Aceptan que fueron un error del sistema. Los partidos políticos esperaban una Sala de lo Constitucional dócil y cómoda, pero estos magistrados hicieron entender la importancia del balance entre poderes en un país acostumbrado a un órgano de justicia cómplice con los gobernantes de turno. Sus actuaciones cobraron relevancia porque en la política salvadoreña de la posguerra no hubo jueces que colocaran en la agenda pública, y con tanta periodicidad, sus fallos de control constitucional. Por primera vez tras la firma de la paz, cuatro jueces se metieron a la cancha política, para fallar contra las actuaciones de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo.
En 2010, en una entrevista colectiva con El Faro, los hoy exmagistrados se llamaron a sí mismos “los indiciados”. Para aquellas fechas, Rodolfo González, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Belarmino Jaime ya habían emitido la sentencia que anuló el sistema del que se valían los partidos para preelegir diputados y la que declaró inconstitucional la alimentación millonaria a la partida secreta de la Presidencia de la República.
Las cosas no acabaron ahí. A golpe de más fallos, esta Sala transformó en nueve años el sistema electoral —abrió las planillas y obligó al voto por rostro y cruzado—; abolió la Ley de amnistía y presionó por la investigaciones de crímenes de guerra; destituyó a un ministro de Seguridad, a un director de la Policía, a un presidente de la Corte Suprema y a cinco tandas de magistrados de Corte de Cuentas…Y pese a los connatos de golpes de palacio, los indiciados sobrevivieron a los políticos que los persiguieron, pero confiesan que su aporte a la justicia y al balance de poderes se queda corto. “Hemos ganado algunas batallas, pero la guerra ¡por supuesto que no!”.
En esta entrevista, transparentan las intenciones detrás de algunos de sus fallos, como cuando Rodolfo González defiende que “hemos cambiado interpretaciones interesadas de ciertos artículos de la Constitución”, en materia electoral; o que “dentro del margen de la Constitución, sí jugamos mucho con la interpretación”. Entre líneas, de sus reflexiones puede extraerse esta idea: buscaron acabar con leyes emanadas del juego sucio de la política tradicional. Todavía hoy se decepcionan de que todos los partidos sean iguales y sentencian: “Con esta clase política lo mejor es estar distanciado”.
A la Asamblea Legislativa le envían un último mensaje: la acusan de violar flagrantemente la Constitución, “a veces a propósito, contra disposiciones expresas”. Según ellos, los diputados atentan contra aquellos a quienes representan: “Cuando las instituciones están ahí pero demuestran genuflexión hacia los otros órganos de Estado es una afectación a los propios derechos de los ciudadanos”, dicen. Al expresidente Mauricio Funes, que medió para su elección, le envían otro: “Su intervención no fue con visión de estadista o de fortalecer la institucionalidad y la división de poderes. Funes se involucró en la negociación para nuestra elección para tener una sala amiga”.
Entre sus logros destacan fallos que son “irreversibles” como aquellos que en materia electoral reforzaron el poder de decisión del votante por sobre los intereses de los partidos políticos. Entre sus fracasos cuelan un desencanto con la corte plena de la Corte Suprema de Justicia, que de la noche a la mañana decidió dejar de “darle prioridad” al combate a la corrupción. En un ejercicio de honestidad, también reconocen deudas: algunas sentencias —como por ejemplo, la que habría avalado el matrimonio entre personas del mismo sexo— no salieron por falta de consenso. “Fue por criterios técnicos, más allá de lo que se pueda creer allá afuera”, dice González. Esta Sala se va con 1,312 inconstitucionalidades promulgadas y 4,209 recursos de hábeas corpus resueltos.
Sobre el futuro de la Sala, cosa curiosa, los magistrados no encuentran consenso. Unos creen que hay candidatos que podrían mantener el espíritu independiente de la Sala, o esperan que los políticos elegirán de buena fe. Belarmino Jaime es menos optimista: “De lo que pueda pasar ahí, Dios nos socorra”, dice.
Los exmagistrados recibieron a El Faro en una salita de reuniones de la quinta planta del Palacio de Justicia el miércoles 11 de julio, cuatro días antes de su retiro. En la sala había cajas por doquier, esperando un traslado. Florentín Meléndez es el único ausente en la entrevista por un repentino quebranto de salud. Sus respuestas fueron recogidas por El Faro en los días posteriores a esta plática.
Antes de comenzar, Belarmino Jaime ofrece café: “Es de estricta altura porque estamos en el cuarto nivel”, bromea.
El dicho popular dice que la justicia en este país es como una serpiente que solo muerde al descalzo. Han pasado nueve años a la cabeza del Órgano Judicial, ¿Ha cambiado algo?
Sidney Blanco: En materia de justicia penal hubo cambios importantes. Si hace unos años nos hubieran dicho que tres expresidentes de la República estarían procesados por corrupción no lo hubiéramos creído, porque el país, el sistema, no estaba dispuesto a llegar a esos niveles.
