares.
Desde la mañana del martes 4, las autoridades allanaron las instalaciones de la alcaldía de Metapán, de la empresa Industrias Gumarsal (de la familia Umaña) y las oficinas del bufete Figueroa Cruz, una firma que durante años administró los negocios del alcalde y su familia. La Fiscalía ha allanado, en total, 50 inmuebles, de los cuales 26 son negocios como hoteles y gasolineras. También hay fincas y ranchos de playa que ahora están en manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), pues, según explicó el fiscal Meléndez, se ha iniciado el proceso de extinción de dominio.
Las viviendas y residencias intervenidas están ubicadas en residencias privadas en el departamento de La Libertad y en San Salvador: Arcos de Santa Elena y Cumbres de la Esmeralda, de Antiguo Cuscatlán y Quintas de Gratamira en San Juan Opico.
El director de la Policía informó que los procesos de registro llegarán hasta 69 diferentes inmuebles ubicados en varios departamentos del país (Santa Ana, La Libertad, Sontonate, San Salvador, Usulután y La Paz). 'De estos 69 registros, 43 lo estamos haciendo bajo la óptica de lavado de dinero y 26 de forma directa con fines de extinción de dominio, no significa que los otros no pueden ser sometidos al proceso de extinción', dijo Cotto.
En abril de 2016, el fiscal Meléndez había cuestionado a su antecesor, Luis Martínez, por haber archivado las investigaciones que la Fiscalía tenía contra Chepe Diablo. En aquella época, al ser consultado por la vinculación entre Salazar Umaña y el vicepresidente Óscar Ortiz, Meléndez respondió que no habia ningúna investigación en contra de Ortiz, pero cerró diciendo que 'las investigaciones son abiertas'. Un año después, el fiscal confirma que se está investigando a la sociedad Desarrollo Montecristo y enfatiza que esta investigación arrancó de cero.
'La investigación fue reabierta el año pasado por la Fiscalía. No hay certeza de por qué fue archivado el caso, fue sustraída la información que estaba en los tribunales, pero el caso lo reabrimos', dijo Meléndez, en una breve rueda de prensa en el Hotel Capital en Antiguo Cuscatlán, uno de los negocios de Salazar Umaña que fueron allanados.
“La finalidad es obtener alguna evidencia para iniciar procedimiento de extensiòn de dominio”, dijo el fiscal Meléndez.
En 2014, la Fiscalía inició dos investigaciones por evasión de impuestos contra el alcalde Umaña, José Adán Salazar Umaña e industrias Gumarsal. Ambos procesos fueron cerrados después de que los empresarios pagaron multas.
El Faro intentó obtener una reacción del vicepresidente Óscar Ortiz a través de una de sus asistentes, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. El miércoles 5, en un evento público, el vicepresidente habló del nuevo caso de la Fiscalía, y siguió desmarcándose de su participación en la sociedad Desarrollos Montecristo.
“Hay que dejar que el fiscal trabaje. No tengo absolutamente nada que ver con eso. Simple y sencillamente, en términos personales y en términos ahora de funcionario, no tengo ni sociedad ni negocios con nadie”, dijo Ortiz, según consigna una nota de Telenoticias 21.
Fiscalía busca en Montecristo
Óscar Ortiz y “Chepe Diablo” son socios fundadores de Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., empresa que realizó una serie de compraventas sobre tres terrenos en la isla Montecristo, ubicada en la zona costera del oriente del país, en las cercanías de la bahía de Jiquilisco.
Fundada a las 12 del mediodía del martes 20 de junio de 2000, Desarrollos Montecristo nació con tres cabezas, tres meses después de emitido el primer informe de inteligencia policial en el que el Estado salvadoreño reconoció la existencia de una organización que, con el paso de los años, sería llamada el Cártel de Texis. El tercer socio en Desarrollos Montecristo es otro empresario que hizo buena parte de su fortuna con una empresa de encomiendas llamada Urgente Express, y que en 2003 se convertiría en candidato a la alcaldía del municipio de Antiguo Cuscatlán por el FMLN. Su nombre es Rogelio Antonio Cervantes.
Los terrenos que Montecristo compró y vendió a los largo de los años presentan algunas irregularidades en los precios a los que fueron adquiridos y posteriormente vendidos. Este miércoles, el fiscal Meléndez dijo que les 'llama la atención' que en los procesos de compraventa la sociedad terminó registrando pérdidas. 'Nos llama la atención que arroja pérdidas por 77 mil 827 dólares que hay que examinar', dijo.
