El expresidente de El Salvador Mauricio Funes gastó más de lo que ingresó en su periodo (2009-2014), pero aún así tuvo suficiente para 'adquirir vehículos y armas de fuego; haber pagado sumas considerables a instituciones educativas; haber realizado movimientos en instituciones financieras, tales como pago a tarjetas de crédito, abonos a préstamos y cuentas de ahorro y corrientes'. Así lo determinó la Cámara Segunda de lo Civil que condenó este 28 de noviembre a Funes y a su hijo Diego Funes por enriquecimiento ilícito.
El primer presidente del partido FMLN también es el primero en ser condenado por aumentar su patrimonio injustificadamente. Francisco Flores (1999-2004), de Arena, murió mientras era investigado por este y otros delitos, mientras que Antonio Saca (2004-2009) está en prisión a la espera de un juicio por el desvío de más de 200 millones de dólares desde las cuentas de la Presidencia ocurrido en la última administración del Ejecutivo en manos del partido Arena.
Las magistradas Rosa Margarita Romagoza y Concepción Álvarez Molina cerraron un proceso contra Funes que se había iniciado en febrero de 2016, por orden de la Corte Suprema de Justicia. Concluyeron que el exmandatario no pudo demostrar el origen de los fondos que le permitieron llevar un estilo de vida superior al que le permitían sus ingresos como presidente.
La ley de enriquecimiento ilícito indica que, para determinar el incremento patrimonial, debe tomarse en cuenta la totalidad de ingresos y gastos del grupo familiar del funcionario, es decir, su cónyuge y sus hijos. Durante su presidencia, Funes y su hijo Diego sumaron 611 mil 853.75 dólares de ingresos. Vanda Pignato, la exesposa del mandatario, no percibió ingresos como primera dama. Al comparar los ingresos con los gastos que tuvo Funes y su familia, las magistradas detectaron una contradicción. En el mismo periodo, los gastos llegaron al 1,030,998.84 dólares. Para las magistradas, Funes y su hijo Diego tuvieron un enriquecimiento ilícito de 419,145.09 dólares que no lograron justificar.
La sentencia obliga a Funes y a su hijo a devolver al Estado salvadoreño la cantidad que no pudieron justificar: 206 mil 660.55 para el caso de Funes, y 212 mil 484.54 para el caso del hijo del expresidente. La exprimera dama Vanda Pignato fue absuelta porque durante el juicio se demostró que el expresidente asumió todos los gastos de ella durante el quinquenio 2009-2014.
En el juicio quedó demostrado que Funes hizo pagos de casi medio millón de dólares (471 mil,566.16) a tarjetas de crédito, préstamos y abonos a cuentas corrientes. También compró dos vehículos por 20 mil dólares. Usó, según la sentencia, seis mil dólares para comprar e inscribir armas de fuego, aunque para finales de 2014 tenía un arsenal que costaba más de 100 mil dólares, que según Funes le fueron 'donadas'. El expresidente gastó, además, 38 mil 945 dólares en pagos a instituciones educativas. El resto de sus gastos se dividen a las deducciones legales por un total 52 mil 756.96 dólares a su salario como presidente -ganaba más de 15 mil dólares mensuales-, y 'gastos varios' por 36,782.43.
'Ha quedado demostrado el enriquecimiento notablemente superior del demandado Carlos Mauricio Funes Cartagena y su grupo familiar, al que normalmente hubiere podido obtener en virtud de sus sueldos y emolumentos percibidos legalmente', dice la sentencia.
Del lado de los ingresos, la mayor parte provino de su salario como presidente, que además incluyó gastos de representación y aguinaldo. En total, Funes devengó 312 mil 486.75 en cinco años por su trabajo. Funes intentó justificar el resto de sus ingresos con un crédito de la empresa Agrosuministros S.A, de C.V. por la cantidad de 225 mil 767 dólares.
Ese crédito fue un punto en disputa en el juicio. Los desembolsos de Agrosuministros a Funes se realizaron en los años 2013 y 2014. En ese periodo ni la empresa ni su representante legal, Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez Mendoza, tuvieron ingresos suficientes para sufragar esos desembolsos, según las pruebas que presentó la Fiscalía. De hecho, entre 2008 y 2013, la sociedad no reportó ni un solo ingreso al Ministerio de Hacienda. La empresa reportó ingresos hasta 2014, pero solo por 6,646.77. Ante los cuestionamientos, Funes -por escrito, ya que está asilado en Nicaragua- y su defensa contestaron que no tenían la obligación de demostrar la capacidad económica de terceros.
Pese a los cuestionamientos, la Cámara reconoció que el dinero de ese préstamo había llegado a manos de Funes porque la defensa presentó documentos que acreditaron la existencia del préstamo y los desembolsos. Las magistradas dijeron a los fiscales que, aunque 'la falta de tributación pudiese constituir una infracción penal o tributaria', eso debe investigarse y presentarse en el juzgado correspondiente.
Funes también alegó que había obtenido más de 600 mil dólares producto de la liquidación del movimiento 'Amigos de Mauricio', que lo apoyó en su campaña presidencial. Funes presentó libros contables con sello y firma de un contador, pero no presentó comprobantes de que ese dinero, en efecto, hubiera ingresado a alguna de sus cuentas. Por lo tanto, las magistradas no le creyeron.
Al expresidente le queda una oportunidad para revertir la condena: apelar la decisión ante la Sala de lo Civil. Como los magistrados de la Sala de lo Civil ya conocieron el caso de Funes cuando la Corte Plena lo mandó a juicio, la Sala tendrá que integrarse con suplentes para conocer la apelación del expresidente. 'No se puede condenar a imputados que no sustrajeron dineros del Estado y que su patrimonio es lícito solo porque existe una presión de la derecha para hacerlo', dijo Funes a través de su cuenta oficial en Twitter. En varios tuits sucesivos, Funes repitió el mismo argumento para alegar su inocencia: que no hay pruebas de que haya robado dinero del Estado. Sin embargo, la ley establece la presunción de enriquecimiento al no poder demostrar el origen de los fondos, que es lo que las magistradas han encontrado en el caso de Funes.
La sentencia no quedará firme hasta que la Cámara Segunda de lo Civil entregué su fallo por escrito, algo previsto para enero próximo. A partir de ese documento, la defensa de Funes podrá presentar su apelación a la Sala, que deberá confirmar la sentencia de la Cámara u ordenar que se repita el juicio.
Si la sentencia se sostiene, hay dos efectos más. Funes quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público en El Salvador durante los 10 años siguientes a la fecha en que su condena quede firme. El otro efecto es que la Cámara pedirá por escrito a la Fiscalía que investigue la probable comisión de delitos. Funes ya es investigado por seis delitos de corrupción: lavado de dinero, peculado, malversación, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
En febrero de este año, la Fiscalía consiguió que un sospechoso en el caso Funes pudiera declarar como testigo criteriado en las pesquisas para lavado de dinero. Sin embargo, hasta la fecha no hay un requerimiento penal contra Funes que pueda desafiar su estatus de asilado en Nicaragua. La certificación de la Cámara que lo condenó por enriquecimiento ilícito puede ser uno de los documentos que finalmente desemboquen en la acusación.