Rodolfo González: Cuando la Audiencia Nacional de España requirió que fueran extraditados los militares involucrados en el caso Jesuitas, corte plena decidió no enviarlos a España por unanimidad, pero para que se enjuiciaran acá. En los debates decíamos: es que la justicia penal salvadoreña tiene que cruzar el río, tiene que crecer, no puede quedarse enana.
¿Qué significa “cruzar el río”?
Rodolfo González: Tiene menos de dos años de haber sido declarada inconstitucional la Ley de Amnistía , y menos de tres años de que se abrió Probidad y se empezaron a ordenar juicios de enriquecimiento ilícito... los últimos tres presidentes de la República procesados. Se han abierto casos de crímenes cometidos durante el conflicto, se ha intentado atrapar redes por vías de extinción de dominio y vía penal, juicios de lavado, etc. Es de ver otros ámbitos como familia, mercantil, laboral. Pero en lo penal es lo más vistoso, se han empezado a ver algunos pasos.
Belarmino Jaime: Eso de que la justicia solo muerde al descalzo es más que todo a la parte penal. Con las mismas limitaciones que tiene el Estado, no se puede procesar a todo el mundo, tienen que seleccionar cuál es el caso más grande. Por ejemplo: de narcotráfico de grandes cantidades de dinero o alguien que se robó una gallina. ¿Qué es lo que prefieren?
El magistrado Sidney Blanco decía al inicio del mandato que los cuatro coincidían en que no había pronta y cumplida justicia. De uno a 10, donde 0 es cuando no hay pronta y cumplida justicia y 10 es lo ideal, ¿cuánto ayudaron a mejorar este escenario?
Rodolfo González: Mi respuesta es que teníamos un 3 y pasamos a 5.
Belarmino Jaime: No me atrevería a elegir un número del 1 al 10. Depende de qué área estemos hablando.
Florentín Meléndez: Considero que es a la población informada y no a nosotros, a quien le corresponde hacer las evaluaciones de nuestro trabajo contra la corrupción, y otorgarnos la puntuación que se valore.
Nos referimos a que si el sistema es más corrupto o menos corrupto que hace nueve años, cuando iniciaron.
Belarmino Jaime: Es difícil de responder. Hay corrupción en todas las instituciones estatales, eso no es un secreto ni necesita hacer una gran investigación para darse cuenta de que sí la hay, en lo pequeño y lo grande. Usted va a un tribunal y lo colaboradores le están pidiendo 10 o 15 dólares para hacerle una notificación. Eso es corrupción, pero eso no me autoriza a decir que todos los notificadores son corruptos, no es correcto. Igual con los jueces.
Florentín Meléndez: Durante nuestro mandato logramos devolver y reactivar las facultades de la Sección de Probidad. Se aplicó por primera vez la Ley de Enriquecimiento Ilícito y pudimos fallar, con un considerable número de votos de corte plena, en los primeros 12 casos de funcionarios de diferentes partidos políticos, incluidos dos expresidentes, que fueron remitidos a la Cámaras de lo Civil para su juzgamiento. La Sala también declaró en enero de 2016 inconstitucional la Ley de Probidad Pública, que contenía disposiciones contrarias a la Constitución y que favorecían la impunidad en las altas esferas del Estado y de la clase política.
El magistrado González ya dio su calificación. Uno se pregunta: estos señores ¿ganaron batallas o creen que ganaron la guerra?
Belarmino Jaime: Es que sería como echarnos agua florida nosotros mismos. Quien mejor puede juzgar son ustedes y la población en general.
Rodolfo González: Yo dije de 3 a 5, ¿en qué sentido? ¿Se sienten protegidos los trabajadores en cuanto a justicia laboral? ¿O los ciudadanos que van por la noche en una calle que no está iluminada, que tiene un hoyo que dejó ANDA? En una noche lluviosa se fueron en el hoyo y dañaron su vehículo y alguien se quebró una pierna... ¿Se sienten garantizados de que si ponen una demanda contra el Estado, contencioso administrativa o civil, van a ser indemnizados? Pensemos en el ámbito de familia: ¿está siendo efectiva la justicia especializada de protección a la niñez y adolescencia, la justicia laboral o la justicia especializada contra la violencia hacia la mujer? Puedo decir que sí se ha avanzado un poco a 5, pero estoy con la esperanza que los siguientes magistrados lo harán llegar a 6... o 6.5. Falta mucho por hacer.
¿Y ganaron la guerra o solo algunas batallas?
Rodolfo González: Hemos ganado algunas batallas, pero la guerra ¡por supuesto que no! El tema de fortalecer la institucionalidad, empoderar a los ciudadanos, poner límite a los abusos de poder y hacer funcionar el sistema de protección de los derechos fundamentales son cosas que siguen estando en sus pasos iniciales.