En 2016, el vicepresidente Óscar Ortiz intentó desligarse de su relación con Salazar Umaña diciendo que Desarrollos Montecristo nunca realizó ninguna actividad, una versión que es falsa, según información del Registro de Comercio y del Registro de Propiedad a la que El Faro tuvo acceso. Este miércoles, por la mañana, en una entrevista radial concedida a la estación 95.3 (OrbitaFM), el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, salió en defensa del Vicepresidente con esta misma versión. Según dijo Chicas, Montecristo 'nunca operó'.
Al mediodía, el fiscal Meléndez desmintió a los dos funcionarios. 'Creo que las explicaciones son sobre dos vías. Una la tiene que dar el señor Vicepresidente como funcionario público, lo digo muy respetuosamente. Esa es una vía: que él tiene explicar esto, y de alguna manera lo ha hecho', dijo. 'La otra vía es la que nos corresponde a nosotros', agregó.
Según Meléndez, Desarrollos Montecristo 'sí tuvo alguna venta de bienes y no obstante al Ministerio de Hacienda declaró cero'.
Minutos más tarde, en una conferencia sin precedentes, el director Ejecutivo del CNR, una oficina que depende del Ejecutivo gobernado por el FMLN, declaró que la institución se veía obligada en la necesidad de aclarar el estado de la sociedad Desarrolos Montecristo. 'Yo no tengo porqué defender al Vicepresidente. No estamos para defender a nadie', dijo Rogelio Canales Chávez. Según él, el objetivo de la conferencia era aclarar que el CNR no había sido ninguna fuente de información y que el CNR nunca ha dado información que avale movimientos de Desarrollos Montecristo.
La información del Registro de Raíz e Hipotecas y del Registro de Comercio es información pública. El Faro recavó la información de las compraventas de terrenos del Registro de Raíz e Hipotecas y, además, en febrero de 2016 este periódico solicitó al Registro de Comercio que confirmara que Desarrollos Montecristo no había sido disuelta. En un documento firmado y sellado por el registrador del Departamento de Documentos Mercantiles, Katya María Morelos Romero, respondió que Montecristo 'NO Tiene inscrita Disolución'.
Ahora, según Canalez Chávez, 'juridicamente' la sociedad Desarrollos Montecristo 'está viva', pero en la práctica 'está inactiva'. Canalez Chávez también informó que el vicepresidente Ortiz intentó presentar ante el Registro de Comercio documentos en los que constaba el traslado de sus acciones en Desarrollos Montecristo a otra persona, pero que el proceso fue denegado porque el Registro de Comercio no está facultado para recibir esa información. Canalez Chávez no dio detalles de la fecha, aunque dijo que esto ocurrió en el año 2016. Tampoco dio detalles de la persona a quien el Vicepresidente habría trasladado sus acciones.
De Montecristo a Ortiz
El fiscal Douglas Meléndez confirmó este miércoles 5 que tres inmuebles que estuvieron en manos de Desarrollos Montecristo eventualmente fueron comprados por uno de los socios: Óscar Ortiz. 'Hasta adónde hemos examinado hizo transacciones de tres inmuebles que quedaron en propiedad el señor vicepresidente', dijo Meléndez.
El Faro reveló en 2016 que la primera compra de un terreno en la isla Montecristo fue el 3 de agosto del año 2000. Según consta en los registros del CNR, la transacción fue por 8,147.71 metros cuadrados de tierra por 200 mil colones ($22,857.14). El terreno lo vendió Alberto Chavarría Delgado, un jornalero que para entonces residía en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, según consta en el acta de compraventa. Este lote es un fragmento de un terreno de mayor extensión que tenía 21 mil metros cuadrados, del que Chavarría Delgado desmembró una porción para vendérsela a Rogelio Cervantes, el tercer socio de Montecristo. Diez años después, en abril del 2010, la sociedad vendió de nuevo ese terreno por $5 mil, un precio casi cuatro veces menor, al entonces alcalde Óscar Ortiz.
El segundo terreno que la sociedad adquirió en la isla Montecristo tiene una extensión de 25,067.07 metros cuadrados. Según los registros de este lote, en un principio pertenecía a José Manuel Olívares. Este se lo vendió el 1 de junio del 2000 a una pareja de esposos por 240 mil colones ($27,428).