Sidney Blanco: Si corresponde hacer una evaluación del Estado en su conjunto, podemos encontrar fuertes deficiencias en distintas áreas: salud, educación, seguridad, acceso al agua, medioambiente. Son temas que no dependen exclusivamente de la Sala, pero hemos contribuido a tutelar derechos vulnerados por otras instituciones. En síntesis, los problemas de nuestro país no se van a resolver con sentencias, pero muchas sentencias se han perfilado como novedosas porque indican parámetros a distintas instituciones para corregir problemas. Si no las cumplen, la responsabilidad se traslada a los destinatarios de las sentencias.
¿Qué sentencia fue incumplida, por ejemplo?
Sidney Blanco: El sistema penitenciario fue declarado por esta Sala como un sistema en condiciones de hacinamiento generalizado, condiciones infrahumanas, insalubres, que atentan contra la dignidad de cualquier ser humano. Ahora depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública incidir.
Vimos una resistencia generalizada hacia el cumplimiento de las sentencias, pero al inicio del mandato, la tensión era más alta. Tras el Decreto 743, los firmantes de la paz de izquierda y derecha vinieron a la Corte a buscarlos. ¿Cómo los políticos han intentado manejar la Corte?
Belarmino Jaime: Los políticos que ejercen el poder creen que no tienen límites, pero la Constitución establece esos límites, aunque ellos no quieren respetar eso. Por eso ustedes vieron el 743. Por eso ven también que se fueron a la Corte Centroamericana. Todos esos son actos de inconformidad con decisiones que hemos tomado. Aquí hubo cuestiones que les dolieron mucho porque con la Constitución se estableció una especie de partidocracia que básicamente decía que ellos son los únicos redentores del país y los únicos que pueden tener ideas correctas, según ellos, ¿verdad? Les contaré una anécdota: terminamos de discutir la sentencia del voto por rostro tipo seis, siete de la noche, y en ese momento me dice don Sidney que fuéramos a cenar. Llegamos al restaurante y me cae una llamada del jefe de seguridad diciéndome que don Ciro Cruz Zepeda quería hablar conmigo. Me llamó como tres veces y le mandé a decir que si quería hablar conmigo, a las ocho de la mañana lo esperaba ahí en presidencia para que platicáramos. Todo eso era porque en ese momento estaban viendo si tomaban la decisión de reformar la Constitución para que la sentencia del voto por rostro no tuviera ningún efecto. Pasó eso y de repente se recibe una petición de todas las cabezas políticas que querían venir. Inmediatamente, lo que se me ocurrió es que querían como regañarnos, pero discutimos y los recibimos. La gran sorpresa fue que nos dijeron: 'miren, vamos a cumplir con la sentencia' después de haber hecho tanta cosa. Aquí estuvieron Cristiani, Sigfrido Reyes...
Florentín Meléndez: Fuimos objeto de presiones, advertencias y amenazas públicas, insultos, difamaciones, mentiras, manifestaciones violentas, intervenciones telefónicas, obstrucciones a nuestro trabajo. Los momentos más críticos por los que atravesó la Sala se produjeron, por ejemplo, cuando se aprobó el Decreto 743; al abolirse la partida secreta de Casa Presidencial; al declararse inconstitucional el procedimiento de la Asamblea para la autorización de deuda pública por 900 millones de dólares; al declararse que los diputados suplentes no podían seguir ejerciendo su diputación; al declararse la inconstitucionalidad del nombramiento de funcionarios como el presidente de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas; al decretarse la medida cautelar en el caso del Sitramss ; y en ocasión de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía .
¿En estos nueve años, el Órgano Judicial ha sido independiente del Legislativo?
Sidney Blanco: Ha habido un avance muy significativo desde la independencia que ha mostrado esta Sala de lo Constitucional. En cuanto a corte plena…
El magistrado Florentín Meléndez decía hace algunos años que habían magistrados que defendían a jueces que estaban tratando de depurar. ¿Ese escenario se mantuvo tal cual?
Belarmino Jaime: Recuerdo que en los primeros tres años era prácticamente imposible sancionar a un juez. Con la conformación de corte plena que tenemos ahora sí se ha sacado del sistema judicial a una cantidad de jueces, a otros se les ha suspendido. En eso se ha mejorado. Ahora, que pueden haber magistrados que sientan simpatía por algún juez, no se puede negar pero nosotros no podemos decir de manera general 'miren esta Corte está sometida a los políticos”, sería irresponsable.
¿Creen que habría sido distinto si Arena hubiera gobernado estos nueve años?
Sidney Blanco: En esto, los colegas tienen mi misma percepción. Por ejemplo, en tiempos de Arena, conocimos aquí un decreto que había sido aprobado sin permitir el debate en la Asamblea, y lo declaramos inconstitucional. Lo aprobaron Arena y sus aliados del momento. También el Frente aprobó leyes sin permitir el debate. En tema de presupuesto, Arena en el 2004 aprobó el presupuesto solicitado por el presidente [Elías Antonio] Saca permitiendo la transferencia de fondos de una partida a otra, eso después se replicó en el gobierno de [Mauricio] Funes, exactamente lo mismo que antes el Frente había reclamado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es bien difícil identificar una frontera amplia entre actitudes de los dos partidos mayoritarios.
¿Y la Sala habría actuado de igual manera si el partido oficial fuera de derecha?
Sidney Blanco: El papel de los tribunales constitucionales es enjuiciar los actos de poder y, generalmente, estos los emiten las mayorías. Las minorías o la oposición no emiten actos susceptibles de control constitucional. Por lo tanto, si Arena hubiera estado en el gobierno o si Arena hubiera hecho uso de la correlación en la Asamblea con actos tan inconstitucionales como lo ha hecho el Frente, la actitud de esta Sala habría sido exactamente la misma y estoy seguro que los del Frente habrían elogiado las sentencias porque la Sala le estaría frenando los abusos de poder a la derecha. De nuestra parte no habría existido ningún reparo, nos conocemos lo suficiente como para hacer esa afirmación categórica. La Asamblea Legislativa aprueba leyes abiertamente contrarias a la Constitución, lo hacen a propósito a veces, contra disposiciones expresas.
Eso suena grave. Denos un ejemplo.
Belarmino Jaime: La Constitución, artículo 232, dice que no se puede perdonar deudas a favor del Estado, y sin embargo, la Asamblea, en tiempos de Arena, aprobó una ley que exonera del pago de multas a los empresarios del transporte, que significaba una pérdida para el Estado de cerca 30 millones de dólares.
Rodolfo González: Para mí es muy simple: siempre me pareció que el transfuguismo era un fraude al elector. Alguien hace campaña meses con un chaleco puesto de un determinado color y luego, en momento de decisiones importantes, le cambiaban los principios, la ideología, la visión de país, le salían a los diputados tránsfugas sus resentimientos con su partido, casualmente. Si ustedes hacen un análisis de la legislatura 2012-2015, esos cambios se dieron las más de las veces cuando se iba a hacer transferencias o cuando se iban a hacer reorientaciones de préstamos, y siempre estaba ahí el Ministro de Hacienda en el Salón Azul como invitado. Pero el transfuguismo se inventó en los tiempos de Arena y yo no tengo garantía de que si Arena hubiera continuado en 2009, o hubiera regresado en 2014, hubiera abandonado esa práctica. Seguramente, hubiera vuelto a hacerla y nosotros hubiéramos votado declarando inconstitucional el transfuguismo.
El magistrado González decía que ganaron batallas pero no la guerra. ¿Ustedes qué piensan?
Belarmino Jaime: Yo no hablaría de guerra porque creo que no es ese el término. Pero efectivamente ha habido algún tipo de confrontación entre lo que hemos hecho y lo que piensan otros sectores del Ejecutivo y el Legislativo. Se ha avanzado bastante, hay cosas que no sé si los nuevos magistrados que vengan van a revertir, pero para mí hay cosas que son irreversibles. Por ejemplo, las candidaturas no partidarias, la elección por parte de los ciudadanos en el orden en que van a entrar los diputados. Esas cosas, no fueron una simple decisión sino que son cosas que cada día se van consolidando más. Sin hablar que si ganamos o perdimos la guerra, creo que ha habido avances.
Sidney Blanco: Por mucho que hemos insistido, la Asamblea continúa haciendo caso omiso de los parámetros que han surgido de las sentencias. Un ejemplo son las elecciones de los funcionarios y otro son las dispensas de trámite para introducir reformas a las leyes o crear nuevas leyes. La Asamblea no abandona este método: llevan los votos ya arreglados, no permiten el debate, no permiten la deliberación de los distintos partidos. Por el contrario, un tema que a nosotros nos ha parecido, digamos, como un éxito es que los ciudadanos puedan elegir a sus diputados. Eso es irreversible.
¿Todo lo que han sentenciado en materia electoral es irreversible?
Sidney Blanco: Quizá decir 'todo' podría ser muy aventurado porque hemos dictado más de 30 sentencias relacionadas con temas electorales, pero las candidaturas no partidarias, voto por rostro, voto cruzado creo que son irreversibles.
Una de las principales críticas en su contra es que ustedes “legislaron” sin haber sido elegidos por el pueblo.