Casi dos meses después, la pareja decidió vender el terreno a Osmín Enrique Cervantes Salazar, quien lo compró por la mitad de precio, 120 mil colones ($13,714). A los pocos días, el 14 de agosto de 2000, Montecristo le compró el terreno a Cervantes Salazar por 350 mil colones ($40 mil), Un 50% más del precio original y casi tres veces lo que había pagado Osmín Enrique Cervantes Salazar.
Este terreno también tendría finalmente un cambio repentino de precio en el que el beneficiado sería, de nuevo, Óscar Ortiz, en detrimento de su propia sociedad, Desarrollos Montecristo. Por este terreno que a su compañía le había costado $40 mil, Ortiz pagó el 4 de octubre de 2010 solo $10 mil.
El tercer y último terreno que adquirió la sociedad en la isla Montecristo fue comprado el 25 de septiembre de 2000. Tenía una extensión de 19,246 metros cuadrados, con los que Desarrollos Montecristo completaría un total de 52,461 metros cuadrados en la isla. El propietario anterior era el mismo Óscar Ortiz.
Este terreno había sido adquirido en 1999 por Ortiz, para entonces diputado, por 500 mil colones ($57,142). Un año después, el actual vicepresidente se lo vendió a su propia empresa, Montecristo, por 350 mil colones, el equivalente a 40 mil dólares, lo que significó una reducción de su precio de más de $17 mil y por tanto una pérdida para Ortiz.
En los siguientes años, ese terreno cambió tres veces más de manos. El 27 de junio de 2007, Rogelio Cervantes, en calidad de representante de Desarrollos Montecristo, se lo vendió de nuevo a su anterior dueño: Óscar Ortiz. El precio de venta se mantuvo en $40 mil. Y el 26 de mayo del 2008, poco más de un año después, Ortiz se lo volvió a vender a Cervantes, que esta vez lo compró como persona natural y no como representante de Montecristo, por ese mismo precio: $40 mil.
Por último, cuatro años después, Ortiz volvió a mostrar interés por el terreno del que ya había sido dueño dos veces. Esta vez Rogelio Cervantes se lo vendió a su socio ya no en el precio de $40 mil que venía manteniendo desde 2007, sino en cuatro veces menos: $10 mil.
En resumen, Desarrollos Montecristo realizó, a pocos meses de fundada, tres compras de terrenos que le implicaron un desembolso de 900 mil colones, es decir 102 mil 867 dólares. La compra se hizo, al menos en uno de los casos, a un precio mucho mayor del que el terreno había tenido poco tiempo atrás. Y entre siete y diez años después de la primera transacción, los tres terrenos fueron a parar a manos de uno de sus socios, Óscar Ortiz, quien los obtuvo a un precio desplomado, generando pérdidas para su sociedad, en la que Chepe Diablo y Rogelio Cervantes también tienen acciones.
En abril de 2016, cuando el vicepresidente Óscar Ortiz fue consultado por su sociedad junto a Cervantes y Chepe Diablo, él respondió que cuál era el problema, si no había nada ilegal en ella. 'Qué tiene de ilegal eso, pues. Tenés alguna cuestión ilegal', dijo.
Esta es la primera vez que las autoridades mencionan en sus investigaciones a la sociedad fundada por Ortiz, Chepe Diablo y Cervantes. En los informes de inteligencia emitidos por la DEA en 2001 y por la PNC en 2006, a los que El Faro tuvo acceso, no aparece mencionada la figura del líder político de izquierdas ni su relación con Chepe Diablo en la trama del Cartel de Texis, que opera en el occidente del país en una zona conocida en el mundo del crimen como “El caminito”.
Al ser consultado en conferencia de prensa sobre la vinculación del Vicepresidente a la trama de lavado de dinero, el fiscal Meléndez respondió que 'en este nomento no le estamos revisando cuentas ni nada de esto al señor Vicepresidente. Esto no significa que si la investigación continúa y se encuentran indicios y evidencias, pues hay que hacerlo, pero recuerde que él tiene fuero', dijo.
*Con reportes de Sergio Arauz y Nelson Rauda.
*Nota de la Redacción: la versión original de este artículo fue modificada al mediodía del miércoles 5 de abril de 2017. Se añadió información revelada por la Fiscalía y la Policía sobre el monto perseguido en el caso de lavado de dinero, las personas capturadas y prófugas vinculadas al caso, y los hallazgos de la Fiscalía sobre la sociedad Desarrollos Montecristo, S.A. de C.V. También se incorporaron declaraciones del secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, del director ejecutivo del Centro Nacional de Registros y del vicepresidente Ortiz.