Rodolfo González: En julio de 2010, tomamos una decisión con la sentencia de voto por rostro. Si la mandábamos a la Asamblea y los diputados hacían un nuevo intento, pensamos que el nuevo decreto quizá no iba a estar bien y entonces iba a regresar a la Sala; e íbamos a estar como jugando ping pong; podían pasar muchos meses y podía complicarse la elección de marzo de 2012. Fue la primera vez, recuerdo, donde dijimos (que) “al legislar los diputados tenían que tomar en cuenta estos parámetros”. Los famosos parámetros con los que la Asamblea comenzó a decir: 'están legislando'. La idea era evitar el peloteo y evitar un desgaste institucional, pero en ningún caso llegamos al nivel de detalle de decirle a la Asamblea “la ley tiene que ser de este y este modo'. Sí hemos respetado el margen de configuración legislativa de los diputados. Nunca hemos reformado la Constitución por una vía distinta de la que ella prescribe, que es lo a veces se llama como mutación constitucional.
Sí han cambiado maneras de interpretar la Constitución.
Rodolfo González: Hemos cambiado interpretaciones interesadas de ciertos artículos de la Constitución. Voy a mencionar un ejemplo en el que discrepo con el magistrado Jaime: yo no creo que la Constitución estableció una partidocracia, sino que los partidos se sintieron muy cómodos haciendo una interpretación por más de dos décadas de que ellos tenían el monopolio de la representación política. Eso no es lo que dice el artículo 85. Ellos hacen una interpretación interesada: '[Si] usted quiere ir en una lista de candidatos a diputados, tiene que venir a besarme la mano'. Y la Sala dijo: 'Perdón, ¿aquí quién es el actor principal: el partido o el ciudadano que va a votar?”. El ciudadano que va a votar debe tener la opción de tener un partido, si él lo quiere, o candidato no partidario si él cree que ninguno de los partidos del espectro le representa. Un exmagistrado dijo que estábamos reformando la Constitución, mutándola, pero lo he visto en estos años: lo que hicimos fue cambiar una lectura interesada de la interpretación del artículo.
¿Dice que solo han interpretado y aclara que no han cambiado la Constitución?
Rodolfo González: Cuando nos topamos con el texto, que es la barrera infranqueable, la hemos respetado. Nosotros, cuando la Constitución dice 'no', nosotros decimos 'no' porque no podemos decir otra cosa. Dentro del margen de la Constitución, sí jugamos mucho con la interpretación, pero nunca rebasamos el texto.
Belarmino Jaime: En cuanto a las interpretaciones interesadas, eso también se da a veces por interpretar de forma aislada ciertas disposiciones de la Constitución. Y en eso hemos sido bien claros: debe hacerse una interpretación integral, no se puede aislar un artículo de la Constitución y creer que ya no hay otra forma de entenderlo. A veces hay, en la Constitución, colisión de derechos. Ejemplo: la libertad de expresión. Yo no puedo salir a insultar a fulano solo porque me da la gana y decir que eso es libertad de expresión, no. En esos casos la Sala tiene que establecer a cuál derecho le resto un poquito, por expresarlo de una manera, para que el otro derecho también pueda ser susceptible de ejercerse.
¿Se dejaron arrastrar por calenturas políticas? En la izquierda y la derecha reclaman cálculos políticos detrás de algunas resoluciones como la del CD y su cancelación y lo del carril del SItrams. ¿Qué tanto de esta crítica aceptan?
Florentín Meléndez: En ningún momento la Sala se ha dejado influenciar por calenturas políticas para tomar sus decisiones, ni mucho menos ha actuado haciendo cálculos políticos en favor o en contra de nadie. Esto se comprueba al leer en nuestros procesos las demandas de los ciudadanos, las intervenciones del fiscal general, las sentencias, su fundamentación jurídica constitucional, los fallos y sus efectos. Este tipo de acusaciones son infundadas y carentes de toda objetividad y seriedad, y responden a lecturas politizadas e interesadas de personas y sectores que ni conocen el contenido ni la fundamentación de las sentencias.
¿Cómo convencer de eso a los que consideran que las sentencias sobre el Sitramss , y sobre el CD y PSD son dos ejemplos de cálculo político electoral?
Florentín Meléndez: Sobre el CD y PSD es uno de los pocos casos se quedó sin resolver en el proceso electoral de 2015, porque en esa elección recibimos muchísimas demandas, de las cuales la gran mayoría ya están resueltas. Los pendientes de 2015 y 2016 se comenzaron a estudiar y a preparar los proyectos de sentencias a inicios del año 2018, con el fin de dejar al día nuestro trabajo. En el caso del CD y PSD el proyecto de sentencia estaba preparado ya para su discusión final y su firma desde mayo de 2018, varias semanas antes de que se conociera públicamente la “alianza política” entre el CD y el exalcalde de San Salvador. No hay mala fe en este proceso. Y en cuanto al caso del Sitramss , los magistrados propietarios fuimos apartados del proceso por el presidente de la República. Los suplentes nunca obtuvieron los votos necesarios para resolver el caso, por lo que queda pendiente.
¿Hay alguna sentencia que a su juicio sea más frágil, que modificarían o que le quitarían el voto?
Sidney Blanco: Hay un tema que es bien discutible, aunque nosotros lo tenemos claro: los funcionarios que elige la Asamblea para cargos que ejercen control no deben estar vinculados formal ni materialmente a partidos. Nos han criticado mucho y hay personas respetables, académicos, que dicen que no es necesario ni es garantía que un funcionario de cuentas, del Tribunal Supremo, del CNJ esté desvinculado de partidos para actuar correctamente. A mí, ese criterio, a propósito de la pregunta, lo veo como susceptible de ser reinterpretado porque veo que hay mucha inconformidad en varios sectores de que estamos equivocados, porque es como que no haya simpatizantes de partidos que se comportan correctamente.
¿Se arrepienten de esa sentencia?
Sidney Blanco: No, no. Por eso comencé diciendo que nosotros lo tenemos muy claro y que pensamos que eso es lo correcto. Siempre he pensado que los partidos, después de los Acuerdos de Paz, hicieron una especie de pacto de distribuirse las instituciones. Históricamente así lo hemos visto, que para determinado partido correspondía proponer y elegir fiscal general, para el otro partido la Corte de Cuentas, para el otro la Procuraduría para los Derechos Humanos, para el otro la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema. 2-2-1. Ese reparto ha dañado mucho la institucionalidad.
Hubo crítica también a la sentencia que restringe el derecho de acceso a la información, cuando pusieron parámetros para regular qué tipo de información pueden dar las instituciones de gobierno. Y a propósito de la sentencia sobre la elección de funcionarios que ejercen control, la resolución que despartidizó las mesas electorales también recibió muchas críticas. ¿Incluyen estas resoluciones en esas que son susceptibles de cambiarse?
Florentín Meléndez: La resolución de la Sala no ha producido retroceso alguno en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Ha sido mal interpretada por algunos oficiales de información, pero también ha sido utilizada de mala fe por sectores políticos interesados en desacreditar a la Sala, sin haber leído o entendido la resolución. Lo que se hizo fue introducir líneas jurisprudenciales útiles para el correcto ejercicio del acceso a la información y no para restringirlo indebidamente, tomando en cuenta que este derecho, al igual que los demás, no es un derecho absoluto, sino que tiene restricciones legítimas, razonables, necesarias y proporcionales. La Sala determinó que cada caso concreto debe analizarse y motivarse y no aplicarse de manera genérica en todo tipo de situaciones. En cuanto a la información “superflua” a la que se refiere la resolución, este tipo de información es toda aquella que hace referencia a cuestiones menores, accesorias o sin importancia para la colectividad, y cuyo conocimiento no denota un interés público por el tipo y naturaleza de la información que se solicita. Aunque debo reconocer que el término “superfluo”, utilizado en la resolución, no fue el más feliz para explicar este supuesto.
Belarmino Jaime: ¿Que pueden cambiar algunas sentencias? Por supuesto. Pero en general, en lo personal no me arrepiento, pero ni en lo mínimo, de las cosas que hemos firmado. Creo que estamos en lo correcto y la realidad nos está dando la razón. Si cuestionan, por ejemplo, la sentencia sobre los nombramientos de cargos de segundo grado, ¿la experiencia en este país qué nos dice? ¿Cuándo han visto ustedes que la Corte de Cuentas sancione a alguien que es del mismo partido del que está de presidente de esa institución? ¿Eso qué les está indicando? ¿O será que todos son unos santos que no cometen pecados?
Rodolfo González : Una sentencia con la que yo concurrí con mi voto y creo que posiblemente quienes vengan puedan cambiarla... Nuestra constitución, a diferencia de otras Constituciones, reconoce el derecho de las personas a resolver sus litigios civiles o comerciales por arbitraje, y claro, el arbitraje facilita algunas cosas, a las empresas, sobre todo, porque en vez de pasar diez años peleando en los juzgados mercantiles resuelven el tema en seis meses. Si hubiera venido, en estos últimos años, un replanteamiento del caso evidenciándole a la Sala que dejar los arbitrajes subordinados a la jurisdicción mercantil lo desnaturaliza, y sigue siendo una carga para la actividad económica, hubiera cambiado mi voto.
Florentín Meléndez decía, hace nueve años, esto: 'Nosotros somos los garantes de la división de poderes'. Con su salida, ¿ustedes creen que eso se va a perder?
Sidney Blanco: De los 30 candidatos que hay, sí hay para integrar una sala técnicamente preparada, de jueces con una trayectoria, digamos, limpia; y que pueda asumir con responsabilidad la magnitud y el peso que significa estar en este tribunal. Pero también hay aspirantes con capacidad para venir a desnaturalizar la función de este tribunal. Hay gente que puede hacer perder la confianza de un tribunal independiente, que se visualizaría como sometida a directrices políticas, tentada a volver al pasado. Estamos frente a una legislatura relativamente nueva, no hemos visto si van a continuar con la manera que han actuado: desobedeciendo los fallos, criticando a los jueces, haciendo unas interpretaciones distintas o equivocadas de cada uno de los fallos. Quizá la primera prueba de fuego es esta elección.
Belarmino Jaime: Pienso diferente. En la Asamblea cualquier cosa puede pasar. Desafortunadamente, de eso han dado prueba en muchas ocasiones. De lo que pueda pasar ahí, Dios nos socorra.
Rodolfo González: Del proceso de elección de nuevos magistrados, que es incipiente -pero que claramente es mejor que el del 2015, que el del 2012, y que el del 2009, para elegirnos a nosotros-, donde ha habido mayor intervención de la ciudadanía, creo que hay una posibilidad de que resulte una buena elección. Y pensaba -con la pregunta de si la batalla o la guerra- es que creo que continúa el tema. ¿Quién quita y una nueva Sala retome muchas de nuestras sentencias y emita resoluciones de seguimiento, por ejemplo? Entonces, no estará dicha la última palabra —incluso aunque nosotros ya no estemos— sobre amnistía, sobre democracia representativa, sobre derecho a la salud o sobre temas ambientales. Si la elección se hace no como una cuestión solo de los partidos a puerta cerrada, podríamos tener un buen resultado.
¿Ustedes fueron un error del sistema?
Belarmino Jaime: ¡Ah, bueno, esa es la percepción de los diputados! Por ejemplo, en el Frente dicen 'que el error que cometieron los diputados en 2009 al elegirnos no lo vuelven a cometer'.
Rodolfo González: Estoy seguro que fuimos un error del sistema, pero en este punto no puedo ser nada benevolente con Mauricio Funes. Estoy absolutamente seguro, a la vista de los acontecimientos posteriores, que su intervención no fue con visión de estadista o de fortalecer la institucionalidad y la división de poderes. Funes, estoy seguro, estaba dispuesto a hacer lo que terminó haciendo y que se ha conocido recientemente, y buscó tener una Sala que no le hiciera olas. ¿Cómo lo sé? La primera demanda de inconstitucionalidad del 2010 fue la que impugnó la llamada partida secreta. La trajo un ex vicepresidente de la República de Arena que, como dice Sidney, cuando fue vicepresidente no le vio problema a eso, pero luego sí le dio problemas ya estando Funes en la presidencia. Y todo el primer semestre de 2010, sí se trataba de hacer llegar mensajes que aquí se podía afectar la independencia económica del Ejecutivo si nosotros cerrábamos ese grifo. Igual lo terminamos cerrando a mediados del 2010 y a partir de ese momento Mauricio Funes, de verdad, estuvo en contra de la Sala. Ahí se empezó a labrar el 743.
¿Cree que está íntimamente relacionada la animadversión que tuvo con ustedes el freno a la partida de gastos reservados?
Rodolfo González: Yo estoy seguro que Mauricio Funes se involucró en la negociación para nuestra elección para tener una sala que no le hiciera olas, que no le hiciera problemas, una sala amiga. Hubo una comisión en el segundo semestre del 2010 donde el FMLN, por supuesto, y los demás partidos revisaron si habían hecho bien o mal al elegirnos.
Sidney Blanco: Los partidos políticos se sentaron a hablar en los mismos términos que tradicionalmente venían hablando: reparto de cuotas. Y ellos pensaron que esta era una elección más, en dónde se distribuyen una cuota dentro de la Corte. Pero eso refleja que no nos conocían, nos eligieron creyendo que íbamos a responder a lo que ellos querían tener aquí en la Sala.
Esta Sala ayudó a impulsar la persecución de la corrupción desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué se estancaron los juicios de enriquecimiento ilícito?
Florentín Meléndez: Se sabe que existieron presiones al interior de la CSJ y de Probidad de parte de algunos sectores políticos del país, lo cual pudo incidir en el estancamiento y lentitud en los casos.
¿Cuándo ocurrió esa presión?
Florentín Meléndez: Tras la divulgación pública de listados de los casos de Probidad que se estaban tramitando, y que incluían nombres de altos funcionarios y dirigentes de diferentes partidos. A lo anterior se suma el hecho de que en la Corte se comenzaron a recibir varias solicitudes de extensión de plazos de parte de los funcionarios investigados, lo cual fue aprobado por el Pleno, y con ello se prolongó más el tiempo para discutir y resolver los casos.
Sidney Blanco: Yo creo que han influido muchos factores. En primer lugar, porque la CSJ fue condescendiente con determinados funcionarios, al permitirles tres meses para poder contestar las irregularidades encontradas en una investigación preliminar de Probidad. La Corte decidió que era razonable porque como no está en la ley cuál es el tiempo máximo a otorgar para recibir respuestas, queda un poco a la discreción. Eso significaba esperar. Segundo, a mí me parece que hay un momento, que no logro identificar el verdadero motivo, pero hay un momento en que la Corte perdió interés en este tema. Dejó de ser prioritario el combate a la corrupción de manera frontal.
Hace ocho años, Belarmino Jaime decía que al poco tiempo de haber llegado al cargo, cuatro de los cinco magistrados de la Sala se habían hecho buenos amigos; y que el magistrado Néstor Castaneda, como no le conocían la corriente de pensamiento, no estaba en “el club de los indiciados”. Luego tuvieron como compañero al doctor Armando Pineda, ¿qué piensan de su trabajo?
Rodolfo González: Él entró en agosto de 2014, y en dos meses ya estaba integrado. Cuando nos acompañaba pues dejaba claro por qué, y cuando no, por qué no, y nunca utilizó su poder administrativo que tenía como presidente de la Corte, que es mucho, para bloquear a la Sala como sí lo hizo Salomón Padilla.
Belarmino Jaime: Armando es bastante conciliador, no es problemático. Lo que pasa es que el caso de Néstor fue la conducta que él realizó dentro de la Sala la que de algún modo nos hizo, no digo alejarnos, pero sí separarnos un poquito de él.
¿Qué tipo de cosas?
Belarmino Jaime: Vaya, cosas como esta, que no tenemos cómo comprobar, pero que nosotros lo sospechábamos: pasaba información a políticos. Entonces eso no debe de ser así. Nosotros creíamos, no tenemos forma de comprobarlo, pero nos daba esa impresión. Esas cosas nunca se las he visto a Armando.
Sidney Blanco: Creo que el mismo presidente ha expresado, en esta mesa, que desde fuera la gente cree que aquí lo que hacemos es analizar si esta sentencia va a favorecer a determinado partido político o a otro partido político. Pero ahora que él está acá, se convence de que es equivocada la percepción que se tiene afuera porque ha sido testigo de cómo abordamos los temas. A mi juicio él se incorporó y encajó en esta línea de armonía, de debate, discrepancia, pero de respeto a las opiniones.
Hablemos de discrepancias. Hubo dos sentencias que los dividieron: una fue el caso jesuitas y la otra fue la que anuló la Ley de amnistía . ¿Cómo administraron esas diferencias?
Belarmino Jaime: En el caso de la amnistía hice un voto razonado porque no estaba de acuerdo con dos compañeros, pero eso no es una cosa que nos ponga ya como enemigo ni cosa parecida. Cuando el argumento no convence, para eso están los votos razonados.
¿Cuáles son las sentencias que más costaron parir por esas faltas de consenso?
Sidney Blanco: Hay una sentencia que por su complejidad nos llevó muchísimo tiempo, que era la sentencia relacionada con el Tratado de Libre Comercio. Pero no es que hubo discrepancia, sino que nos absorbió tiempo. En la que quizás hubo discrepancia para alcanzar consenso o voto mayoritario fue la sentencia de amnistía, porque el abordaje fue amplio, complejo, sobre el impacto, sobre a quiénes iba a comprender la sentencia, quiénes son los destinatarios, cuáles iban a ser los mandatos que iban a derivar... todo eso requirió de mucha plática y mucha aceptación. Si lo complicado sería que no dejáramos hablar al que piensa distinto o que los que pensamos igual en determinado tema nos reuniéramos al margen del que piensa distinto, y no hemos llegado a ese nivel de deslealtad. Las cosas las ponemos aquí en la mesa y lo decimos de cara, el uno al otro, de cuáles son las discrepancias sobre por qué no estoy de acuerdo.
¿Cuál sentencia no salió por falta de consenso?
Rodolfo González: No van a salir las dos demandas sobre el matrimonio de personas del mismo sexo y es por un tema técnico, a pesar de lo que se puede pensar afuera, de las implicaciones morales. Discutimos, discutimos, no se logró consenso y queda pendiente. Y también un caso ambiental, que es de 2015. Lastimosamente va a quedar porque nombramos a unos peritos de la Universidad de El Salvador, que requerían tres meses, y eso llega hasta agosto.
¿Hay alguna sentencia que dejen engavetada por falta de consenso?
Sidney Banco: Bueno, por falta de consenso hay varias. Je, je.
Rodolfo González: Sí, son varias.
Sidney Blanco: Hay varias. Hay una que es la más antigua inconstitucionalidad. Es sobre una reforma a las leyes tributarias donde participaron diputados suplentes, más o menos como el tema de los 900 millones de dólares.
Una última pregunta: no han renunciado antes de tiempo para recetarse un bono, ¿verdad?
(Todos ríen)
Sidney Blanco: Eso es muy importante: declaramos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pueden renunciar con el propósito de obtener los bonos. Eso lo dijimos expresamente en una sentencia de este año.
Rodolfo González: Sí, lo dijimos.
